por Cristina de la Torre | Ago 12, 2019 | Agosto 2019, Salud
Por lo visto, el acuerdo de punto final entre Gobierno y EPS para sanear las finanzas del sector Salud será la coronación del modelo atrabiliario que socializa pérdidas y privatiza ganancias. Asume aquí el Estado parte sustantiva del pasivo de las EPS y lo convierte en deuda pública que los colombianos tendremos que pagar. Son acreencias que las aseguradoras de salud han contraído con los hospitales, y los asfixian. Una billonada. Como billonada será también el pago que aquellas reciban por procedimientos y medicamentos NoPOS, sobre una facturación a menudo tramposa, exorbitante, apenas depurada de inconsistencias que saltan a la vista. Como la de cobrar dos veces por un mismo servicio o por pacientes ficticios o por prescripciones no probadas, y cuyo “sinceramiento” confía el ministro mayormente a la buena fe de buitres que pasan por palomas.
El recobro de medicamentos NoPOS se duplicó en los últimos cinco años. Ante la explosión de costos con cargo a estos recobros, mina de oro de EPS y farmacéuticas, alarma el diagnóstico del Observatorio de la Federación Médica Colombiana: “avanzamos inexorablemente –dice- hacia el colapso financiero del sistema de salud; actores con poder se apropian los recursos y a pacientes se les niegan los servicios”.
De los $10,1 billones que se les adeuda a los hospitales, sólo la décima parte le corresponde al Gobierno. Por casi todo el resto deben responder las EPS, salvo alguna porción de gastos que el Adres deberá reembolsarles, si se prueba la autenticidad de los cobros. Mas, en lugar de obligar a las EPS a pagarles a clínicas y hospitales, el ministerio se precipita a ofrecer, como graciosa concesión, la redención de una porción enorme de esos pasivos. Se habla de pagos en salmuera de $5,2 billones a las EPS del régimen contributivo y de $1,2 billones al subsidiado. Según la Asociación de Clínicas y Hospitales, los mayores deudores de los hospitales son las EPS del contributivo, señaladamente la Nueva EPS, Coomeva y Medimás. Las EPS públicas les deben $2,9 billones.
Por su parte, la Corte Constitucional se pronuncia contra el crecimiento incontenible de recobros de las EPS por medicamentos en el NoPOS. Carolina Gómez, investigadora de la UN, habla de “recobro imparable, invencible, insostenible”. Pfizer vendió a $112.167 la droga Xalatán, que valía $14.933. Por sobrefacturación en siete medicamentos, recibió multa de $83 millones; pero había hecho utilidades ilegales de $3.817 millones.
Dice el Gobierno que quiere pagar las deudas en Salud. Pero no propone una metodología sólida para habérselas con el maremágnum de datos, papeles, recibos y facturas, hechizos muchos, deformados otros, verdaderos los menos, un caos que se reproduce como alimañas en la sobra. En la oscuridad que a todos conviene, porque es en la incertidumbre y el misterio donde los mercaderes de la salud cosechan, atesoran y reclaman hasta alcanzar el premio mayor, en ciernes, bajo la figura de punto final. Si enredo hay en las cuentas del régimen contributivo, en las del subsidiado aquellas de seguro ni existen.
Todo indica que el acuerdo de punto final se contraerá a manejar desde el centro el cáncer terminal del NoPOS y a favorecer, por enésima vez, a los dueños de las EPS. Hábiles buhoneros de la salud convertida en mercancía, beneficiarios gratuitos de un Estado que traslada sus deudas a la ciudadanía inerme. Tal como ha querido hacerlo con la deuda que Odebrecht-Sarmiento contrajo con los bancos, en impúdica operación que el Consejo Gremial defiende. Es un modelo: el de trinca del Estado con corruptos de alto vuelo, sea en la Ruta del Sol, sea en la mercantilización de la salud.
por Cristina de la Torre | Abr 9, 2019 | Abril 2019, Salud
Si no es globito electorero del uribismo, apuntaría al control de precios que ya Alejandro Gaviria ensayó. Colada entre insinuaciones de declarar borrón y cuenta nueva para la billonada de deudas contraídas entre EPS, hospitales y el Estado –punto final de ostensible ventaja para las primeras– una luz de esperanza habría brillado esta semana. Julio César Aldana, director de Invima, retoma la idea de abrir el mercado a genéricos de fármacos biotecnológicos cuando los precios de monopolio han puesto el sistema de salud al borde de la quiebra. Precios de multinacional farmacéutica que pesan abrumadoramente sobre los recobros por medicamentos que en el último año representan 20% del gasto público en salud. Propone el funcionario echar a andar el decreto de 2014 que les abre a los monopolios competencia, en particular al grupo de biosimilares. Clásica manera de quebrar precios. Para facilitar el acceso a medicamentos como factor medular del derecho a la salud; y para alivio sustancial de los costos del sistema. De un sistema orientado por desgracia a satisfacer la gula de multinacionales, algunas EPS y clínicas privadas.
