por Cristina de la Torre | Nov 29, 2022 | Fuerzas Armadas, Justicia restaurativa, Pacto Histórico, ELN, Izquierda, Conflicto interno, La paz, Posconflicto, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Actores del conflicto armado, Noviembre 2022
Sentimientos encontrados se tejen en la reanudación de diálogos con el ELN: esperanza, pues esta vez concurren circunstancias inéditas que prometen allanar el camino de la paz; pero también desconcierto porque sería ésta la primera vez que se negocie un conflicto sin exigir entrega de las armas, es decir, sin garantía de terminarlo. Además, podrían ellas derivar en espada de Damocles para presionar el cumplimiento de cada decisión parcial que la mesa adopte. Así, el ELN actuaría como veedor armado sobre el ejercicio del Gobierno legítimo y aumentaría el poder del fusil para contiendas menos nobles. Como su batalla por rutas del narcotráfico.
Entre las ventajas de este proceso, descuella el que nunca había la insurgencia negociado con un Gobierno de izquierda, abanderado de reformas parecidas a las que el ELN agitó y voz del pueblo que esa guerrilla presume representar. Al punto que ésta bien podría decretar pacto de adhesión al programa que triunfó en las urnas gracias al Acuerdo de La Habana y a la presión de los inconformes en las calles. No lo hará. Sobre todo porque cuidará la prolongación indefinida de la mesa como tribuna de propaganda ante el mundo, recurso archiconocido del ELN.
Tampoco se había integrado en el cuerpo de negociadores oficiales a un José Félix Lafaurie, vocero del partido y de elites agrarias que han fungido como ardorosos enemigos de la paz. Ni había sido tan completa y diversa la representación de la sociedad en el equipo negociador. Un gran motivo de esperanza: que la suerte de la negociación se depositara en la inteligencia, la experiencia y la sindéresis de Otty Patiño, con la Constitución del 91 como barrera infranqueable. Y la decadencia ideológica del ELN, que sustituyó la lucha por el poder del Estado para erigirse en alternativa, por la guerra de varios de sus frentes contra rivales para prevalecer en el narcotráfico. Poder militar y económico que hiere de muerte el carácter político de esa guerrilla.
Mas contra estas auspiciosas circunstancias conspira el objetivo declarado: no buscar que el ELN entregue las armas, sino que no las dispare. Fórmula matizada por el proyecto temporal de desescalar el conflicto mediante una agenda humanitaria para ahorrar sufrimiento a la población, cese el fuego y acuerdo final en la mira. Como acaba de anunciarlo la mesa. Ya se aludía en este espacio a las objeciones de Sergio Jaramillo al modelo de negociación por acuerdos parciales, de concesiones sin contraprestación, porque no garantizan el desarme final, que es la finalidad de todo proceso de paz. Ni asegura la desmovilización de los poderosos mandos medios, ni el desmonte de los negocios ilícitos.
Tampoco habla (¿hablará?) de las víctimas: de los 450.664 muertos habidos en el conflicto sólo entre 1985 y 2018 (la mayoría civiles según la Comisión de la Verdad) 122.000 de los cuales corren por cuenta de las guerrillas; ni de los 9.646 secuestrados por el ELN. ¡9.646! Ni de Machuca, la dantesca conflagración de un río por acción del grupo armado contra el oleoducto, que causó 84 muertos. Ni pide perdón por el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía que cobró hace tres años la vida de 22 muchachos.
Promisorio podrá resultar el diálogo, pero sin reconocer el horror causado, sin allanarse a la justicia y sin deponer las armas, será canto de sirena. De la cabal implementación del Acuerdo de la Habana, de la eficacia en los planes contra la pobreza, de la acción persuasiva de una Fuerza Pública que mantenga en alto la guardia y de la entereza de los negociadores del Gobierno dependerá el buen suceso de esta negociación de paz. Paz sujeta a la desmovilización final del ELN, no convertida en apaciguamiento. Paz en armas es contradicción en los términos.
