por Cristina de la Torre | Jun 13, 2017 | Corrupción, Junio 2017, Salud
Si no fuera por demanda del senador Robledo, habría ya triunfado el estropicio Pero las aves de presa de la salud no darán su ala a torcer. Llena de irregularidades y abusos, escoltada por el mismísimo Gobierno, la operación de venta de Cafesalud a Prestasalud viola las normas de contratación pública, afecta el patrimonio de la Nación, pone en riesgo a los acreedores, extrema el modelo de concentración en una EPS y compromete más, si cabe, la calidad del servicio de salud. Prestasalud comprará por $1,45 billones los activos de Cafesalud, empresa quebrada que no podrá pagar sus deudas de $2,9 billones. Como no pudo asignar sus 4 millones de citas con especialistas ni practicar las 260.000 cirugías represadas. Tampoco la compradora asumirá deudas y pasivos. Ni correrá riesgo económico, porque financia en buena medida su inversión con créditos del Gobierno (Fosyga, Findeter después). Mano tendida a particulares que atesoran dinero público en proporción a la violencia pasiva que ejercen contra los pacientes.
La operación es maná del cielo: Prestasalud compra a huevo, descarta deudas y pasivos, recibe crédito público desviado del bien común al enriquecimiento privado, y recibirá del Gobierno $5 billones cada año (y más ahora, por decreto, para la compradora) para prestar misérrimo servicio de salud y embolsillarse el grueso. Que así lo estableció la Ley 100: mientras menos gaste en sus pacientes la EPS, más gana; ergo, ésta mezquina la atención, o no la presta.
Tal billonada recibirá Prestasalud por transferencia directa de fondos públicos a las 180 clínicas particulares de Cafesalud, que fueran de Saludcoop. Dígase al entorno de Carlos Palacino, por interpuesta persona. Inmune a juicio y prisión, no obstante haber abastecido sus negocios y una vida ostentosa de modesto empleado venido la magnate con $1,4 billones succionados a fondos de la salud, le juega Palacino verónicas a la justicia. La tratativa de marras será la cereza del pastel horneado durante un cuarto de siglo, desde cuando Álvaro Uribe, imitando el modelo que Pinochet introducía en Chile, trocó la Salud en mina de rufianes.
Esta venta legaliza la integración vertical total, prohibida por la Corte. Consiste en que la EPS prestará servicios sólo en hospitales de su propiedad. Y confunde en una y misma cosa a aseguradora y prestadora de salud. Negocio redondo: la EPS transfiere a sus clínicas una jugosa tajada del dinero que el Estado le confía en administración. Abusó Palacino de este esquema, al punto que el Estado debió intervenir a Saludcoop. Mas no para obligar al desvalijador a pagar lo que debía, sino para asumir sus pasivos y entregar los activos a Cafesalud… ¡que era de Saludcoop! Todo quedaba en familia.
Denuncia Jorge Enrique Robledo que no hubo en la venta de Cafesalud pluralidad de oferentes. Que fue una falsa subasta. Como lo fuera la pantomima de Isagén, vendida a proponente único, sin competencia que en la puja elevara el precio de venta de la empresa. Y demandó la operación, exigiendo corregir los entuertos. José Roberto Acosta, por su parte, revela que el ministro de Salud prestó en forma irregular recursos del Fosyga a una empresa quebrada, Cafesalud. De la misma manera como lo hizo el Banco Agrario con Navelena-Odebrecht. El Estado al servicio de corruptos e insolventes.
La privatización de la salud no resolvió los defectos del sistema; antes bien, los agravó. Hoy se traduce en salud buena para quien pueda pagarla y, para la mayoría, atención primaria mínima, barata, o nula. Efecto perverso de la alcahuetería de los Gobiernos con los mercaderes de la salud, y de su desdén hacia el símbolo trágico del sistema: el paseo de la muerte.
por Cristina de la Torre | May 23, 2016 | Mayo 2016, Movimiento social, Salud
Sin siervos no hay yugo que valga. Si la multinacional Novartis vende en Colombia su Imatinib contra el cáncer seis veces por encima de lo que valdría el genérico es porque en 2012 nuestro flamante Consejo de Estado le otorgó, hincada la rodilla, patente de exclusividad a la farmacéutica suiza. Y porque la Superintendencia de Industria y Comercio, que nueve años atrás se la había negado, enmudeció. Entonces salieron los genéricos del mercado y Novartis navegó a sus anchas con precios astronómicos que atentan contra la vida de los pacientes y contra las finanzas de nuestro sistema de salud. Se propone ahora el ministro Alejandro Gaviria romper el monopolio que a ese tiburón le permite devorarse a los más débiles; triturarlos bajo el peso de su obesidad. Colombia sometería la patente de su fármaco a licencia obligatoria, y lo declararía de interés público, pues se trata de un medicamento esencial. Enhorabuena.