Óscar Andia, director del Observatorio de Medicamentos y directivo de la Federación Médica Colombiana, revela que en los últimos cinco años aumentaron los precios del mercado farmacéutico en $5,4 billones. Casi todo por medicamentos no-pos, los más caros, que no pagan las EPS sino el Estado. Se han reanimado ahora estos recobros, tras haber amainado con el control de precios del Gobierno anterior.
Todo comenzó, recuerda Andia, con la libertad absoluta de precios decretada por la Administración Uribe en 2003. Muchas medicinas se vendieron a precios hasta veinte veces por encima de los internacionales. El efecto fue devastador. No sólo para el ciudadano de a pie, sino para el Estado que debía desembolsar billonadas por recobros de las EPS. Vino luego un período de estabilización entre 2011 y 2013, y un nuevo crecimiento entre 2014 y 2017. Ocurrió que la regulación en biotecnológicos del Gobierno Santos redujo dramáticamente los precios, sí. Pero las multinacionales neutralizaron el logro con un aumento desproporcionado de la oferta de estos fármacos. Vendieron a menor precio pero en cantidades extraordinarias. Los recobros por estos biotecnológicos son astronómicos y siguen mandando la parada.
Para nuestro analista, la viabilidad del sistema de salud en Colombia depende no sólo de perfeccionar la regulación de precios y extenderla más allá de los biotecnológicos, sino también de otras medidas estructurales. Como esta de atacar el monopolio y el abuso de posición dominante mediante competencia abierta de fármacos en el mercado. Además, fijar precios a la entrada, expedir declaratorias de interés público y exigir licencias. Y, por supuesto, estimular la producción y la innovación de nuestra propia industria farmacéutica. No apenas protegiéndola de importaciones sustitutas sino con una política que obligue a transferir tecnología a cada cesión de un nicho de mercado. Finalmente, el Gobierno podría centralizar las compras y proteger el autoabastecimiento del país con productos genéricos. Como se estila en la India, se entroniza en Argentina y Brasil, y se estudia ya en toda Suramérica. Y concluye: una política de fomento a la industria nacional tendrá que pasar por apoyar los genéricos y abrir el abanico de la competencia.
Mas esta política no podrá emanar sino de revolcar la Ley 100, para devolverle al Estado la iniciativa, la dirección del sector y el control de sus recursos. El buen éxito de la iniciativa de Aldana dependerá de su determinación para suprimir privilegios a EPS privadas. Y para vencer el miedo al gringo, jefe del sumiso, humillado presidente que es jefe del director de Invima. ¿Lo logrará?
por Cristina de la Torre | Jun 10, 2018 | Acuerdos de paz, Clientelismo, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Educación, Elecciones 2018, Iglesias, Impunidad, Junio 2018, Justicia, La paz, Modelo Político, Mujer, Paramilitarismo, Política económica, Proceso de paz, Régimen político, Salud, Tierras, Uribismo
Si regresara Uribe a la silla de Bolívar en la persona de Duque, no necesitaría convocar constituyente. Para reeditar, ahondado, su modelo de gobierno autoritario y violento, le bastará con ejecutar la sustancia inocultable de las reformas que su pupilo barniza: suprimir la independencia de los poderes públicos, revivir la guerra y abrir nuevas puertas al abuso del poder. A ello conducen, por un lado, la disolución de las Cortes y su integración en una sola, sacada del cubilete del Presidente; y el achatamiento del Congreso a cien miembros, para lo cual tendría primero que revocarlo. De otro lado, los anunciados “ajustes” al acuerdo de paz apuntan a destruirlo; de donde no podrá resultar sino el regreso de la guerrillerada a las armas y el sabotaje a la reforma rural. Audacias que el mórbido Duque acometería, rodeado como estará por las fuerzas vivas de la patria: el clientelismo en pleno, los gremios económicos, el latifundismo, el cuerpo de notables sub judice o prófugos de la justicia, la parentela de la parapolítica, iglesias adictas a la teocracia, verdugos de la diversidad sexual y el popeyismo.
Al nuevo tribunal supremo erigido sobre el cadáver de las cortes que investigan al expresidente y familia, podrá el Primer Mandatario, es decir Uribe, enviar magistrados de su círculo personal. La reforma le entrega al presidente el nombramiento del fiscal, al Gobierno la estructuración de la investigación criminal, y a la Policía, funciones judiciales. En modo viejo DAS, anuncia Duque la creación de un aparato de control político envolvente sobre la población: Un sofisticado sistema de denuncias y seguimiento, con monitoreo electrónico que lo coloca por encima de la Stasi en la Alemania Oriental, de la KGB, de los Comités de Defensa de la Revolución Cubana y sus vástagos del madurismo.