por Cristina de la Torre | Nov 22, 2022 | Justicia tributaria, Reforma tributaria progresiva, Pacto Social, Impuesto progresivo, Desarrollo sostenible, Seguridad Alimentaria, Economía productiva, Violencia, Capitalismo Social, Reformas liberales, Corrupción Electoral, Reforma tributaria, Neoliberalismo, Seguridad social, Modelo Económico, Política económica, Corrupción, Clientelismo, Noviembre 2022
No se cansa Petro de sorprender. Logra la reforma tributaria más progresiva en la historia de Colombia, avanza hacia una paz total, inicia la que parecía imposible reforma agraria cooptando a su archienemigo, Fedegán; en la convicción de que la paz se transa entre antagonistas, no entre amigos, integra a José Félix Lafaurie al equipo negociador con el Eln. Y ahora presenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo, una mirada estratégica del país anhelado, convertida en grosero agregado de partidas sin jerarquía ni concierto. Presupuesto con pretensiones de plan donde pescaron políticos, funcionarios, contratistas y empresarios a menudo de dudosa ortografía. Este plan, en cambio, sentaría bases para proteger la vida desde un nuevo contrato social enderezado a superar injusticias y exclusiones históricas, a clausurar la guerra, a cambiar la relación con el ambiente, a lograr una transformación productiva sustentada en la ciencia y en armonía con la naturaleza.
Pese a sus alcances, el condensado del Plan no transige con la grandilocuencia. Bajo la batuta de Jorge Iván González, objetivos y proyectos parecen acompasarse para escalar hacia metas tan ambiciosas como ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, transformación productiva y derecho a la alimentación. La sostenibilidad del modelo irá de la mano con la equidad y la inclusión, y con la interacción entre campo y ciudad. Pero dependerá dramáticamente de la capacidad del DNP para coordinar todas las instituciones públicas en función de las transformaciones propuestas, donde el catastro multipropósito cumple papel medular. Para recuperar esta visión de largo plazo, deberá convertirse en centro de pensamiento del país -dice González- y gran articulador de los ministerios: pasar de una visión sectorial a otra de programas estratégicos. Por otra parte, se vuelve a la planeación concertada, privilegiando esta vez el sentir de la comunidad en las regiones.
Un efecto pernicioso del apocamiento del Estado que el neoliberalismo y su Consenso de Washington nos impusieron fue la decadencia de los planes de desarrollo: cercenada la función económica del poder público, trocada en negocio la seguridad social que vela por el bienestar general, privatizadas las empresas del Estado, todo fue jolgorio en el mercado. Se sacrificó el desarrollo (que reparte la prosperidad) al crecimiento para unos pocos, en la vana promesa de que su riqueza se derramaría un día por gotas de dorado metálico sobre la pobrecía. Nunca llegó ese día.
De ejecutarse este Plan, si al menos despegara en firme, se produciría un sacudón. Volvería el Estado por sus fueros como agente de cambio: en el ordenamiento del territorio, en la transformación productiva del país, en la creación de riqueza y en su mejor distribución. Lo cual supondrá aumento de la inversión pública apoyada en una mayor tributación de los sectores boyantes de la sociedad.
Mas el Plan no marcharía en contravía del sector privado, sino al paso con él. Como estuvo al uso durante décadas en la región, con altibajos y vacíos, sí, de no repetir. Pero la fórmula renace en circunstancias nuevas, ahora como contrapartida al modelo diseñado no para catapultar el desarrollo y redistribuir sus beneficios, sino para solaz de banqueros, importadores y mercaderes de ocasión. Ahora se le devuelven al Estado la dirección general de la economía y funciones de intervención bajo los parámetros del capitalismo social. Dice el presidente Petro que sin cambio productivo y sin inversión pública en capital social no habrá desarrollo. Reto colosal que podrá sortearse con los dispositivos del director de Planeación pero, sobre todo, con el empuje de las mayorías que desesperan del cambio. Ha surgido, por fin, un plan para el desarrollo. Enhorabuena.
