por Cristina de la Torre | Nov 12, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Economía productiva, ELN, Guerrillas, Justicia, La paz, Noviembre 2024, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma pensional, Socialdemocracia, Violencia
Si se hace a derechas, la descentralización tocará la médula del sistema político: desplazará el núcleo del poder del centro a la periferia. Una verdadera revolución, cuyo proyecto coopta el ministro Cristo para trocarlo en bandera mayor entre las vicisitudes de esta Administración. Altibajos que van de reforma pensional y despegue de la agraria a la descorazonadora negociación con el ELN, signada por la impotencia del Gobierno en la mesa y su falta de criterio para conciliar política de paz y de seguridad. De donde ha podido ese grupo armado ampliar su incursión violenta en zonas enteras del territorio. Reminiscencias del siglo XIX, sembrado de guerras civiles entre oligarquías regionales que se disputaban la hegemonía o el poder central entre un archipiélago de regiones, hoy no siempre se trata de recuperar territorios sino de conquistarlos.
En manos enérgicas pero cuidadosas, la descentralización será menos un riesgo para las finanzas públicas que el derrotero hacia la siempre aplazada autonomía de las regiones. Más allá del manejo de recursos públicos, aquella reorganiza la estructura y la operación del Estado. De raigambre netamente política, la descentralización redistribuye los centros de poder y de decisión. Y altera la dinámica de la clase política. Fortalece a alcaldes y gobernadores mientras la clase parlamentaria reemplaza su desapacible papel de suplicante ante la enhiesta frigidez de Bogotá por la vocería inmediata de sus electores en provincia. Dirá Juan Manuel Ospina que se avanza hacia la autonomía cuando se descentraliza no apenas la ejecución sino la decisión política. Autonomía es empoderamiento de regiones y localidades (Opera, U. Externado, 2002).
Ya se dijo y se aceptó: redistribución de recursos no habrá sin definición de competencias. Éstas tendrán que adaptarse a las particularidades de la región y su ejecución demandará capacidad administrativa para fijar prioridades de inversión y gestionar los recursos sin dilapidarlos ni robárselos. A lo cual deberán tributar organismos de control independientes de los partidos, veeduría ciudadana y acción de la Justicia sobre clanes políticos y grupos armados que meten su mano peluda en el presupuesto del municipio. Al parecer la banda de Calarcá acaba de amenazar a cinco alcaldías para extorsionar en obras y proyectos.
Recuerda Ospina que la Constitución del 91 propuso construir la unidad desde la diversidad. Pero en vez de edificar nación, explica, la dirigencia del país satanizó la política y entregó sus destinos a una tecnocracia que creyó lanzarlo de la sociedad pastoril a la moderna. Error. El problema no era de gerencia sino de política. No podía abordarse a Colombia como una realidad homogénea ni desestimar las particularidades de sus regiones ni sus desigualdades. Son los procesos sociales y las decisiones políticas los que señalan el punto de equilibrio entre unidad y diversidad. Y es en la tensión entre lo nacional y lo regional donde se encuentra el meollo de la descentralización, entre los extremos del centralismo y el federalismo radical. No logró la tecnocracia modernizar el país.
La estentórea advertencia de sectores suyos sobre la salud del fisco naufraga en el espectáculo de su incapacidad para limar siquiera inequidades entre regiones. El PIB per cápita del Vichada es 15% del de Bogotá. Muchos de quienes así han gobernado convirtieron su humilde medianía en mérito que pavonean sobre las inequidades sociales y geográficas. Con su desdén por la política encubren, no obstante, los intereses que agencian y que barnizan en la ficción de neutralidad de la técnica, en los designios de la mano invisible del mercado. La mano de Dios. Mas la descentralización que se construirá en 12 años se abre paso como una tromba: será la reforma del siglo, una revolución.
