por Cristina de la Torre | Nov 28, 2023 | Noviembre 2023, Campesinado, Protesta social, Lavado de activos, Industria agrícola, Paz Total, Justicia tributaria, Desarrollo agrícola, Seguridad Alimentaria, Industrialización, Violencia, Desplazamientos, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Derecha, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Tierras, Partidos, Uribismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, La paz, Política agraria, Posconflicto, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado
Con patético gesto de tragedia descubre nuestra derecha el agua tibia: que el catastro podría conducir a la reforma agraria, sin alzamiento revolucionario ni alharaca, como lo demostró hace décadas don Hernán Echavarría Olózaga. El exministro Andrés Valencia adivina ahora, perspicaz, el aleteo de aquella reforma tras el proyecto para modular el predial. El gran latifundio acapara en este país 80% de la tierra feraz, apenas si la explota, paga impuestos irrisorios o ninguno, lleva 30 años bloqueando la información sobre propiedad y uso de la tierra y, sin embargo, vocifera, protesta, amenaza. Perora Jaime Alberto Cabal desde el uribismo contra este atentado a la iniciativa privada, a la inversión, al derecho de propiedad. También a Germán Vargas le resulta “confiscatorio” el impuesto predial, si bien sueña con la aprobación del proyecto, “para ahora sí ver millones de colombianos marchando enfurecidos”.
La iniciativa apunta, por el contrario, a proteger el bolsillo del contribuyente, a poner topes al impuesto. Pero este señorío de fusta y de motosierra, arrellanado en privilegios que asume como graciosa concesión del destino, tergiversa el proyecto y aprovecha para reivindicar lo suyo: la tierra casi siempre pelada, acaso con vaca por hectárea, rentando por valorización o como lavado de activos. Especulación y delito. Esta belicosa avanzada ha tenido siempre por diabólica la alternativa de ponerla a producir. Peor aún, si el catastro multipropósito es instrumento de la reforma rural contemplada en el Acuerdo de Paz que este Gobierno sitúa en el centro del acuerdo nacional: productividad, inclusión territorial y desarrollo productivo de la tierra son su divisa.
Tres décadas llevamos tratando de actualizar el catastro. En 915 municipios el valor de la tierra figura por menos de la quinta parte del real: avalúo enano y precio comercial astronómico. Si el fenómeno cunde en la Costa Norte, hay en Girardot propiedades que pueden valer hasta $5.000 millones y figuran por sólo $300 millones. Y la desigualdad en favor de la gran propiedad campea: en 2009 el avalúo catastral de sus predios era siete veces menor que el de la hectárea en minifundio. Así mismo se calcula el impuesto.
Mas el interés del catastro desborda el meramente fiscal, fuente principal de ingresos del municipio. Es que contempla el valor económico del predio, su uso, su vocación económica y su dueño. Resulta determinante en planificación y ordenamiento del territorio, y da seguridad jurídica a la propiedad.
Para el empresario y exministro Echavarría, el impuesto a la tierra ataca la pobreza en el campo. Porque compele a invertir en actividad productiva, no especulativa: ante el impuesto real sobre el predio, tendría su propietario que explotarlo a derechas o venderlo. Mucha tierra se liberaría, bajaría su precio en el mercado y, en medida semejante, los precios de los alimentos. Milagro de la tierra que pasa de manos improductivas a manos productivas. Si estuviera ella bien grabada, no andaría acaparada -sentencia. Una revolución sin gota de sangre. Y es esto lo que aterroriza literalmente al aguerrido latifundismo: no sólo por el nuevo destino de la tierra sino por el ahorro de sangre.
