por Cristina de la Torre | Sep 27, 2022 | Agencia Nacional de Tierras, Farc, Desarrollo agrícola, Justicia restaurativa, Desarrollo sostenible, ELN, Economía productiva, Gustavo Petro, AUC, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Iván Duque, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, La paz, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado, Septiembre 2022
En sólo un mes, este Gobierno tituló 681.372 hectáreas de tierra a familias campesinas sujetos de reforma agraria. Medida trascendental en cien años de historia atascada, que sorprendió por sus dimensiones y por el rigor legal que la cobija. Es paso inicial de una estrategia más enjundiosa contemplada, entre otros, en el Acuerdo de Paz que Iván Duque saboteó para mantener a Colombia en el podio mundial de mayor concentración de la propiedad en el campo. Oscilando entre amenaza y maná del cielo debió de caerles a los señores de la tierra la ocupación de 108 predios ajenos, mientras la ministra Cecilia López abría compuertas a la titulación represada por el uribismo. Amenaza, la invasión de propiedades, que la ministra condenó sin atenuantes. Pero a su vez, la fortuita coincidencia daba pábulo al mensaje subliminal del latifundismo: invasiones y reforma agraria atentan, todas a una, contra la propiedad. Ergo, invita a crear “grupos de reacción inmediata”, germen del paramilitarismo.
Juzga esta derecha por su condición. Tras 40 años de silencio autoimpuesto para encubrir la expropiación violenta de ocho millones de hectáreas al campesinado, cree ahora adivinar en la naciente reforma agraria la mano peluda del comunismo. Quienes se sumaron por los lados a la violencia que cobró medio millón de muertos y desaparecidos, querrían invocarla de nuevo como derecho adquirido. También yerran el ELN y las disidencias de las Farc si, como aventura el Defensor del Pueblo, promueven en algún grado las invasiones. Pero unos y otros aran en el desierto: no está ya dispuesto el país al sacrificio ni a la guerra.
Dijo Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, que aquella iniciativa de Lafaurie coincide con las Convivir, origen de la amarga sangría que Colombia no quiere revivir. “No, no más civiles armados, apuntó; de ningún lado, y menos de los señores que dicen ser empresarios del campo”: los conflictos de tierras los resuelven las entidades del Estado, no los particulares; ni organizaciones privadas de protección de la propiedad, ni invasores ni ocupantes. Si la mayoría de éstos últimos son campesinos cansados de confiar en promesas incumplidas y con los cuales discute acuerdos el Gobierno, éste ha anunciado también que allí donde medren armados ilegales les hará sentir el peso de la ley. Empezando porque les negará la titulación y todos los apoyos oficiales para explotar el fundo.
Precisa el Gobierno que se propone cumplir rigurosamente el Acuerdo de Paz, en particular el punto uno de reforma rural: adjudicar 3 millones de hectáreas a campesinos; formalizar 7 millones de hectáreas abriendo puertas a todos los medios de fomento que el Estado ofrece en crédito, asistencia técnica, adecuación de tierras y comercialización; y culminar el catastro multipropósito para saber qué tierras hay, a quién pertenecen, a qué se dedican, cual es su potencial real. Que las tierras inexplotadas paguen impuestos o, en su defecto, se le vendan al Estado para que éste las distribuya entre campesinos laboriosos. Sugiere Petro comprar los 3 millones de hectáreas con deuda pública redimible a futuro, compensando el golpe a la deuda pública con una reestructuración del gasto del Estado; por ejemplo, sobre los múltiples ejecutores de vías.