por Cristina de la Torre | Sep 2, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Desarrollo agrícola, Desarrollo sostenible, Desplazados, Economía productiva, Industria agrícola, Jurisdicción Agraria, Justicia, La paz, Polarización social, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Seguridad Alimentaria, Septiembre 2024, Tercer mundo, Tierras, Violencia
El ataque a la Jurisdicción Agraria parece responder menos a un infundado temor de expropiación que al de perder las ventajas del conflicto por la tierra. Caldo de cultivo de la violencia, ésta dinamizó la hiperconcentración de la tenencia y convirtió a Colombia en el tercer país más desigual del mundo en propiedad agraria. Entre las franjas más oscuras del poder, mucho sugiere que la supuesta expropiación es el pretexto; el objetivo, invalidar la ley que resuelve los conflictos de tierras y, de paso, tributa a la reforma agraria que nunca fue. Para el latifundismo, nada tan útil como mantener el estado de cosas inalterado: en particular, si media adquisición dolosa o restitución de tierra.
Y es que la Jurisdicción Agraria suplanta el recurso a las armas -llámense fusil o motosierra- por la acción institucional de la Justicia en cabeza de jueces especializados. Fija los procedimientos que a éstos les permitirán recuperar baldíos tomados por asalto, enfrentar el acaparamiento ilegal de tierras y salvaguardar la propiedad privada. Tal como lo consagra el sistema nacional de reforma agraria creado por la Ley 160 de 1994; y como lo reiteran la reforma constitucional y la ley estatutaria, ya aprobadas, sustento de este proyecto que las reglamenta. Pero el coro del latifundismo improductivo juega al boicot de la reforma que empezaría por zanjar la expresión más ominosa de la injusticia: el hambre. En el tercer país más biodiverso del orbe, siete de cada diez hogares no alcanzan a hacer sus tres comidas diarias: en tierra fértil, mesa vacía, reza informe de la Universidad Nacional.
Para conjurar el hambre, escribe Darío Fajardo, urge fortalecer los sistemas de producción y comercialización de alimentos, apoyados en la asignación de tierras y en una eficiente infraestructura. Porque la distribución y uso de la tierra privilegian a grandes propietarios que subutilizan el suelo y lo convierten en praderas. Más de 36 millones de hectáreas ocupa la ganadería extensiva, cuando le bastarían 7. Y, sin embargo, los pequeños y medianos propietarios del campo responden por el 83.5% de la producción de alimentos para el país; pese a las lánguidas infraestructura y asistencia técnica.
Además, tras haber alcanzado el autoabastecimiento alimentario, explica nuestro analista, hoy importamos casi el 40% de los alimentos que consumimos. Con costos de producción disparados y en condiciones de desigualdad impuestas por la apertura económica, no pudo la agricultura campesina competir con el producto extranjero. Así golpeada la producción nacional, se redujo el área sembrada, crecieron el desempleo, la pobreza y la inseguridad alimentaria. Peor aún, marginadas comunidades y regiones, con tierra y mano de obra barata, prosperó el narcotráfico.
Solución, la reforma agraria que la ley 160 propone, recogida por el Acuerdo de Paz, por el Plan Nacional de Desarrollo y asociada a la ley de Jurisdicción Agraria. En palabras suyas, se trata de elevar el ingreso del campesino, de impulsar su producción ampliando el acceso a la tierra y de democratizar la propiedad.
Lleva un siglo diciéndolo cada demócrata con sentido común y dolor de su país convertido en finca particular de rentistas holgazanes que dan coces al labriego, se ríen del empresario que crea riqueza y empleo, y atacan todo esfuerzo contra el hambre y el atraso. Nada les dice la posibilidad a la mano de convertir a Colombia en despensa del mundo. En las petacas se echan para contemplar el espectáculo de su gesta enana: el modelo de tierra sin hombres y hombres sin tierra. Mas, el coco podrá sorprender a este latifundismo: un cambio de protagonista en el conflicto, del fusil al juez agrario.
