por Cristina de la Torre | Ago 1, 2023 | Agencia Nacional de Tierras, Agosto 2023, Campesinado, Congreso de la República, Corrupción, Derecha, Desplazamientos, Educación, Gustavo Petro, Izquierda, Modelo Económico, Pacto Histórico, Política agraria, Protesta social, Reforma Agraria, Reforma Fiscal, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma tributaria progresiva, Salud, Sin categoría, Tierras, Violencia
Sí, fue golpe de suma cero: el triunfo de la derecha este domingo no podía resultar sino del naufragio de la izquierda. Pero será una victoria pírrica, con los días contados si, más allá de las urnas, no leen los elegidos el hambre del 28% de colombianos que disparó el estallido social de 2021, con sus 80 muertos, y amenaza con volver a perturbar el sosiego de la gente de bien en el segundo país más desigual del continente. Conquista de la vieja política reeditada en clanes, con todo su potencial de corrupción y aún de crimen. Los Char, los Barreto, los Gnecco, los Caicedo, los Turbay, los Torres, las Dilian Francisca recuperaron lo perdido hace cuatro años.
Pescaron en la incapacidad del Pacto Histórico para gobernar a todo tren; en la endeblez de una coalición que pareció armada sólo de ocasión, liderada por la Colombia Humana, un movimiento difuso de vocación caudillista que se niega organización de partido. Y, sin embargo, supo darse un programa de reformas que responde al general anhelo de cambio. Reformas como la agraria para moderar desigualdades intolerables entre sectores sociales, causa mayor de guerras que han cobrado medio millón de vidas, hoy en marcha. Como la de reformular el manejo de las finanzas territoriales para vencer desigualdades entre regiones, que debería integrarse al bloque de cambios que el Congreso discute.
Denuncia Mauricio Cabrera una “escandalosa concentración de la riqueza” en nuestro país. Pese a que ha mejorado el acceso a los bienes y servicios básicos, es cada vez más desigual la distribución del ingreso y de la riqueza. El Gini en este rubro es de 0.83 y en depósitos financieros es de 97%. Entre los tres tipos de activos que componen la riqueza -propiedad raíz, acciones en empresas y financieros en propiedad rural, Colombia es subcampeón mundial en peor distribución de la tierra: sólo el 1% de la población es dueña del 80% del territorio, revela Oxfam. Los 7.2 millones de hectáreas de tierra óptima para agricultura están casi por completo desaprovechados o dedicados a ganadería extensiva. En Sucre, nueve clanes familiares son dueños del 55% de la superficie del departamento.
Tarea medular de los nuevos alcaldes y gobernadores será el manejo de sus recursos. De los impuestos locales, de regalías y transferencias del Gobierno central. Su destino, el financiamiento de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Demuestran Oliver Pardo y William Reyes la necesidad de reformar el sistema de tributación en departamentos y municipios y de ampliar su autonomía para depender menos de las transferencias de la nación. E integrar esta innovación tributaria y de manejo de las finanzas territoriales al bloque de reformas en trámite y materia del gran acuerdo nacional, diríamos aquí.
En este horizonte y vista la proyección territorial del Plan Nacional de Desarrollo, otra fisonomía les esperaría a las reformas que son materia del acuerdo nacional. Ya el presidente Petro convoca a los mandatarios elegidos para “articular planes locales con el cambio”. Y éstos no son ajenos a los congresistas que participan de la misma lid política en las regiones. El apoyo parlamentario a las reformas derivaría naturalmente de la comunidad de intereses políticos que gravitan en torno a los programas de campaña de los elegidos: ellos atañen tanto a la rama legislativa del poder como a la rama ejecutiva de los gobiernos locales.