En el corazón de nuestras guerras estuvo siempre el conflicto por la tierra. Repartir, restituir, formalizar, industrializar, extender los apoyos del Estado a toda la población del campo son componentes de la reforma agraria que la gran propiedad rural ha frustrado desde 1936. Es hora de acometerla, desde el catastro multipropósito, como estandarte mayor del acuerdo nacional y presupuesto inescapable de la paz. Sin reforma agraria no habrá paz.
por Cristina de la Torre | Jun 27, 2023 | Campesinado, Junio 2023, Conversaciones de Paz, Guerrillas, Industria agrícola, Justicia tributaria, Farc, TLC, Desarrollo agrícola, ELN, Industrialización, Violencia, Gustavo Petro, Inseguridad Alimentaria, Restitución de Tierras, Iván Duque, Derecha, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Uribismo, La paz, Política agraria, Acuerdos de paz, Proceso de paz
Tras largo rosario de intentos de cambio, ahogados a menudo en sangre, dos hechos trascendentales dan nueva fisonomía a la reforma rural en este Gobierno. El reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos y la creación de la jurisdicción agraria para resolver los conflictos de tierras, por un lado. Por el otro, la integración de Fedegán -el sector más beligerante entre enemigos de la transformación del campo- a la política de redistribución de tierra y, aun, a la negociación de paz con el Eln. Sí, la paz pasa por corregir el aberrante modelo de propiedad y uso de la tierra en Colombia, campeón del continente en inequidad. Por lo visto, no quiere el presidente excluir de la negociación de paz, como sucedió con Santos, a la ultraderecha política (y sus terratenientes), parte de ella instrumentalizada por el paramilitarismo que fuera contraparte armada de esa guerrilla. Negado el Acuerdo con las Farc por acción de las derechas que montaron un tinglado tenebroso de amenazas y mentiras, éste se renegoció después a tres bandas. Reformulación que la deslealtad del uribismo trocó en sabotaje a la paz, a instancias de Duque, el retardatario.
A la paz abona también la jurisdicción agraria que acaba de aprobarse. Ella permitirá cerrar litigios sobre derechos de propiedad, cuando la arbitrariedad ha favorecido el despojo, y la ambigüedad impera en porción alarmante de títulos de predios. Permitirá, además, obrar sobre ocupación abusiva de baldíos, proteger el territorio y, a la postre, asegurar la soberanía alimentaria del país. Con jueces agrarios y especialistas en tan variada problemática, se trazarán procedimientos expeditos para agilizar la solución de los conflictos. El reconocimiento de los derechos políticos del campesino facilita su acceso a la tierra y al crédito, al desarrollo, a la agricultura familiar. Desbroza camino hacia la reforma rural integral.
Mucho se espera de la nueva política agraria en el país donde un millón de hogares campesinos tienen menos tierra que una vaca. Según Oxfam, de las 43 hectáreas de uso agropecuario sólo 8 se destinan a agricultura; el resto a ganadería, que es casi siempre extensiva. El 1% de las fincas grandes abarca aquí el 81% de la tierra. La desafiante concentración de la propiedad rural se agudizó en las últimas décadas: al calor del conflicto, expandieron los grandes propietarios sus predios con tierras arrebatadas a campesinos y usurpadas a la Nación.
Carlos Lleras le sumó a la reforma agraria de los años 60 políticas de industrialización del campo, con protección de sus productos y creación desde el Estado de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Divisa del gremio fue “pasar de sirvientes de los ricos a propietarios de tierra”. Pero la modernización propuesta suponía redistribuir tierra y presionar al latifundio improductivo a cultivar sus inmensas extensiones. En discurso de inauguración de la Anuc, abogó Lleras por una reforma agraria radical y declaró que “sin la presión organizada del campesinado no habrá reforma agraria”. A poco, hundiría la reforma Pastrana Borrero en Chicoral.
Una nueva iniciativa, la Ley 60 de 1994, se ahogó, como sucumbió media producción nacional entre mares de productos importados al calor de la apertura económica. El mundo rural cambió, señala Basta Ya; de él se enseñoreó el narcotráfico y se desplegó un acelerado proceso de “ganaderización”, gracias a la compra masiva de tierras por el narcotráfico. Concentración de la tierra y ganadería extensiva se ampliaron mientras la pobreza golpeaba al campesinado.
