por Cristina de la Torre | Jun 15, 2020 | Banca, Cuarentena, Junio 2020
Lerdo para girar ayudas a los sectores más golpeados en la pandemia, veloz para azucarar la inoperancia de su Gobierno y, acaso, para esconder el escándalo que lo deslegitima, la ñeñepolítica. Es el juego del presidente –que no fábula– de la tortuga y el zorro. Mucho se ha esforzado él por mejorar su imagen, creyendo más en el forro publicitario de su programa de televisión recargado de diminutivos y halagos al común que en el golpe de realidad que llega todos los días a manos de los colombianos. Pero terca, la verdad se impone: la aprobación a Duque sólo subió de 24 a 36 en tres largos meses de propaganda intensiva.
Debe de ser, entre otros monumentos a la ineficiencia, porque de los $13,7 billones destinados a salud en la pandemia sólo se habían girado hasta la semana pasada $1,5 billones nuevos. Pachorra en el suministro de recursos que comprometió en buena medida la adecuación del sistema de salud a las exigencias de la crisis y desperdició el sacrificio humano y económico de la cuarentena. Será también por la grosera patraña de poner presos a los agentes que entregaron evidencias de financiación de la campaña presidencial por paramilitares, fueron suspendidos de sus cargos y no podrán comunicarse con testigos. Avanzada del fiscal cachas del presidente para anular el poder probatorio de los audios que darían lugar a otro proceso 8.000, no ya en cabeza de Ernesto Samper sino de Iván Duque. Además, por encubrir la barbaridad apresando sin razón legal al que fuera gobernador estrella de Colombia y primero en la lucha contra el coronavirus, Aníbal Gaviria, dizque por falta de vigilancia sobre un contrato suscrito hace 15 años. El zorro en acción.
Y, al paso del zorro, la tortuga financiera: auxilios tardos y deleznables para los atenazados entre el hambre y el virus. En su catarata de anuncios, dijo el presidente que el subsidio de medio salario mínimo para trabajadores llegaría a 6 millones de personas, mas sólo el 13% lo había recibido. Dispuso un auxilio franciscano de $160.000 para tres millones de familias y apenas a un millón le había llegado. Según Acopi, tres cuartas partes de sus empresas no han logrado acceso al mecanismo del crédito bancario que, por lo visto, sólo funciona para las grandes empresas.
54 senadores de todos los partidos –salvo del conservador y el CD– proponen adjudicar renta básica de un salario mínimo por tres meses para 9 millones de hogares. Costaría $20 billones, 2% del PIB. Pero el Gobierno da largas, acaso en la esperanza de que en la última semana de sesiones del congreso naufrague por falta de tiempo la iniciativa. Se promueve, en cambio, ya abiertamente, una reforma que cambia el andamiaje de la legislación laboral. Comprendería flexibilización para no pagar horas extras ni festivos; trabajo por horas, para ampliar la informalidad; teletrabajo, para trasladar costos al trabajador, salario integral sin prestaciones y reforma pensional en favor de los fondos privados.
Revelaciones de la última encuesta de Datexco: 73% de los colombianos considera que el Gobierno maneja mal el problema del desempleo y mal los impuestos; 81%, que maneja mal la corrupción, 68% desaprueba su manejo de la salud y sólo el 15% piensa que la seguridad ha mejorado. Señales de que la avaricia de este Gobierno para con las mayorías desprotegidas y el intento descarado por borrar su pecado original, la ñeñepolítica, no tienen futuro. Llegados a esta altura de la crisis, debería el presidente llamar al orden a su ministro Carrasquilla y a su fiscal Barbosa, tan dados a confundir arbitrariedad y desafuero con energía de carácter. A no ser que aplauda el jefe en privado la impecable ejecución de sus órdenes.
por Cristina de la Torre | Abr 27, 2020 | Abril 2020, Cuarentena
“Doctor, si no se va, matamos a su esposa e hijas”. Esquela terrorífica escrita en la fachada de un apartamento en Bogotá, tal vez trazada por émulo de la guerra sucia que se ensañó en Colombia; de una ética capaz de calificar al defenestrado como “buen muerto”. De la misma que hace 28 años, con la Ley 100, convirtió en negocio vergonzoso la salud; causa, según dicen, de más muertos que el conflicto armado. Matar a un médico, al que expone su vida todos los días por salvar la ajena, es una monstruosidad. Se le mata por disparo de vecino o por negarle protectores biomédicos en su duelo con el coronavirus. 35 organizaciones médicas le escriben al presidente: “el Gobierno está vulnerando el derecho a la vida de los trabajadores de la salud… al país no le servirá una larga lista de (ese) personal muerto y sin poder detener la pandemia”. Se le acorrala con sueldos de hambre y cero garantías laborales. Ruindad que corre parejas con la destrucción de la red de hospitales públicos —por no ser rentable— y la agonía financiera del sistema de salud exprimido por piratas que se dicen aseguradoras del sector.
