por Cristina de la Torre | Nov 22, 2022 | Justicia tributaria, Reforma tributaria progresiva, Pacto Social, Impuesto progresivo, Desarrollo sostenible, Seguridad Alimentaria, Economía productiva, Violencia, Capitalismo Social, Reformas liberales, Corrupción Electoral, Reforma tributaria, Neoliberalismo, Seguridad social, Modelo Económico, Política económica, Corrupción, Clientelismo, Noviembre 2022
No se cansa Petro de sorprender. Logra la reforma tributaria más progresiva en la historia de Colombia, avanza hacia una paz total, inicia la que parecía imposible reforma agraria cooptando a su archienemigo, Fedegán; en la convicción de que la paz se transa entre antagonistas, no entre amigos, integra a José Félix Lafaurie al equipo negociador con el Eln. Y ahora presenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo, una mirada estratégica del país anhelado, convertida en grosero agregado de partidas sin jerarquía ni concierto. Presupuesto con pretensiones de plan donde pescaron políticos, funcionarios, contratistas y empresarios a menudo de dudosa ortografía. Este plan, en cambio, sentaría bases para proteger la vida desde un nuevo contrato social enderezado a superar injusticias y exclusiones históricas, a clausurar la guerra, a cambiar la relación con el ambiente, a lograr una transformación productiva sustentada en la ciencia y en armonía con la naturaleza.
Pese a sus alcances, el condensado del Plan no transige con la grandilocuencia. Bajo la batuta de Jorge Iván González, objetivos y proyectos parecen acompasarse para escalar hacia metas tan ambiciosas como ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, transformación productiva y derecho a la alimentación. La sostenibilidad del modelo irá de la mano con la equidad y la inclusión, y con la interacción entre campo y ciudad. Pero dependerá dramáticamente de la capacidad del DNP para coordinar todas las instituciones públicas en función de las transformaciones propuestas, donde el catastro multipropósito cumple papel medular. Para recuperar esta visión de largo plazo, deberá convertirse en centro de pensamiento del país -dice González- y gran articulador de los ministerios: pasar de una visión sectorial a otra de programas estratégicos. Por otra parte, se vuelve a la planeación concertada, privilegiando esta vez el sentir de la comunidad en las regiones.
Un efecto pernicioso del apocamiento del Estado que el neoliberalismo y su Consenso de Washington nos impusieron fue la decadencia de los planes de desarrollo: cercenada la función económica del poder público, trocada en negocio la seguridad social que vela por el bienestar general, privatizadas las empresas del Estado, todo fue jolgorio en el mercado. Se sacrificó el desarrollo (que reparte la prosperidad) al crecimiento para unos pocos, en la vana promesa de que su riqueza se derramaría un día por gotas de dorado metálico sobre la pobrecía. Nunca llegó ese día.
De ejecutarse este Plan, si al menos despegara en firme, se produciría un sacudón. Volvería el Estado por sus fueros como agente de cambio: en el ordenamiento del territorio, en la transformación productiva del país, en la creación de riqueza y en su mejor distribución. Lo cual supondrá aumento de la inversión pública apoyada en una mayor tributación de los sectores boyantes de la sociedad.
Mas el Plan no marcharía en contravía del sector privado, sino al paso con él. Como estuvo al uso durante décadas en la región, con altibajos y vacíos, sí, de no repetir. Pero la fórmula renace en circunstancias nuevas, ahora como contrapartida al modelo diseñado no para catapultar el desarrollo y redistribuir sus beneficios, sino para solaz de banqueros, importadores y mercaderes de ocasión. Ahora se le devuelven al Estado la dirección general de la economía y funciones de intervención bajo los parámetros del capitalismo social. Dice el presidente Petro que sin cambio productivo y sin inversión pública en capital social no habrá desarrollo. Reto colosal que podrá sortearse con los dispositivos del director de Planeación pero, sobre todo, con el empuje de las mayorías que desesperan del cambio. Ha surgido, por fin, un plan para el desarrollo. Enhorabuena.