Si de negociar la paz con los ganaderos se trata, ya Petro ofreció su parte: comprarles tierra a precio comercial. Podrá ahora exigirles que no se atraviesen en la restitución legal de tierras, que pongan a producir sus heredades y que paguen impuestos.
por Cristina de la Torre | Nov 22, 2022 | Justicia tributaria, Reforma tributaria progresiva, Pacto Social, Impuesto progresivo, Desarrollo sostenible, Seguridad Alimentaria, Economía productiva, Violencia, Capitalismo Social, Reformas liberales, Corrupción Electoral, Reforma tributaria, Neoliberalismo, Seguridad social, Modelo Económico, Política económica, Corrupción, Clientelismo, Noviembre 2022
No se cansa Petro de sorprender. Logra la reforma tributaria más progresiva en la historia de Colombia, avanza hacia una paz total, inicia la que parecía imposible reforma agraria cooptando a su archienemigo, Fedegán; en la convicción de que la paz se transa entre antagonistas, no entre amigos, integra a José Félix Lafaurie al equipo negociador con el Eln. Y ahora presenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo, una mirada estratégica del país anhelado, convertida en grosero agregado de partidas sin jerarquía ni concierto. Presupuesto con pretensiones de plan donde pescaron políticos, funcionarios, contratistas y empresarios a menudo de dudosa ortografía. Este plan, en cambio, sentaría bases para proteger la vida desde un nuevo contrato social enderezado a superar injusticias y exclusiones históricas, a clausurar la guerra, a cambiar la relación con el ambiente, a lograr una transformación productiva sustentada en la ciencia y en armonía con la naturaleza.
Pese a sus alcances, el condensado del Plan no transige con la grandilocuencia. Bajo la batuta de Jorge Iván González, objetivos y proyectos parecen acompasarse para escalar hacia metas tan ambiciosas como ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, transformación productiva y derecho a la alimentación. La sostenibilidad del modelo irá de la mano con la equidad y la inclusión, y con la interacción entre campo y ciudad. Pero dependerá dramáticamente de la capacidad del DNP para coordinar todas las instituciones públicas en función de las transformaciones propuestas, donde el catastro multipropósito cumple papel medular. Para recuperar esta visión de largo plazo, deberá convertirse en centro de pensamiento del país -dice González- y gran articulador de los ministerios: pasar de una visión sectorial a otra de programas estratégicos. Por otra parte, se vuelve a la planeación concertada, privilegiando esta vez el sentir de la comunidad en las regiones.
Un efecto pernicioso del apocamiento del Estado que el neoliberalismo y su Consenso de Washington nos impusieron fue la decadencia de los planes de desarrollo: cercenada la función económica del poder público, trocada en negocio la seguridad social que vela por el bienestar general, privatizadas las empresas del Estado, todo fue jolgorio en el mercado. Se sacrificó el desarrollo (que reparte la prosperidad) al crecimiento para unos pocos, en la vana promesa de que su riqueza se derramaría un día por gotas de dorado metálico sobre la pobrecía. Nunca llegó ese día.
De ejecutarse este Plan, si al menos despegara en firme, se produciría un sacudón. Volvería el Estado por sus fueros como agente de cambio: en el ordenamiento del territorio, en la transformación productiva del país, en la creación de riqueza y en su mejor distribución. Lo cual supondrá aumento de la inversión pública apoyada en una mayor tributación de los sectores boyantes de la sociedad.
Mas el Plan no marcharía en contravía del sector privado, sino al paso con él. Como estuvo al uso durante décadas en la región, con altibajos y vacíos, sí, de no repetir. Pero la fórmula renace en circunstancias nuevas, ahora como contrapartida al modelo diseñado no para catapultar el desarrollo y redistribuir sus beneficios, sino para solaz de banqueros, importadores y mercaderes de ocasión. Ahora se le devuelven al Estado la dirección general de la economía y funciones de intervención bajo los parámetros del capitalismo social. Dice el presidente Petro que sin cambio productivo y sin inversión pública en capital social no habrá desarrollo. Reto colosal que podrá sortearse con los dispositivos del director de Planeación pero, sobre todo, con el empuje de las mayorías que desesperan del cambio. Ha surgido, por fin, un plan para el desarrollo. Enhorabuena.