por Cristina de la Torre | Nov 15, 2022 | Violencia, Capitalismo Social, Estado de Derecho, Nueva Izquierda, Socialdemocracia, Neoliberalismo, Derecha, Izquierda, Internacional, Personajes, Noviembre 2022
Hace 20 años llegó Lula a la presidencia de Brasil como candidato del Partido de los Trabajadores; hoy gana en cabeza de una coalición que abarca desde la izquierda socialista hasta la derecha republicana. Su vicepresidente será un hombre de centro-derecha. También triunfaron Petro en Colombia y Boric en Chile mediante alianza gestada en el apremio de salvar la democracia, en sociedades descuartizadas por la dinámica “libertaria” del sálvese-quien-pueda, tierra abonada para mesías sedientos de poder. Nirvana de los Bolsonaro que añoran la dictadura militar, de los neonazis discípulos de Pinochet, de los Rodolfo Hernández que se reclaman prosélitos de Hitler. En su insubordinación ultraconservadora, cooptan ellos el descontento con el establecimiento para terminar por afianzar su arbitrariedad y sus violencias.
En disputa por el favor popular (más turbamulta que fuerzas organizadas) la nueva izquierda ha jubilado sus anacronismos. Ni insurrección armada; ni lucha de clases en cabeza de vanguardias obreras inexistentes o menguadas por la desindustrialización que expande la anárquica informalidad; ni dictadura del proletariado, ni dictadura alguna. En lugar de revolución, democracia y reforma para un cambio sin retorno. Alternativas al alzamiento reaccionario contra el Estado liberal y el capitalismo social-solidario, ornado de patria, dios, familia propiedad y riqueza labrada en el hambre de los más. Viraje medular de esta nueva izquierda, reconfigura la política en la región. Y desafía lo mismo la deriva autocrática de Bolsonaro que las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Esta victoria no es mía -proclamó en su parte de victoria Lula- ni del PT, ni de los partidos que me apoyaron; es victoria de un inmenso movimiento democrático que se formó por encima de los partidos, de los intereses personales y los ideológicos, para que triunfara la democracia. Y su prioridad será, de nuevo, hambre cero: que todos los brasileños puedan desayunar, almorzar y comer. Mas no fue un choque del pueblo con la elite del poder, pues aquel se repartió por mitades entre opciones opuestas: la del cambio, y la de manipulación de la rabia contra el estatus quo, pero no para golpearlo sino para reforzarlo.
Manes del populismo de derecha, que es antiliberal en política y ultraliberal en economía: de vuelta al individualismo radical y a la libertad económica sin control que deriva en monopolio, destruye a un tiempo el principio solidario que cimenta el tejido social y toda garantía de equidad. En la otra orilla, se pone el énfasis en la igualdad, en el Estado de derecho, en la justicia social. El enfrentamiento será, a la postre, entre autoritarismo y democracia.
Atomizada la sociedad, debilitados los partidos, hoy se transita en América Latina de la lucha de clases a la lucha entre bloques policlasistas. La izquierda parece haber asimilado por fin el golpe de la caída del muro de Berlín, el desplome de la ortodoxia que irradiaron los partidos comunistas del bloque chinosoviético. La desindustrialización provocada por la apertura neoliberal en estas décadas sumó nuevas barreras a la formación de un proletariado en nuestros países y frustró en el huevo el modelo de partido revolucionario que campeó en la Europa industrializada.
Y sin embargo, el regreso de Lula, el ascenso de Petro y de Boric, entre otros, bebe en la fuente de la socialdemocracia europea. Su versión criolla, depurada por la Cepal, fue fórmula del Estado promotor del desarrollo pero sucumbió a los garrotazos del Consenso de Washington. Antípoda del añoso populismo caudillista que Uribe y Fujimori resucitaron en formato neoliberal, fue calibrada ya cuando Lula sacó de la pobreza a 35 millones de brasileños y convirtió a su país en séptima potencia del mundo. Se sacude la izquierda sus anacronismos.
