por Cristina de la Torre | Ago 29, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Industria agrícola, Industrialización, Violencia, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Tierras, Política agraria, Corrupción
El acuerdo para comprar tierra a ganaderos, más que solución económica de reforma agraria, sugiere concertación con un sector preñado de enemigos del campesinado. Sería una transacción política que intercambia ademán de paz contra haciendas a precios inflados por rentas artificiales, y pone en salmuera la opción más favorable para el Gobierno: los baldíos. Capítulo final en la saga de agresión y despojo al labriego fue la contrarreforma agraria ejecutada en estos 40 años por una troika de gamonales, paramilitares y políticos. Un botón de muestra salta a la vista: el exgobernador de Córdoba y exgerente del Fondo Ganadero en ese departamento, Benito Osorio, fue sentenciado a prisión por expropiación de tierras en asocio de paramilitares: promovió él en Urabá la expulsión de 130 familias y, a instancias de notarios, negoció sus predios a huevo. Estos terminaron en Fedegán.
Escéptico se muestra el profesor Mauricio Velásquez con el recurso a tierras del gremio y propone, en su lugar, el de titulación de baldíos, previo barrido predial. El catastro servirá para asignar predios mediante una ley de tierras que desatasque los baldíos. Aunque, precisa, más que comprarla para redistribuir, se trata de enfrentar el nudo del problema: en regiones inmensas, la guerra ha dejado en interinidad los derechos sobre la tierra y este vacío desata, a su vez, otro ciclo de guerra.
Mas la ministra Jhenifer Mojica se aplica a la ejecución de la reforma agraria más ambiciosa en 60 años, con presupuesto reforzado en función de una meta no negociable: vencer el hambre que postra a un tercio de la población; vencer la miseria de la ruralidad que agrupa la cuarta parte de la población pero concentra el 60% de la pobreza. En respuesta a la amenaza de recesión, baja intereses del 18 al 8% para la economía popular en el campo y ofrece financiamiento integrado para riego, infraestructura, almacenamiento y transformación industrial. Con este propósito, reaviva alianzas público-privadas de envergadura, como la sellada entre el Ministerio, el Banco Agrario, Finagro, Alquería y Asoleche, en industrialización del sector lácteo.
La seguridad alimentaria dependerá de transformar el latifundio improductivo en tierra cultivable, explica la funcionaria. Su instrumento principal, la compra de tierras feraces a precio comercial. El objetivo final será reunir 3 millones de hectáreas en cuatro administraciones con destino al campesinado. A la fecha se han comprado 33.000 hectáreas; entre éstas, la titulación represada de gobiernos anteriores y adjudicaciones de la SAE, se han emitido 1.200.000 títulos. Y se ha dinamizado la restitución.
Pero Velásquez desestima la fracasada fórmula de entrega individual de tierra y reivindica la pauta de la reforma rural integral con enfoque territorial: pide ley de tierras y esfuerzo sostenido del catastro capaces de entregar el predio y formalizarlo en un mismo proceso administrativo. Fuente principal de formación del fondo de tierras será la recuperación de baldíos y ésta deberá coincidir con el barrido predial. Comprar 3 millones de hectáreas, dice, no parece posible ni financiera ni administrativamente. Referente de esa ley sería la de Lula en Brasil, que adjudicó baldíos a campesinos y agroindustriales por igual. Objetivo del “cerrado” fue la producción en gran escala, de potencia agrícola.