por Cristina de la Torre | Sep 13, 2022 | Fascismo, Justicia tributaria, Impuesto progresivo, Violencia, AUC, Derecha, Paramilitarismo, Modelo Político, Partidos, Izquierda, Conflicto armado, Internacional, Iglesias, Régimen político, Septiembre 2022
La tentación fascista no murió en nuestro país con el aparente intento de instaurar sin disimulos un Estado totalitario el 6 de septiembre de 1952, mar de fondo en el incendio de la prensa y de las casas de los líderes liberales, que medraban en la oposición al Gobierno conservador. Aquel impulso convertido en llamas serpentea en el pantano de la política-a-tiros y levanta su cabeza periódicamente desde los meandros más oscuros del poder. Más allá de un régimen formalizado como fascista, rugen aun sus motores mayores: la violencia como misión y la militarización de la política.
Ayer fue conflagración. Después, savia que un estatuto de seguridad bebió de dictaduras del Cono Sur, para evolucionar como política de Estado afincada en falsos positivos. Respiró en el movimiento Morena de autodefensas en el Magdalena Medio, mediante asociación de ganaderos emparentada con ésta cuyo jefe convoca hoy, de nuevo, la “reacción solidaria inmediata” que diera origen al paramilitarismo. Se exhibió en 2020 como acción intrépida de paramilitares contra manifestantes en las calles de Cali. En la veneración de Hitler por un candidato que casi gana la presidencia con apoyo de la derecha en pleno. En celebración de la escuela de Policía de Tuluá, ataviados sus agentes con uniformes de la SS. En la exhibición de símbolos del ejército nazi en el Gun Club de Bogotá.
70 años han pasado desde cuando turbas incendiaron los diarios El Espectador y El Tiempo, la Dirección Nacional Liberal, y las casas de López Pumarejo y Lleras Restrepo. Acoge el historiador Guillermo Pérez la hipótesis de que tras los disturbios obraba el propósito, largamente acariciado, de entronizar una dictadura de partido único, corporativista y católica como la de Franco en España o la de Oliveira Salazar en Portugal. Mas, pese a la evidente participación de la Policía en los hechos y a la negligencia de las autoridades para conjurarlos, todo quedó envuelto, como envueltos quedaron los muertos de la Violencia, en espesa nube de silencio.
Julio Gaitán y Miguel Malagón recuerdan que, conforme alcanzaba su cénit el nazi-fascismo en la Europa de los años 30 se sembraba América Latina de dictaduras militares, pero en Colombia accedía el liberalismo al poder tras 40 años de hegemonía conservadora. A la reforma liberal opuso la reacción, la Iglesia Católica al canto, fiera oposición plasmada en estandartes hispanistas de Dios, patria, familia, tradición y propiedad, contra la “barbarie moscovita”, la masonería y la diabólica revolución del liberalismo, que es pecado. Y cantaron los líderes su credo de viva voz.
Pronostica Silvio Villegas, director del periódico La Patria, que “las masas desencantadas de la actividad democrática terminarán por buscar en métodos fascistas la reivindicación de los derechos conculcados”. Y Laureano Gómez exclama en acto público de exaltación a la España victoriosa de la guerra civil: “en sus falanges inscribimos nuestros nombres con gozo indescriptible”. 15 años después, en 1952, plasmará la doctrina del corporativismo fascista en su propuesta de Estado autoritario, con los expresidentes y el arzobispo de Bogotá en olor de senadores vitalicios. Integrado por gremios y corporaciones, era éste contrapartida al Estado democrático liberal: no podían ahora esas organizaciones denostar el Estado, como era costumbre en la Edad Media, sino someterse, cooptadas a la brava, a su voluntad de hierro.