por Cristina de la Torre | Oct 17, 2022 | Agencia Nacional de Tierras, Desarrollo agrícola, Pacto Histórico, Economía productiva, Gustavo Petro, Reformas liberales, AUC, Desplazamientos, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Política agraria, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado, Octubre 2022
Pragmático en su empaque de humanista reformador, la mira puesta tercamente en la paz, Petro negocia por lo alto con el latifundismo: con José Félix Lafaurie, figura de recibo en el gremio ganadero, aun entre quienes fungieron allí como agresivos instigadores y usufructuarios de la guerra. Consigue el mandatario a un tiempo poner en hibernación ejércitos privados y acometer la anhelada reforma agraria. Será demostración de que la paz viene adherida al cambio. Al tránsito de ganadería extensiva a agricultura intensiva en manos de campesinos. Y no mediante la expropiación que la legislación colombiana autoriza para tierras subexplotadas, sino con la fórmula más conservadora, la de Carlos Lleras: comprar tierra para redistribuirla entre quienes la necesitan.
Incorar se le llamó en su hora, mas con tantos tropiezos y vacíos, que en medio siglo entregó escasos 2 millones de hectáreas; mientras se aspira ahora a reunir 3 millones, de procedencias varias, en el curso de un gobierno, y con los necesarios apoyos financiero, de infraestructura y técnico. Moñona. Petro le baja decibeles a la violencia y, a la par con titulación de predios y recuperación de baldíos, emprende por fin la reforma del campo. Pero el efecto político no suma sólo al haber del Pacto Histórico borrándole el Inri de expropiador. Es también carambola calculada con esmero por lo más granado de la derecha; “un acuerdo de alta política”, diría Lafaurie, para subirse al tren de la paz y del cambio, que arrastra el sentir mayoritario del país y el aplauso del mundo.
En abordaje del Acuerdo de Paz, la ministra López anuncia compra de tierra productiva en la frontera agrícola a Fedegán y a otros oferentes posibles, previa evaluación de su capacidad productiva, de la legalidad de sus títulos, sin pleitos, a paz y salvo en impuestos, en posesión de su dueño y revisado el precio por el IGAC. El reto primero, ha dicho, llegar al amplio sector que produce alimentos, siempre marginado de la política agraria, del crédito, del agua. Aunque apunta también a la gran producción y a las cadenas productivas entre economía campesina y agroindustria. Propone entronizar el sistema silvopastoril para la producción de carne y leche: liberar 20 millones de hectáreas de los 39 millones dedicados a ganadería extensiva, para sumarlos a los míseros 7 millones destinados a agricultura, sin afectar la producción ganadera.
“Es mucho mejor comprar tierras que crear pánico con la expropiación”, declaró el poderoso terrateniente Álvaro Uribe. “No, replicó el especialista en problemas agrarios Alejandro Reyes, mejor extinguir el dominio que comprar la tierra”: el Estado pierde en un mercado de monopolio de quienes engordaron la tierra sin trabajarla y ahora querrán venderla con valores inflados, a precio comercial. Para evadir la extinción de dominio, alegarán ellos que sí explotaban la tierra (¡con menos de una vaca por hectárea!). Retomando la idea original de la ministra, insta Reyes a fijar el precio con base en la declaración de renta: o se confiesan evasores de impuestos o se confiesan propietarios improductivos. Y entonces el Estado podrá comprar esas tierras a su precio real. Punto sensible del acuerdo con Fedegán, que debería revisarse.
