por Cristina de la Torre | Mar 25, 2025 | Marzo 2025
Se equivoca el representante Juan Carlos Wills. Proponer el rearme de civiles en el quinto país más violento del mundo y primero en exterminio de líderes sociales no hará sino repotenciar la tragedia nacional. Se agolpan en la memoria todas las aventuras que, pretextando derecho a la defensa, atropellaron la seguridad ciudadana, sembraron de cadáveres caminos, veredas y ciudades. Convivires, autodefensas, paramilitares, narcotraficantes, valentones de ocasión, guerrilleros y facinerosos (con armas de su propio caletre) se adjudicaron todos el derecho de disparar contra la ciudadanía inerme. Y dieron nuevas herramientas de brutalidad a nuestra consuetudinaria manera de hacer política, de dirimir conflictos de tierra, de barrio, de familia: a bala. A veces, con apoyo inesperado: damas rosadas de la sociedad de Medellín se enternecían en los años 80 ante los jóvenes sicarios de Escobar, que mataban sin cesar, por una bicoca, para comprarle su neverita a la mamá.
Para no ir lejos, Andrés Escobar y vecinos de bien dispararon en Cali contra manifestantes el 28 de agosto de 2021. Encausado por la justicia, lo protegió la senadora Maria Fernanda Cabal, quien elogió al “valiente digno de admiración” que había actuado en “legítima defensa”. Se dirá que todo ello son troneras propias de cualquier política de seguridad. No. Aquí las troneras fueron la política de seguridad misma, y la excepción, el uso ponderado del arma que se le entregó a un civil por razones debidamente justificadas y bajo control del Estado.
El 19 de marzo aprobó la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de Wills que se propone facilitar el porte de armas para reducir la inseguridad, flexibilizar permisos y registros para la tenencia y porte de armas de fuego, y “equilibrar el derecho individual (a la seguridad) con las necesidades del orden público”. En los últimos ocho años se habían reducido drásticamente los permisos y había subrayado la Corte Constitucional que el porte de armas debe estar estrictamente regulado para evitar abusos.
La verdad es que la violencia aumenta conforme crece el número de armas entre la población. La Universidad de Los Andes probó que, gracias a la restricción de armas, en Bogotá y Medellín bajaron 22% los homicidios. Mas, piensa la senadora Cabal que el porte de armas es un derecho del ciudadano para defenderse de los criminales. Pero el Acuerdo de La Habana se inventó una excusa para desarmar a la población civil, asevera: el buenismo de todos desarmados hace de Colombia el país más inseguro del mundo. Y una sociedad desarmada queda “a merced de estos bandidos comunistas”.
¿Esta alusión desnuda la razón política del rearme civil? ¿Es la misma que liquida, entre líderes sociales, a defensores de la tierra, por “terroristas”? En todo caso bebe del modelo contrainsurgente: al enemigo (el comunismo) se le liquida; ya invada a la nación o actúe por interpuesta persona, el “enemigo interno”. Pero el enemigo es a un tiempo el guerrillero y el opositor legal. Y en idéntico marco de contrainsurgencia operan los civiles comprometidos con el orden público, bien como Junta de Autodefensa o como Defensa Civil. El mismo que terminaron por adoptar todas las formas de autodefensa que martirizaron a Colombia: Las Convivir, dirigidas por jefes paramilitares; las Autodefensas Unidas de Colombia y el paramilitarismo como fuerza armada irregular del Estado.
El rearme de civiles podría devolvernos a este escenario catastrófico; bien por interés oculto de algún interesado, bien por imprevisión de los promotores de la ley. Porque desdeña las soluciones de fondo a la inseguridad y la violencia, que empiezan por depositar en el Estado el uso exclusivo de la fuerza y por hacer de la justicia un poder operante e insobornable. Rearmar a los civiles podrá ser una osadía mortal.