De la historia no queda sólo el eco: hoy como ayer proliferan grupos, lances y aventuras fascistas que, para descalificarlo, meten dentro del mismo saco del comunismo hasta el más modesto intento de justicia social. Si reforma agraria, la Violencia y el despojo. Si tributo progresivo, vociferan “¡anatema!”. Si paz, la guerra, edén de cuanto fascista pisó la tierra, llámese Ortega o Bolsonaro.
por Cristina de la Torre | Ago 23, 2022 | Justicia tributaria, Reforma tributaria progresiva, Gustavo Petro, Iglesias, Agosto 2022
En este país de privilegios, exonerar de impuestos a iglesias opulentas es una inmoralidad, una bofetada a la mar de fieles que las engordan menguando aun más la magra mesa que les da sustento. Si escandaliza la desigualdad económica remachada por el sistema tributario, alarma la ventaja concedida a quienes esquilman a la pobrecía -concurrencia dominante en los templos- que compra con óbolos y limosnas y diezmos arrancados a su flaca bolsa una compensación espiritual a la desesperanza. Arte milenaria de convertir el sentimiento religioso en oro para las arcas de pastores y prelados. Tan lucrativo el negocio en Colombia, que el número de iglesias y asociaciones religiosas trepa como la hiedra: según la Dian, el año pasado llegaron a 8.525 con personería, su patrimonio líquido a $16 billones y los ingresos brutos a $5.8 billones al año.
Katherine Miranda, la valiente, propone gravarlas con impuestos: “es un descaro -escribe- que algunos jueguen con la fe, se enriquezcan, participen en política y se nieguen a pagar impuestos (…) Colombia es un Estado laico, si una iglesia no cumple función social y (se limita a) amasar fortuna, que pague impuestos”. Casi todas, agrega, hacen política y usufructúan el poder; se llenan de plata mediante el asalto moral al incauto. Usan el Estado laico a conveniencia: sí, para volverse partido; no, para pagar impuestos.
Ya hace un tiempo se aludía en este espacio a la explosión de iglesias que se autodenominan cristianas y se consagran al despojo de inocentes. La anhelada libertad de cultos que la Carta del 91 entronizó ha degenerado en osadías mercantiles de muchas iglesias, no de todas, que nacen en garaje y, a poco, son manzana. O coliseo. Deforman su apostolado en exacción de la grey. Gracias, también -escribía aquí- al poder que emana de oficiar a un tiempo como iglesia y como partido, bajo la divisa de “un fiel, un voto” (¡y un diezmo!): explosiva aleación de religión y política, a imitación de la jerarquía católica, poder de poderes cuya participación en la conflagración partidista le dio a la Violencia del siglo pasado connotaciones de guerra santa.
Ambigua, contradictoria, esta jerarquía se suma al veto de la paz en el referendo de 2016 y, sin embargo, defiende a los perseguidos de la violencia y hoy contribuye generosamente a diálogos de paz. De la misma manera, iglesias evangélicas hay dedicadas en un todo a la obra social. Pero al parecer son las menos: el grueso monta la escuelita de mostrar, migaja del obeso pastel del que no rinde cuenta al fisco, ni a nadie. La misma coartada del latifundista improductivo que, para simular explotación de su tierra y eludir así el impuesto, pone a pastar media vaca por hectárea.
El estatus fiscal de la Iglesia Católica se remonta al Concordato firmado por la Regeneración en 1886. El tratado con la Santa Sede principia por devolverle parte sustantiva de los bienes incautados dos décadas atrás por el radicalismo liberal, única avanzada contra el patrimonio inconmensurable de la institución religiosa. Y le ratifica la exoneración de todo impuesto. En 1974 lo renovó Misael Pastrana y la Constitución del 91 extendió la gabela a todas las iglesias: democratizó el estropicio.
Rico en audacias y sorpresas de cambio -entre ellas la auspiciosa energía del director de la Dian, Luis Carlos Reyes, para defender la reforma tributaria- pecaría, no obstante, Petro en materia grave si desestimara la iniciativa de la representante Miranda, que interpreta un viejo anhelo popular. Y éste no puede despacharse con la tautología de que, como las iglesias nunca han pagado impuestos, tampoco ahora deben pagarlos. ¿Sacrificará el Gobierno su bienandanza y compromiso histórico al equívoco aporte en campaña de un pastor? ¿Se doblegará al obsceno emporio de los mercaderes de la fe?
