por Cristina de la Torre | Ago 1, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Congreso de la República, Protesta social, Agencia Nacional de Tierras, Reforma tributaria progresiva, Pacto Histórico, Violencia, Gustavo Petro, Desplazamientos, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Derecha, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Izquierda, Política agraria, Salud, Educación, Corrupción, Sin categoría
Sí, fue golpe de suma cero: el triunfo de la derecha este domingo no podía resultar sino del naufragio de la izquierda. Pero será una victoria pírrica, con los días contados si, más allá de las urnas, no leen los elegidos el hambre del 28% de colombianos que disparó el estallido social de 2021, con sus 80 muertos, y amenaza con volver a perturbar el sosiego de la gente de bien en el segundo país más desigual del continente. Conquista de la vieja política reeditada en clanes, con todo su potencial de corrupción y aún de crimen. Los Char, los Barreto, los Gnecco, los Caicedo, los Turbay, los Torres, las Dilian Francisca recuperaron lo perdido hace cuatro años.
Pescaron en la incapacidad del Pacto Histórico para gobernar a todo tren; en la endeblez de una coalición que pareció armada sólo de ocasión, liderada por la Colombia Humana, un movimiento difuso de vocación caudillista que se niega organización de partido. Y, sin embargo, supo darse un programa de reformas que responde al general anhelo de cambio. Reformas como la agraria para moderar desigualdades intolerables entre sectores sociales, causa mayor de guerras que han cobrado medio millón de vidas, hoy en marcha. Como la de reformular el manejo de las finanzas territoriales para vencer desigualdades entre regiones, que debería integrarse al bloque de cambios que el Congreso discute.
Denuncia Mauricio Cabrera una “escandalosa concentración de la riqueza” en nuestro país. Pese a que ha mejorado el acceso a los bienes y servicios básicos, es cada vez más desigual la distribución del ingreso y de la riqueza. El Gini en este rubro es de 0.83 y en depósitos financieros es de 97%. Entre los tres tipos de activos que componen la riqueza -propiedad raíz, acciones en empresas y financieros en propiedad rural, Colombia es subcampeón mundial en peor distribución de la tierra: sólo el 1% de la población es dueña del 80% del territorio, revela Oxfam. Los 7.2 millones de hectáreas de tierra óptima para agricultura están casi por completo desaprovechados o dedicados a ganadería extensiva. En Sucre, nueve clanes familiares son dueños del 55% de la superficie del departamento.
Tarea medular de los nuevos alcaldes y gobernadores será el manejo de sus recursos. De los impuestos locales, de regalías y transferencias del Gobierno central. Su destino, el financiamiento de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Demuestran Oliver Pardo y William Reyes la necesidad de reformar el sistema de tributación en departamentos y municipios y de ampliar su autonomía para depender menos de las transferencias de la nación. E integrar esta innovación tributaria y de manejo de las finanzas territoriales al bloque de reformas en trámite y materia del gran acuerdo nacional, diríamos aquí.
En este horizonte y vista la proyección territorial del Plan Nacional de Desarrollo, otra fisonomía les esperaría a las reformas que son materia del acuerdo nacional. Ya el presidente Petro convoca a los mandatarios elegidos para “articular planes locales con el cambio”. Y éstos no son ajenos a los congresistas que participan de la misma lid política en las regiones. El apoyo parlamentario a las reformas derivaría naturalmente de la comunidad de intereses políticos que gravitan en torno a los programas de campaña de los elegidos: ellos atañen tanto a la rama legislativa del poder como a la rama ejecutiva de los gobiernos locales.
Podrá haber girado el péndulo hacia la derecha, mas, para no invocar espíritu de patria sino el sentido práctico de neutralizar a tiempo otra explosión de ira social, dignatarios locales, parlamentarios y Gobierno deberían ser la primera piedra de un pacto nacional que no da espera.
por Cristina de la Torre | Jun 8, 2020 | Presidente 2018, Junio 2020, Sin categoría
Epítome de la democracia, primera potencia económica del mundo, Estados Unidos edificó su poder y su gloria sobre la esclavitud. Y sobre las ambigüedades de Abraham Lincoln. Dio el prócer la libertad a los esclavos, pero no los emancipó del sojuzgamiento de su raza, siempre alimentado por una argucia: la leyenda de superioridad moral del blanco, fuente de todas las afrentas que molieron por siglos a la minoría negra. Sicología aristocratizante de Los Elegidos, de Calvino, que hoy encarna un sátrapa de banana republic. Mas si Trump enloda hasta la pestilencia cuanto toca, si confecciona la peor crisis sanitaria y de empleo que se ensaña mayoritariamente en los negros, reanima por torpeza una cepa de la democracia estadounidense que en el siglo XIX maravilló a Tocqueville: el poder organizado de la comunidad y su derecho a voz colectiva.
