por Cristina de la Torre | May 31, 2021 | Cuarentena, Paro Nacional, Iván Duque, Paramilitarismo, Modelo Político, Modelo Económico, Posconflicto, Impunidad, Corrupción, Mayo 2021
En acto vergonzoso que Colombia no olvidará, una mayoría de parlamentarios se postra de hinojos ante el ministro organizador de la represión, ariete del Gobierno que se cobra ya media centena de muertos en las calles. La cobardía inveterada de la clase política, hoy remachada con el voltearepismo de Gaviria y Vargas Lleras, abrió puertas a la anhelada militarización que ha sido arma y estandarte de la extrema derecha. Como si faltaran hechos que confirman todos los días la ilegitimidad de un régimen montado sobre vanidades armadas hasta los dientes: azote de multitudes que reclaman vida digna, cambio y democracia, pero convenientemente reducidas a subversión.
Para que el presidente pueda decretar virtual conmoción interior en nueve departamentos; con sometimiento forzoso de sus autoridades a las medidas que conlleva, so pena de sanciones de la procuradora que trabaja para “nuestro Gobierno”. Providencial, cae la excusa del cielo: entre los infiltrados en las marchas para anarquizarlas, un agente del CTI de la Fiscalía mata a tiros a dos manifestantes y pobladores de la zona lo linchan. Un horror. Ahora podrá Duque responder con el argumento de los fusiles al estallido social que dura y crece porque 98% de los colombianos apoyan la protesta –revela Gallup. Acaso baje aún más el lánguido 18% que, según el Observatorio de la Democracia, confía en las instituciones. Más ilegitimidad de este Gobierno y del Estado, imposible. Incapaz de conjurar el hambre con medidas de sentido común como las que Claudia López toma en Bogotá, menos podrá Duque responder al mar de fondo de la injusticia y la desigualdad. Sin el respeto y el consentimiento de los asociados, querrá gobernar sólo a golpes y manteniendo incólumes los parámetros del poder público.
Sí, dos momentos presenta la resolución de la crisis. El primero demanda medidas de emergencia para neutralizar el golpe social, económico y sanitario de la pandemia. Para rescatar la capital, redirecciona la alcaldesa $1,7 billones hacia la población vulnerable, hasta completar una inversión social de $8,5 billones en la ciudad. Y, para reactivar su economía, reabrirá todos los sectores. Aplauso. Un segundo desafío plantea la reformulación del pacto social con un modelo de democracia y desarrollo que amplíe la participación política, redistribuya el ingreso y desconcentre la propiedad. Y que empiece por devolverle al Estado la legitimidad perdida.
Para el profesor Alberto Valencia, hoy estamos pagando el inmenso costo social de haber enfrentado a los grupos ilegales con medios ilegales: la deslegitimación del Estado. Duque profundizaría la crisis política e institucional que la alimentaba y agudizaría la polarización en torno a los Acuerdos de Paz, ya desafiados por la decisión de terceros y de agentes del Estado de eludir sus responsabilidades en el conflicto. Sin bandera de Gobierno –ni guerra contrainsurgente ni paz– desechó Duque la lucha anticorrupción que Claudia López le ofreció. En sus desencuentros con la sociedad, no captó Duque el cambio en la política que la paz traía. Insistió en crear miedo a unas Farc inexistentes ya y, en el empeño de salvar el pellejo de su mentor, atacó a la JEP; pero perdió la batalla. “En vez de sintonizarse con el país, escribirá Valencia, lo hizo con Uribe”. Terminado el conflicto, recobró su importancia el problema social; pero Duque tampoco lo vio, e insistió en el de seguridad, cuando la gente pedía comida, empleo e igualdad. Golpe final a la legitimidad del Estado será la cooptación de los órganos de control por este Gobierno.
He aquí el trasfondo de un Gobierno arbitrario, brutal en su estentórea debilidad. Este de Duque evoca autocracias que, a falta de legitimidad, se imponen por la fuerza bruta. Ignoran que el poder de la bayoneta, por sí solo, no es poder. No en la democracia.
por Cristina de la Torre | May 17, 2021 | Centro, Paro Nacional, Modelo Político, Modelo Económico, Izquierda, Movimiento social, Impunidad, Mayo 2021
Bajo la rabia que anida en esta sociedad de castas montada sobre la pobreza y la exclusión; desde las lágrimas por tantos y tantos muertos en las calles florece, acá y allá —en el abigarrado tejido que se llama el pueblo— disposición para enfrentar la adversidad concertando un nuevo pacto social. Pues el que rige, pervertido en el privilegio, en la violencia, en una democracia quebradiza, es causa de la debacle. Y hace agua. Díganlo, si no, esquirlas tomadas al azar de las granadas que este Gobierno ha lanzado contra las multitudes que protestan.
