por Cristina de la Torre | Oct 25, 2022 | Pacto Social, Pacto Histórico, Estado Social, Estado de Derecho, Gustavo Petro, Reformas liberales, Paro Nacional, Octubre 2022
¿Casualidad? El cavernario ataque de César Gaviria y de la derecha en pleno a la reforma tributaria que grava a los más ricos ha coincidido con llamados del presidente Petro al empoderamiento popular. Los primeros lanzan carga de dinamita contra el proyecto madre de la política social en un país donde el hambre no cede; el otro convoca a la “movilización de multitudes en todo el territorio nacional”, con ocasión de los diálogos regionales que nutrirán el Plan Nacional de Desarrollo. El modelo -dijo- apunta a transformaciones en el orden de la política social, económica y ambiental. En síntesis feliz de La Silla Vacía, busca a la vez estructurar un plan de desarrollo que cuente con legitimidad y respaldo popular, pavimentar su estrategia de paz total y prender la máquina para arrasar en las elecciones de 2023.
Pero la grieta que amenaza con derrumbar la coalición de gobierno y desamparar el cambio provocaría una respuesta de mayor alcance: la manifestación de las masas en calles y veredas, en expresión política sostenida. Y es que la democracia no se contrae al voto. Abarca libertades y derechos; es también, desde hace un siglo, democracia económica tutelada por el Estado social; y se extiende a la expresión colectiva en la calle, bullicioso escenario que dio nacimiento a los partidos, copado sin pausa desde entonces por todas las democracias maduras. Aun por la nuestra, tan precaria ella: ya el CD prepara movilización contra las reformas y el senador Bolívar, otra, en apoyo del Gobierno.
Habitat predilecto de Petro, ¿volvería él al pueblo enfervorizado que llenó tres veces la plaza de Bolívar cuando quiso el procurador Ordóñez borrarlo de la política? ¿A la mar de jóvenes, desarraigados y pobladores urbanos abandonados a su suerte que protagonizaron el paro nacional de 2021? ¿A los nadies de todos los departamentos costaneros que lo elevaron al solio de Bolívar, hoy en trance de trazar el desarrollo de sus regiones? ¿O será mensaje subliminal para reanimar su base social, que la derecha se anticipa a trocar en exhortación a la revuelta? Melodramática en su delirio, da por hecho lo impensable en el hombre que viene de configurar una coalición multipartidista de gobierno; de negociar una détente y la primera reforma agraria en un siglo, con Fedegán, gremio salpicado de aliados del paramilitarismo que arrebató a sangre, fuego y notarios venales millones de hectáreas a los campesinos.
Desbordada la capacidad logística del Gobierno, hubo en el arranque de estos diálogos unas de cal y otras de arena: un fiasco, se dijo, el de Cali; un éxito memorable el de Buenaventura. Revela Luis Fernando Velasco, Consejero para las Regiones, que poblaciones hay con seis meses de trabajo sobre su plan de desarrollo. “La gente ha hecho un ejercicio mucho más avanzado de lo que imaginamos”. Enhorabuena.
Saltan a la vista dos niveles de participación en este proceso. Uno será el trabajo de seleccionar, evaluar, ordenar y procesar como proyecto los problemas de la región. Otro, la movilización colectiva para presionar su ejecución en el PND o contra el boicot al cambio. Pero una alerta suena ya: en el ocaso de los partidos, podría saltarse alegremente de la primigenia acción colectiva en democracia a la llamada democracia directa de la masa amorfa que, juguete de un caudillo, derivó tantas veces en totalitarismo. O en democracia del aplauso al líder de ocasión, sea de derecha o de izquierda. Suena bien el empeño del Pacto Histórico en constituirse en partido con ideario y propuestas definidos. Bien los amagos en otras colectividades de revisar y depurar su quehacer político en esta experiencia única de las consultas regionales vinculantes. Dios nos guarde de la necia cruzada que Vivian Morales propone dizque para proteger la democracia de las ideologías.