En la tarea de diversificar fuentes de adquisición de tierras, se ofrecen los baldíos como opción principal. Porque abundan y porque, siendo informales, resultan más baratos. Si, además, se sigue la guía de don Hernán Echavarría que hermana catastro y reforma agraria, reventaría una revolución pacífica en el campo. Entonces mucho ganadero castigaría el precio artificioso de su fundo.
por Cristina de la Torre | Ago 22, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Sustitución de cultivos, Cultivos ilícitos, Desarrollo agrícola, Impuesto progresivo, Seguridad Alimentaria, Industrialización, Violencia, Desplazamientos, Inseguridad Alimentaria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, GEA, Especulación Financiera, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Salud, Educación
Un escandaloso grado de concentración del poder económico sitúa a Colombia entre los países más desiguales del mundo. En depurado análisis (Le Diplo) concluye Libardo Sarmiento que entre nuestras 2.161.000 empresas sólo 50 definen el destino del país. Reciben ellas ingresos operacionales equivalentes al 36.7% del PIB y emplean apenas el 1.3% de la fuerza laboral. Las ganancias de las mil mayores empresas subieron el año pasado 40.8%. Cinco compañías bancarias controlan el 72% del sistema financiero. En esta estructura consolidada de nuestra economía, podrá el gran capital sortear con menos afugias la difícil coyuntura: un bajón de 24% en la inversión, inducido sobre todo por la elevación de las tasas de interés por el Banco Central, conlleva menos producción, menos crecimiento de la economía y amenaza el empleo. Más debilitadas para sortear la desaceleración se verán la pequeña y la mediana empresa, el grueso del empresariado.
En el Octavo Congreso Empresarial en Cartagena, Bruce MacMaster, vocero de la Andi, se hace eco de la insistencia del presidente en allegar acuerdos con la elite económica: con el empresariado y los gremios de la producción. Propone redoblar esfuerzos para acelerar el cambio y cerrar brechas en ingresos, educación y salud. Y revitalizar el modelo de asociación público-privada en dos momentos: primero, para enfrentar las dificultades de la desaceleración inyectando inversiones en infraestructura y construcción; y, puesta la mira en el largo plazo, embarcarse en la reindustrialización.
Concedida la distancia que pueda mediar entre el discurso y la real disposición a la acción, difícil calibrar la viabilidad de la propuesta. Y no porque al gran empresariado le signifique sacrificio o concesión de privilegios, pues dinamizar la economía, crear riqueza será siempre un buen negocio. Para ricos y pobres. Es que implicaría desplazar el eje del modelo especulativo y rentista al modelo productivo, ya reducido a su mínima expresión.
De la banca de fomento que durante casi todo el siglo XX fuera motor de la industria y la agricultura, no queda sino el recuerdo. Salvo el Banco Agrario. Señala Hernando Gómez Buendía que el sistema financiero está concentrado hoy en tres actores principales, e integrado a su turno en los mayores grupos empresariales: el GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), el grupo AVAL y el grupo Bolívar. Los dos primeros monopolizan los fondos de pensiones, principal ahorro de los colombianos.
Vino el salto, inesperadamente, de la Constitución del 91, que revolcó la forma de financiar los gastos del Estado. Desde entonces, no puede el Gobierno acudir al Banco de la República sino a la banca privada, que le presta con intereses elevados. “La deuda pública -escribe Gómez Buendía- es hoy fuente principal de las ganancias que reporta cada año la banca colombiana. En 20 años pasó (el sector financiero) de generar el 8.8% del PIB al 22% en 2017. Un cambio en la composición sectorial de la economía (casi) sin precedente en el mundo. La Carta igualitaria del 91 le entregó la economía del país a dos grupos financieros gigantes”.
El pacto para transitar de un país con 22 cerrado de la riqueza hacia otro con más democracia y equidad debería principiar por un compromiso de los banqueros con el cierre financiero, a tasas mínimas, de los proyectos de infraestructura y construcción, a punto de ejecución. Con jugosos aportes a la reforma agraria en marcha (titulación, compra, entrega de tierra a campesinos y sustitución de cultivos ilícitos con adjudicación de la parcela respectiva). Y, abordada la reactivación, proyectarla hacia el complejo estratégico de la industrialización. Grupos económicos: en reciprocidad por los favores recibidos, ¡la mano al dril!