por Cristina de la Torre | Nov 8, 2022 | Reforma tributaria progresiva, Impuesto progresivo, Economía extractivista, Reformas liberales, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Modelo Económico, Política económica, Justicia, Corrupción, Clientelismo, Modelo Económico en Colombia, Noviembre 2022
En treinta años de campaña contra la búsqueda de igualdad y democracia económica que fuera idea tutelar del liberalismo, nunca había llegado su partido tan lejos como esta vez contra la reforma tributaria más progresiva en la historia de Colombia. Salvo, tal vez, la adhesión de muchos en el notablato liberal a la desafiante respuesta del conservatismo a la reforma de marras en 1936. A instancias del jefe César Gaviria, promotor del modelo que sacrificó justicia social al mercado y socio del banquero mayor, entregó ahora la bancada liberal hasta su último aliento para hundir la reforma que exacerba la avaricia de la plutocracia. No lo logró, pero contribuyó a cercenar la quinta parte a su potencial de recaudo original.
Hundió el impuesto a los muy terrenales negocios de las iglesias; empujó la exoneración del gravamen a las megapensiones, el más grosero símbolo de privilegio; luchó contra afectaciones al patrimonio, a las zonas francas, a las bebidas azucaradas que minan la salud de la gente. Y se empleó a fondo por la deducibilidad de regalías en el cálculo del impuesto de renta para petroleras y carboneras. Acaso porque, según Las2orillas, fue accionista Gaviria de la firma de hidrocarburos MC2, socia del Grupo Aval. Si el otro jefe liberal, Germán Vargas, negó de plano la reforma, Gaviria soñó con reducirla a la mitad. Deshonrando la memoria de la colectividad que había empuñado la bandera de los pobres, desdeñaban aquellos ahora el pronunciamiento popular de las calles y las urnas, al cual responde esta reforma proyectada sobre todo para ampliar el gasto social en un país atribulado por la pobreza. Reforma que acerca por fin a Colombia al promedio impositivo de América Latina.
Las regalías son pago por usufructuar el subsuelo irreparable de la nación. ¿Por qué habría de regalárseles a firmas opulentas que, aun en tiempo de bonanza, se niegan a ajustar en mísero 3% el impuesto que se les cobra por doquier? Su tasa efectiva de tributación es 38%, no el 80% que la fantasiosa Andi le atribuye. Hasta 1989 se pagaba 2% de impuesto sobre el patrimonio; hoy lo revive este Gobierno con canon de 1% en promedio y el establecimiento se desgañita a voces de ¡terremoto, calamidad, desastre! Varias veces lo entregaron nuestros ricos con emoción patriótica para financiar las guerras de la Seguridad Democrática; pero ahora, cuando de los pobres y de la paz se trata, resulta un atentado contra la sagrada propiedad.
Atribuye la prensa el texto de objeciones de Gaviria a la reforma a Juana Caballero, vinculada a la empresa de Santiago Pardo, tributarista de Sarmiento Angulo. Si la compinchería entre elites económica y política viene de vieja data, se afianza con la privatización y la preeminencia que el sector financiero cobra con el modelo neoliberal que Gaviria introdujo. Liberalizado el sector, explica Hernando Gómez Buendía, se concentra en pocos bancos, que se enriquecen escandalosamente con las gabelas de Gaviria: no podrá el Gobierno acudir al Banco Central sino al onerosísimo crédito de la banca privada. La deuda pública es hoy fuente principal de las ganancias de la banca colombiana, explica Gómez, que han cambiado la composición sectorial de la economía: en 20 años, pasaron los bancos de generar el 8.8% del PIB al 22% en 1.917. Un cambio sin precedentes en el mundo. La Carta del 91 -remata- acabó por entregarle la economía del país a grupos financieros gigantes: al Grupo Empresarial Antioqueño, al Grupo Bolívar y al Grupo Aval. Y el franciscano ajuste del 5% en impuestos al sector provocó, empero, más de una protesta. Abominable.