por Cristina de la Torre | Mar 18, 2025 | Álvaro Uribe Vélez, Banca, Campesinado, Capitalismo, Derecha, Desarrollo sostenible, Economía productiva, Empleo, Especulación Financiera, Estado Social, Gustavo Petro, Impuesto progresivo, Industria agrícola, Industrialización, Inseguridad Alimentaria, Izquierda, Justicia, Justicia tributaria, Ley 100, Libre Mercado, Marzo 2025, Modelo de mercado, Modelo Económico, Modelo Político, Movimiento social, Neoliberalismo, Nueva Izquierda, Pacto Histórico, Pacto Social, Polarización social, Política de Estado, Política económica, Privatización, Progresismo, Reforma a la salud, Reforma Fiscal, Reforma laboral, Reforma pensional, Reforma tributaria, Reforma tributaria progresiva, Reformas liberales, Régimen político, Salud, Seguridad social, Sistema de salud, Socialdemocracia, TLC
La hipocresía de nuestra derecha parece no tener límites. Lleva 35 años bloqueando la industrialización -fuente de trabajo productivo para amplios sectores de la población- pero ahora acusa a la reforma laboral de este Gobierno de evadir el desempleo y la informalidad. Maleducados en la sociedad del privilegio, líderes de los partidos y de los gremios ponen el grito en el cielo al primer amago de tocarla. Como si devolver a una minoría de trabajadores formales los derechos salariales que Uribe les conculcó en 2002 comprometiera la existencia de la empresa privada o disparara la abrumadora cifra de 58% de informalidad. Como si la precariedad de los salarios no se tradujera en desempleo pues, si los trabajadores no consumen, no hay demanda; y sin demanda cae la producción y hay recesión. Como si esta vergüenza de informalidad y pobreza en un país que se cree democracia no procediera sobre todo del modelo de mercado que liquidó toda opción de desarrollo productivo, todo plan nacional como su carta de navegación, a instancias del Consenso de Washington.
Ignominia que pesa en César Gaviria y adláteres de la política tradicional, comprometió también a la tajada más jugosa del empresariado. Ésta se dedicó desde entonces más a la especulación financiera y a desplazar el trabajo nacional con mercaderías importadas que a crear empresa. Lejos, brumosa quedaría la edad heroica de la industria en Colombia, que pocas firmas evocan hoy trabajando a brazo partido y en espíritu de patria. Cursilería de románticos , dirán banqueros MacPiponchos bendecidos por la increíble gabela que la Carta del 91 les dio como intermediarios forzosos de los recursos que el Banco de la República gira al Gobierno. Mas no lo dirían las 1.700.000 pequeñas y microempresas a las que deberá concedérseles un período de transición para adoptar progresivamente las disposiciones de la reforma. Y reorientar hacia ellas el apoyo del Estado, con crédito fácil y legislación antimonopolio.
Las reformas sociales que este Gobierno ha discutido largamente con el país aspiran a revertir los efectos más perniciosos de la Ley 100 y del estatuto laboral de Álvaro Uribe. Queriendo aquel bajar costos de contratación dizque para crear empleo, recortó el pago de dominicales y trabajo nocturno, eliminó el contrato laboral de aprendices y, para evadir el pago de prestaciones, introdujo la intermediación de empresas de servicios temporales. Argumentó que bajar salarios y facilitar despidos servía al empleo, pero los hechos probaron lo contrario: tras sus ocho años de gobierno, Colombia fue líder del desempleo y la informalidad en América Latina. Fiel a la libertad de mercado y al desmonte de controles del Estado en boga, hoy critica el expresidente la reforma en curso con los criterios que animaron la suya. La iniciativa de Petro controvierte la política laboral que privilegia al empresario, castiga al trabajador y sitúa a Colombia a kilómetros de las democracias y de la OIT.
Las graves falencias del mercado laboral resultan aquí de modelos concebidos para discriminar a los más y favorecer a los menos. ¿Qué hacer? ¿Surgirá, por ventura, una oposición creadora, con contrapropuestas para encarar los problemas del país, capaz de erigirse en alternativa de poder? En política social, ¿perpetuará el modelo que convierte la salud, las pensiones, los servicios públicos en negocio de particulares? ¿Se depurará la alternativa de economía mixta, Estado-empresa privada, puesta la mira en un proyecto de nación? Este Gobierno ¿no cuenta ya con el Plan de Desarrollo, hecho inédito en décadas, óptima ruta de acción? ¿Para cuándo, verbigracia, la creación de empleo productivo público que restaure la función empresarial del Estado? Con hechos de esta laya, pensaría la derecha en correr con sus demonios a otra parte.