por Cristina de la Torre | Sep 6, 2022 | ELN, Violencia, Paro Nacional, Izquierda, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, La paz, Acuerdos de paz, Proceso de paz, Corrupción, Actores del conflicto armado, Septiembre 2022
Respira aires de superioridad moral que riñe con conductas non-sanctas, aun en situación de guerra. La religión como marca de origen en el ELN sacralizó la vocación redentora del revolucionario y -como en toda guerra santa- pareció justificarlo todo: la tiranía del jefe fundador que pasó por las armas en sus propias filas a cuanto contradictor amenazara hacerle sombra; su tributo a la guerra sucia con secuestros por miles, daño a la naturaleza volando oleoductos, brutalidad contra civiles y, ahora, inmersión de frentes enteros de esa guerrilla en el narcotráfico.
Con Camilo Torres se dieron el mártir providencial que, no obstante, debe de increparlos desde el más allá. Decenas de intelectuales escribieron hace 4 años cuando el ELN abandonó la mesa de negociación y asesinó a seis policías en Barranquilla: vive “sordo al clamor de la paz, inmerso en su ensimismada imagen de vanguardia que solo se escucha a sí misma, a la vez que pretende hablar en nombre de la sociedad”. Pero hoy se prestan sus jefes al diálogo, liberan a 10 secuestrados y abren nueva ventana de esperanza a la paz. Enhorabuena. Su interlocutor será ahora un gobierno de izquierda que dialogará en las regiones. Mas entre los poderosos mandos medios de esta guerrilla federada -menudos en formación política, titanes en economías ilegales- otro parece el cantar. Dura tarea de cohesión interna le espera al mando central del grupo guerrillero.
Porque mucho ha cambiado éste. El ELN se ha fortalecido económica y militarmente pero no desafía el poder del Estado; en política se aplanó hasta la irrelevancia y derivó en advenedizo temible para las comunidades. Cada vez se distingue menos esta guerrilla del crimen organizado, sugiere la Fundación Ideas para la Paz. En impactante informe revela Ana León (La Silla Vacía) que frentes enteros de esa guerrilla están comprometidos en narcotráfico. En Arauca, otrora su fuerte político, evolucionó de organización societaria a casi exclusivamente militar, coercitiva, violenta. Por disputas con otros armados, este año van en Saravena más de 80 muertos civiles. Una matanza. En Cauca y Chocó, el ELN regula el narcotráfico y ha franqueando todo límite de violencia contra la población. En Urabá, norte del Chocó, en las zonas de Antioquia y Córdoba donde tenía algún ascendiente, lo perdió. En Quibdó se alió con bandas delincuenciales. Y la Defensoría advirtió en 2020 sobre la posibilidad de que estuviera esta guerrilla financiando la banda de Los Chacales. No ha mucho denunciaba la Asociación Campesina del Catatumbo “desacuerdos entre movimientos sociales civiles y el ELN que pretende intervenir en sus luchas”.
Intromisión que acaso intente en gran escala con la regionalización de los diálogos, ahora vinculantes y, de no organizarse a derechas, podrían terminar en orgía de peticiones inconexas que el ELN querría capitalizar. Para Juan Camilo Restrepo, excomisionado de paz, las decisiones de estas asambleas populares serían virtuales planes regionales con destino al Plan Nacional de Desarrollo. En real ejercicio de democracia directa, deberán representar a la comunidad y presentarse como proyectos de inversión con el debido respaldo financiero. Sin presión, sin coacción, sin vías de hecho.