Esta reforma agraria ofrece salidas plausibles a los problemas estructurales del campo: a la hiperconcentración de la propiedad, al uso irracional del suelo, a la brutalidad contra el campesino. Es decir, al modelo de tenencia y uso de la tierra, que es talanquera formidable al desarrollo. Busca saltar del feudalismo a la modernidad: del despotismo a la democracia, de la miseria a la dignidad, de los ejércitos particulares al monopolio de la fuerza en el Estado. Busca entregar la tierra prometida, sin usurpadores. ¿Mucho pedir?
por Cristina de la Torre | Sep 20, 2022 | Fuerzas Armadas, Farc, Pacto Histórico, ELN, Clan del Golfo, Violencia, AUC, Paramilitarismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Acuerdos de paz, Proceso de paz, Actores del conflicto armado, Septiembre 2022
Cuando menos se esperaba, en la trama más punzante entre antagonistas, podría terminar Petro emulando a Álvaro Uribe: repetiría el desatino de conceder estatus político a organizaciones criminales. Lo intentó el expresidente en 2005 tras el Pacto de Ralito con las Autodefensas, pero la Corte Suprema esquivó el lance, pues la mayoría de sus jefes eran una y misma cosa con el poder mafioso y el narcotráfico. No les cabía la condición de sedición. Y este Gobierno, cautivado por su propia oferta de Paz Total, ensaya atajos para dar a armados de toda laya trato de alzados en armas contra el Estado, muchos de cuyos agentes civiles y militares han marchado de gancho con los maleantes. O con organizaciones paralelas a la Fuerza Pública creadas por el Estado mismo, como las Convivir, germen del paramilitarismo. Protesta Sergio Jaramillo, voz autorizada en cosas de paz, por el lenguaje con que el Gobierno exalta a las bandas criminales. Las llama insurgencias, organizaciones políticas, les habla de cese el fuego y deposición de armas, de paz y fin del conflicto; como si bandas de homicidas entregados a enriquecerse pudieran prefigurar alternativa al orden instituido. Concesión desmesurada que ultraja a sus víctimas y se ríe de los colombianos.
Deplora Jaramillo que, por andar negociando con narcos, deje el Gobierno huérfano el Acuerdo de Paz. Y critica el modelo de negociación por acuerdos parciales, de concesiones inaugurales sin contraprestación, porque no garantizan el desarme final, meollo de todo proceso de paz. Tampoco aseguran la desmovilización de los mandos medios que llegarían a reemplazar a la cúpula desmovilizada, ni la disolución de sus estructuras militares, ni el abandono de los negocios ilícitos. Tal como sucedió con las Autodefensas, recicladas en las bandas criminales que hoy querrán reeditar la fórmula. De aquellos 31.671 desmovilizados sólo el 2% ratificó su postulación a la Ley de Justicia y Paz. Por lo que toca al ELN, único grupo armado con carácter político, sorprenden las gabelas que de entrada se le ofrecen (cese el fuego, revisión de la extradición, entre otras) sin horizonte definido de negociación.
Jaramillo objeta también que se les permita a las bandas criminales pavonearse entre comunidades, a la manera de guerrillas que, sin pueblo, buscan afanosas base social para cañar en la negociación. Hoja de parra, se diría, de la pobreza ideológica que los distingue. Presume Iván Garzón que muchos querrán ahora desempolvar manuales de doctrina “para levantar su maltrecha imagen de señores de la guerra y presentarse como guerreros románticos que representan a sectores excluidos, una cantaleta que el triunfo del Pacto Histórico desvirtuó”.
A las dudas, reconoció Iván Cepeda, jefe de la Comisión de Paz del Senado, que podía haber equivocaciones u omisiones, pero que el fundamento de la Paz Total es la implementación del Acuerdo Final suscrito con las Farc; esa es la base, añadió, para construir otros procesos y para superar las causas históricas de la violencia. Por su parte, en iniciativa nunca vista, invitaba el Presidente a unirse en diálogos regionales vinculantes para alimentar el Plan Nacional de Desarrollo con propuestas de las regiones, e iniciaba en Turbaco una ronda por 50 municipios.