Por vez primera desde los años 60, se ha volcado el pueblo a las calles de todas las ciudades, desafiando la pandemia, el toque de queda, los perros rabiosos que el presidente alista y al ejército que dispararía, heroico, contra la multitud inerme. Chiquitos le quedarán Pol Pot y Leonidas Trujillo y Rafael Videla y Ortega el de Nicaragua. Tal la insania del mandatario, que ha galvanizado todas las rabias: las de mujeres, minorías, desempleados, ecologistas, intelectuales. Y la ira milenaria de los negros. Trump provocó fisuras en su propio partido; emplazamiento de gobernadores, alcaldes y figuras del Pentágono y del Departamento de Estado que no ha mucho lo rodeaban todavía; reconvención de cinco expresidentes, y extensión de la protesta hacia el mundo entero.
Una poderosa razón económica dio sustento a la esclavitud en ese país: la imperiosa necesidad de mano de obra gratuita para tributar con el más arcaico sistema de explotación del trabajo en inmensas plantaciones de algodón y tabaco a la más formidable acumulación de capital. El sistema esclavista al servicio del sistema capitalista. Recuerda el historiador Howard Zinn el vuelco demográfico que significó: en 1790 la producción de algodón era de mil toneladas y requería 500 esclavos; 70 años después alcanzó el millón de toneladas y cuatro millones de esclavos. Para mantenerlos a raya, se creó todo un sistema de control legal, social y religioso cuyo espíritu conservan los sectores más retardatarios de esa sociedad, pese a la abolición de la esclavitud en 1863 y a la concesión de derechos civiles formales en 1965.
De ello es responsable también Lincoln, emancipador a regañadientes de los esclavos, por el legado de ambivalencia que dejó y sirvió, de lejos, a quienes porfiaban en la opresión de la raza negra. A caballo entre esclavistas y rebeldes, por puro interés electoral, reconocía que la esclavitud era hija de la injusticia, pero creía que buscar su abolición agravaría el mal. Ya proclamaba la igualdad entre los hombres, como reconocía –en auditorios de oligarquía esclavista: “yo tengo por raza superior a la blanca”. Confesaría por fin que su propósito apuntaba a salvar la Unión Americana, no a batirse en la disyuntiva de destruir o preservar la esclavitud.
Ante las multitudinarias jornadas de hoy, invita Obama a “forzar el cambio”. A convertir el momento en un punto de inflexión, combinando política y movilización pacífica, para organizar el voto por quienes harán las reformas. Disuelta toda impostura, derrumbado el mito de la sociedad igualitaria, pero recobrado el poder de la ciudadanía, enfrentan los estadounidenses un desafío dramático: o convierten el grito callejero por igualdad y justicia en programa alternativo de Gobierno, o bien, humillan la cerviz a la amenaza del tirano para quien “el único buen demócrata es un demócrata muerto”.
por Cristina de la Torre | May 11, 2020 | Mayo 2020, Sin categoría
No peligra la democracia por acción de alguna mano díscola en el Ejército, como en su evasiva locuacidad lo quisiera el ministro Trujillo. Peligra, y mucho, por efecto de la politización de esta Fuerza que durante años ha efectuado el uribismo para sumar a los militares, depositarios de las armas de la República, a la causa de un partido reaccionario, corrupto y violento, de vuelta en la Casa de Nariño. De allí deriva, entre otros desmanes, el espionaje consuetudinario sobre civiles inermes. Sabe el uribismo, como lo supo Ospina Pérez cuando se coronó dictador, que destruir la neutralidad del Ejército –por menguada que esté– compromete el Estado de derecho y da pábulo a la violencia.
A más de los falsos positivos que el general Martínez pareció reprogramar, ahora se repite como un mantra de la Seguridad Democrática el espionaje contra opositores, periodistas y demócratas que no se postran de hinojos ante Él, ni ante sus palafreneros en el alto Gobierno. Y este espionaje alarma porque puede pasar a mayores: a la eliminación del perfilado. Como ocurrió con el asesinato del profesor Correa Dandreis, fruto natural del régimen que convertía el DAS en policía política e instrumento del paramilitarismo. Como podrá ocurrir con la Inteligencia militar, que recoge el ominoso expediente de los fascismos de izquierda y de derecha. No contento con colgarles lápida a los opositores calificándolos de terroristas, espió el uribato y persiguió a los magistrados de las Cortes que cuestionaron las pretensiones reeleccionistas del jefe; y a los que investigaban a parapolíticos que resultaron ser bancada del partido en el poder. Y después, en abierto sabotaje, chuzó aquella caverna a los negociadores de paz.