Manes de la soberbia extranjera, le han llovido al país advertencias, amenazas, chantajes desde todos los poderes habituados a imponerse a coces sobre pueblos vulnerables: vociferan en el mundo (y en Colombia) los gremios de las multinacionales farmacéuticas, agentes del congreso estadounidense que velan por los intereses comerciales de ese país, y hasta su propio gobierno. Porque para ellos, escribe nuestra embajada en Washington, “regular el precio de ese fármaco […] puede desembocar en disputas relacionadas con lo pactado en el TLC o crear inconvenientes en la aprobación de los recursos para ‘Paz Colombia’”.
Pero no será el nuestro el primer país que libre en su suelo esta batalla planetaria contra la gula de la gran industria farmacéutica. Ya Tailandia, Brasil, Suráfrica y la India la dieron. Y cobraron victoria. En la India, la Corte Suprema de Justicia tomó en 2013 la histórica decisión de negarle la patente al Imatinib. Privilegió el principio de brindarle a su población acceso a medicamentos genéricos sobre la supuesta mayor eficacia terapéutica del fármaco de Novartis. Su precio se redujo a la dieciochoava parte: pasó de 2600 dólares a 145. Estos países han montado toda una industria nacional de genéricos incentivada por el Estado, vía expedita para democratizar la salud reduciendo drásticamente los precios de las drogas. Y Colombia sufre ahora una segunda embestida: hace dos años arremetieron las farmacéuticas gringas contra el proyecto del ministro Gaviria de optar por medicamentos biotecnológicos y de producirlos en el país.
Pero conforme pujan los tiburones por apretar la encerrona contra Colombia, surgen apoyos acá y allá, de quienes saben que nuestro país es el escenario de la hora donde tiene lugar esta disputa global contra los muy civilizados mercachifles de la salud. Ciento veinte oncólogos del mundo entero le dirigieron al Gobierno una misiva donde protestan por la desmesura de Novartis. Para la Federación Médica Colombiana, entre otras muchas, al país le asiste pleno derecho a priorizar la salud de sus ciudadanos, a defender el interés público de atropellos como éste.
En búsqueda de competencia equilibrada, jugará papel crucial la aplicación Click Salud que el Gobierno prepara, donde aparecerá el precio de cada droga, comparado por laboratorios. Divulgará, por ejemplo, tres valores distintos del omeprazol: $36, $138 y $11.249. El consumidor decide. Mas no debería el Estado limitarse a controlar precios y a apoyar la industria nacional de genéricos. Debería, también él, producirlos. Inyectar recursos abundantes en ciencia, tecnología e innovación. Y pedir dignidad a quienes, como en el caso que nos ocupa, regalan el país desde el Consejo de Estado. Como si el alto tribunal pudiera degradarse a guarida de la servidumbre del déspota extranjero.
por Cristina de la Torre | Dic 14, 2015 | Diciembre 2015, Salud
Andarán de celebración el ministro de Salud y Carlos Palacino, presidente de Saludcoop. Tras la apariencia de liquidar la más grande y uñona EPS, protagoniza el Gobierno una operación salvamento del pillo, con dinero de la ciudadanía. Esta comedia se volvió en Colombia política de Estado, y consiste en socializar las pérdidas o el pillaje de particulares que prestan servicios públicos. Para no ir lejos, sucedió, verbigracia, con los banqueros en 1998, al primer amago de menoscabo en sus utilidades de fábula. Sucede ahora con los 17 billones de sobretasa al servicio de electricidad recaudados para emergencias, que las termoeléctricas se embolsillan. Mas el caso que hoy nos ocupa alarma.
Pasan los usuarios de Saludcoop temporalmente a Cafesalud, que es propiedad de la EPS “desaparecida”; y ésta, refinanciada con fondos públicos, volverá después al redil de Palacino. Salta a la vista el efecto inmediato del rescate: escamotear el pago de los $ 1,7 billones de la salud que, según fallos de ley, desviaron los socios de Saludcoop hacia sus negocios privados. Ya Cafesalud había sido sancionada por insolvencia. Pero el ministro le asigna ahora $ 200 mil millones y, como gerente, a Guillermo Grosso, investigado por detrimento patrimonial. En suma, mientras queda Palacino refinanciado y a salvo por ahora de acción penal, corona el ministro su obra cimera: consolidar a las EPS, nervio del modelo mercantil que la Ley 100 introdujo en el sistema de salud, y que malfunciona a remolque de 130.000 tutelas al año para acceder a servicios cuyo derecho se le birla sistemáticamente al paciente.