La pandemia descorrió el último velo de un sistema abandonado al vértigo del lucro privado, que enterró la estrategia de atención primaria en salud, fue incapaz de habérselas con enfermedades como el dengue y ahora se muestra impreparado para lo que viene: la cresta del coronavirus. A la cabeza del sistema, el Gobierno que, en premio a la inmoralidad de EPS como Medimás y Coomeva, destina todos los recursos a las aseguradoras y nada gira a los hospitales, que desfallecen en la inopia y no pueden siquiera pagar a su personal. Galenos hay que llevan 14 meses sin sueldo. Por falta de medios de protección en la pandemia, 30 funcionarios renunciaron en el Centro Médico San Rafael de Leticia. Las carencias se replican en 851 municipios.
Las EPS retienen los $6 billones que les deben, mientras Fabio Aristizábal, Superintendente de Salud, funge como su dilecto protector. Dizque confía en su buena voluntad para girarles lo adeudado. Y anuncia: todos los recursos irán a las EPS y éstas se encargarán de irrigarlas al sistema. Vaya, vaya. Recibirán $5 billones en pago de deuda del Gobierno; $700 mil millones por compra de cartera; giro de casi $2 billones mensuales por Unidades de Capitación, y $783 mil millones como anticipo de servicios no-pos, según cálculo de las propias EPS.
Cuadro desapacible de los escombros que ha dejado el modelo Ley 100 de salud, en cuya virtud renunció el Estado a garantizar este derecho ciudadano para entregar el servicio a negociantes sin escrúpulos. En sus bolsillos puso todos los fondos del sector y, en sus manos inmaculadas, su manejo, a la mano de Dios, sin vigilancia ni control: el poder público cedió también su sistema de información y los instrumentos de regulación para modular deudas, frenar el robo continuado de recursos y evitar desfalcos catedralicios como el de Saludcoop.
Van décadas pidiendo un modelo que reinserte la salud como componente esencial del Estado social. La Ley Estatutaria de Salud, promulgada en 2015, reabrió el camino, pero los gobiernos han tenido el cuidado de impedir su reglamentación. Eleva esta norma la salud a derecho fundamental universal e irrenunciable, bajo la dirección, regulación y control del Estado. Sin intermediación financiera ni aseguramiento de terceros. El entonces ministro Alejandro Gaviria puso todos los palos que pudo en la rueda de la implementación de la Ley, mediante decretos y resoluciones que están demandados ante el Consejo de Estado. Pero la Estatutaria obliga y su reglamentación sigue pidiendo pista.
Y no será para volver a la normalidad después de la pandemia. La tal normalidad estribaría en perpetuar la hegemonía de las EPS que se robaron la plata de la salud y desfinanciaron al sector: seguirían los médicos ganando una miseria en hospitales de miseria. Acaso el coronavirus se nos vuelva endémico, como invencibles nos resulten aun el dengue, la tuberculosis y la desnutrición. Manes de la salud convertida en negocio.
por Cristina de la Torre | Abr 4, 2020 | Banca, Cuarentena, Derecha, Marzo 2020, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Política agraria, Política económica, Salud
No se ha necesitado (por ahora) una sublevación popular. El coronavirus se encargó de destapar las taras de una economía montada sobre el hambre, la inequidad y el desempleo. De un capitalismo que agota en sus excesos, no digamos la posibilidad del bienestar, sino la supervivencia misma de millones de colombianos. Si muchos vacilan todavía entre morir de hambre o del virus, éste empaña también la rosada aurora del modelo que concentró la riqueza –como jamás lo registrara la historia– en una élite económica mimada hasta la obscenidad por gobiernos y legisladores. Hasta en la divisa de socorrer a los más pobres con fondos de pensiones que pertenecen a las regiones, alargó el Gobierno la uña para entregárselos a bancos y grandes empresas. Pese a que el Banrepública acababa de destinarle $23,5 billones a la banca y a que en el mes de agosto pasado amasó el sistema financiero $65,2 billones de utilidades.
Pero, efecto insospechado de la pandemia, ésta le devolvió al Estado control de la salud pública e instrumentos de dirección de la economía. Tras mucho errar y vacilar, apareció el viernes en pantalla el presidente Duque en aparente dominio de su función frente a la crisis. ¿Iniciaba el renacer de lo público que, por efecto de demostración, acaso no tuviera ya reversa? Pasado el trance, tal vez acuse también Colombia el golpe a la globalización que fue panacea de unos cuantos e infierno de la mayoría. Y corrija el rumbo hacia la producción de riqueza con equidad, empleo formal y respeto por el ambiente. Ejemplos hay en la historia reciente: a la Gran Depresión de los años 30 respondió Roosevelt con el New Deal que conjuró la pobreza y el desempleo, y enrutó a Estados Unidos por el camino del Estado social, que hoy volvería a ofrecerse como solución a crisis parecida.
