por Cristina de la Torre | May 25, 2020 | Cuarentena, Mayo 2020
Improbable hoy en Colombia un levantamiento popular catapultado por el hambre, como los motines que por esta razón acicatearon en la historia el cambio violento del orden establecido. Vienen a la mente las experiencias mayores: la mar de franceses que al grito de “¡pan!” marcharon sobre La Bastilla; la mar de rusos que en Moscú marcharon a la misma voz dictada por la hambruna, a las puertas de la revolución en 1917. Pero no sabemos si se produzca aquí a la postre un estallido social movido por el hambre que, cabalgando en el desempleo y la pobreza, habría llegado para quedarse. Pobreza ancestral de ingresos, de trabajo, de salud, de educación, exacerbada ahora en la mesa y extendida al 60% de los trabajadores informales e independientes. Muta el trapo rojo, como el virus, de grito de auxilio a símbolo de protesta y tal vez mute a bandera por el cambio en jornadas callejeras que hibernan desde enero con sus cacerolas. Ya la gente midió su fuerza en las calles, escenario inextinguible de la política.
De lo cual no parece percatarse un Gobierno rendido a la frivolidad de la imagen presidencial con la plata de la paz, a la villanía de restaurar el poder simbólico de Jorge 40, a la insolencia de Carrasquilla para llenar las arcas de los bancos en la pandemia, a la indulgencia para con los dueños del balón que trazan la política económica y social del porvenir disfrazada de medidas transitorias.
Como la política laboral, ajena por completo a un ministro “dialogante”, incapaz de iniciativa para ver por los millones de colombianos que quedarán sin trabajo y sin ingresos. Y condesciende con la reforma laboral de Vargas Lleras, que a los trabajadores les costaría $24,8 billones, según el analista Fabio Arias (Las2orillas). Ya los grupos económicos y el sanedrín político trazan la ruta. Les viene la pandemia como una piñata para gobernar a sus anchas: no contentos con disfrutar desproporcionadamente el subsidio al empleo –por comparación con las empresas medianas y pequeñas que enganchan el 80% del trabajo– parecen alistarse para comprar a huevo la empresa reina de Colombia, Ecopetrol. Para devorar lo poco que queda de Estado arañando sus copiosos ahorros, utilidades y depósitos en paraísos fiscales, intocables para aliviar el subsidio al desempleo que no necesitan ellos dramáticamente.
Tacaña la élite económica, tacaño el Gobierno que le sirve. En esta crisis invierte Colombia la sexta parte del monto que a ella destina el Perú. Una vergüenza. Si no les asiste largueza para el asistencialismo de emergencia, menos la tendrán para habérselas con los 7.300.000 nuevos pobres que la Universidad de los Andes calcula. En lugar de los $40 billones (4% del PIB) que costarían todos los subsidios integrados y la transferencia de un salario mínimo durante tres meses a la población trabajadora, como subsidio al empleo destinará el Gobierno $6 billones. Entre tanto, anuncia el viceministro de Hacienda que “se están estudiando instrumentos para la financiación de las grandes compañías con garantías de la nación, en aras de proteger el empleo formal”.
Botones de muestra de la crisis: sin turismo y sin pesca, la comunidad de la Boquilla teme morir de hambre. Sin comida y sin agua, los Wayuu de la Guajira reaccionan con disturbios y bloqueos. La ONIC denuncia que al 80% de sus comunidades no ha llegado ayuda. Pese a que en Medellín y Bogotá despunta la renta básica, en el país se multiplica la protesta. Muchos declaran ya que prefieren morir de coronavirus que de hambre. Y si el pronunciamiento escala por ventura a inconformismo con el gobierno que no la conjura, entonces el hambre habrá devenido subversiva. ¿Se la sindicará como estrategia del castrochavismo?
por Cristina de la Torre | May 18, 2020 | Cuarentena, Modelo Económico, Mayo 2020
Dicen que por el desayuno se sabe qué dan de almuerzo. Y sí. La asignación de recursos en esta crisis ha revelado el orden de prioridades que cimenta el modelo económico y social del presidente Duque: migajas para los pobres y los hospitales, billones para banqueros y EPS. Calcula Salomón Kalmanovitz en 0,67% del PIB el gasto en subsidio del 40% a la nómina, Familias y Jóvenes en Acción y devolución del IVA, cuando Perú moviliza el 12% de su PIB. Y no es descache de ocasión. Es signo elocuente de lo que siempre fue, en una economía de rentistas que especulan con tierras de engorde o en la bolsa de Nueva York. Vadeado el temporal, volverían a las andadas, aunque agudizando la inequidad con una reforma laboral que descarga casi todo el peso de la crisis en los trabajadores; y con olvido de nueve millones de nuevos pobres, inesperada retaguardia del ejército de hambreados, mientras los pocos que nada ceden seguirán moviendo la pluma de cada decreto que el mandatario firma.