Podrá haber girado el péndulo hacia la derecha, mas, para no invocar espíritu de patria sino el sentido práctico de neutralizar a tiempo otra explosión de ira social, dignatarios locales, parlamentarios y Gobierno deberían ser la primera piedra de un pacto nacional que no da espera.
por Cristina de la Torre | Jun 8, 2020 | Junio 2020, Presidente 2018, Sin categoría
Epítome de la democracia, primera potencia económica del mundo, Estados Unidos edificó su poder y su gloria sobre la esclavitud. Y sobre las ambigüedades de Abraham Lincoln. Dio el prócer la libertad a los esclavos, pero no los emancipó del sojuzgamiento de su raza, siempre alimentado por una argucia: la leyenda de superioridad moral del blanco, fuente de todas las afrentas que molieron por siglos a la minoría negra. Sicología aristocratizante de Los Elegidos, de Calvino, que hoy encarna un sátrapa de banana republic. Mas si Trump enloda hasta la pestilencia cuanto toca, si confecciona la peor crisis sanitaria y de empleo que se ensaña mayoritariamente en los negros, reanima por torpeza una cepa de la democracia estadounidense que en el siglo XIX maravilló a Tocqueville: el poder organizado de la comunidad y su derecho a voz colectiva.
Por vez primera desde los años 60, se ha volcado el pueblo a las calles de todas las ciudades, desafiando la pandemia, el toque de queda, los perros rabiosos que el presidente alista y al ejército que dispararía, heroico, contra la multitud inerme. Chiquitos le quedarán Pol Pot y Leonidas Trujillo y Rafael Videla y Ortega el de Nicaragua. Tal la insania del mandatario, que ha galvanizado todas las rabias: las de mujeres, minorías, desempleados, ecologistas, intelectuales. Y la ira milenaria de los negros. Trump provocó fisuras en su propio partido; emplazamiento de gobernadores, alcaldes y figuras del Pentágono y del Departamento de Estado que no ha mucho lo rodeaban todavía; reconvención de cinco expresidentes, y extensión de la protesta hacia el mundo entero.
Una poderosa razón económica dio sustento a la esclavitud en ese país: la imperiosa necesidad de mano de obra gratuita para tributar con el más arcaico sistema de explotación del trabajo en inmensas plantaciones de algodón y tabaco a la más formidable acumulación de capital. El sistema esclavista al servicio del sistema capitalista. Recuerda el historiador Howard Zinn el vuelco demográfico que significó: en 1790 la producción de algodón era de mil toneladas y requería 500 esclavos; 70 años después alcanzó el millón de toneladas y cuatro millones de esclavos. Para mantenerlos a raya, se creó todo un sistema de control legal, social y religioso cuyo espíritu conservan los sectores más retardatarios de esa sociedad, pese a la abolición de la esclavitud en 1863 y a la concesión de derechos civiles formales en 1965.
De ello es responsable también Lincoln, emancipador a regañadientes de los esclavos, por el legado de ambivalencia que dejó y sirvió, de lejos, a quienes porfiaban en la opresión de la raza negra. A caballo entre esclavistas y rebeldes, por puro interés electoral, reconocía que la esclavitud era hija de la injusticia, pero creía que buscar su abolición agravaría el mal. Ya proclamaba la igualdad entre los hombres, como reconocía –en auditorios de oligarquía esclavista: “yo tengo por raza superior a la blanca”. Confesaría por fin que su propósito apuntaba a salvar la Unión Americana, no a batirse en la disyuntiva de destruir o preservar la esclavitud.