Súmese el ELN más bien, si quiere la paz, a las iniciativas populares largamente gestadas en su lid y en cabeza de sus propios líderes. Ya dice la FIP que esta guerrilla es incapaz de representar la envergadura del movimiento social. Responsable único de su periclitar, haría bien el ELN en saltar de su huero mesianismo al compromiso valiente, ese sí, de abandonar las armas. De levantar la talanquera que impide la construcción pacífica de la justicia social. Cuando aparecen los primeros signos para sabotearla, no es dable improvisar, jugarse al azar el imperativo de la paz.
por Cristina de la Torre | Ago 3, 2021 | Paro Nacional, Posconflicto, Acuerdos de paz, Agosto 2021
Será ataque de pánico. O de gula. O ambos. A la voz de representación política para las víctimas y para la Primera Línea (vanguardia del multitudinario estallido), el Gobierno, su partido, sus aliados y comparsas aprietan sus fauces de raposa sobre la presa del poder. En tres años de boicot a las 16 curules de paz para los territorios más sufridos de la guerra, la última trastada fue de Arturo Char: burló la orden del Consejo de Estado de tramitar el fallo que las reconocía. Ahora lo ratifica la Corte Constitucional y Juan Diego Gómez, cabeza del Senado, dilata y enreda la pita. Ignoro si habrá culminado hoy el proceso, pero cabe sospechar que apuntarán a frustrar la participación de las víctimas en las elecciones de 2022. Apática si de los excluidos se trata, tal vez prefiera esta derecha irredenta la desarticulación final de aquellas comunidades por asesinato de los líderes que bien pudieran ocupar las curules de ley. A 15 de julio iban 1.209 baleados desde la firma del Acuerdo, 94 de ellos sólo este año. Sino macabro naturalizado por la inacción del Gobierno, por la indolencia de la clase política, por la pluma procaz de algún opinador que califica de “inmundo” el Acuerdo de Paz y de “monstruo político [las] narcocurules”.
El fallo de la Corte se apoya, a la letra, en los principios democráticos de respeto a la voluntad de las mayorías y a los derechos de las minorías; en el amparo del pluralismo, de la participación y la diversidad; en el derecho de las víctimas de ser representadas por los suyos. Aunque recabe el columnista de marras en la negación esencial de la política para los abandonados a la pobreza y la violencia: “a las víctimas, dice, no se les repara con congresistas” sino con la justicia.
Reclaman los jóvenes de Primeras Líneas reconocimiento político. Al diálogo se presentan encapuchados, pues garantías no hay: más de 80 cayeron en dos meses bajo las balas de policías y paras vestidos de blanco impecable, y hasta antier iban 134 detenidos, porque sí, en sus concentraciones. El presidente los despacha lapidario con otra sentencia para la historia: “la sociedad no puede tener conversaciones con personas encapuchadas”. Acaso se muestre menos rígido con los civiles armados que, al lado de la Policía, dispararon contra manifestantes. La JEP los identificó en 27 ciudades.
La cruzada de criminalización de la protesta y de sus líderes es envolvente. El Gobierno define la Primera Línea como “aparato entrenado para la violencia urbana en gran escala”. Semana, órgano de agitación y propaganda de la ultraderecha civil y militar, la tiene por “organización con rasgos criminales”, por obra de los grupos armados para penetrar las ciudades, con escuelas de formación clandestinas. Circunstancia propicia a la persecución oficial habrá sido el tardío merodeo de jíbaros y elenos queriendo pescar a la hora de nona en algún portal que fuera de resistencia como el de Las Américas en Bogotá. Pescar jóvenes a quienes Duque ni escucha ni responde a su desesperanza.
Lenguaje, medidas, arrebatos, símbolos, todo evoca aquí el temible Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, fórmula depurada del modelo de seguridad nacional cifrado en el “enemigo interno”, que detiene por sospechas, tortura, desaparece y hasta mata al que discrepe del Gobierno. O lo arroja en brazos de la justicia penal militar. Un Estado militarista armado contra el ciudadano libre que 20 años después recibiera el mote de guerrillero vestido de civil.
