por Cristina de la Torre | Ago 29, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Industria agrícola, Industrialización, Violencia, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Tierras, Política agraria, Corrupción
El acuerdo para comprar tierra a ganaderos, más que solución económica de reforma agraria, sugiere concertación con un sector preñado de enemigos del campesinado. Sería una transacción política que intercambia ademán de paz contra haciendas a precios inflados por rentas artificiales, y pone en salmuera la opción más favorable para el Gobierno: los baldíos. Capítulo final en la saga de agresión y despojo al labriego fue la contrarreforma agraria ejecutada en estos 40 años por una troika de gamonales, paramilitares y políticos. Un botón de muestra salta a la vista: el exgobernador de Córdoba y exgerente del Fondo Ganadero en ese departamento, Benito Osorio, fue sentenciado a prisión por expropiación de tierras en asocio de paramilitares: promovió él en Urabá la expulsión de 130 familias y, a instancias de notarios, negoció sus predios a huevo. Estos terminaron en Fedegán.
Escéptico se muestra el profesor Mauricio Velásquez con el recurso a tierras del gremio y propone, en su lugar, el de titulación de baldíos, previo barrido predial. El catastro servirá para asignar predios mediante una ley de tierras que desatasque los baldíos. Aunque, precisa, más que comprarla para redistribuir, se trata de enfrentar el nudo del problema: en regiones inmensas, la guerra ha dejado en interinidad los derechos sobre la tierra y este vacío desata, a su vez, otro ciclo de guerra.
Mas la ministra Jhenifer Mojica se aplica a la ejecución de la reforma agraria más ambiciosa en 60 años, con presupuesto reforzado en función de una meta no negociable: vencer el hambre que postra a un tercio de la población; vencer la miseria de la ruralidad que agrupa la cuarta parte de la población pero concentra el 60% de la pobreza. En respuesta a la amenaza de recesión, baja intereses del 18 al 8% para la economía popular en el campo y ofrece financiamiento integrado para riego, infraestructura, almacenamiento y transformación industrial. Con este propósito, reaviva alianzas público-privadas de envergadura, como la sellada entre el Ministerio, el Banco Agrario, Finagro, Alquería y Asoleche, en industrialización del sector lácteo.
La seguridad alimentaria dependerá de transformar el latifundio improductivo en tierra cultivable, explica la funcionaria. Su instrumento principal, la compra de tierras feraces a precio comercial. El objetivo final será reunir 3 millones de hectáreas en cuatro administraciones con destino al campesinado. A la fecha se han comprado 33.000 hectáreas; entre éstas, la titulación represada de gobiernos anteriores y adjudicaciones de la SAE, se han emitido 1.200.000 títulos. Y se ha dinamizado la restitución.
Pero Velásquez desestima la fracasada fórmula de entrega individual de tierra y reivindica la pauta de la reforma rural integral con enfoque territorial: pide ley de tierras y esfuerzo sostenido del catastro capaces de entregar el predio y formalizarlo en un mismo proceso administrativo. Fuente principal de formación del fondo de tierras será la recuperación de baldíos y ésta deberá coincidir con el barrido predial. Comprar 3 millones de hectáreas, dice, no parece posible ni financiera ni administrativamente. Referente de esa ley sería la de Lula en Brasil, que adjudicó baldíos a campesinos y agroindustriales por igual. Objetivo del “cerrado” fue la producción en gran escala, de potencia agrícola.