No querrán ver el desastre que su modelo de mercado ha producido, ni reconocer la urgencia de redefinir el papel del Estado. Sin trampas ideológicas. Como aquella grosera asimilación de estatismo soviético y Estado de bienestar, indigna del rigor de un Hayek, que inscribió en la misma cepa totalitaria al comunismo y la socialdemocracia. Resultado jugosísimo: se meneó sin pausa el fantasma del comunismo para frenar toda alternativa democrática a los desmanes de la derecha.
Sacrificando la bonhomía que lo ha distinguido en esta hora, cae Mauricio Cárdenas en el tic de marras para advertir que, a instancias de la crisis, bien podría sobrevenir en Colombia el socialismo del siglo XXI. Mas, lejos de la “muy aplazada y urgente reforma laboral” de Vargas Lleras (con reducción de salarios, supresión temporal de primas y cesantías y eliminación de las convenciones colectivas); lejos de la fantasía desbocada de algún rebelde que emula la egolatría de Uribe, parlamentarios y académicos proponen medidas distintas para paliar el trance y una versión de Estado de bienestar para Colombia.
50 senadores de todos los partidos –salvo del conservador y del CD– proponen girar un salario mínimo durante tres meses a trabajadores independientes y formales, a hogares pobres y vulnerables, en favor de la vida digna y la economía. Valdría $40 billones, el 4% del PIB. Se unificarían en ello los subsidios que se prestan hoy. Y el monto se financiaría, entre otros, con más impuesto al patrimonio, recursos de proyectos aplazables y crédito directo del Banco Central. En el mediano plazo provendrán de una reforma tributaria estructural y progresiva que grave más el patrimonio, los dividendos y rentas de los más ricos.
Para el postvirus, César Ferrari y Jorge Iván González señalan que la economía deberá concentrarse en los bienes y servicios esenciales: alimentación, salud, educación, vivienda y seguridad. Lo que implica universalizar la seguridad social, con medicina preventiva y atención primaria en salud, supresión de las EPS y de los Fondos Privados de Pensiones. Subir salarios. Dar propiedad a los campesinos en su cadena productiva. Desarrollar agricultura, agroindustria, manufactura, turismo e industrias creativas. Avanzar hacia la renta básica universal. Fortalecer el Estado y el gasto público y redistribuir riqueza vía tributos, con impuesto progresivo sobre patrimonio y rentas.
Resalta aquí la probada eficacia de fortalecer la capacidad de gasto de la gente, lo que activa la producción y el empleo; y éste no es costo sino dinamizador de la economía. Caída la hoja de parra del capitalismo depredador, es hora de entronizar una ética para otra escala de valores: la ética solidaria del Estado de bienestar.
por Cristina de la Torre | May 11, 2020 | Mayo 2020, Sin categoría
No peligra la democracia por acción de alguna mano díscola en el Ejército, como en su evasiva locuacidad lo quisiera el ministro Trujillo. Peligra, y mucho, por efecto de la politización de esta Fuerza que durante años ha efectuado el uribismo para sumar a los militares, depositarios de las armas de la República, a la causa de un partido reaccionario, corrupto y violento, de vuelta en la Casa de Nariño. De allí deriva, entre otros desmanes, el espionaje consuetudinario sobre civiles inermes. Sabe el uribismo, como lo supo Ospina Pérez cuando se coronó dictador, que destruir la neutralidad del Ejército –por menguada que esté– compromete el Estado de derecho y da pábulo a la violencia.
A más de los falsos positivos que el general Martínez pareció reprogramar, ahora se repite como un mantra de la Seguridad Democrática el espionaje contra opositores, periodistas y demócratas que no se postran de hinojos ante Él, ni ante sus palafreneros en el alto Gobierno. Y este espionaje alarma porque puede pasar a mayores: a la eliminación del perfilado. Como ocurrió con el asesinato del profesor Correa Dandreis, fruto natural del régimen que convertía el DAS en policía política e instrumento del paramilitarismo. Como podrá ocurrir con la Inteligencia militar, que recoge el ominoso expediente de los fascismos de izquierda y de derecha. No contento con colgarles lápida a los opositores calificándolos de terroristas, espió el uribato y persiguió a los magistrados de las Cortes que cuestionaron las pretensiones reeleccionistas del jefe; y a los que investigaban a parapolíticos que resultaron ser bancada del partido en el poder. Y después, en abierto sabotaje, chuzó aquella caverna a los negociadores de paz.