Escribe Fernando Mires que mientras Chile abre un canal institucional al estallido social, mientras institucionaliza y politiza el movimiento social, Duque le construye un dique de contención. Sí. Bloquea la representación política de vastos sectores sociales que reivindican democracia. Por miedo o por glotonería. O por las dos.
por Cristina de la Torre | Jul 13, 2021 | elecciones 2022, Paro Nacional, Iván Duque, Derecha, Paramilitarismo, Movimiento social, Régimen político, Julio 2021
Al parecer, Duque pide pista en el Eje del platanal que Ortega y Maduro presiden. Da un portazo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha confirmado en Colombia, como lo registró en Nicaragua y Venezuela, cifras aterradoras de homicidios, desapariciones y vejámenes contra manifestantes a manos de una Policía militarizada. Y paramilitarizada. El CD, partido de gobierno, descubre en el informe “sesgo ideológico de izquierda para mostrar al Estado como opresor [cuando este] propende por la seguridad de los ciudadanos y por garantizar su derecho a vivir en paz”. Nirvana dorado que casi sólo existe en el papel y en las peroratas de este Gobierno a la galería. En Nicaragua, ni en el papel. También Ortega vio sesgo, pero de derecha, en el informe de la CIDH sobre su país: el documento “convertía un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica”. Hubo 322 muertos. Pese a la presión de Duque en 2019 para que Maduro recibiera a la Comisión, este la rechazó. Para sendos países creó ella un mecanismo de monitoreo de derechos humanos, el mismo que anuncia ahora para Colombia.
“No aceptamos mecanismos de verificación, porque nuestro Estado es fuerte, robusto e institucional” y no se excede en uso de la fuerza, declara el Gobierno. Poca cosa le parecerán las 73 víctimas fatales, 41 con cargo directo a la Policía y 32 en verificación de idéntica autoría. O los 84 desaparecidos en protestas que la Fiscalía reconoce, cinco de los cuales ya aparecieron muertos. Mas, acaso para solapar la tragedia, puso Duque todo el énfasis en los matices que la CIDH dibujó sobre el recurso al bloqueo de vías, que acabó por alinear a muchos contra el paro. Y tergiversó el análisis. Ateniéndose al derecho interamericano, lo justifica la Comisión, como recurso temporal y limitado, nunca si viola derechos de terceros a la vida, la salud o el acceso a alimentos. Entonces espetó el presidente su sentencia heroica: “nadie puede recomendar a un país su tolerancia con actos de criminalidad”.
Embriagado en el dulzor de su propia frase, creyó lavar con ella la sangre que corría en calles y centros de detención. Y bendecir la entronización urbana de la estrategia contrainsurgente que durante medio siglo cobró con su vida en los campos a todo el que discrepaba o reclamaba lo suyo. Enemigo de la patria, del Estado fuerte, robusto, institucional será ahora también el estudiante, el desempleado, el desplazado sin horizonte de las periferias urbanas, blanco de las Camisas Blancas que suman sus armas a las de la Policía y el Ejército. Ejército autorizado por decreto de “asistencia militar” para disparar, “si toca”, sobre personas inermes y prevalecer a la fuerza en medio país sobre autoridades civiles elegidas democráticamente. ¿No es este el principio activo del tirano, llámese Franco, Trujillo, Ortega o los napoleoncitos de cartón que florecen como plantas carnívoras en estos trópicos?
De todo ello se duele la CIDH. Del tratamiento de guerra que aquí se da a la protesta social, cuando las penurias y humillaciones acumuladas por generaciones revientan en un grito sostenido de dos meses que este Gobierno ni oye ni entiende, ni calibra su historia y su potencia. Reacio a los hechos, incapaz de medir la hondura del descontento, se alela entre la fantasía de la conspiración comunista y la acción administrativa que sólo acierta cuando se trata de frustrar la paz, enriquecer a los amigos y librarlos de la cárcel. No quiere saber de encuentros y asambleas de vecinos que reverberan acá y allá, a veces a tientas, otras con más luces, en cientos de municipios que se comunican y van depurando anhelos comunes. Se organiza la gente para la protesta, y para las elecciones de 2022. Tal vez sea cierto: no hay tirano en ciernes que dure cien años ni pueblo que lo resista.