No se innova mucho. En los prolegómenos de la Violencia, cooptó Ospina al Ejército como fuerza del partido de gobierno y activo enemigo de la oposición. Destruyó la imparcialidad de la única fuerza que podía garantizar la tranquilidad pública, y activó un poderoso detonante del horror que vendría. Horror multiplicado por la asimilación del cuerpo entero de Policía al poder presidencial, la ferocidad de los chulavitas a la cabeza.
Conjuradas Violencia y dictadura, sentaría Alberto Lleras la doctrina que funge todavía como el referente deseable en democracia: sustraer a los militares de la contienda entre partidos. Así como los uniformados no deben intervenir en política, tampoco los políticos podrán incursionar en los cuarteles. La fuerza pública ha de subordinarse al poder civil del Estado, no al de los partidos. Los militares reciben tanto las armas de la nación, como la obligación de defender los intereses comunes. Se les confieren derechos especiales, a condición de no descargar su poder letal sobre los ciudadanos inocentes.
Ideal mancillado por una franja de la oficialidad que, envalentonada por la ultraderecha que la adula y encubre sus delitos, traiciona el deber; menoscaba la confianza que los colombianos depositaban en el Ejército, y desdeña la entrega del soldado raso. De las investigaciones exhaustivas nada resultará porque recaerán en la propia Inspección del Ejército o en el fiscal Barbosa. Serán ejercicio de yo-con-yo, deliberadamente orientado a ocultar lo buscado: quién da las órdenes, a quién llega la información, y para qué.
Para El Espectador, estos episodios de espionaje configuran traición de alto nivel contra los colombianos, orquestada desde las Fuerzas Armadas; traición a la democracia, al acuerdo entre sociedad y Fuerza Pública. Se diría que es la sociedad la llamada a exigir cuentas a los responsables últimos en la cadena de mando: al presidente Duque y al Ministro Trujillo. Si sabían, que respondan por encubrimiento; si no sabían, por ineptos. No merecen el cargo.
por Cristina de la Torre | Jun 17, 2014 | La paz, Proceso de paz, Junio 2014, Sin categoría
En plebiscito clamoroso por la paz, una mayoría de colombianos ratificó su respaldo a un hito de nuestra política en décadas: la solución negociada del conflicto que avanza en La Habana. El reelegido Presidente Santos declara no reconocer enemigos y convoca a la unidad de todos alrededor de aquel propósito supremo, el de una paz justa, duradera, sin impunidad, que acometa las “profundas reformas” que el país demanda. Hace bien pues, por otra parte, siete millones de sufragantes preferirían la solución militar del conflicto, o bien, endurecer las negociaciones en Cuba. Hecho de bulto que ningún demócrata podrá ignorar. Con más veras si se trata de la paz, finalidad moral del Estado de derecho que prevalece sobre todo interés de persona o de partido, pues apunta a evitar más muerte y destrucción. El nuevo Gobierno deberá tender la mano al Centro Democrático, fuerza primera de oposición, crear instancias de participación para que pueda oírse su voz y la de todas las colectividades políticas, y conciliar sobre lo fundamental -dirían los ingleses. Podrá ser una mesa de diálogo y negociación pluripartidista. Sin lo cual un eventual acuerdo con las guerrillas estaría cojo, pues quedarían en la contraparte cabos sueltos de violencia.
También Clara López, candidata de la izquierda, reivindica la paz como política de Estado, de interés nacional, y ata el reconocimiento de la oposición a su participación en la confección de esa política. De donde desprende la propuesta de llevar a la mesa de La Habana no sólo al uribismo sino a la izquierda y a las organizaciones sociales. Lance que podría diluir el poder decisorio de la comisión del Gobierno -presidida con lujo de inteligencia y energía por Humberto de la Calle-, anarquizar las negociaciones de paz y liquidar todo lo logrado a la fecha.