por Cristina de la Torre | Mar 11, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Corrupción, Crímen organizado, Cultivos ilícitos, Curules de Paz, Derecho fundamental, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Estado de Derecho, Estado Social, Guerrillas, Impunidad, Izquierda, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Lavado de activos, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Marzo 2025, Movimiento social, Narcotráfico, Pacto Social, Paz Total, Personajes, Polarización social, Reforma Agraria, Reforma política, Reforma Rural, Seguridad social, Violencia
En el propósito de hacer memoria para no seguir contando la guerra desde la coyuntura, Maria Elvira Samper y Juan David Laverde ofrecen una historia compacta y rigurosa del ELN, última guerrilla del continente. Referente obligado para estudiosos y para el ciudadano menos avisado, reputados conocedores de esta saga acotan, desde distintos flancos, el examen de los hechos que un podcast de doce capítulos recoge. Desde el nacimiento de esa guerrilla en 1964 entre universitarios y campesinos movidos por el ideal revolucionario que la Cuba de Fidel Castro encarnó. En la reconstrucción de acontecimientos, descuellan la muerte de Camilo Torres en 1965 y el desastre de Anorí en 1973: las dos grandes derrotas políticas del ELN en su fase inicial. Etapa de supervivencia en la selva y mando autoritario que tramita las diferencias políticas con fusilamiento del contradictor. Mas, sobre sus 90 cadáveres de Anorí se reagrupa el ELN, recompone el mando por “purga ejemplarizante” en la cúpula -dirá Maria Elvira- e inicia el tránsito del caudillismo a la dirección federada que rige desde entonces. Se detiene el relato en los muchos intentos de paz negociada con ese grupo; pero también en tragedias como la de Machuca que, por voladura del oleoducto, incineró vivos a 80 campesinos inermes. El ELN habría derramado 4 millones de barriles de petróleo en nuestros ríos.
A la derrota de Anorí -un intento de toma de la población que provocó acción letal del Ejército contra el ELN- se sumó la incautación de una tula del jefe, Fabio Vásquez, repleta de información secreta y caen casi todas las redes urbanas de la organización: 200 detenidos. La virtual desaparición de esa guerrilla marca, sin embargo, su punto de inflexión. El ELN se reorganiza y resuelve la crisis a su favor. Niega Vásquez su responsabilidad en la derrota por falta de trabajo político en el campo, y descarga en otros la culpa: juzgan, condenan y ejecutan a la célula urbana de Los Bertulfos.
Dirá Alejo Vargas en esta historia que es la última ejecución colectiva del ELN después de la de Víctor Medina Morón, Eliodoro Otero y Julio César Cortés, por diferencias ideológicas, en 1968. Y la de Jaime Arenas en 1971. Se sabe que Ricardo Lara Parada, cofundador y segundo al mando de esa guerrilla, sería ejecutado por un comando del ELN en 1985 a la puerta de su casa, frente a su hija de cinco años. Entonces oficiaba como líder político en la legalidad. Afirmó en la revista Trópicos (1980) que el ELN había terminado por invertir los valores: “la guerra dejó de ser dirigida desde la política, para que la política fuera dirigida desde la guerra”. Fue la suya una invectiva contra el militarismo del ELN, que no ahorra brutalidad aun cuando del pueblo se trate. Dígalo, si no, su terrorífica incursión de este mes en el Catatumbo, otra arremetida contra el pueblo que dice representar.
Para Eduardo Pizarro, analista en el relato, la muerte de Camilo Torres fue la muerte del Frente Unido, de una gran movilización política urbana en ciernes; pero, además, reforzó la inclinación campesinista y el caudillismo de Fabio Vásquez. Ya se dolía en su hora Ricardo Lara: todo lo que toca el ELN lo vuelve militar, afirmó; limitó al más grande líder revolucionario a esperar el próximo movimiento táctico, que lo llevó a la muerte… “muerto Camilo, muere su obra”.