por Cristina de la Torre | Ago 15, 2023 | Agosto 2023, Congreso de la República, Crímen organizado, Farc, Violencia, Gustavo Petro, AUC, Fraude Electoral, Antioquia, Iván Duque, Paramilitarismo, Modelo Político, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, Justicia, Corrupción, Actores del conflicto armado
La frase, de un congresista en prisión, alude a una realidad abrumadora: se ha pasado en Colombia de la cruda incursión del narcotráfico en elecciones a la corrupción política como profesión. Se asimila el reino de la ilegalidad al negocio de la política, mientras hombres de negocios proceden como mafias. Los comicios son cada vez más una feria en mercado libre de inversión y de lucro, de lavado de activos y asalto de piratas que pasan por políticos a los recursos del Estado. Ideas, pocas o ninguna; es el poder por el poder, por el erario. A dentelladas. Lo que alarma ahora es que el fenómeno pueda penetrar en su antípoda moral: en la fuerza contestataria representada por el hombre que encaró la parapolítica, con riesgo de su propia vida, y que hoy encarna los anhelos de cambio.
Artífice de este azar, su propio hijo. Deslumbrado por los fuegos de artificio que rodean el ascenso de sectores que reclaman su parte en el poder -a menudo desde el delito y el crimen- resulta Nicolás Petro sindicado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Revela, además, financiación ilegal en la campaña del presidente. Sin pruebas para querella judicial, el daño es político: estocada directa a la yugular, desestabiliza al Gobierno y compromete su proyecto reformista. El presidente Petro está obligado a pasar de la presunción de inocencia a demostrarla. Tendrá que demostrarla por honor, y apuntando a menguar la marcha de la fronda que menea cada día nuevos pretextos para tumbarlo.
Agranda ella errores del reformador -por serlo- mientras sigue echando tierra a las vergüenzas de sus antecesores. No defenestró a Uribe por encontrarse su bancada incursa en parapolítica (narcotraficantes, políticos y empresarios en llave); ni porque corriera la ruidosa bola del enriquecimiento de sus hijos por favores del poder. Tampoco movió un dedo para emplazar a Duque cuando se sindicó a su campaña de recibir dineros del narcotraficante Ñeñe Hernández; ni cuando, suvenir de despedida, enterró la Fiscalía la investigación.
Mucha agua ha pasado bajo el puente desde el proceso 8.000, afirma Gustavo Duncan; no es el mismo río, pues ha cambiado la relación entre narcotráfico y política. El cartel de Cali aportó directamente a la campaña de Samper. Pero con la desmovilización de las AUC y las Farc, reyes del narcotráfico, los armados se desplazaron hacia la periferia y se fortaleció en su lugar el poder político de un sector económico enriquecido en el negocio: lavadores, contratistas del Estado, contrabandistas, políticos corruptos colonizaron franjas enteras del poder público y minaron la democracia. Conforme perdían poder los armados y las mafias, agencias del Estado y sus recursos se volvieron fuente privilegiada de riqueza. Ahora son empresarios especializados en contratación pública, en lavado de dinero y contrabando quienes financian las campañas, explica Duncan. Mil indicios y sospechas de tratativas con la corrupta Odebrecht salpican a los expresidentes Uribe, Santos y Duque.
Parte de la nueva capa social se integra a las elites desde su ilegalidad de origen, así como el narcotráfico movió su mercancía por la red de vías que los viejos contrabandistas habían trazado desde hace casi un siglo. Aventureros que en Antioquia, verbigracia, alcanzaron prestancia parecida a la de los paladines de la industria. ¿Ninguna distancia crítica? ¿Rige para todos la misma identidad ética edificada en la exaltación del enriquecimiento personal a toda costa?