Es que el presidente Santos es a la vez cabeza del Estado y jefe del Gobierno. En su iniciativa de paz traduce ya una decisión de Estado y, como Gobierno, la ejecuta. Además, lo pactado se someterá a referendo, de modo que puedan pronunciarse amigos y enemigos de los acuerdos de paz. Y, por si fuera poco, en el Congreso debatirán lo mismo Jorge Enrique Robledo y representantes del vetusto poder de los señores de la tierra… y de la guerra. Cosa distinta, aunque no menos eficaz, sería esta mesa multipartidista, cuyas deliberaciones tendrán que iluminar las negociaciones de La Habana. Y un complemento crucial, siempre postergado, será el estatuto de oposición. Sin garantías de igualdad para todos los partidos en la competencia política, la democracia es un decir. Así lo reclaman López, Ramírez, Zuluaga y Uribe, voceros señalados de los partidos de oposición en Colombia.
En su discurso de victoria, no ocultó el Presidente el talante reformista que animará su nuevo Gobierno, enderezado a “construir un país más justo e igualitario”, Paz con Justicia Social. Obligante ha de resultarle esta perspectiva, visto el aporte decisivo de izquierdas e independientes en la ratificación de su mandato. Y previsible también pues, no hipotecado ya a una segunda reelección, sin nada que perder y todo por ganar, podrá Santos salvar ambigüedades y vacilaciones para pasar a la historia como el reformador liberal que lo fueron sus ancestros. Aunque nada será fácil, a lo menos volverá el país a la deliberación libre entre ideologías y propuestas diferenciadas. Precondición ideal de democracia.
Si de edificar la paz se trata, el nuevo Santos tendrá que pasar de las palabras a los hechos: emprender las reformas que las elites colombianas le birlaron siempre a su pueblo, llámense reforma agraria, o salud como derecho ciudadano hoy convertido en negocio de EPS. Que se vea.
por Cristina de la Torre | Feb 12, 2013 | Educación, Enero 2013, Sin categoría
Tan imaginativos los estudiantes abrazando policías en sus nutridas manifestaciones de 2011, hoy se quedan cortos en su anteproyecto de reforma a la educación superior. Sólo atacan una de las dos causas de nuestro apartheid educativo: la cobertura, mas no la calidad. Reivindican gratuidad y financiación generosa del Estado a la universidad pública, con lo que se ensancharía la avenida de acceso a las aulas para los más pobres; pero nada dicen de la manera de enseñar, obsesionada en inyectar mares de datos inconexos, inútiles a la hora de identificar y resolver problemas, e inclinada a castrar la pasión creadora del muchacho.
Tal libertad parece alarmar a los maestros, que porfían en recriminar el espíritu crítico del estudiante, en enjaular su imaginación. Salvo en planteles privados exclusivos que ya incorporan elementos de una revolución pedagógica que irrumpe contra ortodoxias que sitúan a Colombia en los peores rangos de calidad de la educación en el mundo. Sabrán los líderes estudiantiles que ampliar la cobertura es apenas parte de la solución. La otra remite a la urgencia de formar ciudadanos capaces de responder con orgullo de sí mismos, de diseñar el desarrollo de su país, de inventar maneras de salvar el planeta. Y esto no se logra sino derribando la educación castradora que prevalece en Colombia. Pugnando porque nuestros jóvenes aprendan a aprender. Con fundamento en las ciencias, en las humanidades, en las artes pero, sobre todo, en su imaginación. Que aprendan a leer, a escribir, a observar, a pensar, a crear, a volar. A formular preguntas en vez de atesorar respuestas políticamente correctas. Entonces un mayor acceso a la universidad no significará simplemente democratización de la mediocridad, sino oportunidad para desarrollar una inteligencia activa y crítica.
En su libro Crear Innovadores (Editorial Norma), el norteamericano Tony Wagner propone revolucionar la educación: desarrollar el potencial creador del estudiante, la pasión y la intuición, el fuego de su imaginación. El nuevo método de enseñanza sacrifica el conocimiento petrificado a la insolente curiosidad del pupilo. Que es la misma del niño, cuya capacidad de asombro le permite lo mismo descubrir el mundo que reconfigurarlo a su manera, jugando. Convertida su pasión en un propósito, esta generación responderá a problemas nuevos, los del siglo XXI, trátese de salvar el planeta, de buscar vida sana o de reorientar una economía que esclaviza en el ideal utilitario y ahonda las desigualdades. Extravagancia, juego, trabajo en equipo, riesgo, empoderamiento de sí mismo y capacidad para enfrentar fracasos serán necesarios para inventar soluciones con los mínimos recursos. Es la hora de los iconoclastas creativos. Es hora de zamarrear la manera de educar.