En la tarea de diversificar fuentes de adquisición de tierras, se ofrecen los baldíos como opción principal. Porque abundan y porque, siendo informales, resultan más baratos. Si, además, se sigue la guía de don Hernán Echavarría que hermana catastro y reforma agraria, reventaría una revolución pacífica en el campo. Entonces mucho ganadero castigaría el precio artificioso de su fundo.
por Cristina de la Torre | Ago 22, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Sustitución de cultivos, Cultivos ilícitos, Desarrollo agrícola, Impuesto progresivo, Seguridad Alimentaria, Industrialización, Violencia, Desplazamientos, Inseguridad Alimentaria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, GEA, Especulación Financiera, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Salud, Educación
Un escandaloso grado de concentración del poder económico sitúa a Colombia entre los países más desiguales del mundo. En depurado análisis (Le Diplo) concluye Libardo Sarmiento que entre nuestras 2.161.000 empresas sólo 50 definen el destino del país. Reciben ellas ingresos operacionales equivalentes al 36.7% del PIB y emplean apenas el 1.3% de la fuerza laboral. Las ganancias de las mil mayores empresas subieron el año pasado 40.8%. Cinco compañías bancarias controlan el 72% del sistema financiero. En esta estructura consolidada de nuestra economía, podrá el gran capital sortear con menos afugias la difícil coyuntura: un bajón de 24% en la inversión, inducido sobre todo por la elevación de las tasas de interés por el Banco Central, conlleva menos producción, menos crecimiento de la economía y amenaza el empleo. Más debilitadas para sortear la desaceleración se verán la pequeña y la mediana empresa, el grueso del empresariado.
En el Octavo Congreso Empresarial en Cartagena, Bruce MacMaster, vocero de la Andi, se hace eco de la insistencia del presidente en allegar acuerdos con la elite económica: con el empresariado y los gremios de la producción. Propone redoblar esfuerzos para acelerar el cambio y cerrar brechas en ingresos, educación y salud. Y revitalizar el modelo de asociación público-privada en dos momentos: primero, para enfrentar las dificultades de la desaceleración inyectando inversiones en infraestructura y construcción; y, puesta la mira en el largo plazo, embarcarse en la reindustrialización.
Concedida la distancia que pueda mediar entre el discurso y la real disposición a la acción, difícil calibrar la viabilidad de la propuesta. Y no porque al gran empresariado le signifique sacrificio o concesión de privilegios, pues dinamizar la economía, crear riqueza será siempre un buen negocio. Para ricos y pobres. Es que implicaría desplazar el eje del modelo especulativo y rentista al modelo productivo, ya reducido a su mínima expresión.
De la banca de fomento que durante casi todo el siglo XX fuera motor de la industria y la agricultura, no queda sino el recuerdo. Salvo el Banco Agrario. Señala Hernando Gómez Buendía que el sistema financiero está concentrado hoy en tres actores principales, e integrado a su turno en los mayores grupos empresariales: el GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), el grupo AVAL y el grupo Bolívar. Los dos primeros monopolizan los fondos de pensiones, principal ahorro de los colombianos.
Vino el salto, inesperadamente, de la Constitución del 91, que revolcó la forma de financiar los gastos del Estado. Desde entonces, no puede el Gobierno acudir al Banco de la República sino a la banca privada, que le presta con intereses elevados. “La deuda pública -escribe Gómez Buendía- es hoy fuente principal de las ganancias que reporta cada año la banca colombiana. En 20 años pasó (el sector financiero) de generar el 8.8% del PIB al 22% en 2017. Un cambio en la composición sectorial de la economía (casi) sin precedente en el mundo. La Carta igualitaria del 91 le entregó la economía del país a dos grupos financieros gigantes”.
El pacto para transitar de un país con 22 cerrado de la riqueza hacia otro con más democracia y equidad debería principiar por un compromiso de los banqueros con el cierre financiero, a tasas mínimas, de los proyectos de infraestructura y construcción, a punto de ejecución. Con jugosos aportes a la reforma agraria en marcha (titulación, compra, entrega de tierra a campesinos y sustitución de cultivos ilícitos con adjudicación de la parcela respectiva). Y, abordada la reactivación, proyectarla hacia el complejo estratégico de la industrialización. Grupos económicos: en reciprocidad por los favores recibidos, ¡la mano al dril!
