por Cristina de la Torre | Dic 8, 2015 | Conflicto armado, Conflicto interno, Política agraria, Actores del conflicto armado, Diciembre 2015
“Cuando en 2010 asumí como ministro de Agricultura, el Incoder estaba cooptado por el paramilitarismo; hubo un tiempo en que la entidad no daba pasos si no era autorizada por paramilitares”. Palabras para la historia, de Juan Camilo Restrepo. Ellas denuncian el más reciente factor de violencia instalado en el Estado mismo para completar desde allí, de consuno con empresarios y políticos, el centenario proceso de concentración de la tierra que es causa mayor de la guerra en Colombia. Como estrategia de paz, cargada de promesas, en cabeza de José Antonio Ocampo, Cecilia López y el propio Restrepo –entre otros– la Misión Rural acaba de proponer una reforma del campo más completa y ambiciosa que la suscrita en La Habana. Porque no se contrae al dominio agropecuario sino que abarca todos los ámbitos de la ruralidad. Lo mismo promueve el acceso a la tierra y su productividad que ataca la desigualdad y la pobreza del campesinado. Formaliza la propiedad, invierte en comercialización y bienes públicos, propone alianzas productivas entre economía campesina y agroindustria, traza líneas de ordenamiento y desarrollo territorial. Y encara una reforma institucional que comienza con la supresión del corrupto, aparatoso Incoder y la creación, en su lugar, de dos Agencias: una de Desarrollo y otra de Tierras.
Piedra en el zapato para el notablato contumaz del campo, la Misión propone un fondo de tierras para redistribuir entre campesinos. Se abastecería con baldíos, con tierras sin explotar o adquiridas dolosamente que el Estado recupere, y con otras que éste compre. Se apoya la iniciativa en el principio constitucional de función social de la propiedad y en leyes vigentes que tanto terrateniente quisiera burlar alegando inviolabilidad de su sacrosanta propiedad; no de la ajena.
Apunta la Misión también a grandes apuestas productivas en zonas no explotadas, de propiedad pública, como la Altillanura. Mas no entregaría el Estado esas tierras en propiedad, sino en concesión o en arriendo. Ojalá no dé la Misión pábulo al proyecto de ley Zidres del Gobierno que, enderezado al mismo propósito, podrá, no obstante, vulnerar el derecho del campesino a la propiedad de la tierra, mientras favorece la apropiación ilegal de baldíos por grandes empresas agroindustriales. Además, la ley de marras pervierte el modelo de asociación entre pequeños y medianos productores con grandes intermediarios: son aquellos los que exponen su patrimonio y corren todos los riesgos, y es el gran empresario quien recibe las rentas del trabajo y de la tierra.
Crítico se ha mostrado Ocampo con el modelo de apertura en el campo impulsado por todos los gobiernos en estos 25 años. Para cerrar la brecha en el sector, dice, será preciso revisarlo. Y, por otra parte, imponer el pago de impuesto predial “como incentivo al buen uso de la tierra”. No podía faltar aquí la objeción de la SAC, fiel al ventajismo que es marca indeleble del abusivo estamento terrateniente. Haciendo eco al Consejo Gremial, tan locuaz en el exigir, tan manicorto en el dar, aquellos no pagan predial, éstos no pagan impuestos sobre dividendos, y ninguno aporta recursos a la paz. Ni resiente la compañía de un Jorge Pretelt, vergüenza de la Corte, demandado por adquirir fincas despojadas por paramilitares en predios que fueron “La 35”, viejo campo de entrenamiento militar de Carlos Castaño en Urabá. Ni dijo mu cuando los asesinos de marras cogobernaban en Incoder.
De aplicarse la estrategia de Misión Rural, el campo duplicaría su producto en 15 años, se darían pasos ciertos en la redención del campesinado y en la depuración de las instituciones agrarias. Es el sacudón que no da espera.
por Cristina de la Torre | Dic 14, 2015 | Salud, Diciembre 2015
Andarán de celebración el ministro de Salud y Carlos Palacino, presidente de Saludcoop. Tras la apariencia de liquidar la más grande y uñona EPS, protagoniza el Gobierno una operación salvamento del pillo, con dinero de la ciudadanía. Esta comedia se volvió en Colombia política de Estado, y consiste en socializar las pérdidas o el pillaje de particulares que prestan servicios públicos. Para no ir lejos, sucedió, verbigracia, con los banqueros en 1998, al primer amago de menoscabo en sus utilidades de fábula. Sucede ahora con los 17 billones de sobretasa al servicio de electricidad recaudados para emergencias, que las termoeléctricas se embolsillan. Mas el caso que hoy nos ocupa alarma.
Pasan los usuarios de Saludcoop temporalmente a Cafesalud, que es propiedad de la EPS “desaparecida”; y ésta, refinanciada con fondos públicos, volverá después al redil de Palacino. Salta a la vista el efecto inmediato del rescate: escamotear el pago de los $ 1,7 billones de la salud que, según fallos de ley, desviaron los socios de Saludcoop hacia sus negocios privados. Ya Cafesalud había sido sancionada por insolvencia. Pero el ministro le asigna ahora $ 200 mil millones y, como gerente, a Guillermo Grosso, investigado por detrimento patrimonial. En suma, mientras queda Palacino refinanciado y a salvo por ahora de acción penal, corona el ministro su obra cimera: consolidar a las EPS, nervio del modelo mercantil que la Ley 100 introdujo en el sistema de salud, y que malfunciona a remolque de 130.000 tutelas al año para acceder a servicios cuyo derecho se le birla sistemáticamente al paciente.
Siendo Palacino presidente de Saludcoop, la Supersalud la sancionó con $ 634 mil millones por invertir lo ajeno en arca propia; y la Contraloría la responsabilizó por desviar $ 1,4 billones de fondos públicos. Pero las deudas de Saludcoop, como es norma en la integración vertical que las EPS practican, quiebran a los hospitales públicos, no a sus clínicas boyantes. Son éstas las que despluman a sus EPS, les succionan los recursos de salud cuya administración les confía el Gobierno. Entonces éste las declara insolventes, vuela a rescatarlas y no les exige pagar lo que deben. Entre tanto, sus clínicas son negocio privado alimentado con los impuestos de los colombianos. A eso se le llama socializar pérdidas y capitalizar ganancias en provecho del primer caballero de industria que le apunte al negocio.
A ello condujo el nuevo intervencionismo de Estado, depurado en la privatización de su función social y en el salvamento de intereses privados ajenos al beneficio común. Así legaliza los abusos del capital privado. Tal, la operación rescate de la banca en 1998, ante una ligera reducción de sus pingües ganancias. Utilidades sin par, pues la intermediación financiera en Colombia superaba el 18%, mientras la de Estados Unidos, por ejemplo, no alcanzaba el 5%. También en esa ocasión terminó la gente subsidiando a los banqueros. Y a las multimillonarias Corporaciones de Ahorro, cuyas utilidades sumaban ocho veces los recursos de Solidaridad Social.
Con Saludcoop, el Gobierno salva a la entidad que delinque y después se la devuelve, robustecida, al malandrín. Aunque sabe que a la Contraloría le asiste la razón. La liquidación de Saludcoop, dice ella, no repara el daño patrimonial causado al Estado; resarcimiento no habrá mientras esa EPS no le pague a la Salud los $ 1,4 billones que le debe. Sería éste un buen comienzo para revaluar el modelo de salud que rige, montado sobre el negocio de curar, no sobre el principio de promover la salud y prevenir la enfermedad. En él medran sujetos como Palacino, en mala hora consentidos del ministro Gaviria.