Si bien este Gobierno escogió negociar en vez de chocar, comprar en vez de extinguir el dominio y comprometer en la Paz Total a todos los actores del conflicto, revisar el criterio de fijación del precio de compra no quita lo bailado. Protegería las finanzas públicas y favorecería, más bien, los proyectos productivos aledaños a la entrega de tierras. Su poder negociador dependerá en mucho del acompañamiento del movimiento campesino, combativa avanzada del pueblo que eligió a Petro presidente. Y éste pasaría a la historia como gran hacedor de la reforma agraria.
por Cristina de la Torre | Sep 27, 2022 | Agencia Nacional de Tierras, Farc, Desarrollo agrícola, Justicia restaurativa, Desarrollo sostenible, ELN, Economía productiva, Gustavo Petro, AUC, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Iván Duque, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, La paz, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado, Septiembre 2022
En sólo un mes, este Gobierno tituló 681.372 hectáreas de tierra a familias campesinas sujetos de reforma agraria. Medida trascendental en cien años de historia atascada, que sorprendió por sus dimensiones y por el rigor legal que la cobija. Es paso inicial de una estrategia más enjundiosa contemplada, entre otros, en el Acuerdo de Paz que Iván Duque saboteó para mantener a Colombia en el podio mundial de mayor concentración de la propiedad en el campo. Oscilando entre amenaza y maná del cielo debió de caerles a los señores de la tierra la ocupación de 108 predios ajenos, mientras la ministra Cecilia López abría compuertas a la titulación represada por el uribismo. Amenaza, la invasión de propiedades, que la ministra condenó sin atenuantes. Pero a su vez, la fortuita coincidencia daba pábulo al mensaje subliminal del latifundismo: invasiones y reforma agraria atentan, todas a una, contra la propiedad. Ergo, invita a crear “grupos de reacción inmediata”, germen del paramilitarismo.
Juzga esta derecha por su condición. Tras 40 años de silencio autoimpuesto para encubrir la expropiación violenta de ocho millones de hectáreas al campesinado, cree ahora adivinar en la naciente reforma agraria la mano peluda del comunismo. Quienes se sumaron por los lados a la violencia que cobró medio millón de muertos y desaparecidos, querrían invocarla de nuevo como derecho adquirido. También yerran el ELN y las disidencias de las Farc si, como aventura el Defensor del Pueblo, promueven en algún grado las invasiones. Pero unos y otros aran en el desierto: no está ya dispuesto el país al sacrificio ni a la guerra.
Dijo Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, que aquella iniciativa de Lafaurie coincide con las Convivir, origen de la amarga sangría que Colombia no quiere revivir. “No, no más civiles armados, apuntó; de ningún lado, y menos de los señores que dicen ser empresarios del campo”: los conflictos de tierras los resuelven las entidades del Estado, no los particulares; ni organizaciones privadas de protección de la propiedad, ni invasores ni ocupantes. Si la mayoría de éstos últimos son campesinos cansados de confiar en promesas incumplidas y con los cuales discute acuerdos el Gobierno, éste ha anunciado también que allí donde medren armados ilegales les hará sentir el peso de la ley. Empezando porque les negará la titulación y todos los apoyos oficiales para explotar el fundo.
Precisa el Gobierno que se propone cumplir rigurosamente el Acuerdo de Paz, en particular el punto uno de reforma rural: adjudicar 3 millones de hectáreas a campesinos; formalizar 7 millones de hectáreas abriendo puertas a todos los medios de fomento que el Estado ofrece en crédito, asistencia técnica, adecuación de tierras y comercialización; y culminar el catastro multipropósito para saber qué tierras hay, a quién pertenecen, a qué se dedican, cual es su potencial real. Que las tierras inexplotadas paguen impuestos o, en su defecto, se le vendan al Estado para que éste las distribuya entre campesinos laboriosos. Sugiere Petro comprar los 3 millones de hectáreas con deuda pública redimible a futuro, compensando el golpe a la deuda pública con una reestructuración del gasto del Estado; por ejemplo, sobre los múltiples ejecutores de vías.