Ante las multitudinarias jornadas de hoy, invita Obama a “forzar el cambio”. A convertir el momento en un punto de inflexión, combinando política y movilización pacífica, para organizar el voto por quienes harán las reformas. Disuelta toda impostura, derrumbado el mito de la sociedad igualitaria, pero recobrado el poder de la ciudadanía, enfrentan los estadounidenses un desafío dramático: o convierten el grito callejero por igualdad y justicia en programa alternativo de Gobierno, o bien, humillan la cerviz a la amenaza del tirano para quien “el único buen demócrata es un demócrata muerto”.
por Cristina de la Torre | May 11, 2020 | Mayo 2020, Sin categoría
No peligra la democracia por acción de alguna mano díscola en el Ejército, como en su evasiva locuacidad lo quisiera el ministro Trujillo. Peligra, y mucho, por efecto de la politización de esta Fuerza que durante años ha efectuado el uribismo para sumar a los militares, depositarios de las armas de la República, a la causa de un partido reaccionario, corrupto y violento, de vuelta en la Casa de Nariño. De allí deriva, entre otros desmanes, el espionaje consuetudinario sobre civiles inermes. Sabe el uribismo, como lo supo Ospina Pérez cuando se coronó dictador, que destruir la neutralidad del Ejército –por menguada que esté– compromete el Estado de derecho y da pábulo a la violencia.
A más de los falsos positivos que el general Martínez pareció reprogramar, ahora se repite como un mantra de la Seguridad Democrática el espionaje contra opositores, periodistas y demócratas que no se postran de hinojos ante Él, ni ante sus palafreneros en el alto Gobierno. Y este espionaje alarma porque puede pasar a mayores: a la eliminación del perfilado. Como ocurrió con el asesinato del profesor Correa Dandreis, fruto natural del régimen que convertía el DAS en policía política e instrumento del paramilitarismo. Como podrá ocurrir con la Inteligencia militar, que recoge el ominoso expediente de los fascismos de izquierda y de derecha. No contento con colgarles lápida a los opositores calificándolos de terroristas, espió el uribato y persiguió a los magistrados de las Cortes que cuestionaron las pretensiones reeleccionistas del jefe; y a los que investigaban a parapolíticos que resultaron ser bancada del partido en el poder. Y después, en abierto sabotaje, chuzó aquella caverna a los negociadores de paz.
No se innova mucho. En los prolegómenos de la Violencia, cooptó Ospina al Ejército como fuerza del partido de gobierno y activo enemigo de la oposición. Destruyó la imparcialidad de la única fuerza que podía garantizar la tranquilidad pública, y activó un poderoso detonante del horror que vendría. Horror multiplicado por la asimilación del cuerpo entero de Policía al poder presidencial, la ferocidad de los chulavitas a la cabeza.
Conjuradas Violencia y dictadura, sentaría Alberto Lleras la doctrina que funge todavía como el referente deseable en democracia: sustraer a los militares de la contienda entre partidos. Así como los uniformados no deben intervenir en política, tampoco los políticos podrán incursionar en los cuarteles. La fuerza pública ha de subordinarse al poder civil del Estado, no al de los partidos. Los militares reciben tanto las armas de la nación, como la obligación de defender los intereses comunes. Se les confieren derechos especiales, a condición de no descargar su poder letal sobre los ciudadanos inocentes.
Ideal mancillado por una franja de la oficialidad que, envalentonada por la ultraderecha que la adula y encubre sus delitos, traiciona el deber; menoscaba la confianza que los colombianos depositaban en el Ejército, y desdeña la entrega del soldado raso. De las investigaciones exhaustivas nada resultará porque recaerán en la propia Inspección del Ejército o en el fiscal Barbosa. Serán ejercicio de yo-con-yo, deliberadamente orientado a ocultar lo buscado: quién da las órdenes, a quién llega la información, y para qué.
Para El Espectador, estos episodios de espionaje configuran traición de alto nivel contra los colombianos, orquestada desde las Fuerzas Armadas; traición a la democracia, al acuerdo entre sociedad y Fuerza Pública. Se diría que es la sociedad la llamada a exigir cuentas a los responsables últimos en la cadena de mando: al presidente Duque y al Ministro Trujillo. Si sabían, que respondan por encubrimiento; si no sabían, por ineptos. No merecen el cargo.
por Cristina de la Torre | Feb 5, 2017 | Sin categoría
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Cristina de la Torre 2017
Esta es una selección de temas que trato en las columnas. Puede escoger un tema y ver las columnas relacionadas.