Enhorabuena. Confiable como es la palabra de Cepeda y revolucionario el plan de nutrir la paz con el sentir de la ciudadanía como insumo esencial del cambio, cabe esperar un viraje en el proceso que despunta. Mas la impactante innovación de acometer a un tiempo diálogo de paz y consultas regionales deberá acompañarse de dos elementos insoslayables: uno, no negocia con bandas criminales el Gobierno sino la Fiscalía; dos, si el modelo de paz no incorpora acción decidida de la Fuerza Pública para brindar seguridad, la paz sería un juego de azar.
por Cristina de la Torre | Sep 13, 2022 | Fascismo, Justicia tributaria, Impuesto progresivo, Violencia, AUC, Derecha, Paramilitarismo, Modelo Político, Partidos, Izquierda, Conflicto armado, Internacional, Iglesias, Régimen político, Septiembre 2022
La tentación fascista no murió en nuestro país con el aparente intento de instaurar sin disimulos un Estado totalitario el 6 de septiembre de 1952, mar de fondo en el incendio de la prensa y de las casas de los líderes liberales, que medraban en la oposición al Gobierno conservador. Aquel impulso convertido en llamas serpentea en el pantano de la política-a-tiros y levanta su cabeza periódicamente desde los meandros más oscuros del poder. Más allá de un régimen formalizado como fascista, rugen aun sus motores mayores: la violencia como misión y la militarización de la política.
Ayer fue conflagración. Después, savia que un estatuto de seguridad bebió de dictaduras del Cono Sur, para evolucionar como política de Estado afincada en falsos positivos. Respiró en el movimiento Morena de autodefensas en el Magdalena Medio, mediante asociación de ganaderos emparentada con ésta cuyo jefe convoca hoy, de nuevo, la “reacción solidaria inmediata” que diera origen al paramilitarismo. Se exhibió en 2020 como acción intrépida de paramilitares contra manifestantes en las calles de Cali. En la veneración de Hitler por un candidato que casi gana la presidencia con apoyo de la derecha en pleno. En celebración de la escuela de Policía de Tuluá, ataviados sus agentes con uniformes de la SS. En la exhibición de símbolos del ejército nazi en el Gun Club de Bogotá.
70 años han pasado desde cuando turbas incendiaron los diarios El Espectador y El Tiempo, la Dirección Nacional Liberal, y las casas de López Pumarejo y Lleras Restrepo. Acoge el historiador Guillermo Pérez la hipótesis de que tras los disturbios obraba el propósito, largamente acariciado, de entronizar una dictadura de partido único, corporativista y católica como la de Franco en España o la de Oliveira Salazar en Portugal. Mas, pese a la evidente participación de la Policía en los hechos y a la negligencia de las autoridades para conjurarlos, todo quedó envuelto, como envueltos quedaron los muertos de la Violencia, en espesa nube de silencio.
Julio Gaitán y Miguel Malagón recuerdan que, conforme alcanzaba su cénit el nazi-fascismo en la Europa de los años 30 se sembraba América Latina de dictaduras militares, pero en Colombia accedía el liberalismo al poder tras 40 años de hegemonía conservadora. A la reforma liberal opuso la reacción, la Iglesia Católica al canto, fiera oposición plasmada en estandartes hispanistas de Dios, patria, familia, tradición y propiedad, contra la “barbarie moscovita”, la masonería y la diabólica revolución del liberalismo, que es pecado. Y cantaron los líderes su credo de viva voz.
Pronostica Silvio Villegas, director del periódico La Patria, que “las masas desencantadas de la actividad democrática terminarán por buscar en métodos fascistas la reivindicación de los derechos conculcados”. Y Laureano Gómez exclama en acto público de exaltación a la España victoriosa de la guerra civil: “en sus falanges inscribimos nuestros nombres con gozo indescriptible”. 15 años después, en 1952, plasmará la doctrina del corporativismo fascista en su propuesta de Estado autoritario, con los expresidentes y el arzobispo de Bogotá en olor de senadores vitalicios. Integrado por gremios y corporaciones, era éste contrapartida al Estado democrático liberal: no podían ahora esas organizaciones denostar el Estado, como era costumbre en la Edad Media, sino someterse, cooptadas a la brava, a su voluntad de hierro.