por Cristina de la Torre | Jun 27, 2023 | Campesinado, Junio 2023, Conversaciones de Paz, Guerrillas, Industria agrícola, Justicia tributaria, Farc, TLC, Desarrollo agrícola, ELN, Industrialización, Violencia, Gustavo Petro, Inseguridad Alimentaria, Restitución de Tierras, Iván Duque, Derecha, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Uribismo, La paz, Política agraria, Acuerdos de paz, Proceso de paz
Tras largo rosario de intentos de cambio, ahogados a menudo en sangre, dos hechos trascendentales dan nueva fisonomía a la reforma rural en este Gobierno. El reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos y la creación de la jurisdicción agraria para resolver los conflictos de tierras, por un lado. Por el otro, la integración de Fedegán -el sector más beligerante entre enemigos de la transformación del campo- a la política de redistribución de tierra y, aun, a la negociación de paz con el Eln. Sí, la paz pasa por corregir el aberrante modelo de propiedad y uso de la tierra en Colombia, campeón del continente en inequidad. Por lo visto, no quiere el presidente excluir de la negociación de paz, como sucedió con Santos, a la ultraderecha política (y sus terratenientes), parte de ella instrumentalizada por el paramilitarismo que fuera contraparte armada de esa guerrilla. Negado el Acuerdo con las Farc por acción de las derechas que montaron un tinglado tenebroso de amenazas y mentiras, éste se renegoció después a tres bandas. Reformulación que la deslealtad del uribismo trocó en sabotaje a la paz, a instancias de Duque, el retardatario.
A la paz abona también la jurisdicción agraria que acaba de aprobarse. Ella permitirá cerrar litigios sobre derechos de propiedad, cuando la arbitrariedad ha favorecido el despojo, y la ambigüedad impera en porción alarmante de títulos de predios. Permitirá, además, obrar sobre ocupación abusiva de baldíos, proteger el territorio y, a la postre, asegurar la soberanía alimentaria del país. Con jueces agrarios y especialistas en tan variada problemática, se trazarán procedimientos expeditos para agilizar la solución de los conflictos. El reconocimiento de los derechos políticos del campesino facilita su acceso a la tierra y al crédito, al desarrollo, a la agricultura familiar. Desbroza camino hacia la reforma rural integral.
Mucho se espera de la nueva política agraria en el país donde un millón de hogares campesinos tienen menos tierra que una vaca. Según Oxfam, de las 43 hectáreas de uso agropecuario sólo 8 se destinan a agricultura; el resto a ganadería, que es casi siempre extensiva. El 1% de las fincas grandes abarca aquí el 81% de la tierra. La desafiante concentración de la propiedad rural se agudizó en las últimas décadas: al calor del conflicto, expandieron los grandes propietarios sus predios con tierras arrebatadas a campesinos y usurpadas a la Nación.
Carlos Lleras le sumó a la reforma agraria de los años 60 políticas de industrialización del campo, con protección de sus productos y creación desde el Estado de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Divisa del gremio fue “pasar de sirvientes de los ricos a propietarios de tierra”. Pero la modernización propuesta suponía redistribuir tierra y presionar al latifundio improductivo a cultivar sus inmensas extensiones. En discurso de inauguración de la Anuc, abogó Lleras por una reforma agraria radical y declaró que “sin la presión organizada del campesinado no habrá reforma agraria”. A poco, hundiría la reforma Pastrana Borrero en Chicoral.
Una nueva iniciativa, la Ley 60 de 1994, se ahogó, como sucumbió media producción nacional entre mares de productos importados al calor de la apertura económica. El mundo rural cambió, señala Basta Ya; de él se enseñoreó el narcotráfico y se desplegó un acelerado proceso de “ganaderización”, gracias a la compra masiva de tierras por el narcotráfico. Concentración de la tierra y ganadería extensiva se ampliaron mientras la pobreza golpeaba al campesinado.
