El Centro inane

Anatema. Ante las reformas sociales que Petro agita (patrimonio aún de las democracias más modestas) entra en trance la oposición, se atrincheran las élites en sus privilegios y el Centro, en vez de ofrecer salidas, divaga en su moralina. Autoinvestidos cruzados de la decencia, Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán esperan que Colombia caiga en éxtasis porque ellos preparen sus dispositivos para elecciones. Pero no ofrecen programas que respondan a los anhelos de la gente y dibujen los contornos de un país soñado. Se limitan a enunciarlos siguiendo el paso a las encuestas: seguridad, salud, educación, empleo, lucha contra la corrupción.

Fajardo se declara “preparado para gobernar, siguiendo mi camino”. ¿Cuál camino? Decirse ajeno a los extremos, a la politiquería y a la corrupción es alternativa paupérrima a la agenda social de este Gobierno, a la urgencia de destrabar la industrialización y la reforma agraria, al reto de vencer la violencia en el naufragio de la Paz Total. Galán ofrece replicar a las necesidades de la gente; pero tampoco las define ni avanza soluciones. Afirma, sí, que en 2026 habrá dos opciones: la que mira al pasado, Petro incluido, y la que busca el futuro, la suya. Mientras tanto, cocina alianza con lo más granado del pasado: los partidos Conservador, Liberal, la U, el oscurantista MIRA. Y no falta opositor que proponga capear una crisis de motor fundido con trabajo de latonería y pintura.

Un nuevo gobierno de la actual oposición deberá ordenar la casa, escribe la ponderada columnista Cristina Carrizosa: cambiar los vidrios rotos, reorganizar los muebles, resanar y pintar los muros de las instituciones manchadas por la corrupción y la decadencia, dice a la letra. Invita a la clase política a “arremangarse” unida para rescatar al país del retroceso, capotear la pobreza, (de nuevo) enfrentar la corrupción y cambiar el rumbo. De nuevo: ¿cambiarlo hacia dónde?

Lamenta el escritor Carlos Caballero que los dirigentes del país no propongan un escenario futuro para Colombia. Nadie quiere volver al pasado, escribe, sino opciones de cambio novedosas, en democracia. Coincide en que un nuevo Gobierno deberá poner orden en casa y recuperar la seguridad. Pero mejorar el bienestar y la igualdad de oportunidades; expandir la economía; crear empleo e instrumentos novedosos de formalización laboral; incorporar tecnología para aumentar la productividad del trabajo y del capital exigirá reformas estructurales, ciertas y efectivas. Con ello, podría Colombia convertirse en potencia en producción de alimentos y de energía. Mas, sin contundencia en las políticas, será imposible.

Armoniza esta reflexión con la visión estratégica de industrialización y reforma agraria que nuestra dirigencia selló con candado hace medio siglo. Y con su corolario natural, la política social, que en el Estado contemporáneo se suma a los derechos políticos y económicos de la población. Reformular el modelo de desarrollo se impone, sobre parámetros de igualdad y crecimiento.  Es en este horizonte donde las reformas sociales de Petro cobran toda su validez. Y donde el Centro calla.

El descalabro de la Paz Total, el desbarrancadero de la corrupción y la ruidosa ineficiencia administrativa de este Gobierno no deslegitiman, con todo, su empeño en reformas sociales siempre aplazadas o concedidas a cuentagotas. Revertir los derechos laborales que Uribe arrebató a los trabajadores, extender el servicio de salud a los marginados e impedir el robo de sus recursos y lograr la más democrática reforma pensional les pareció a las elites una afrenta. Sí, el solo cambio de problemática desafía la muelle placidez del establecimiento, que entonces ruge. Y el Centro ahí, inane, a caballo en la inercia de la oposición. ¿Dónde anda Claudia López, opción insuperable, de centro-izquierda, para la presidencia? 

Derecha demoniza la reforma laboral

La hipocresía de nuestra derecha parece no tener límites. Lleva 35 años bloqueando la industrialización -fuente de trabajo productivo para amplios sectores de la población- pero ahora acusa a la reforma laboral de este Gobierno de evadir el desempleo y la informalidad. Maleducados en la sociedad del privilegio, líderes de los partidos y de los gremios ponen el grito en el cielo al primer amago de tocarla. Como si devolver a una minoría de trabajadores formales los derechos salariales que Uribe les conculcó en 2002 comprometiera la existencia de la empresa privada o disparara la abrumadora cifra de 58% de informalidad. Como si la precariedad de los salarios no se tradujera en desempleo pues, si los trabajadores no consumen, no hay demanda; y sin demanda cae la producción y hay recesión. Como si esta vergüenza de informalidad y pobreza en un país que se cree democracia no procediera sobre todo del modelo de mercado que liquidó toda opción de desarrollo productivo, todo plan nacional como su carta de navegación, a instancias del Consenso de Washington. 

Ignominia que pesa en César Gaviria y adláteres de la política tradicional, comprometió también a la tajada más jugosa del empresariado. Ésta se dedicó desde entonces más a la especulación financiera y a desplazar el trabajo nacional con mercaderías importadas que a crear empresa. Lejos, brumosa quedaría la edad heroica de la industria en Colombia, que pocas firmas evocan hoy trabajando a brazo partido y en espíritu de patria. Cursilería de románticos , dirán banqueros MacPiponchos bendecidos por la increíble gabela que la Carta del 91 les dio como intermediarios forzosos de los recursos que el Banco de la República gira al Gobierno. Mas no lo dirían las 1.700.000 pequeñas y microempresas a las que deberá concedérseles un período de transición para adoptar progresivamente las disposiciones de la reforma. Y reorientar hacia ellas el apoyo del Estado, con crédito fácil y legislación antimonopolio.

Las reformas sociales que este Gobierno ha discutido largamente con el país aspiran a revertir los efectos más perniciosos de la Ley 100 y del estatuto laboral de Álvaro Uribe. Queriendo aquel bajar costos de contratación dizque para crear empleo, recortó el pago de dominicales y trabajo nocturno, eliminó el contrato laboral de aprendices y, para evadir el pago de prestaciones, introdujo la intermediación de empresas de servicios temporales. Argumentó que bajar salarios y facilitar despidos servía al empleo, pero los hechos probaron lo contrario: tras sus ocho años de gobierno, Colombia fue líder del desempleo y la informalidad en América Latina. Fiel a la libertad de mercado y al desmonte de controles del Estado en boga, hoy critica el expresidente la reforma en curso con los criterios que animaron la suya. La iniciativa de Petro controvierte la política laboral que privilegia al empresario, castiga al trabajador y sitúa a Colombia a kilómetros de las democracias y de la OIT.

Las graves falencias del mercado laboral resultan aquí de modelos concebidos para discriminar a los más y favorecer a los menos. ¿Qué hacer? ¿Surgirá, por ventura, una oposición creadora, con contrapropuestas para encarar los problemas del país, capaz de erigirse en alternativa de poder? En política social, ¿perpetuará el modelo que convierte la salud, las pensiones, los servicios públicos en negocio de particulares? ¿Se depurará la alternativa de economía mixta, Estado-empresa privada, puesta la mira en un proyecto de nación? Este Gobierno ¿no cuenta ya con el Plan de Desarrollo, hecho inédito en décadas, óptima ruta de acción? ¿Para cuándo, verbigracia, la creación de empleo productivo público que restaure la función empresarial del Estado? Con hechos de esta laya, pensaría la derecha en correr con sus demonios a otra parte.