Siendo Palacino presidente de Saludcoop, la Supersalud la sancionó con $ 634 mil millones por invertir lo ajeno en arca propia; y la Contraloría la responsabilizó por desviar $ 1,4 billones de fondos públicos. Pero las deudas de Saludcoop, como es norma en la integración vertical que las EPS practican, quiebran a los hospitales públicos, no a sus clínicas boyantes. Son éstas las que despluman a sus EPS, les succionan los recursos de salud cuya administración les confía el Gobierno. Entonces éste las declara insolventes, vuela a rescatarlas y no les exige pagar lo que deben. Entre tanto, sus clínicas son negocio privado alimentado con los impuestos de los colombianos. A eso se le llama socializar pérdidas y capitalizar ganancias en provecho del primer caballero de industria que le apunte al negocio.
A ello condujo el nuevo intervencionismo de Estado, depurado en la privatización de su función social y en el salvamento de intereses privados ajenos al beneficio común. Así legaliza los abusos del capital privado. Tal, la operación rescate de la banca en 1998, ante una ligera reducción de sus pingües ganancias. Utilidades sin par, pues la intermediación financiera en Colombia superaba el 18%, mientras la de Estados Unidos, por ejemplo, no alcanzaba el 5%. También en esa ocasión terminó la gente subsidiando a los banqueros. Y a las multimillonarias Corporaciones de Ahorro, cuyas utilidades sumaban ocho veces los recursos de Solidaridad Social.
Con Saludcoop, el Gobierno salva a la entidad que delinque y después se la devuelve, robustecida, al malandrín. Aunque sabe que a la Contraloría le asiste la razón. La liquidación de Saludcoop, dice ella, no repara el daño patrimonial causado al Estado; resarcimiento no habrá mientras esa EPS no le pague a la Salud los $ 1,4 billones que le debe. Sería éste un buen comienzo para revaluar el modelo de salud que rige, montado sobre el negocio de curar, no sobre el principio de promover la salud y prevenir la enfermedad. En él medran sujetos como Palacino, en mala hora consentidos del ministro Gaviria.
por Cristina de la Torre | Jul 20, 2015 | Julio 2015, Salud
¿Incuria? ¿Insolencia? ¿Indignación porque el Hospital San Vicente Fundación de Medellín entregue lo mejor de la medicina a la población más pobre? En su abominable política de proteger el negocio de las EPS, el Gobierno estrangula a clínicas y hospitales. El de San Vicente, patrimonio moral y científico de los antioqueños y de Colombia, pionero en trasplante de órganos en América Latina, teme cerrar servicios de cirugía y medicina interna. Sus salas de urgencias colapsan con miles de pacientes adicionales de Saludcoop y Comeva, a quienes éstas han negado atención médica en otras instituciones. Lleva meses rogando a sus proveedores que, por demorar pagos, no le suspendan el suministro de medicamentos, de alimentos para los enfermos, de lavandería. No pudo cubrir este mes la factura de energía, agua y gas. Glotonas incontinentes mimadas de la Ley 100, no le pagan las EPS los $300.000 millones que le adeudan. Y el Gobierno ha dejado desbordar su flujo regular de fondos por encima de los $40.000 millones.
Pero este hospital se juega la vida por la vida de los pacientes. Desde su presidente, doctor Julio Ernesto Toro, hasta el último camillero, todos comparten allí la ética de no negarle a nadie afecto, consideración y atención avanzada si la requiere. Lleva 102 años haciéndolo, y no se precia de ser institución de puertas abiertas sino sin puertas. Encabezará mañana en la capital antioqueña el plantón nacional de protesta de clínicas y hospitales que se precipitan, todos, al abismo: $12 billones les deben las EPS, $5,3 de ellos a los hospitales públicos. Sin amago de pago. Y el ministro ahí. Con sus luces de bengala en la prensa y sus paños de agua tibia, que tampoco aplica. Su compromiso de mejorarle al San Vicente el flujo de fondos del día a día suscrito en noviembre pasado, se ha traducido en disminución sostenida de los mismos.