Esta reforma agraria ofrece salidas plausibles a los problemas estructurales del campo: a la hiperconcentración de la propiedad, al uso irracional del suelo, a la brutalidad contra el campesino. Es decir, al modelo de tenencia y uso de la tierra, que es talanquera formidable al desarrollo. Busca saltar del feudalismo a la modernidad: del despotismo a la democracia, de la miseria a la dignidad, de los ejércitos particulares al monopolio de la fuerza en el Estado. Busca entregar la tierra prometida, sin usurpadores. ¿Mucho pedir?
por Cristina de la Torre | Ago 30, 2022 | Agencia Nacional de Tierras, Desarrollo agrícola, Economía productiva, Gustavo Petro, Reformas liberales, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, La paz, Política agraria, Acuerdos de paz, Justicia, Actores del conflicto armado, Agosto 2022
Todo indica, por ahora, que no se repetirá esta vez el sino de casi un siglo: a cada intento de reforma agraria, respuesta sangrienta de los señores de la tierra, con su avanzada armada. Pretexto invariable, la lucha contra el comunismo, que pretende colectivizar la tierra. Pero la reforma de Gustavo Petro se ciñe a leyes ya escritas en esta democracia y responde a imperativos de justicia y desarrollo que se manifestaron, entre otras, en la explosión social del año pasado. En el tercer país de mayor concentración de la propiedad rural, con territorios enteros abandonados al atraso y donde el grueso de las mejores tierras son latifundios de ganadería extensiva, responde el Gobierno en dos direcciones: desconcentrar la tenencia de la tierra y ponerla a producir. Será la equidad como presupuesto de modernización y de creación de riqueza.
Además, han comprendido los colombianos que es hora de jubilar el modelo de tierra sin hombres y hombres sin tierra; motor de un conflicto que se tradujo en horror para los más en el campo, en poder desafiante para los menos y, para casi todos, en desazón. El último envión de ocho millones de hectáreas despojadas, otro tanto de campesinos desplazados y medio millón de muertos se ha presentado como fruto de la guerra contrainsurgente. Pero, desmovilizadas las Farc, desapareció la excusa y se reveló sin máscaras la verdad: no se perseguía tanto a la insurgencia como la tierra ajena. Pese a los crímenes de las guerrillas, que justificaron por un tiempo la impostura.
Ni ayer ni hoy se soñó con destruir la propiedad privada: en los planes de la ministra Cecilia López, en vez de expropiación figuran estrategias de reforma rural integral, sostenible, desde los territorios, con cadenas productivas de agroindustria diversificada que combatan el hambre. Se acude a leyes vigentes y a la Constitución. A la Ley 160 de 1994 que permite al Estado comprar tierras para redistribuirlas entre aquellos que quieren trabajarlas. Y a la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz, con restitución de predios, entrega de tierras de un Fondo constituido por las incautadas a la mafia y baldíos, titulación, y sustitución de cultivos. Que ésta procederá por las buenas, lo vimos esta semana cuando anunció en el Tarra el presidente la transición hacia la explotación de cultivos alternativos a la coca, mientras abandonaba la Fuerza Pública su erradicación forzada.
A todo ello se suma ahora la histórica sentencia de la Corte Constitucional que ordena reasignar baldíos al campesinado, su destinatario legítimo, hoy ocupados a menudo de mala fe por terceros. Ubérrimos de acá y de allá, agrandados con baldíos que además exceden el tamaño de ley, tendrán que demostrar su propiedad en derecho. La decisión de la Corte no ofrece precedentes y anuncia un vuelco a la propiedad, pues detiene la acumulación abusiva o dolosa de tierras. Y porque contempla también el catastro multipropósito, fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tierras, creación de la jurisdicción agraria, activación del Fondo de Tierras y formalización masiva de la propiedad rural.
Precisó Petro ante la Andi su enfoque del desarrollo: se trata más de crear riqueza -dijo- que de redistribuir lo que tenemos. Si el motor de la riqueza es la producción, hay que convertir la tierra en primera actividad productiva, industrializar el campo. Para lograrlo, debemos empezar por disminuir la desigualdad económica, y ello supone una reforma agraria. Bueno, a pasar de los anuncios a los hechos, a emprender el cambio tantas veces negado por la fuerza. Tiene Petro todo el instrumental legal, capital político, una oposición en rebusque de argumentos contra una reforma de talante liberal y la mejor ministra de Agricultura, carácter fogueado en mil batallas, para hacerlo. ¡Manos a la obra!