por Cristina de la Torre | Jun 25, 2024 | Banca, Capitalismo, Capitalismo Social, Economía productiva, Gustavo Petro, Impuesto progresivo, Junio 2024, Justicia tributaria, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Movimiento social, Neoliberalismo, Nueva Izquierda, Pensiones, Polarización social, Política de Estado, Política económica, Protesta social, Reforma tributaria, Reforma tributaria progresiva, Seguridad social, Socialdemocracia
No se trata apenas de que Petro quiera, o no, el acuerdo nacional: es que la contraparte quiera discutir y ajustar el modelo que aquel ofrece como alternativa de cambio. Que no es “neocomunista”, como la califica el mentor de la derecha más oscura, pues no apunta al derrocamiento del sistema sino al cambio de modelo: del molde neoliberal (que bloqueó el desarrollo, des industrializó, ensanchó las desigualdades y disparó la pobreza) al modelo mixto, concertado, de capitalismo social. Y cristaliza en dos escenarios: en seguridad social, devuelve al Estado la dirección de las políticas que garantizan derechos fundamentales no delegables como educación, pensiones y salud; rescata su iniciativa sobre las políticas y capacidad de control financiero, aún compartiendo gestión con el sector privado. En economía, afinca el desarrollo en el aparato productivo hacia la reindustrialización, mediante alianza de capital público y privado. Derrotero ya paladeado en Colombia y consolidado verbigracia por todos los gobiernos de izquierda y de derecha en el Brasil, sexta economía del mundo.
Claro, contra el Acuerdo conspira la exaltación retórica de las partes, acaso por llegar fortalecidas a un escenario de negociación en el único país de la región que hasta ahora estrena alternancia con la izquierda en el Gobierno y en campaña electoral con el recuerdo del estallido social pegado todavía a la piel.
Se quejan los empresarios de la incertidumbre que el presidente siembra con sus cambios de humor en la política oficial. Los saben cambios de humor, pero tal vez los magnifican para justificar derivas que en cualquier país se llaman huelga o sabotaje: dejaron de invertir 70 billones y pusieron en riesgo la economía. Claro que a ello contribuyeron las altas tasas de interés, pero el protagonista fue el temor autoinducido que indujo la desinversión. Más ¿a qué tanto drama? Quizás a la autocomplacencia en el privilegio que se recibe como por derecho divino. Recuerda la columnista Tatiana Acevedo que en Colombia la distribución de la riqueza opera de abajo hacia arriba: las mayorías (que ganan y tienen menos) subsidian a las minorías (que ganan y tienen más). La Carta del 91 dio a los banqueros un poder en la economía colombiana sin paralelo en el mundo.
Por su parte, Petro siembra miedo movilizando multitudes cuya resistencia querría transformar en poder constituyente. Esta utopía de democracia directa de Antonio Negri se sitúa por encima de las instituciones, del Estado, de la representación y de los partidos: es respuesta del anarquismo a los vacíos de la representación política en la democracia liberal. Voluntarismo episódico. Reedición del estado de opinión que distorsiona la veleidosa apelación del 91 a la democracia participativa.
Todos meten miedo. Todos parecen cañar. Y en el desconcertante vaivén sobre el Acuerdo, se escriben pronunciamientos en granito: dijo Petro que si se logra “un verdadero acuerdo nacional” en reformas legislativas, habría representación de otras fuerzas políticas. A poco, que la aprobación de la reforma pensional revivía la posibilidad del Acuerdo. Y Luis Carlos Reyes, ministro de Industria y Comercio, abunda en invitaciones al sector privado a concertar con el Gobierno la política industrial. Promete crédito amplio y subsidiado para inversiones en industria, energías renovables y agroindustria. Y el viejo Certificado de Abono Tributario para diversificar exportaciones.