Providencial, esta reforma de las Cortes borraría de un plumazo las 280 indagaciones que se le siguen al senador Uribe, más de una de carácter penal. Como la recién reabierta por presunta responsabilidad por omisión del entonces gobernador de Antioquia en las masacres perpetradas por paramilitares y Fuerza Pública en La granja y El Aro en los 90. Y en relación con el asesinato del líder de Derechos Humanos en ese departamento, Jesús María Valle, tras suplicar sin éxito al mandatario seccional protección para la población de esas localidades. Según Semana, la Corte Suprema investiga la formación del grupo paramilitar autor de tales masacres, “que habría usado como base de operaciones la hacienda Guacharacas de propiedad de la familia Uribe Vélez”. El senador pidió celeridad en la investigación.
Por otra parte, Duque le pone dinamita al Acuerdo de Paz. ¿O es que impedir el debut de los desmovilizados en política para arrojarlos a la cárcel no redunda de inmediato en el regreso de 10.000 guerrilleros hacia la disidencia de las Farc o hacia las bacrim? ¿No es eso reactivar la guerra? ¿No es revictimizar a las víctimas que se quedarán, así, sin verdad, sin reparación y blanco de una nueva guerra? De una guerra donde son los campesinos los que ponen los muertos de todos los ejércitos, pues nunca van los hijos del poder al frente de batalla.
He aquí los hilos de la constituyente uribista que Duque lanzaría, no tanto por blandura como por convicción. Chavismo puro y duro. Como lo prueban sus debates de ocho años en el Congreso. Ni Duque es “el James de la política” –despropósito de su jefe de campaña–, ni es Uribe el Cid Campeador de todos los colombianos en todos los tiempos. Media Colombia acaba de apartarse en las urnas de quien encarna, más bien, al procaz perdonavidas, seductor de reprimidos por las hipocresías eclesiales: las religiosas y las políticas. Se ha rebelado ya contra la horrible noche que se le ofrece.
por Cristina de la Torre | Oct 10, 2017 | Corrupción, Octubre 2017, Salud
Mientras más calidad y eficiencia prometen, peor el resultado. Hija putativa de Saludcoop-Cafesalud por operación comercial más dolosa que equívoca, Medimás ofrece el oro y el moro pero reedita, a escala de avalancha, todos los abusos de las EPS. Y las aberraciones de un modelo que, lejos de seguridad social en salud, le monta negocio a una gavilla que se embolsilla casi todos los fondos que el Estado le confía para asegurar la salud de los colombianos. Trenzados en rapiña por los cinco billones anuales del Gobierno, la EPS y sus clínicas abandonan a los pacientes o los atienden a desgana. Con 10.000 quejas ante la Procuraduría despegó en su primer mes la flamante Medimás que prometía enmendar, “ahora sí”, el drama de los seis millones de afiliados a Cafesalud. Pero éste porfía y se teje desde adentro, al calor de la Ley 100: la aseguradora mezquina, a menudo con consecuencias fatales, cuanto recibe del Estado para atender a los pacientes; y el hospital factura con uña larga para amarrar utilidades desproporcionadas.
En el viejo modelo de integración vertical entre EPS y hospitales, aquella asegura el lucro por dos caminos: Primero, le atraviesa al afiliado un mar de trabas para acceder al servicio, y gasta lo menos; segundo, les impone a los hospitales tarifas prohibitivas y, a la hora de pagarles, se duerme. En el caso de Medimás, explica Mario Hernández, no obra integración vertical entre EPS y hospitales, sino horizontal. No puede aquí la aseguradora prevalecer sobre las prestadoras de salud, y la rebatiña entre empresarios se encarniza, cada uno queriendo ganar más que el otro. Y los pacientes ahí. Podrán suplicar durante meses una cirugía impostergable; velar días y noches en urgencias; o fallecer en el rebote de una EPS a otra, vía paseo de la muerte. Si no como “paseo” de un enfermo, el desplazamiento en masa de una entidad a otra amenaza al sistema todo de salud. Cientos de pacientes acuden cada día a otra EPS y, si ellas aceptan el ingreso de 50.000 enfermos crónicos de Medimás, el sistema colapsa.
Ya la venta de Cafesalud extremaba la concentración del servicio en una EPS y legalizaba su integración total con 180 clínicas propias para que aquella las financiara con el dinero de todos. No faltó en la operación la venia del Ministro que corrió a prestarle, porque sí, $200.000 millones a una entidad en quiebra. Nada nuevo: cuando el Gobierno intervino a Saludcoop no fue para sancionarla ni para obligarla a pagar los $1.4 billones públicos que ocultaba en sus arcas. Fue para asumir sus pasivos y entregarle los activos a Cafesalud…!que era de Saludcoop!