por Cristina de la Torre | Jun 21, 2022 | Industrialización, Economía extractivista, Economía productiva, Violencia, Capitalismo Social, Estado de Derecho, Francia Márquez, Gustavo Petro, Reformas liberales, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Junio 2022
El arribo de Gustavo Petro a la presidencia del único país del subcontinente que jamás tuvo gobierno de izquierda marca el fin de una era en la historia de Colombia: declina la hegemonía de las fuerzas más conservadoras que edificaron su poder sobre el sojuzgamiento del pueblo, a menudo por la violencia. Somos sumatoria de resistencias y rebeldías contra la injusticia, la discriminación y la desigualdad, exclamó el elegido ante miles de seguidores que entre vítores y lágrimas lo aclamaban. Pero el ciclo que comienza no amenaza, como muchos temían, el sistema democrático-capitalista. Al contrario, persigue una democracia más amplia, un capitalismo social y, eso sí, llama a cuentas al establecimiento: a las élites y grupos de interés que usurpan los poderes del Estado y de la sociedad en provecho propio, sean politicastros; uniformados dados a la corrupción; especuladores con la tierra; contratistas, negociantes y avivatos que pasan por empresarios o por ministros, tantas veces aliados de delincuentes y paramilitares. Mientras mentores de la derecha delinquen y burlan la ley, Petro, el subversivo de ayer, defiende el Estado de derecho contra los muy prestantes insubordinados de hoy. Y Francia Márquez brilla en la dignidad reconocida de los nadie, que lo son casi todos en este país.
El programa del nuevo presidente respira el élan de las reformas liberales que López Pumarejo formuló en su Revolución en Marcha y cuya punta de lanza, la reforma agraria, ahogó la reacción en sangre. Educación pública y laica, defensa de los trabajadores, Estado intervencionista, reforma tributaria progresiva, función social de la propiedad, industrialización, reforma agraria fueron pautas de cambio frustradas en un todo o mutiladas. Según Hernando Gómez Buendía, este programa bien pudo convertirnos en un país capitalista, pero no llegó lejos por no existir aquí el sujeto histórico que en otras latitudes lideró la revolución burguesa. No tuvimos empresarios –escribe– sino negociantes (los primeros innovan, los segundos se contentan con vender a sobreprecio). Será el reino del rentismo.
Petro ofrece, por enésima vez, desarrollar el capitalismo en Colombia. Lo cual supondría superar las mentalidades atávicas del mundo feudal y esclavista que perdura entre nosotros, construir la democracia asegurando también el pluralismo económico. Transitar de la economía extractivista a una economía productiva que cree empleo: en aras de una mayor igualdad, producir para redistribuir. En sintonía con el liberalismo avanzado, propone devolverle al Estado su función social. Contrapartida del modelo al uso de Estado mínimo regido con lógica de empresa privada que comprime costos para elevar utilidades… que los uñones de siempre se roban. Su propuesta de renegociar el TLC con Estados Unidos para mejor proteger la economía doméstica y lanzar estrategias de industrialización y seguridad alimentaria evoca la política de sustitución de importaciones que Carlos Lleras llevó a su apogeo.
El bloqueo sistemático de las reformas que el liberalismo de avanzada ventiló hace un siglo, y de las que medran hoy, ha fundido en hierro un modelo que se resuelve en hambre para la mitad de los colombianos. Tocarlo le resulta a cierta dirigencia subversivo. Pero el país mutó, augura el fin de una historia de oprobio. Entre todos, dirá Petro, debemos reunir en una las dos Colombias que el sectarismo y el odio crearon. No vamos a usar el poder para destruir al opositor –promete– éste será siempre bienvenido en la Casa de Nariño, para concertar soluciones a los grandes problemas del país. Diálogo con todos, hacia un Gran Acuerdo Nacional para vencer las desigualdades más groseras, garantizar los derechos y asegurar la paz: he aquí la marca del ciclo político que el presidente Petro inaugura. Un viraje histórico.