El conflicto no enfrenta hoy comunismo y capitalismo, sino socialdemocracia y neoliberalismo. Para solucionarlo, no habría que inventar la rueda, sino poner a rodar la guardada por nuevos caminos. Si en ello va un margen de justicia social, bien vale un parto con dolor.
por Cristina de la Torre | Nov 22, 2022 | Capitalismo Social, Clientelismo, Corrupción, Corrupción Electoral, Desarrollo sostenible, Economía productiva, Impuesto progresivo, Justicia tributaria, Modelo Económico, Neoliberalismo, Noviembre 2022, Pacto Social, Política económica, Reforma tributaria, Reforma tributaria progresiva, Reformas liberales, Seguridad Alimentaria, Seguridad social, Violencia
No se cansa Petro de sorprender. Logra la reforma tributaria más progresiva en la historia de Colombia, avanza hacia una paz total, inicia la que parecía imposible reforma agraria cooptando a su archienemigo, Fedegán; en la convicción de que la paz se transa entre antagonistas, no entre amigos, integra a José Félix Lafaurie al equipo negociador con el Eln. Y ahora presenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo, una mirada estratégica del país anhelado, convertida en grosero agregado de partidas sin jerarquía ni concierto. Presupuesto con pretensiones de plan donde pescaron políticos, funcionarios, contratistas y empresarios a menudo de dudosa ortografía. Este plan, en cambio, sentaría bases para proteger la vida desde un nuevo contrato social enderezado a superar injusticias y exclusiones históricas, a clausurar la guerra, a cambiar la relación con el ambiente, a lograr una transformación productiva sustentada en la ciencia y en armonía con la naturaleza.
Pese a sus alcances, el condensado del Plan no transige con la grandilocuencia. Bajo la batuta de Jorge Iván González, objetivos y proyectos parecen acompasarse para escalar hacia metas tan ambiciosas como ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, transformación productiva y derecho a la alimentación. La sostenibilidad del modelo irá de la mano con la equidad y la inclusión, y con la interacción entre campo y ciudad. Pero dependerá dramáticamente de la capacidad del DNP para coordinar todas las instituciones públicas en función de las transformaciones propuestas, donde el catastro multipropósito cumple papel medular. Para recuperar esta visión de largo plazo, deberá convertirse en centro de pensamiento del país -dice González- y gran articulador de los ministerios: pasar de una visión sectorial a otra de programas estratégicos. Por otra parte, se vuelve a la planeación concertada, privilegiando esta vez el sentir de la comunidad en las regiones.
Un efecto pernicioso del apocamiento del Estado que el neoliberalismo y su Consenso de Washington nos impusieron fue la decadencia de los planes de desarrollo: cercenada la función económica del poder público, trocada en negocio la seguridad social que vela por el bienestar general, privatizadas las empresas del Estado, todo fue jolgorio en el mercado. Se sacrificó el desarrollo (que reparte la prosperidad) al crecimiento para unos pocos, en la vana promesa de que su riqueza se derramaría un día por gotas de dorado metálico sobre la pobrecía. Nunca llegó ese día.
De ejecutarse este Plan, si al menos despegara en firme, se produciría un sacudón. Volvería el Estado por sus fueros como agente de cambio: en el ordenamiento del territorio, en la transformación productiva del país, en la creación de riqueza y en su mejor distribución. Lo cual supondrá aumento de la inversión pública apoyada en una mayor tributación de los sectores boyantes de la sociedad.
Mas el Plan no marcharía en contravía del sector privado, sino al paso con él. Como estuvo al uso durante décadas en la región, con altibajos y vacíos, sí, de no repetir. Pero la fórmula renace en circunstancias nuevas, ahora como contrapartida al modelo diseñado no para catapultar el desarrollo y redistribuir sus beneficios, sino para solaz de banqueros, importadores y mercaderes de ocasión. Ahora se le devuelven al Estado la dirección general de la economía y funciones de intervención bajo los parámetros del capitalismo social. Dice el presidente Petro que sin cambio productivo y sin inversión pública en capital social no habrá desarrollo. Reto colosal que podrá sortearse con los dispositivos del director de Planeación pero, sobre todo, con el empuje de las mayorías que desesperan del cambio. Ha surgido, por fin, un plan para el desarrollo. Enhorabuena.