Si equidad y democracia han de ser parales del acuerdo nacional, tendrán ellos que afirmarse en la profilaxis de la política. Y esta debería empezar por aplicar sanción jurídica o social a los hijos del Ejecutivo que hayan abusado de su condición de privilegio.
por Cristina de la Torre | Ago 8, 2023 | Agosto 2023, Crímen organizado, ELN, Violencia, Gustavo Petro, Reforma Rural, Derecha, Reforma Agraria, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, La paz, Acuerdos de paz, Régimen político, Proceso de paz, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado
Si declaratoria de cese el fuego por seis meses con aval de la ONU y participación de la sociedad en el proceso con el ELN marchan por un mismo carril, se comprenderá la largueza del Gobierno en propiciar el lanzamiento político de esa guerrilla en la capital. Primer acto público ante 30 organizaciones sociales y miles de televidentes, tras haber transitado del ideal revolucionario a la guerra non sancta. ¿Abusará el ELN de esta prerrogativa política escamoteando en la negociación el fin del conflicto y la dejación de armas? Es que han insistido ellos en que su fin no es el desarme sino eliminar las causas del conflicto. Maximalismo que bloquea la negociación y, además, ante la boca del fusil no hay pueblo que valga. Empero, más allá de la historia, acaso empezara este acto público a materializar el sueño dorado de la paz, hoy encarnado sin atenuantes en el presidente Petro: migrar de las armas a la política y sellar un acuerdo nacional sobre cambios impostergables; el primero, la reforma agraria, que es mandato constitucional del Acuerdo de La Habana.
Pero el recurso a la sociedad actuante en el proceso con el ELN riñe con la determinación del grupo de persistir en la hostilización de las comunidades, conforme se disputa con otros armados el predominio en la economía subterránea. Pese a que la tregua implica respeto al derecho internacional humanitario y, por ende, a la población civil. Cruda paradoja: más de un indígena, negro, campesino, dirigente político, líder social o defensor de derechos entre los convocados al acto de paz de Corferias resentirá como una cachetada la declaración de Aureliano Carbonel, miembro negociador de esa guerrilla, cuando se le reclamó por no declarar también tregua humanitaria. Las actividades ilegales para financiar su lucha no cesarían, respondió; “en este proceso de cese la organización no puede debilitarse estratégicamente (…). Las operaciones financieras siguen”.
Siguen, pues, el secuestro, la extorsión, su alianza en el cartel del robo de crudo a Ecopetrol con encopetados empresarios; los paros armados que aterrorizan a la gente, cercenan sus libertades de opinión, de locomoción, de trabajo y la confinan al hambre entre cuatro paredes mientras la economía de la droga despliega libremente su logística. Lanzado el ELN a la conquista de la esquiva opinión, ¿tendrá futuro su receta de política en armas y hostilidad contra la población? ¿Se allanará a la estrategia de seguridad humana que persigue, ante todo, garantías para que las comunidades puedan vivir sin miedo?
Para transmitir las iniciativas de cambio de la sociedad sobre modelo económico, régimen político y justicia ambiental, creó la mesa un Comité Nacional de Participación, que resultó plural y diverso gracias a la mano niveladora de Lafaurie. Existen además otras fuentes de consulta popular como las asambleas convocadas por el presidente, las consultas populares que nutrieron el Plan Nacional de Desarrollo y los Pdet que trazaron planes de desarrollo allí donde más se sufría por la guerra. Fuentes todas que podrán abrirse como cajas de pandora y subvertir el orden de prioridades dispuesto por el ELN. Qué tal que propongan encarar primero el fin del conflicto o responder a sus víctimas o concentrarse en la reforma agraria que Petro menea como prioridad.
Qué tal si se logra el acuerdo nacional entre gobierno y oposición, sancionado por el Congreso, a partir de una reforma rural que cuenta con $5 billones iniciales para comprar millón y medio de hectáreas entre tierras malogradas en ganadería extensiva, para que viejos y nuevos propietarios vivan mejor explotándolas a derechas.