Ahora les propone a clínicas y hospitales endeudarse para remediar la iliquidez que los paraliza. En lugar de obligar a las EPS a honrar sus deudas con ellos, blinda las arcas de Alí Babá y convierte a los acreedores en deudores: lejos de entregarles lo que en sana ley les corresponde –dineros de los colombianos sustraídos con dolo por las EPS– les deja el hueco y lo agranda. Al parecer, cocina el funcionario decretos para negarle la salud (¡y la vida!) a quien no se afilie al sistema. Y para forzar a los ya afiliados a renovar contrato con las EPS, dizque en vista de un nuevo pacto social que estafará al ciudadano, le conculcará derechos adquiridos y le mezquinará los servicios de salud hasta la inopia. Burlando la Ley Estatutaria y su consagración de la salud como derecho fundamental, desafía el ministro a la sociedad y se insubordina contra el orden constitucional desde la entraña misma del poder.
El San Vicente simboliza la crisis hospitalaria del país y es a la vez emblema de tantas IPS que descuellan. Hace 51 años practicó el primer implante de mano en el continente. David Acevedo, el campesino intervenido, sigue labrando a dos manos su parcela. La comunidad científica del mundo registró la hazaña con asombro. Y las que le siguieron: trasplantes de riñón, de hígado, de tráquea y el impensable de intestino. Hace una década sorprendió con el trasplante de un hígado partido en dos, para sendos beneficiarios. Referente de innovación científica en Colombia y afuera, la institución vuelca su saber sobre la población olvidada. “Así enfrentamos –dice el doctor Toro- el binomio más difícil del ser humano: la compleja enfermedad y la profunda desprotección”. Anverso de esta divisa, la ruindad del Gobierno que asfixia a este hospital y a cientos más en el país.
por Cristina de la Torre | Jun 22, 2015 | Junio 2015, Salud
Mucha pandereta, mucho fuego artificial del ministro Gaviria sobre control de precios a medicamentos y suspensión del glifosato, mientras refuerza el modelo mercantil que sume a la salud en su peor crisis en décadas. El indecoroso amparo del funcionario al lucro de las EPS consolida el aseguramiento privado y su intermediación financiera, que volvieron negocio de mercaderes el derecho a la salud. Y ultraja a los 568 hospitales públicos que agonizan en la indigencia porque no les pagan las EPS los casi cinco billones que les adeudan. Pero lejos de apretarlas, como es deber del ministro, éste les concede siete años de gracia para refinanciarse ¡con los propios fondos del sector! Y propone, además, compensar el desfalco perpetrado por esas intermediarias al sistema de salud con nuevos impuestos a los colombianos.
Eficiente distractor de este cometido primordial, la prometedora suspensión del glifosato es, de momento, apenas una propuesta; aunque de incierto desenlace, si cuaja, pues se estudia ya otro herbicida para reemplazarlo, acaso tan tóxico como el anterior. Como lo denuncia el exministro de Salud, Camilo González. No está clara, pues, la capacidad de la medida propuesta para replantear la política antidrogas.
Un segundo recurso a titulares de prensa que encubren el afianzamiento de la Ley 100 de salud es el supuesto ahorro de $1,6 billones en tres años por control de precios a medicamentos biotecnológicos. Modesto este medio billón al año, si se lo compara con las utilidades que las farmacéuticas de tales productos mantienen, pese al control de precios sobre algunos de ellos. O con los beneficios de las EPS –utilidades y apropiaciones indebidas sumadas. Y si hemos de creer a las cifras del ministerio, que oculta con celo los recobros por medicamentos al Fosyga. Recobros que pasaron de exponenciales a incontrolables.
El hecho es que la reducción de precios sobre estos productos se neutralizó con la venta de más unidades de los mismos, o de algún otro medicamento de la farmacéutica de marras. El laboratorio vendió menos caro pero en mayor cantidad, gracias al sucio trabajo de las EPS de inducción artificial de la demanda. Entre 2012 y 2013, cuando se introdujo el control de precios, las unidades vendidas de Rituximab aumentaron 63% y, en valores, el 22%. Entre uno y otro año, los ingresos por ventas saltaron de $93 mil millones a $113 mil millones. Entre 2013 y 2014, el NovoSeven más que duplicó ventas, si bien el número de pacientes seguía siendo el mismo. Del acetaminofén, producto estrella de los colombianos, ni hablar. El año pasado se vendió casi tanto acetaminofén de marca como del genérico. Pero el primero reportó $341 mil millones y el genérico sólo $38 mil millones. Todo, gracias a la publicidad engañosa de que producto de marca, aunque caro, es mejor. Si falla el control real de precios, también se desprotege la producción nacional de fármacos, y no se lanza el Estado a producirlos. Como en Sudáfrica, India y Brasil.