Mas la privatización de la salud no para allí, se le suma la corrupción de figuras del poder público que se reparten gajes y coimas con los mercaderes del sector. La de un ex gobernador Guerra Tulena, la de un parlamentario Holger Díaz, la de un procurador Ordóñez que se brinca las pruebas y lo absuelve.
Solución de fondo al caos, restablecer el principio solidario que prevaleció por décadas en Occidente desde la posguerra. Concertar el sistema de salud entre empresarios y usuarios, como responsabilidad colectiva de la sociedad bajo la dirección del Estado, escribe Hernández. Vale decir, robustecer la capacidad del poder público con instituciones capaces de administrar la prestación y los recursos del sector. Devolverle al Estado su poder de iniciativa. El propósito, implantar en Colombia un sistema de salud universal, descentralizado y actuante para todos. El mercado, remata nuestro autor, es mal consejero cuando se trata de equidad en salud, derecho fundamental autónomo que la Ley Estatutaria de 2015 consagró. Necesitamos otro sistema de salud.
por Cristina de la Torre | Jun 26, 2017 | Corrupción, Junio 2017, Salud, Seguridad social
Héroe de la paz y villano de la política social. Terrible ambivalencia pesaría sobre el presidente Santos que hoy preside la disolución de las Farc, si a su turno objeta leyes de beneficio a los pensionados y perpetúa la seguridad social como coto de mercaderes: de las EPS en salud, de los Fondos Privados en pensiones. Para guardar proporción mínima con la inflexión histórica que la ceremonia de hoy encarna; para dar pasos ciertos en la construcción de un país distinto, debería empezar por sancionar dos proyectos que el Congreso aprobó esta semana: la ley que reduce el confiscatorio aporte a salud de los pensionados, y la que reduce semanas de cotización a pensión para mujeres que obtendrán ese derecho por debajo de dos salarios mínimos. La primera rescata la mesada en regla; la segunda compensa en parte la discriminación salarial contra la mujer.
Mas, como en catatónica respuesta a una fatalidad; como si la distribución del gasto público se labrara en piedra; como si estuviera Colombia condenada sin remedio a la privatización de su seguridad social, advirtió el ministro de Hacienda que las tales leyes le costarían al fisco $3,3 billones. Que plata no había. Y no faltó entre “los economistas” quien propusiera otra reforma tributaria (más IVA para el escuálido bolsillo) y echar mano de partidas que los maestros lograron para la educación pública. Y el ministerio de Salud hizo la segunda. Que con ello se ahonda el hueco fiscal del sector, dijo, aunque nunca obligó el pago de los $9 billones que las EPS adeudan a los hospitales. Por su parte, los Fondos Privados de Pensiones, tiburones en este mar bravío, vuelven a la carga con idéntica cantinela de tragedia fiscal. Tragedia es el haber convertido estos derechos en negocio de particulares, a kilómetros-luz del principio solidario que dio vida a la seguridad social en el mundo civilizado.
Tragedia la de los afiliados a esos fondos privados, que sólo pensionan a la mitad de sus cotizantes y, cuando lo logran, reciben mesadas equivalentes a la cuarta parte de los ingresos sobre los cuales se calculó su aporte. Escribe César Giraldo en Le Monde Diplomatique que el poder financiero propone abiertamente privatizar por completo el sistema de pensiones. Y es porque, visto el fraude perpetrado, ha habido desbandada de sus afiliados hacia Colpensiones. En 2016, la estampida fue de 200.000 personas. Y espera que todos caigan ahora como corderos en su corral, dizque para defenderlos de un sistema público insostenible. Pero, sostiene Giraldo, el alto costo fiscal es culpa de las AFP pues, mientras la mayoría de pensionados está en el sistema público, los activos financieros están en el privado. El uno, paga las pensiones; el otro, atesora la plata. En 2016, los privados acumulaban activos financieros por $196 billones (22% del PIB).
¿No se le ocurrirá al Gobierno ponerle mano al abuso y proteger a la ciudadanía? ¿O reducir siquiera a la mitad los $50 billones que alcanza al año la corrupción? ¿O poner a pagar impuestos a los potentados del campo, a las Iglesias (católica y cristianas)? ¿Quién responde por la defraudación de $17 billones en Reficar? ¿Hasta cuándo rigen los vergonzosos contratos de estabilidad tributaria y tarifas especiales en zonas francas? ¿Es esta clase dirigente incapaz de devolverle al Estado la iniciativa y el control directo de fondos destinados a salud y pensión, derechos fundamentales de la ciudadanía?
Plata hay; es que está mal repartida y robada. Si salió Santos victorioso en su osada guerra contra la guerra, ¿no querrá también apretarle el guante al abuso y al negocio que se tomaron los derechos sociales de los colombianos? ¿De quién espera la venia: de la OCDE?