Detenida y abusada sexualmente por agentes del Esmad, una adolecente “se suicida” en Popayán. En Cali, paramilitares estrato diez disparan contra indígenas, cuadro inmortal de los ancestros que exalta el puño de hierro del encomendero sobre el nativo. El alcalde de Pereira cohonesta alianza de civiles con veleidosas empresas de seguridad privada: de ocho tiros muere Lucas Villa. Álvaro Uribe insta a la Fuerza Pública a disparar contra terroristas que pueden ser cualquier manifestante, y acaricia la ilusión de volver a la guerra.
El nuevo pacto social principia por devolver al Estado su protagonismo, integrar los excluidos a la empresa reformista y rescatar las dinámicas de la paz. Proponen Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo “convocar a todos los partidos y movimientos sociales, a todas las fuerzas vivas a concertar un Gran Acuerdo Político Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande”. La deliberación democrática tendría que aterrizar en el Congreso, su escenario natural, y traducirse en leyes. Hay que deliberar para reconciliar, señalan.
Para muchos, en el centro del acuerdo medran medidas de emergencia que empiezan y terminan en el eje del empleo. En la creación inmediata de puestos de trabajo desde el sector público y, a largo plazo, en una estrategia de pleno empleo que privilegie la economía real sobre la especulativa financiera. Otra medida urgente, de vida o muerte, la creación de una renta básica para 6 millones de hogares que oscile entre $320.000 y $480.000 mensuales, financiada —como en todo país civilizado— con impuestos directos sobre la renta y el patrimonio de los más pudientes.
La crema de los profesores universitarios sugiere alternativas en política económica y social distintas de la reducción de impuestos a los ricos. En estas décadas, afirma, ha operado una redistribución regresiva del ingreso que castiga los salarios, premia las ganancias y concentra sin pausa la propiedad y la riqueza. Se suprimió la función del Estado como prestador de servicios públicos y garante de los derechos económicos y sociales que culminen en educación y salud universales. Para los académicos, la redistribución del ingreso no se logra con mayor “libertad económica”. Lo prueba la historia de los países desarrollados, donde el Estado fue el gran responsable del desarrollo afirmado en la industrialización y en el impuesto progresivo.
Diríase que un rediseño de la fiscalidad debería comenzar por derogar la reforma tributaria de 2019, que otorgó gabelas por $14 billones a los ricos, a las cuales ha renunciado ya la Andi. Aconsejaría liquidar el adefesio de que los archimillonarios de Colombia paguen apenas entre 1 y 2% de impuesto sobre la renta. Y actualizar el catastro para que también los terratenientes paguen impuestos a derechas.
Otros signos de la crisis que abraza al pacto social y político agudizada por el uribismo en el poder: sólo 9% de los jóvenes confía en la Presidencia y 7% en el Congreso (Cifras y Conceptos). En perspectiva electoral, por la derecha votaría el 5%; por la izquierda, el 25%; y por el centro, 41%. Llegó la hora del cambio. Si el pacto se adopta democráticamente, hallaría su refrendación en las urnas el año entrante.
por Cristina de la Torre | May 24, 2021 | Paro Nacional, Modelo Político, Movimiento social, Mayo 2021
Fuera del sabotaje a la economía mediante bloqueo de vías, dos obstáculos formidables taponan por ahora la salida a la crisis. Primero, una violencia incontrolada del Gobierno contra el pueblo inerme, para escándalo del mundo que asocia a Colombia con dictaduras dadas por desaparecidas. Segundo, el reto al sistema político de abrir canales de expresión y trámite de demandas para mayorías ultrajadas que rompen ruidosamente las amarras de la resignación, cuando los partidos no las representan ya y la democracia directa que la Carta del 91 introdujo degeneró en populismo plebiscitario a instancias de algún egócrata con prontuario.
51 muertos en las calles cuenta Indepaz, 43 de ellos supuestamente a manos de la Fuerza Pública; para la Defensoría del Pueblo son 42 y, para la Fiscalía, 14. Pero el presidente se emplea a fondo: anuncia máximo despliegue de la Fuerza Pública. Su ministro de Defensa, la torpeza hecha poder armado, tiene por terroristas a los protestantes. Y Marta Lucía Ramírez, flamante Canciller, atribuye el estallido al Acuerdo de Paz. En franco alarde de castrochavismo, no acepta Duque todavía inspección en terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como nunca la aceptaron Maduro, Castro y Ortega. Todo ello ventilado en los prolegómenos de negociación con el Comité del Paro y con jóvenes en incipientes mesas de negociación regionales. Exigen todos garantías para la vida y la integridad de los marchantes; reconocimiento expreso del Presidente sobre excesos de sus hombres, y autorización a la visita de la comisión de Derechos Humanos. Áspera barrera para el hombre que se debate entre la endeblez y cada divisa brutal de su mentor.