por Cristina de la Torre | Jun 22, 2021 | elecciones 2022, Paro Nacional, Iván Duque, Derecha, Movimiento social, Junio 2021
Lo sabido: al pronunciamiento de las mayorías contra el hambre y la exclusión responde este Gobierno con un baño de sangre. Lo revelador: en su afirmación como autocracia con todas las letras, les niega el derecho a la política, a la disputa del poder. Lo niega, primero, reduciendo a vandalismo un estallido de entidad histórica y, a gremialismo asexuado, la justa de los trabajadores organizados. En segundo lugar, boicotea, deslegitima o ilegaliza diálogos y acuerdos alcanzados entre mandatarios locales y el movimiento popular, que se ha dado sobre la marcha formas novedosas de organización. Comenzando por la Primera Línea, generosa en entrega de vidas a la brutalidad sincronizada entre policías y paramilitares. En Cali, en Bogotá, en municipios apartados, la contraparte en la mesa los reconoce como actores políticos cuya condición ganaron por pelearse derechos ciudadanos y reclamar justicia. Entre otros, el derecho de elegir sin miedo y el de ser elegidos para decidir en favor de la comunidad, del barrio, de la vereda, por sí mismos o por el partido que los represente.
A este emplazamiento multitudinario por educación, empleo, democracia y dignidad contrapone el establecimiento uribista militarización y homicidio. Hace invivible la República esperando reverdecer la estrategia electorera del redentor que, bajado del cielo para conjurar el caos, repetiría presidencia en 2022. Y magnifica las minucias que concede: una manito de pintura en la fachada, cuando el reclamo apunta a los cimientos de la casa. En andanada pública contra el sindicalista que le señala al movimiento las elecciones para ganar voz y capacidad de decisión –para ganar poder político– el Presidente lo insulta en público, mancilla la dignidad del cargo y, haciéndose eco de Álvaro Uribe para quien el Comité de Paro “ha sido un propulsor de la violencia”, nos recuerda que también el ejercicio de la política es monopolio de las élites. Que no les basta a ellas su control de bancos, tierras, el erario, la verdad revelada y la distinción social, de gente de bien, tantas veces conquistada en asocio del delito.
En experimento feliz que se replica con frecuencia creciente en el país, cuando el movimiento vira hacia la discusión de sus anhelos, los depura y empieza a traducirlos en agendas de negociación, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, ha logrado lo impensable: le reconoció calidad de interlocutor político a la Red de Resistencias de Cali –organización horizontal, no jerárquica– para escuchar sus demandas y acordar soluciones con mediación de la Iglesia y de la ONU. Primer resultado, se levantaron los bloqueos, previa expedición de un decreto de garantías a la protesta pacífica. Un juez suspendió el decreto porque, argumentó, el manejo de la protesta correspondía al Presidente, no al alcalde. Mas el proceso sigue: pierde aval jurídico, pero gana dimensión política. Y proyección nacional.
“En Puerto Resistencia he encontrado liderazgos que enorgullecen por su valentía, por su capacidad política”, declara Ospina. Fiscalía y Policía, agrega, tendrán que habérselas con grupos de delincuentes que quieren afectar la institucionalidad creada sembrando caos. Plan de choque de empleo, tan urgente como el servicio público de salud y apoyo financiero a la comunidad serían un primer paso hacia la canalización institucional de la crisis.