Desde los 80, el ELN se aplicará al secuestro, a la extorsión, a la minería ilegal, a la trata de personas; y al narcotráfico, que hoy practica a plenitud, lavado de activos comprendido como miembro de una mafia internacional, según el General Naranjo. Su derrota es política: es la asociación con el delito y el crimen. Ya el presidente lo señaló de haber reemplazado a Camilo Torres por Pablo Escobar. Pero Colombia se sueña el milagro: que el ELN regrese de Escobar a Camilo.
por Cristina de la Torre | Mar 4, 2025 | Capitalismo, Conflicto interno, Corrupción, Crímen organizado, Derecha, Fascismo, Iglesia Católica, Imperialismo, Internacional, Izquierda, Marzo 2025, Occidente, Personajes, Polarización social, Política de Estado, Racismo, Régimen político, Sanción Política, Sanción Social
El recién expedido decálogo educativo de Trump ingresa con fanfarrias y a zancadas en el bunker de su ruidosa autocracia. Invita a convertir la escuela en centro de oración para hijos de blancos-heterosexuales-protestantes, en nicho para exaltar las glorias patrias, mientras arrasa en su biblioteca con todo libro que reconozca diversidad racial y sexual, ideología de género o contenido político “inapropiado”. Anuncia el presidente purga en el Departamento de Educación contra marxistas, fanáticos y todo lo hostil a las enseñanzas judeo-cristianas: defenderemos, dijo, la religión misma, que está bajo asedio; y castigaremos fondos para escuelas que contravengan lo dispuesto. En desafiante involución a la educación confesional, atropellando la pluralidad y la libertad de pensamiento, cuelga Trump su retrato en la galería de censores quemalibros que honraron las dictaduras en la modernidad. Desde Calvino y Robespierre hasta Hitler, Stalin, Mao, Pio Nono, Videla, monseñor Builes y el imitador de todos, exprocurador Alejandro Ordóñez, que protagonizó su propia quema de libros en Colombia; hasta el mentor del macartismo que en tiempos de la Guerra Fría censuró 30.000 obras y hoy reencarna en Trump.
Castigaron ellos sin contemplaciones las libertades que el arte y la literatura daban al vuelo de la imaginación porque podían derivar en crítica del poder amancebado con la religión. Fuera ésta religión de la revolución o de la trinidad inmóvil. Bajo el fuego de la inquisición católica, de la protestante o de la revolución cultural china, cayeron los grandes: Shakespeare, Cervantes, Thomas Mann, Balzac, Zolá, Dostoievsky, Arthur Miller, García Lorca, Stephen King… En Estados unidos llegaron a prohibir a su poeta Walt Whitman, “un entrañable bocado de inmundicia”, sentenció el censor. Y el ministro negro libre Sam Green pagó cárcel 10 años por tener un ejemplar de La Cabaña del Tío Tom, que cuestionaba el racismo y la esclavitud. El Consejo Escolar de Nueva York retiró de las aulas textos “antiamericanos, anticristianos, antisemitas y simplemente asquerosos”.
Bajo la renaciente cultura del miedo, se presentan cada día nuevas quemas de libros en Estados Unidos. Prolongan la saga de la dictadura teocrática de Calvino, que incineró, con sus libros, al librepensador Miguel Servet. La del nazismo que en 1933 inició la destrucción de libros “subversivos”, prolongada por años en universidades alemanas. Y la de aventureros españoles que, a la conquista de lo ajeno, blandiendo arcabuces y teas y blasones del Papa de Roma, incineraron en 1562 los libros mayas, pletóricos de información científica e histórica; con tratados rigurosos de botánica y medicina, y compendios de poesía. Para preservar su fe, la Corona española censuró, amordazó y quemó cuanto pudo.
Idéntica ambición imperial inspira a Trump. Mas no ya para imponerse a la brava en el mundo agitando el blasón gringo de la democracia, sino para imponerse a la brava en el mundo sin el blasón de la democracia. Y, en casa, para instaurar la cruda tiranía de millonarios que hacen el saludo nazi mientras el presidente confiesa su más caro deseo del corazón: gobernar con generales como los de Hitler. Y menea el blasón de la Biblia.
Prueba la historia que de esta aleación de poder político y religión resultan guerras santas y tiranías. Regímenes de terror en olor de religión, en cabeza de déspotas autoinvestidos de poder divino que cobraron con sangre el delito-pecado de pensar, de sentir, de obrar en libertad. Dijo Zweig: cuando un credo se hace con el poder del Estado, pone en marcha la máquina del terror… a quien cuestione su omnipotencia le corta la palabra y, casi siempre, la garganta. ¿No apunta Trump, cruzado entre párvulos de escuela, directo a la yugular?