Las aspiraciones variopintas del levantamiento popular que reclama participación política desafían a la maltrecha democracia representativa, enhorabuena fortalecida por las 16 curules de paz que la Constitucional revive para comunidades abandonadas al olvido y a las cicatrices del conflicto. Victoria de las víctimas. La indecorosa protesta de Paloma Valencia y de su partido no hace sino enaltecer la decisión de la Corte. Pero, mientras culmina la reforma política y electoral que depure y fortalezca a los partidos y abra el compás a nuevas opciones, nada tan propicio como los canales de democracia directa, local, que la Constitución ofrece. Como el cabildo abierto. O los Consejos Territoriales de Paz, Comités de Justicia Transicional y Consejos de Desarrollo Rural creados por el Acuerdo de Paz, que multiplican los canales de participación política. Democracia de abajo hacia arriba.
O los imaginativos mecanismos que la mesa de negociación de La Habana ideó para incorporar la avalancha de propuestas que fluyó hacia ella desde la sociedad civil, a saber: página web a través de la cual se recibieron, sistematizaron y analizaron propuestas ciudadanas; cinco foros temáticos ejecutados por el PNUD y la Universidad Nacional con más de 40.000 propuestas sobre los temas de negociación, y mesas de trabajo regionales en todo el país para recoger propuestas sobre los ejes temáticos en discusión. Se han consolidado también experiencias como la del Comité de Integración Social del Catatumbo, que representa a organizaciones de varios municipios de Santander y hoy prepara un pliego campesino del departamento que sirva de insumo en la negociación del Comité Nacional del Paro.
¿No servirían mecanismos de esta índole para recoger y debatir los reclamos de los manifestantes, como actores políticos, y articularlos a las negociaciones del Gobierno con el Comité del Paro o al Congreso cuando excedan el ámbito local? ¿No ayudarían a saltar el candado que bloquea una negociación democrática? ¿Querrán anarquistas tomarse el movimiento para que los heraldos de la guerra “salven” el país todo con una gran operación Orión?
por Cristina de la Torre | May 10, 2021 | Movimiento social, Salud, Mayo 2021
A la violencia que campea desde todos los flancos se ha sumado la potencial amenaza a la supervivencia que la reforma de salud representa para miles de colombianos. Pese a la muerte de decenas de muchachos en las calles y a la desaparición de muchos sin noticia de su paradero; no contento el Gobierno con atribuir a mafiosos la protesta desesperada de una sociedad que estalla como no se viera antes; no contento con hacer la vista gorda a la coartada en boga que convierte al civil inconforme en objetivo militar, y cocinar la conmoción interior como antesala de un autoritarismo sin barniz; impertérrito ante el repudio de gobiernos, medios y organismos de Derechos Humanos en el mundo, extiende este Gobierno su tentáculo reaccionario sobre el ya malhadado sistema de Salud. Policías embisten a médicos que atienden a manifestantes heridos, como apunta el Proyecto de Ley 010 contra el sistema público de salud y su red de hospitales en favor del servicio privado. Retirarlo es bandera del paro.
El tocado de flores que lo adorna no logra disipar sus miasmas: ni recupera él los hospitales, ni ofrece atención primaria en salud, ni responde a los derechos de sus trabajadores y, como modelo financiero, perfecciona la privatización en oligopolio. Sostiene Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana (a quien me permito glosar en adelante), que el proyecto asfixiará las finanzas de los hospitales públicos, única alternativa de salud para los diez millones de colombianos confinados en los extramuros de la patria. En la lógica que persigue la rentabilidad económica y no la social, liquidará los que resulten financieramente inviables (manes de la masacre perpetrada contra ellos en el gobierno de Álvaro Uribe). Tampoco vela el Gobierno porque paguen las EPS y los entes territoriales la deuda de $24 billones que ahorca a clínicas y hospitales. Resultado al canto, la masacre laboral de sus trabajadores, ya expuestos por la ilegalidad que rodea la contratación del 80% del personal de salud.
El proyecto extrema la negación de los servicios de salud, para provocar el desplazamiento de usuarios del sistema público al privado. El Ministerio decidiría cuáles servicios, procedimientos y medicamentos financiar con dineros públicos y cuáles delegar a las EPS para que el paciente las costee. Se reduciría drásticamente el tratamiento posible del médico general, de modo que el paciente tuviera que acudir al oneroso servicio privado. Enorme tronera se abriría en la financiación de un derecho fundamental indelegable.