Para desdicha de los mandamases en política, en la irrelevancia y la corrupción de partidos al servicio de una dirigencia negligente y sin hígados, la explosión de poderes en la base bien podrá expresarse en elecciones. Entonces el nuevo pacto social, que hoy naufraga en un mar de rencor y de miedo, será una posibilidad. Manes del poder popular que se exprese en las calles y como fuerza parlamentaria. La política dejaría de ser monopolio de la derecha.
por Cristina de la Torre | May 31, 2021 | Cuarentena, Paro Nacional, Iván Duque, Paramilitarismo, Modelo Político, Modelo Económico, Posconflicto, Impunidad, Corrupción, Mayo 2021
En acto vergonzoso que Colombia no olvidará, una mayoría de parlamentarios se postra de hinojos ante el ministro organizador de la represión, ariete del Gobierno que se cobra ya media centena de muertos en las calles. La cobardía inveterada de la clase política, hoy remachada con el voltearepismo de Gaviria y Vargas Lleras, abrió puertas a la anhelada militarización que ha sido arma y estandarte de la extrema derecha. Como si faltaran hechos que confirman todos los días la ilegitimidad de un régimen montado sobre vanidades armadas hasta los dientes: azote de multitudes que reclaman vida digna, cambio y democracia, pero convenientemente reducidas a subversión.
Para que el presidente pueda decretar virtual conmoción interior en nueve departamentos; con sometimiento forzoso de sus autoridades a las medidas que conlleva, so pena de sanciones de la procuradora que trabaja para “nuestro Gobierno”. Providencial, cae la excusa del cielo: entre los infiltrados en las marchas para anarquizarlas, un agente del CTI de la Fiscalía mata a tiros a dos manifestantes y pobladores de la zona lo linchan. Un horror. Ahora podrá Duque responder con el argumento de los fusiles al estallido social que dura y crece porque 98% de los colombianos apoyan la protesta –revela Gallup. Acaso baje aún más el lánguido 18% que, según el Observatorio de la Democracia, confía en las instituciones. Más ilegitimidad de este Gobierno y del Estado, imposible. Incapaz de conjurar el hambre con medidas de sentido común como las que Claudia López toma en Bogotá, menos podrá Duque responder al mar de fondo de la injusticia y la desigualdad. Sin el respeto y el consentimiento de los asociados, querrá gobernar sólo a golpes y manteniendo incólumes los parámetros del poder público.
Sí, dos momentos presenta la resolución de la crisis. El primero demanda medidas de emergencia para neutralizar el golpe social, económico y sanitario de la pandemia. Para rescatar la capital, redirecciona la alcaldesa $1,7 billones hacia la población vulnerable, hasta completar una inversión social de $8,5 billones en la ciudad. Y, para reactivar su economía, reabrirá todos los sectores. Aplauso. Un segundo desafío plantea la reformulación del pacto social con un modelo de democracia y desarrollo que amplíe la participación política, redistribuya el ingreso y desconcentre la propiedad. Y que empiece por devolverle al Estado la legitimidad perdida.
Para el profesor Alberto Valencia, hoy estamos pagando el inmenso costo social de haber enfrentado a los grupos ilegales con medios ilegales: la deslegitimación del Estado. Duque profundizaría la crisis política e institucional que la alimentaba y agudizaría la polarización en torno a los Acuerdos de Paz, ya desafiados por la decisión de terceros y de agentes del Estado de eludir sus responsabilidades en el conflicto. Sin bandera de Gobierno –ni guerra contrainsurgente ni paz– desechó Duque la lucha anticorrupción que Claudia López le ofreció. En sus desencuentros con la sociedad, no captó Duque el cambio en la política que la paz traía. Insistió en crear miedo a unas Farc inexistentes ya y, en el empeño de salvar el pellejo de su mentor, atacó a la JEP; pero perdió la batalla. “En vez de sintonizarse con el país, escribirá Valencia, lo hizo con Uribe”. Terminado el conflicto, recobró su importancia el problema social; pero Duque tampoco lo vio, e insistió en el de seguridad, cuando la gente pedía comida, empleo e igualdad. Golpe final a la legitimidad del Estado será la cooptación de los órganos de control por este Gobierno.
He aquí el trasfondo de un Gobierno arbitrario, brutal en su estentórea debilidad. Este de Duque evoca autocracias que, a falta de legitimidad, se imponen por la fuerza bruta. Ignoran que el poder de la bayoneta, por sí solo, no es poder. No en la democracia.