Más conocido en el mundo que en su país, el científico colombiano Raúl Cuero fundó en Colombia centros de investigación científica para adolescentes que, con aquella filosofía, arrojan ya inventos en tren de patentarse en Estados Unidos. Como un sensor para detectar petróleo con un gramo de suelo y otro para detectar diabetes a temprana edad. Están produciendo la molécula de proteína del Alzheimer para ver de controlarla. Él mismo ha patentado más de 20 inventos y acumula galardones como el de mejor exalumno en toda la historia de la Universidad de Heildelberg. Cuero exalta la invención, que es creación de cosas nuevas, y sus presupuestos: cultivar el pensamiento universal y un sano eclecticismo; sentirse útil, más que importante, y saber que la creación deriva de la práctica. Vuelvan los estudiantes sus ojos hacia hombres como éste, promesa luminosa de que un día la educación no nos impida aprender.
por Cristina de la Torre | Ene 23, 2017 | Corrupción, Enero 2017, Sin categoría
Ya no cabe duda: en Colombia, el sistema político es la corrupción. Vale decir, la estructura del poder, de Bogotá a Montería o a Yalí, se cimenta y apuntala en larga cadena de transacciones entre la clase política y delincuentes de toda laya para robarle hasta $50 billones al erario cada año. Diga usted seis veces lo esperado por reforma tributaria. Narcotraficantes, Gatas, contratistas de cuello blanco y de otros no menos turbios, contrabandistas, timadores y aprendices del oficio que pasan por jóvenes emprendedores financian a los políticos que, llegados al poder, retribuyen con contratos a sus beneficiarios. Y todo queda en familia. Botones de muestra recientes: Reficar, el mayor desfalco en la historia de Colombia, arroja a la fecha $12 billones en sobrecostos y $8,5 billones en pérdidas; uña de Saludcoop por $4,5 billones, sin que el ministro de la cartera mueva un dedo para apretar al responsable; coimas de Odebrecht por $US 11 millones repartidos entre un senador y encumbrados funcionarios de los dos últimos Gobiernos.
Explicaciones le debe al país el expresidente Uribe por la adjudicación de la Ruta del Sol a esa firma, mediante soborno de $US 6,5 millones a su viceministro de Transporte. Y explicaciones debe el Presidente Santos sobre adición a ese contrato por la ANI, suscrito sin licitación pública y gracias a soborno de $US 4,6 millones al senador Otto Bula. Inverosímil declararse aquí traicionado por el viceministro y “con dolor de patria”, como lo hizo el senador Uribe, hombre de astucia sin par. Y pueril la solución de suprimir casa por cárcel para los corruptos, que el Presidente Santos avanzó.
Ha invadido la carroña todos los intersticios del sistema. El país se exaspera. Y la senadora Claudia López se lanza en pos de una coalición ciudadana contra la corrupción, capaz de suplantar a la clase política y su Congreso, foco de pestilencia irrespirable. Apunta ella al 80% de los colombianos que no militan en partidos tradicionales, con una divisa revolucionaria: vamos por la Presidencia sin comprar votos, y a gobernar sin comprar congresistas; vamos a cambiar la lógica de que una minoría decente denuncia y un establecimiento corrupto gobierna.
Se dirá que el cambio debería principiar por los partidos. Improbable. Estos derivaron hace rato en cascarones sin ideas y sin honor. Desechos del Frente Nacional que castró su imaginación política, muchos de sus círculos fraternizan hoy con el narcotráfico. Mercado negro que se montó sobre las estructuras ocultas de comercialización del contrabando y la exportación ilegal de esmeraldas. Y terminó por medrar en los partidos tradicionales, reeducados en la regla turbayista de reducir la corrupción a sus justas proporciones. Tal vez por eso a Cambio Radical le resulte natural brincarse su responsabilidad por dar aval político a un Kiko Gómez, sentenciado a 55 años de prisión por cohonestar tres asesinatos. Como elegante le parecerá a Juan Lozano sumarse ahora a la “rebelión ciudadana contra funcionarios y políticos corruptos”; tras 15 años de apasionado silencio sobre los parapolíticos que acompañaron el Gobierno de la Seguridad Democrática y que Claudia López había denunciado.
Entre medidas urgentes por tomar, insta el Contralor a centralizar el control fiscal en una única Contraloría, a restablecer el control previo en la contratación pública que la Carta del 91 suprimió, y a crear un sistema único de selección de contratistas. A aplicar penas efectivas contra los corruptos, sanción social comprendida. Pero clama, sobre todo, por cambiar toda la estructura del poder político afirmado en la contraprestación de leyes por contratos. Y sentencia: a la corrupción no hay que combatirla sino destruirla.