por Cristina de la Torre | Ene 23, 2017 | Corrupción, Enero 2017, Sin categoría
Ya no cabe duda: en Colombia, el sistema político es la corrupción. Vale decir, la estructura del poder, de Bogotá a Montería o a Yalí, se cimenta y apuntala en larga cadena de transacciones entre la clase política y delincuentes de toda laya para robarle hasta $50 billones al erario cada año. Diga usted seis veces lo esperado por reforma tributaria. Narcotraficantes, Gatas, contratistas de cuello blanco y de otros no menos turbios, contrabandistas, timadores y aprendices del oficio que pasan por jóvenes emprendedores financian a los políticos que, llegados al poder, retribuyen con contratos a sus beneficiarios. Y todo queda en familia. Botones de muestra recientes: Reficar, el mayor desfalco en la historia de Colombia, arroja a la fecha $12 billones en sobrecostos y $8,5 billones en pérdidas; uña de Saludcoop por $4,5 billones, sin que el ministro de la cartera mueva un dedo para apretar al responsable; coimas de Odebrecht por $US 11 millones repartidos entre un senador y encumbrados funcionarios de los dos últimos Gobiernos.
Explicaciones le debe al país el expresidente Uribe por la adjudicación de la Ruta del Sol a esa firma, mediante soborno de $US 6,5 millones a su viceministro de Transporte. Y explicaciones debe el Presidente Santos sobre adición a ese contrato por la ANI, suscrito sin licitación pública y gracias a soborno de $US 4,6 millones al senador Otto Bula. Inverosímil declararse aquí traicionado por el viceministro y “con dolor de patria”, como lo hizo el senador Uribe, hombre de astucia sin par. Y pueril la solución de suprimir casa por cárcel para los corruptos, que el Presidente Santos avanzó.
Ha invadido la carroña todos los intersticios del sistema. El país se exaspera. Y la senadora Claudia López se lanza en pos de una coalición ciudadana contra la corrupción, capaz de suplantar a la clase política y su Congreso, foco de pestilencia irrespirable. Apunta ella al 80% de los colombianos que no militan en partidos tradicionales, con una divisa revolucionaria: vamos por la Presidencia sin comprar votos, y a gobernar sin comprar congresistas; vamos a cambiar la lógica de que una minoría decente denuncia y un establecimiento corrupto gobierna.
Se dirá que el cambio debería principiar por los partidos. Improbable. Estos derivaron hace rato en cascarones sin ideas y sin honor. Desechos del Frente Nacional que castró su imaginación política, muchos de sus círculos fraternizan hoy con el narcotráfico. Mercado negro que se montó sobre las estructuras ocultas de comercialización del contrabando y la exportación ilegal de esmeraldas. Y terminó por medrar en los partidos tradicionales, reeducados en la regla turbayista de reducir la corrupción a sus justas proporciones. Tal vez por eso a Cambio Radical le resulte natural brincarse su responsabilidad por dar aval político a un Kiko Gómez, sentenciado a 55 años de prisión por cohonestar tres asesinatos. Como elegante le parecerá a Juan Lozano sumarse ahora a la “rebelión ciudadana contra funcionarios y políticos corruptos”; tras 15 años de apasionado silencio sobre los parapolíticos que acompañaron el Gobierno de la Seguridad Democrática y que Claudia López había denunciado.