por Cristina de la Torre | Oct 17, 2022 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, AUC, Conflicto armado, Conflicto interno, Desarrollo agrícola, Desplazamientos, Economía productiva, Gustavo Petro, Justicia, La paz, Modelo Económico en Colombia, Octubre 2022, Pacto Histórico, Política agraria, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma Rural, Reformas liberales, Restitución de Tierras, Tierras
Pragmático en su empaque de humanista reformador, la mira puesta tercamente en la paz, Petro negocia por lo alto con el latifundismo: con José Félix Lafaurie, figura de recibo en el gremio ganadero, aun entre quienes fungieron allí como agresivos instigadores y usufructuarios de la guerra. Consigue el mandatario a un tiempo poner en hibernación ejércitos privados y acometer la anhelada reforma agraria. Será demostración de que la paz viene adherida al cambio. Al tránsito de ganadería extensiva a agricultura intensiva en manos de campesinos. Y no mediante la expropiación que la legislación colombiana autoriza para tierras subexplotadas, sino con la fórmula más conservadora, la de Carlos Lleras: comprar tierra para redistribuirla entre quienes la necesitan.
Incorar se le llamó en su hora, mas con tantos tropiezos y vacíos, que en medio siglo entregó escasos 2 millones de hectáreas; mientras se aspira ahora a reunir 3 millones, de procedencias varias, en el curso de un gobierno, y con los necesarios apoyos financiero, de infraestructura y técnico. Moñona. Petro le baja decibeles a la violencia y, a la par con titulación de predios y recuperación de baldíos, emprende por fin la reforma del campo. Pero el efecto político no suma sólo al haber del Pacto Histórico borrándole el Inri de expropiador. Es también carambola calculada con esmero por lo más granado de la derecha; “un acuerdo de alta política”, diría Lafaurie, para subirse al tren de la paz y del cambio, que arrastra el sentir mayoritario del país y el aplauso del mundo.
En abordaje del Acuerdo de Paz, la ministra López anuncia compra de tierra productiva en la frontera agrícola a Fedegán y a otros oferentes posibles, previa evaluación de su capacidad productiva, de la legalidad de sus títulos, sin pleitos, a paz y salvo en impuestos, en posesión de su dueño y revisado el precio por el IGAC. El reto primero, ha dicho, llegar al amplio sector que produce alimentos, siempre marginado de la política agraria, del crédito, del agua. Aunque apunta también a la gran producción y a las cadenas productivas entre economía campesina y agroindustria. Propone entronizar el sistema silvopastoril para la producción de carne y leche: liberar 20 millones de hectáreas de los 39 millones dedicados a ganadería extensiva, para sumarlos a los míseros 7 millones destinados a agricultura, sin afectar la producción ganadera.
“Es mucho mejor comprar tierras que crear pánico con la expropiación”, declaró el poderoso terrateniente Álvaro Uribe. “No, replicó el especialista en problemas agrarios Alejandro Reyes, mejor extinguir el dominio que comprar la tierra”: el Estado pierde en un mercado de monopolio de quienes engordaron la tierra sin trabajarla y ahora querrán venderla con valores inflados, a precio comercial. Para evadir la extinción de dominio, alegarán ellos que sí explotaban la tierra (¡con menos de una vaca por hectárea!). Retomando la idea original de la ministra, insta Reyes a fijar el precio con base en la declaración de renta: o se confiesan evasores de impuestos o se confiesan propietarios improductivos. Y entonces el Estado podrá comprar esas tierras a su precio real. Punto sensible del acuerdo con Fedegán, que debería revisarse.
Si bien este Gobierno escogió negociar en vez de chocar, comprar en vez de extinguir el dominio y comprometer en la Paz Total a todos los actores del conflicto, revisar el criterio de fijación del precio de compra no quita lo bailado. Protegería las finanzas públicas y favorecería, más bien, los proyectos productivos aledaños a la entrega de tierras. Su poder negociador dependerá en mucho del acompañamiento del movimiento campesino, combativa avanzada del pueblo que eligió a Petro presidente. Y éste pasaría a la historia como gran hacedor de la reforma agraria.