Proponen César Ferrari y Jorge Iván González cambiar en Colombia la mirada de la economía: volver a la inversión pública y aumentarla. Financiarla con mayor recaudo fiscal, mediante tributación progresiva que reduzca exenciones y eleve tarifas de impuestos al patrimonio y a la renta de personas naturales (en particular a los dividendos). Invertir regalías en grandes proyectos de infraestructura –formidables creadores de empleo–; en proyectos estratégicos como el de carreteras de tercer nivel. Frenar el déficit en balanza de pagos, aumentando exportaciones y reduciendo importaciones: reindustrializar. Actualizar el catastro y extraer de allí ingresos vitales para los municipios.
El catastro multipropósito, programa que en buena hora emprende este Gobierno, pintará el mapa de la propiedad rural, de su valor económico, su estado jurídico y su componente social y ambiental. No sólo servirá para tasar el impuesto predial sino para planificar el desarrollo, en función de la ocupación de la tierra y de su vocación productiva. Queda, sin embargo, una interrogante crucial: ¿por qué aplaza la formalización de los siete millones de hectáreas que están en la raíz del conflicto armado, y la identificación de los baldíos abusivamente ocupados?
Con todo ello vendría la reactivación del campo. No apenas para dinamizar la producción, sino para garantizar la seguridad alimentaria. Vencido el virus, Colombia no será la misma. Ya se ha dicho. Será el momento de rediseñar el contrato social. Con menos capitalismo y más humanismo, dirá el profesor Augusto Trujillo; con menos ética del éxito y más ética de solidaridad, con menos competitividad y más cooperación. Con miras al Estado social como alternativa al estallido social. Para que el coronavirus no se ofrezca como problema de orden público sino de política pública. ¿Se rendirá Duque a la evidencia, o disparará contra los indignados?
por Cristina de la Torre | Ene 28, 2020 | Derecha, Enero 2020, Iglesias, Mujer, Salud
A cada avance en derechos de la mujer replica el fanatismo con una violencia que respira odio hacia el género femenino. Y el aborto es blanco suculento. Curas, jueces, pastores, galenos, tinterillos, politicastros y mujeres que castigan en otras sus propias desgracias cierran filas contra la que escoge no ser madre, para hundirla en disyuntivas fatales: muerte por aborto clandestino e inseguro, estigmatización social, cárcel. La caverna se hace sentir. Ya porque la Corte Constitucional legalice el aborto cuando peligre la vida de la madre, haya malformación del feto o resulte de violación el embarazo. Ya porque reconozca la libre decisión y autonomía reproductiva como derecho fundamental de la mujer. Ya porque el exministro Juan Pablo Uribe acate orden constitucional de reglamentar el aborto en aquellos casos para salvar las vallas que se le interponen. Ya porque la derecha lo tergiverse todo.
Como sucedió con la Clínica de la Mujer en Medellín. Pensada para prestar atención integral a las mujeres de menores recursos, aborto legal incluido, derivó en cruzada político-religiosa que, a instancias del entonces procurador Ordóñez, malogró el proyecto. En la ciudad católica y violenta, doce obispos encabezaron un alzamiento de Savonarolas que saltó de los púlpitos a las calles e hizo derribar los muros incipientes del “centro abortista (que pretendía) separar a la mujer de la maternidad”. Y ahora, no bien se conoce el proyecto de reglamentación del aborto terapéutico, se confabula la derecha, no para debatirlo, sino para desandar todo el camino y recaer en la prohibición total del aborto. Porque, vuelve Ordóñez, aquí “no existe el derecho a matar […] y menos a los que están por nacer”.
Consecuencia inesperada, bálsamo para el país que puja por romper las cadenas del oscurantismo, el magistrado Alejandro Linares propone la legalización total del aborto en los tres primeros meses de gestación. Para Profamilia, ésta sería pilar de una verdadera equidad de género que erradique la discriminación; y paso de gigante en salud pública, pues el aborto inseguro pesa allí como una pandemia. Por otra parte, negarle a la mujer el aborto terapéutico puede ser condenarla a muerte o esclavizarla de por vida a una criatura nacida para sufrir. Pese a los tres casos de aborto permitido, se le interponen barreras sin fin: estigma, desinformación, criminalización, sabotaje e inducción al aborto con riesgo de muerte. Los obstáculos al aborto legal y seguro comportan violencia contra la mujer. En buena hora se propone reglamentación del aborto, taxativa en obligaciones y sanciones para quien lo boicotee.