El presidente invita al ELN a honrar la iniciativa popular y sus prioridades, lo insta a situarse del lado del pueblo, pero sin armas. ¡Déjenlas -les pidió- eso es lo revolucionario!
por Cristina de la Torre | Ago 1, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Congreso de la República, Protesta social, Agencia Nacional de Tierras, Reforma tributaria progresiva, Pacto Histórico, Violencia, Gustavo Petro, Desplazamientos, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Derecha, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Izquierda, Política agraria, Salud, Educación, Corrupción, Sin categoría
Sí, fue golpe de suma cero: el triunfo de la derecha este domingo no podía resultar sino del naufragio de la izquierda. Pero será una victoria pírrica, con los días contados si, más allá de las urnas, no leen los elegidos el hambre del 28% de colombianos que disparó el estallido social de 2021, con sus 80 muertos, y amenaza con volver a perturbar el sosiego de la gente de bien en el segundo país más desigual del continente. Conquista de la vieja política reeditada en clanes, con todo su potencial de corrupción y aún de crimen. Los Char, los Barreto, los Gnecco, los Caicedo, los Turbay, los Torres, las Dilian Francisca recuperaron lo perdido hace cuatro años.
Pescaron en la incapacidad del Pacto Histórico para gobernar a todo tren; en la endeblez de una coalición que pareció armada sólo de ocasión, liderada por la Colombia Humana, un movimiento difuso de vocación caudillista que se niega organización de partido. Y, sin embargo, supo darse un programa de reformas que responde al general anhelo de cambio. Reformas como la agraria para moderar desigualdades intolerables entre sectores sociales, causa mayor de guerras que han cobrado medio millón de vidas, hoy en marcha. Como la de reformular el manejo de las finanzas territoriales para vencer desigualdades entre regiones, que debería integrarse al bloque de cambios que el Congreso discute.
Denuncia Mauricio Cabrera una “escandalosa concentración de la riqueza” en nuestro país. Pese a que ha mejorado el acceso a los bienes y servicios básicos, es cada vez más desigual la distribución del ingreso y de la riqueza. El Gini en este rubro es de 0.83 y en depósitos financieros es de 97%. Entre los tres tipos de activos que componen la riqueza -propiedad raíz, acciones en empresas y financieros en propiedad rural, Colombia es subcampeón mundial en peor distribución de la tierra: sólo el 1% de la población es dueña del 80% del territorio, revela Oxfam. Los 7.2 millones de hectáreas de tierra óptima para agricultura están casi por completo desaprovechados o dedicados a ganadería extensiva. En Sucre, nueve clanes familiares son dueños del 55% de la superficie del departamento.
Tarea medular de los nuevos alcaldes y gobernadores será el manejo de sus recursos. De los impuestos locales, de regalías y transferencias del Gobierno central. Su destino, el financiamiento de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Demuestran Oliver Pardo y William Reyes la necesidad de reformar el sistema de tributación en departamentos y municipios y de ampliar su autonomía para depender menos de las transferencias de la nación. E integrar esta innovación tributaria y de manejo de las finanzas territoriales al bloque de reformas en trámite y materia del gran acuerdo nacional, diríamos aquí.
En este horizonte y vista la proyección territorial del Plan Nacional de Desarrollo, otra fisonomía les esperaría a las reformas que son materia del acuerdo nacional. Ya el presidente Petro convoca a los mandatarios elegidos para “articular planes locales con el cambio”. Y éstos no son ajenos a los congresistas que participan de la misma lid política en las regiones. El apoyo parlamentario a las reformas derivaría naturalmente de la comunidad de intereses políticos que gravitan en torno a los programas de campaña de los elegidos: ellos atañen tanto a la rama legislativa del poder como a la rama ejecutiva de los gobiernos locales.
Podrá haber girado el péndulo hacia la derecha, mas, para no invocar espíritu de patria sino el sentido práctico de neutralizar a tiempo otra explosión de ira social, dignatarios locales, parlamentarios y Gobierno deberían ser la primera piedra de un pacto nacional que no da espera.