En Colombia los recursos del sector son púbicos pero los manejan, alegremente, entidades privadas. Y el proyecto 010 refuerza el modelo de captación financiera ilegítima con que la Ley 100 privatizó la salud. La lógica del proyecto, afirma Corcho, no emana del derecho a la salud, sino de la intermediación financiera: es lógica comercial y mercantil. La Ley 100 desmontó la salud pública, el sistema preventivo que operaba en cada municipio. Los mejores sistemas de salud son públicos y descentralizados, aunque prestadores privados y públicos puedan convivir. Es el Estado el que traza las políticas del sector, controla los recursos y los deposita, sin intermediarios, en clínicas, hospitales y entidades encargadas de la salud pública. Reformar el modelo no da espera. Pero no será radicalizando la Ley 100, origen del adefesio que rige, sino mediante la Estatutaria de 2015, que reconoce la salud como derecho fundamental garantizado para todos por igual.
¿Qué mente torcida concibe moler a palos a médicos que auxilian heridos de bala por la Policía? La que ordena masacrar a la muchachada, ¿será la misma que condene a muerte por falta de atención médica a las legiones de colombianos que no podrán costear servicios particulares de salud?
por Cristina de la Torre | May 3, 2021 | Reforma tributaria, Mayo 2021
Como obedeciendo al instinto invencible de quien sabe que sólo puede prevalecer por la fuerza, insta Álvaro Uribe a disparar contra vándalos entreverados en multitudes de manifestantes pacíficos, marcadas de antemano con el inri de terroristas. La orden podrá resolverse en disparar sin mirar mucho a quién, grupúsculo de violentos o no, a culpables de tener hambre, de denostar la más desalmada reforma tributaria concebida en este país, de ser el “otro” cuya sola existencia ofende a la siniestra secta del uribismo. Como en efecto ha sucedido: 14 muertos en las calles, 3 desaparecidos, 28 heridos (muchos de ellos graves) y cientos de detenidos de incierto paradero sería el balance de víctimas en Cali al segundo día de protestas, según denuncia la Red de Derechos Humanos Francisco Cifuentes.
Y la poderosa prensa gobiernista calla, glorifica el “sacrificio” de una Fuerza Pública que agrede –armada y acorazada– a la población inerme, e invierte grotescamente el sentido de los hechos: un noticiero de televisión muestra como saqueadores a quienes se dirigen a devolver lo robado a un almacén, tras recuperarlo de los asaltantes. El diario de mayor circulación reduce a 60.000 personas los millones de movilizados en el país; su única fuente, la Policía.
“Los mensajes irresponsables de Álvaro Uribe dispararon (literalmente) la tensión. No permitiremos que se masacre a nuestros jóvenes”, escribió Claudia López. Como cualquier Ortega de Nicaragua, dictador en su platanal, había escrito el agobiante expresidente del nuestro: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Rugido el más reciente de quien había ya escrito, con ocasión del paro de 2019, “si la autoridad serena, firme y con criterio social implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”. O su bendición de “buen muerto” para un contrario asesinado.
Si en Cali la red de Derechos Humanos exige investigar quién dio a la Fuerza Pública la orden de disparar, en Bogotá un trino de su Alcaldesa sugiere que persisten tensiones entre la burgomaestre y el cuerpo armado de la capital. En contravía de su autoridad, en virtual insubordinación de los uniformados contra el poder civil que en Colombia prevalece sobre el militar, disparó el Esmad el año pasado contra la multitud: 13 protestantes murieron. Que habría todavía vallas obstruyendo órdenes de la Alcaldesa a la Policía de Bogotá lo sugiere el último trino de López: “Después de muchos esfuerzos retiramos el Esmad de todos los puntos y garantizar el retorno a casa”. También aquí hace falta saber quién da o quiere dar órdenes a la Policía.
El dramatismo de las protestas contra la Tributaria, pringadas de violencia, deriva de la golpiza que se avecinaba contra las clases más aporreadas por la pandemia: las asalariadas y vulnerables. Del alarmante crecimiento de la pobreza y del desempleo que Daniel Oviedo, director del Dane, revela: hoy alcanza la pobreza a más de 21 millones de colombianos. ¡21 millones carecen de lo necesario para alimentarse y abrigarse bajo techo! El desempleo alcanza el 16,8%. Si Colombia ocupa el tercer peor lugar del mundo en manejo de la pandemia, descuella también por su avaricia para auxiliar a los damnificados: mientras destina mares de recursos a los bancos, cree aliviar a una franja de los más pobres con caridades de miseria y abandona a las pequeñas empresas. No será la primera vez que el hambre y la rabia produzcan un estallido social gestado en décadas de humillación y desigualdad. Dar plomo al ciudadano al grito de guerra “ajúa” no hará sino repotenciar aquel polvorín y alinear al pueblo contra la ruindad de este Gobierno y su partido.