Ella especifica las obligaciones de EPS y hospitales con la mujer que aborta: valoración completa de su estado de salud; información precisa sobre riesgo posible, procedimiento, tratamiento, medicamentos y cuidados derivados. Certificación inmediata para proceder al aborto, urgente y gratuita si el embarazo procede de violación. La mujer tendrá derecho a decidir libremente, sin presión, coacción o manipulación de nadie. Si personal administrativo o médico de la IPS usa esos recursos, intervendrán la Procuraduría, la Fiscalía o la Policía. Ninguna IPS podrá negar el servicio.
El aborto libre terminará por salvar la vida y la libertad de miles de mujeres. Según la Corte, “no es posible someter a la mujer a sacrificios heroicos y a ofrendar sus propios derechos en favor de terceros”. Derechos en el Estado moderno, que no incursiona en la moral privada. Meterse en la cama de la gente es abuso de dictadores; y de purpurados que se brincan el Estado laico. El aborto libre, sobreviviente del odio que florece en los pantanos, no da espera. ¡Adelante, magistrados!
por Cristina de la Torre | Ago 22, 2019 | Agosto 2019, Corrupción, Salud
Se desborda Gustavo Morales, portavoz de las EPS, en elogios a la política de salud consignada en el Plan de Desarrollo y el Acuerdo de Punto Final. Signo ominoso de que no será éste el gobierno que ataque las causas de la crisis, llegada a su clímax tras 27 años de larguezas del Estado con los mercaderes de la enfermedad. No tocará el modelo Ley-100, en virtud del cual renuncia el Estado a prestar el servicio público de salud, derecho fundamental que confía a negociantes particulares; a quienes entrega, por contera, los fondos del sector y su manejo, a la mano de Dios, sin vigilancia ni control. Funciones por lo demás impracticables, pues el poder público se despojó de su sistema de información y de las herramientas de regulación necesarias para modular sus deudas, contener el desangre por robo continuado de recursos y desfalcos faraónicos como el de Saludcoop. El ministro de la cartera parece debatirse entre el anhelo de acertar y el deber inescapable de apadrinar un modelo de salud agonizante en la opulencia de las EPS; en la negación del servicio a la ciudadanía, en una retórica de “equidad” que es hoja de parra de medidas enderezadas a remachar el paradigma de la salud como negocio.
Hará bien el Gobierno en pagar sus deudas a las EPS y saldar directamente las de los hospitales. Pero tendrá primero que saber cuánto se debe, a quién y por qué. Y ¿cómo hacerlo si carece de información propia, si en lugar de forzar la intervención de los entes de control se enreda licitando una auditoría independiente? ¿Otra hojita de parra para velar la invitación del Plan a la “autorregulación de los gastos entre agentes de la salud?
Se propone el Gobierno, de otro lado, marcarles techo a los recobros de las EPS. Más allá de la sana intención, el efecto previsible, según Carolina Corcho, Vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, es que éstas reducirán más costos negando servicios y maniatarán a los médicos. Por encima de la Constitución que manda suprimir el sistema Pos-Nopos y cubrir casi todos los servicios con los recursos que el Estado les gira (UPC), porfiarán en lo que saben hacer: Si se mantiene el Nopos, las EPS podrán apropiarse parte sustancial de la UPC y cobrar –a menudo fraudulentamente— la mayoría de servicios por Nopos. Negocio redondo.
Tres perlas del Plan de Desarrollo dan lustre a este modelo de capitalismo montarás: primero, involuciona a la villanía del exministro Palacios que se aplicó en tiempos de Uribe a cerrar hospitales públicos por no ser “rentables”. Como si no derivaran sus penurias en gran medida de las platas que les adeudan. Como si valiera un higo la rentabilidad social. Segundo, dizque por principio de solidaridad, sacarán del Sisbén a los menos infortunados entre desdichados: 2.500.000 pobres tendrán ahora que cotizar para salud. Tercero, el Plan propone recortar el presupuesto de salud pública: la cuarta parte se convertiría en “subsidios a la oferta” (a las EPS), y los recursos no ejecutados pasarían a la Nación.
Concluye la doctora Corcho que el Acuerdo de Punto Final no corrige las fallas estructurales del sistema, origen de las deudas: “El Gobierno compra tiempo con recursos de los colombianos, aplaza la debacle”, y perpetúa el negocio de la salud. Una vez más, se trueca la misión social de la salud pública por el interés comercial. Con el agravante de que la crisis financiera y misional del sistema podrá ahora postrarlo hasta desaparecerlo. Remedios a la mano: en vez del utópico “sinceramiento” de las cuentas, imponer la intervención de los entes de control. Y allanarse al mandato de la Ley Estatutaria de Salud. Lo demás es dar un salto atrás… o al vacío.