De la historia no queda sólo el eco: hoy como ayer proliferan grupos, lances y aventuras fascistas que, para descalificarlo, meten dentro del mismo saco del comunismo hasta el más modesto intento de justicia social. Si reforma agraria, la Violencia y el despojo. Si tributo progresivo, vociferan “¡anatema!”. Si paz, la guerra, edén de cuanto fascista pisó la tierra, llámese Ortega o Bolsonaro.
por Cristina de la Torre | Sep 6, 2022 | ELN, Violencia, Paro Nacional, Izquierda, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, La paz, Acuerdos de paz, Proceso de paz, Corrupción, Actores del conflicto armado, Septiembre 2022
Respira aires de superioridad moral que riñe con conductas non-sanctas, aun en situación de guerra. La religión como marca de origen en el ELN sacralizó la vocación redentora del revolucionario y -como en toda guerra santa- pareció justificarlo todo: la tiranía del jefe fundador que pasó por las armas en sus propias filas a cuanto contradictor amenazara hacerle sombra; su tributo a la guerra sucia con secuestros por miles, daño a la naturaleza volando oleoductos, brutalidad contra civiles y, ahora, inmersión de frentes enteros de esa guerrilla en el narcotráfico.
Con Camilo Torres se dieron el mártir providencial que, no obstante, debe de increparlos desde el más allá. Decenas de intelectuales escribieron hace 4 años cuando el ELN abandonó la mesa de negociación y asesinó a seis policías en Barranquilla: vive “sordo al clamor de la paz, inmerso en su ensimismada imagen de vanguardia que solo se escucha a sí misma, a la vez que pretende hablar en nombre de la sociedad”. Pero hoy se prestan sus jefes al diálogo, liberan a 10 secuestrados y abren nueva ventana de esperanza a la paz. Enhorabuena. Su interlocutor será ahora un gobierno de izquierda que dialogará en las regiones. Mas entre los poderosos mandos medios de esta guerrilla federada -menudos en formación política, titanes en economías ilegales- otro parece el cantar. Dura tarea de cohesión interna le espera al mando central del grupo guerrillero.
Porque mucho ha cambiado éste. El ELN se ha fortalecido económica y militarmente pero no desafía el poder del Estado; en política se aplanó hasta la irrelevancia y derivó en advenedizo temible para las comunidades. Cada vez se distingue menos esta guerrilla del crimen organizado, sugiere la Fundación Ideas para la Paz. En impactante informe revela Ana León (La Silla Vacía) que frentes enteros de esa guerrilla están comprometidos en narcotráfico. En Arauca, otrora su fuerte político, evolucionó de organización societaria a casi exclusivamente militar, coercitiva, violenta. Por disputas con otros armados, este año van en Saravena más de 80 muertos civiles. Una matanza. En Cauca y Chocó, el ELN regula el narcotráfico y ha franqueando todo límite de violencia contra la población. En Urabá, norte del Chocó, en las zonas de Antioquia y Córdoba donde tenía algún ascendiente, lo perdió. En Quibdó se alió con bandas delincuenciales. Y la Defensoría advirtió en 2020 sobre la posibilidad de que estuviera esta guerrilla financiando la banda de Los Chacales. No ha mucho denunciaba la Asociación Campesina del Catatumbo “desacuerdos entre movimientos sociales civiles y el ELN que pretende intervenir en sus luchas”.
Intromisión que acaso intente en gran escala con la regionalización de los diálogos, ahora vinculantes y, de no organizarse a derechas, podrían terminar en orgía de peticiones inconexas que el ELN querría capitalizar. Para Juan Camilo Restrepo, excomisionado de paz, las decisiones de estas asambleas populares serían virtuales planes regionales con destino al Plan Nacional de Desarrollo. En real ejercicio de democracia directa, deberán representar a la comunidad y presentarse como proyectos de inversión con el debido respaldo financiero. Sin presión, sin coacción, sin vías de hecho.
Súmese el ELN más bien, si quiere la paz, a las iniciativas populares largamente gestadas en su lid y en cabeza de sus propios líderes. Ya dice la FIP que esta guerrilla es incapaz de representar la envergadura del movimiento social. Responsable único de su periclitar, haría bien el ELN en saltar de su huero mesianismo al compromiso valiente, ese sí, de abandonar las armas. De levantar la talanquera que impide la construcción pacífica de la justicia social. Cuando aparecen los primeros signos para sabotearla, no es dable improvisar, jugarse al azar el imperativo de la paz.