En esta sociedad del privilegio, inmóvil, sus elites -la del trapo rojo a la cabeza- juzgan apocalíptico todo gesto de cambio en democracia. Así se autoinflige el Partido Liberal el puntillazo final. Responsos se le rezan ya.8
por Cristina de la Torre | Nov 1, 2022 | Mujer, Personajes, Noviembre 2022
Garra y pundonor de estas jugadoras que, por vez primera en la historia del fútbol nacional, batallando contra viento y marea, le dieron a Colombia la final de un mundial FIFA. Ningún equipo de Suramérica había llegado tan lejos. Menos aún la tan publicitada selección masculina de fútbol. Sin liga profesional, financiando campañas de su magro bolsillo, hostilizadas e insultadas por los dirigentes de este deporte, abusadas sexualmente por entrenadores y sin patrocinio, fueron sus triunfos a la vez contra rivales en el terreno y contra su propia adversidad. Y tocaron el alma de sus congéneres: millones de mujeres vieron aquella invasión de la cancha, templo sagrado de la masculinidad, como conquista de un derecho. Tampoco se ahorró esta selección hace 3 meses el desafiante puño en alto en la Copa Libertadores, a los acordes del himno nacional.
No ha mucho espetó el directivo Gabriel Camargo sobre el fútbol femenino: “eso anda mal (…) eso no da ni económicamente ni nada (…) aparte de los problemas que dan las mujeres. (Ellas) son más tomatrago que los hombres y (…) caldo de cultivo del lesbianismo…”. El triunfo de las jugadoras -escribe Greace Vanegas- resulta del más largo y exigente partido de sus vidas: la resistencia a una discriminación estructural y la búsqueda de igualdad. El resultado es clamoroso: la selección femenina fue a dos mundiales, a dos olímpicos, recibió el oro en los Panamericanos de Lima y el subcampeonato de la Copa América. Logró cupo al mundial de Australia el año entrante y a los Olímpicos en 2024. La arquera Luisa Agudelo, de 15 años, brilla en el orbe, la secunda Gabriela Rodríguez y Linda Caicedo podrá ser la mejor artillera del mundo en su categoría.
Pero el afrentoso Ramón Jesurún, presidente de la Federación implicado con otros directivos en la fraudulenta reventa de boletas para un mundial por lo cual la Federación tuvo que pagar una primera multa de $16.000 millones, había negado el premio a las jugadoras. 48 horas después, no bien pasaron a la final, negó lo dicho y requetedicho y, resoplante, el signo pesos dibujado en la pupila, se subió al carro de la victoria. ¿Le alcanzará la contrición para reintegrar en la Selección a jugadoras como Isabela Echeverri y Yoreli Rincón, ninguneadas por haber reivindicado sueldo y viáticos y reconocimiento de los premios económicos y trato digno y liga femenina para el equipo? ¿Para salvar el abismo entre selecciones masculina y femenina, con dos millones diarios en viáticos para ellos y cien mil pesos para ellas?
Raro privilegio en un país donde los deportistas, hombres y mujeres, se hacen a pulso, olvidados de dios y del Estado y de los patrocinadores que sólo aparecen cuando el deportista descolló en su lucha solitaria contra la pobreza y el desdén de los que mandan. Maria Isabel Urrutia, para comenzar, primer oro olímpico de Colombia, íngrima, hoy ministra del Deporte, acaba de recordarlo: “ninguno de nosotros viene de estrato siete, venimos de las periferias, de los municipios más abandonados, de los barrios de invasión”. Linda Caicedo, Rigoberto Urán, Cochice Rodríguez, Catherine Ibargüen, Nairo Quintana… La ministra ha negociado campeonato femenino de primera división, liga de fútbol estable, premio decente por la final, sueldo digno y estable, oportunidades educativas y protección legal por acoso y violencia sexual.
Dos batallas deben librar nuestros deportistas: una contra el adversario en la cancha o en la pista y otra contra la pobreza. A las mujeres se les suma un tercero: el machismo arraigado en cada partícula del átomo social. Ana Bejarano escribe con razón que son las mujeres quienes revientan a balonazos su techo de cristal. Y esta selección de iluminadas ha empezado a romperlo venciendo el arco contrario y sus propias adversidades. ¡Aleluya!