Entre medidas urgentes por tomar, insta el Contralor a centralizar el control fiscal en una única Contraloría, a restablecer el control previo en la contratación pública que la Carta del 91 suprimió, y a crear un sistema único de selección de contratistas. A aplicar penas efectivas contra los corruptos, sanción social comprendida. Pero clama, sobre todo, por cambiar toda la estructura del poder político afirmado en la contraprestación de leyes por contratos. Y sentencia: a la corrupción no hay que combatirla sino destruirla.
por Cristina de la Torre | Ene 16, 2017 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Enero 2017, Sin categoría
En la mar de civiles violentados por la Operación Orión de 2002 contra la Comuna 13 de Medellín, cuatro liderezas de la comunidad sobrevivieron para contarlo. No así Ana Teresa Yarce, que murió acribillada por un sicario en el comedor de su casa mientras apuraba un cigarrillo. 14 años después, testifican ellas al amparo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en fallo sin precedentes, condena al Estado colombiano por el asesinato de Yarce y por vulnerar derechos de las otras dirigentes. Socorro Mosquera y Mery Naranjo, entre ellas, restauran el cuadro de infierno desatado aquel día de octubre por fuerzas combinadas de Ejército, Policía y paramilitares. Confabulación que avergüenza. La incursión con tanques y bombas y fusiles cobró centenares de encarcelados sin motivo; hubo torturados, desaparecidos enterrados a hurtadillas en La Escombrera –mayor fosa común del mundo– y 4.196 desplazados. Se hablaba de 300 sepultados en aquel camposanto; casi todos, civiles inermes. Uno más entre los 200 cementerios clandestinos que albergan, según autoridades, unos 105.000 NN. Así debutaba el Gobierno de la Seguridad Democrática, Álvaro Uribe en la Presidencia, Luis Pérez en la Alcaldía de Medellín.
Propósito publicitario de la operación, limpiar la zona de milicianos. Propósito enmascarado, recuperar ese territorio en disputa entre Farc-ELN y paramilitares, de inmenso valor estratégico, pues la Comuna es puerta de entrada a la cadena de montañas que abre corredor al tráfico de armas y de drogas hacia Urabá. Al frente de la operación, sobre las famélicas calles de la localidad, se vieron hombres del Bloque Cacique Nutibara (comandado por Don Berna) ataviados de camuflado, pasamontañas y botas pantaneras. Jesús Abad inmortalizó en celuloide la escena. Hombro a hombro con 1.500 uniformados de la Fuerza Pública, desplegaron 800 paramilitares toda su fuerza hasta cantar victoria. Y fue Don Berna quien tomó posesión del territorio recuperado, sin que autoridad alguna dijera esta boca es mía. Antes bien, extendió aquel su poder a Medellín entera, donde instauró su “donbernabilidad”. Declaró el general Gallego, entonces comandante de Policía de la ciudad, que la Operación Orión fue legítima: se desarrolló “por disposición del Gobierno Nacional, con apoyo de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia”.
Apresadas ese día Mosquera y Naranjo por miembros de la Cuarta Brigada, les oyeron a éstos pedir que avisaran “a los primos” que ya llevaban su presa. ¿Quiénes son los primos?, preguntó Mosquera a su compañera. “Son los paramilitares”, repuso la otra. “Querían desaparecernos”, le dijeron a la periodista Diana Durán (El Espectador, enero 14). Pero nos salvó que los familiares siguieron a la patrulla y ésta terminó por entregarnos a la Sijín. Naranjo afirmó que vio morir a su amiga Yarce de 4 tiros que le disparó un sicario el 6 de octubre de 2006. Cuando quiso dispararme a mí –dijo– “me escondí detrás de un árbol y él salió corriendo […] Hacia la una de la tarde me llamaron a decirme que en la terminal de San Javier estaban celebrando el asesinato de Teresa […] Ahí funciona (un) grupo de paramilitares”.
María Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos que representó a las víctimas ante la Corte Interamericana, afirmó: “A pesar de que Diego Fernando Murillo alias Don Berna declaró que el Ejército y la Policía actuaron con ellos (en la Operación Orión), las investigaciones no avanzan. (Pero) queremos una investigación integral para llegar a la verdad”. Que se establezca –agregó– la responsabilidad, no sólo de quienes ejecutaron la Operación, sino de quienes la ordenaron desde la cumbre.