por Cristina de la Torre | Sep 27, 2022 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, AUC, Conflicto armado, Desarrollo agrícola, Desarrollo sostenible, Desplazados, Economía productiva, ELN, Farc, Gustavo Petro, Iván Duque, Justicia, Justicia restaurativa, La paz, Modelo Económico en Colombia, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Septiembre 2022, Tierras
En sólo un mes, este Gobierno tituló 681.372 hectáreas de tierra a familias campesinas sujetos de reforma agraria. Medida trascendental en cien años de historia atascada, que sorprendió por sus dimensiones y por el rigor legal que la cobija. Es paso inicial de una estrategia más enjundiosa contemplada, entre otros, en el Acuerdo de Paz que Iván Duque saboteó para mantener a Colombia en el podio mundial de mayor concentración de la propiedad en el campo. Oscilando entre amenaza y maná del cielo debió de caerles a los señores de la tierra la ocupación de 108 predios ajenos, mientras la ministra Cecilia López abría compuertas a la titulación represada por el uribismo. Amenaza, la invasión de propiedades, que la ministra condenó sin atenuantes. Pero a su vez, la fortuita coincidencia daba pábulo al mensaje subliminal del latifundismo: invasiones y reforma agraria atentan, todas a una, contra la propiedad. Ergo, invita a crear “grupos de reacción inmediata”, germen del paramilitarismo.
Juzga esta derecha por su condición. Tras 40 años de silencio autoimpuesto para encubrir la expropiación violenta de ocho millones de hectáreas al campesinado, cree ahora adivinar en la naciente reforma agraria la mano peluda del comunismo. Quienes se sumaron por los lados a la violencia que cobró medio millón de muertos y desaparecidos, querrían invocarla de nuevo como derecho adquirido. También yerran el ELN y las disidencias de las Farc si, como aventura el Defensor del Pueblo, promueven en algún grado las invasiones. Pero unos y otros aran en el desierto: no está ya dispuesto el país al sacrificio ni a la guerra.
Dijo Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, que aquella iniciativa de Lafaurie coincide con las Convivir, origen de la amarga sangría que Colombia no quiere revivir. “No, no más civiles armados, apuntó; de ningún lado, y menos de los señores que dicen ser empresarios del campo”: los conflictos de tierras los resuelven las entidades del Estado, no los particulares; ni organizaciones privadas de protección de la propiedad, ni invasores ni ocupantes. Si la mayoría de éstos últimos son campesinos cansados de confiar en promesas incumplidas y con los cuales discute acuerdos el Gobierno, éste ha anunciado también que allí donde medren armados ilegales les hará sentir el peso de la ley. Empezando porque les negará la titulación y todos los apoyos oficiales para explotar el fundo.
Precisa el Gobierno que se propone cumplir rigurosamente el Acuerdo de Paz, en particular el punto uno de reforma rural: adjudicar 3 millones de hectáreas a campesinos; formalizar 7 millones de hectáreas abriendo puertas a todos los medios de fomento que el Estado ofrece en crédito, asistencia técnica, adecuación de tierras y comercialización; y culminar el catastro multipropósito para saber qué tierras hay, a quién pertenecen, a qué se dedican, cual es su potencial real. Que las tierras inexplotadas paguen impuestos o, en su defecto, se le vendan al Estado para que éste las distribuya entre campesinos laboriosos. Sugiere Petro comprar los 3 millones de hectáreas con deuda pública redimible a futuro, compensando el golpe a la deuda pública con una reestructuración del gasto del Estado; por ejemplo, sobre los múltiples ejecutores de vías.
Esta reforma agraria ofrece salidas plausibles a los problemas estructurales del campo: a la hiperconcentración de la propiedad, al uso irracional del suelo, a la brutalidad contra el campesino. Es decir, al modelo de tenencia y uso de la tierra, que es talanquera formidable al desarrollo. Busca saltar del feudalismo a la modernidad: del despotismo a la democracia, de la miseria a la dignidad, de los ejércitos particulares al monopolio de la fuerza en el Estado. Busca entregar la tierra prometida, sin usurpadores. ¿Mucho pedir?