La Ley Estatutaria de Salud deposita en el Estado la dirección, organización, regulación y control del servicio. A instancias de esta norma, La Gran Junta Médica Nacional, que agrupa a las seis mayores organizaciones profesionales de la salud, insta al Gobierno a respetar la autonomía de los médicos. Y a superar la crisis del sector cambiando “el modelo de aseguramiento comercial por uno de aseguramiento social que reconozca la salud como derecho humano fundamental en el cual no quepan el negocio ni el afán de lucro de terceros”. Pepa del asunto que el Plan Nacional de Desarrollo contraviene olímpicamente, y el ministro burla haciendo ruido sobre iniciativas apenas esbozadas o de resultados inciertos.
Minsalud: mucho ruido…
Mucha pandereta, mucho fuego artificial del ministro Gaviria sobre control de precios a medicamentos y suspensión del glifosato, mientras refuerza el modelo mercantil que sume a la salud en su peor crisis en décadas. El indecoroso amparo del funcionario al lucro de las EPS consolida el aseguramiento privado y su intermediación financiera, que volvieron negocio de mercaderes el derecho a la salud. Y ultraja a los 568 hospitales públicos que agonizan en la indigencia porque no les pagan las EPS los casi cinco billones que les adeudan. Pero lejos de apretarlas, como es deber del ministro, éste les concede siete años de gracia para refinanciarse ¡con los propios fondos del sector! Y propone, además, compensar el desfalco perpetrado por esas intermediarias al sistema de salud con nuevos impuestos a los colombianos.
Eficiente distractor de este cometido primordial, la prometedora suspensión del glifosato es, de momento, apenas una propuesta; aunque de incierto desenlace, si cuaja, pues se estudia ya otro herbicida para reemplazarlo, acaso tan tóxico como el anterior. Como lo denuncia el exministro de Salud, Camilo González. No está clara, pues, la capacidad de la medida propuesta para replantear la política antidrogas.
Un segundo recurso a titulares de prensa que encubren el afianzamiento de la Ley 100 de salud es el supuesto ahorro de $1,6 billones en tres años por control de precios a medicamentos biotecnológicos. Modesto este medio billón al año, si se lo compara con las utilidades que las farmacéuticas de tales productos mantienen, pese al control de precios sobre algunos de ellos. O con los beneficios de las EPS –utilidades y apropiaciones indebidas sumadas. Y si hemos de creer a las cifras del ministerio, que oculta con celo los recobros por medicamentos al Fosyga. Recobros que pasaron de exponenciales a incontrolables.
El hecho es que la reducción de precios sobre estos productos se neutralizó con la venta de más unidades de los mismos, o de algún otro medicamento de la farmacéutica de marras. El laboratorio vendió menos caro pero en mayor cantidad, gracias al sucio trabajo de las EPS de inducción artificial de la demanda. Entre 2012 y 2013, cuando se introdujo el control de precios, las unidades vendidas de Rituximab aumentaron 63% y, en valores, el 22%. Entre uno y otro año, los ingresos por ventas saltaron de $93 mil millones a $113 mil millones. Entre 2013 y 2014, el NovoSeven más que duplicó ventas, si bien el número de pacientes seguía siendo el mismo. Del acetaminofén, producto estrella de los colombianos, ni hablar. El año pasado se vendió casi tanto acetaminofén de marca como del genérico. Pero el primero reportó $341 mil millones y el genérico sólo $38 mil millones. Todo, gracias a la publicidad engañosa de que producto de marca, aunque caro, es mejor. Si falla el control real de precios, también se desprotege la producción nacional de fármacos, y no se lanza el Estado a producirlos. Como en Sudáfrica, India y Brasil.
La Ley Estatutaria de Salud deposita en el Estado la dirección, organización, regulación y control del servicio. A instancias de esta norma, La Gran Junta Médica Nacional, que agrupa a las seis mayores organizaciones profesionales de la salud, insta al Gobierno a respetar la autonomía de los médicos. Y a superar la crisis del sector cambiando “el modelo de aseguramiento comercial por uno de aseguramiento social que reconozca la salud como derecho humano fundamental en el cual no quepan el negocio ni el afán de lucro de terceros”. Pepa del asunto que el Plan Nacional de Desarrollo contraviene olímpicamente, y el ministro burla haciendo ruido sobre iniciativas apenas esbozadas o de resultados inciertos.