Si de negociar la paz con los ganaderos se trata, ya Petro ofreció su parte: comprarles tierra a precio comercial. Podrá ahora exigirles que no se atraviesen en la restitución legal de tierras, que pongan a producir sus heredades y que paguen impuestos.
por Cristina de la Torre | Jun 21, 2022 | Industrialización, Economía extractivista, Economía productiva, Violencia, Capitalismo Social, Estado de Derecho, Francia Márquez, Gustavo Petro, Reformas liberales, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Junio 2022
El arribo de Gustavo Petro a la presidencia del único país del subcontinente que jamás tuvo gobierno de izquierda marca el fin de una era en la historia de Colombia: declina la hegemonía de las fuerzas más conservadoras que edificaron su poder sobre el sojuzgamiento del pueblo, a menudo por la violencia. Somos sumatoria de resistencias y rebeldías contra la injusticia, la discriminación y la desigualdad, exclamó el elegido ante miles de seguidores que entre vítores y lágrimas lo aclamaban. Pero el ciclo que comienza no amenaza, como muchos temían, el sistema democrático-capitalista. Al contrario, persigue una democracia más amplia, un capitalismo social y, eso sí, llama a cuentas al establecimiento: a las élites y grupos de interés que usurpan los poderes del Estado y de la sociedad en provecho propio, sean politicastros; uniformados dados a la corrupción; especuladores con la tierra; contratistas, negociantes y avivatos que pasan por empresarios o por ministros, tantas veces aliados de delincuentes y paramilitares. Mientras mentores de la derecha delinquen y burlan la ley, Petro, el subversivo de ayer, defiende el Estado de derecho contra los muy prestantes insubordinados de hoy. Y Francia Márquez brilla en la dignidad reconocida de los nadie, que lo son casi todos en este país.
El programa del nuevo presidente respira el élan de las reformas liberales que López Pumarejo formuló en su Revolución en Marcha y cuya punta de lanza, la reforma agraria, ahogó la reacción en sangre. Educación pública y laica, defensa de los trabajadores, Estado intervencionista, reforma tributaria progresiva, función social de la propiedad, industrialización, reforma agraria fueron pautas de cambio frustradas en un todo o mutiladas. Según Hernando Gómez Buendía, este programa bien pudo convertirnos en un país capitalista, pero no llegó lejos por no existir aquí el sujeto histórico que en otras latitudes lideró la revolución burguesa. No tuvimos empresarios –escribe– sino negociantes (los primeros innovan, los segundos se contentan con vender a sobreprecio). Será el reino del rentismo.
Petro ofrece, por enésima vez, desarrollar el capitalismo en Colombia. Lo cual supondría superar las mentalidades atávicas del mundo feudal y esclavista que perdura entre nosotros, construir la democracia asegurando también el pluralismo económico. Transitar de la economía extractivista a una economía productiva que cree empleo: en aras de una mayor igualdad, producir para redistribuir. En sintonía con el liberalismo avanzado, propone devolverle al Estado su función social. Contrapartida del modelo al uso de Estado mínimo regido con lógica de empresa privada que comprime costos para elevar utilidades… que los uñones de siempre se roban. Su propuesta de renegociar el TLC con Estados Unidos para mejor proteger la economía doméstica y lanzar estrategias de industrialización y seguridad alimentaria evoca la política de sustitución de importaciones que Carlos Lleras llevó a su apogeo.
El bloqueo sistemático de las reformas que el liberalismo de avanzada ventiló hace un siglo, y de las que medran hoy, ha fundido en hierro un modelo que se resuelve en hambre para la mitad de los colombianos. Tocarlo le resulta a cierta dirigencia subversivo. Pero el país mutó, augura el fin de una historia de oprobio. Entre todos, dirá Petro, debemos reunir en una las dos Colombias que el sectarismo y el odio crearon. No vamos a usar el poder para destruir al opositor –promete– éste será siempre bienvenido en la Casa de Nariño, para concertar soluciones a los grandes problemas del país. Diálogo con todos, hacia un Gran Acuerdo Nacional para vencer las desigualdades más groseras, garantizar los derechos y asegurar la paz: he aquí la marca del ciclo político que el presidente Petro inaugura. Un viraje histórico.
