Andarán de celebración el ministro de Salud y Carlos Palacino, presidente de Saludcoop. Tras la apariencia de liquidar la más grande y uñona EPS, protagoniza el Gobierno una operación salvamento del pillo, con dinero de la ciudadanía. Esta comedia se volvió en Colombia política de Estado, y consiste en socializar las pérdidas o el pillaje de particulares que prestan servicios públicos. Para no ir lejos, sucedió, verbigracia, con los banqueros en 1998, al primer amago de menoscabo en sus utilidades de fábula. Sucede ahora con los 17 billones de sobretasa al servicio de electricidad recaudados para emergencias, que las termoeléctricas se embolsillan. Mas el caso que hoy nos ocupa alarma.

Pasan los usuarios de Saludcoop temporalmente a Cafesalud, que es propiedad de la EPS “desaparecida”; y ésta, refinanciada con fondos públicos, volverá después al redil de Palacino. Salta a la vista el efecto inmediato del rescate: escamotear el pago de los $ 1,7 billones de la salud que, según fallos de ley, desviaron los socios de Saludcoop hacia sus negocios privados. Ya Cafesalud había sido sancionada por insolvencia. Pero el ministro le asigna ahora $ 200 mil millones y, como gerente, a Guillermo Grosso, investigado por detrimento patrimonial. En suma, mientras queda Palacino refinanciado y a salvo por ahora de acción penal, corona el ministro su obra cimera: consolidar a las EPS, nervio del modelo mercantil que la Ley 100 introdujo en el sistema de salud, y que malfunciona a remolque de 130.000 tutelas al año para acceder a servicios cuyo derecho se le birla sistemáticamente al paciente.

Siendo Palacino presidente de Saludcoop, la Supersalud la sancionó con $ 634 mil millones por invertir lo ajeno en arca propia; y la Contraloría la responsabilizó por desviar $ 1,4 billones de fondos públicos. Pero las deudas de Saludcoop, como es norma en la integración vertical que las EPS practican, quiebran a los hospitales públicos, no a sus clínicas boyantes. Son éstas las que despluman a sus EPS, les succionan los recursos de salud cuya administración les confía el Gobierno. Entonces éste las declara insolventes, vuela a rescatarlas y no les exige pagar lo que deben. Entre tanto, sus clínicas son negocio privado alimentado con los impuestos de los colombianos. A eso se le llama socializar pérdidas y capitalizar ganancias en provecho del primer caballero de industria que le apunte al negocio.

A ello condujo el nuevo intervencionismo de Estado, depurado en la privatización de su función social y en el salvamento de intereses privados ajenos al beneficio común. Así legaliza los abusos del capital privado. Tal, la operación rescate de la banca en 1998, ante una ligera reducción de sus pingües ganancias. Utilidades sin par, pues la intermediación financiera en Colombia superaba el 18%, mientras la de Estados Unidos, por ejemplo, no alcanzaba el 5%. También en esa ocasión terminó la gente subsidiando a los banqueros. Y a las multimillonarias Corporaciones de Ahorro, cuyas utilidades sumaban ocho veces los recursos de Solidaridad Social.

Con Saludcoop, el Gobierno salva a la entidad que delinque y después se la devuelve, robustecida, al malandrín. Aunque sabe que a la Contraloría le asiste la razón. La liquidación de Saludcoop, dice ella, no repara el daño patrimonial causado al Estado; resarcimiento no habrá mientras esa EPS no le pague a la Salud los $ 1,4 billones que le debe. Sería éste un buen comienzo para revaluar el modelo de salud que rige, montado sobre el negocio de curar, no sobre el principio de promover la salud y prevenir la enfermedad. En él medran sujetos como Palacino, en mala hora consentidos del ministro Gaviria.

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