No se innova mucho. En los prolegómenos de la Violencia, cooptó Ospina al Ejército como fuerza del partido de gobierno y activo enemigo de la oposición. Destruyó la imparcialidad de la única fuerza que podía garantizar la tranquilidad pública, y activó un poderoso detonante del horror que vendría. Horror multiplicado por la asimilación del cuerpo entero de Policía al poder presidencial, la ferocidad de los chulavitas a la cabeza.
Conjuradas Violencia y dictadura, sentaría Alberto Lleras la doctrina que funge todavía como el referente deseable en democracia: sustraer a los militares de la contienda entre partidos. Así como los uniformados no deben intervenir en política, tampoco los políticos podrán incursionar en los cuarteles. La fuerza pública ha de subordinarse al poder civil del Estado, no al de los partidos. Los militares reciben tanto las armas de la nación, como la obligación de defender los intereses comunes. Se les confieren derechos especiales, a condición de no descargar su poder letal sobre los ciudadanos inocentes.
Ideal mancillado por una franja de la oficialidad que, envalentonada por la ultraderecha que la adula y encubre sus delitos, traiciona el deber; menoscaba la confianza que los colombianos depositaban en el Ejército, y desdeña la entrega del soldado raso. De las investigaciones exhaustivas nada resultará porque recaerán en la propia Inspección del Ejército o en el fiscal Barbosa. Serán ejercicio de yo-con-yo, deliberadamente orientado a ocultar lo buscado: quién da las órdenes, a quién llega la información, y para qué.
Para El Espectador, estos episodios de espionaje configuran traición de alto nivel contra los colombianos, orquestada desde las Fuerzas Armadas; traición a la democracia, al acuerdo entre sociedad y Fuerza Pública. Se diría que es la sociedad la llamada a exigir cuentas a los responsables últimos en la cadena de mando: al presidente Duque y al Ministro Trujillo. Si sabían, que respondan por encubrimiento; si no sabían, por ineptos. No merecen el cargo.
por Cristina de la Torre | May 4, 2020 | Cuarentena, Mayo 2020
¿Se nos apareció la Virgen? En el país donde tantas diferencias se tramitan a bala, llaman muchos a salvar, todos a una, el empleo y el tejido empresarial. Ya por instinto de conservación, ya por sentido de solidaridad, no importa. Cuando la angustia se apodera de miles de pequeños empresarios y millones de trabajadores; cuando el desempleo puede llegar hoy a 17% y mañana al 20; cuando el hambre acosa a toda una franja social que regresa de golpe a la pobreza, gremios, sindicatos, partidos, analistas de todos los colores nadan hacia una misma tabla de salvación: el subsidio al empleo formal. Y, en el horizonte, la creación de una renta básica para el 40% de la población vulnerable que nunca gozó de protección social ni recibió subsidio de Familias o Jóvenes en Acción. Para los desfocalizados, descastados del Banco Mundial; para los ignorados del sistema, los del trapo rojo. Mecha chispeante de la bomba social que podrá estallar si este ejército de informales pierde su fuente de ingreso y si cinco millones de trabajadores formales quedan cesantes.
Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, pide cumbre de Gobierno, empresarios y trabajadores para considerar, entre otras, la transferencia de ingreso vital equivalente a un salario mínimo para trabajadores informales de estratos 1, 2 y 3. Sin focalización ni condiciones: por la sola gracia de ser ciudadanos con derechos. Como sucede en más y más países.
Alrededor del subsidio al trabajo formal, se configura un consenso. Debuta Acopi postulando un programa fiscal de retención de empleos en los sectores más vulnerables como mejor opción para salvar vidas, empleos y empresas. Costaría $6,8 billones al mes. El drama de las mipymes no se arregla con crédito bancario. En receso, sus gastos no apuntan a producción sino que configuran gasto social indirecto.
Como alternativa al crédito bancario, que no fluyó o fluye mal pese a todas las gabelas otorgadas a los bancos, propone el Consejo Gremial dar liquidez en particular a aquellas empresas, fuente del 80% del empleo: proteger el salario de quienes devengan el mínimo en los sectores más afectados por el confinamiento, durante tres meses, con transferencias directas del Gobierno. Los empresarios devolverían a futuro el aporte oficial vía impuesto de renta, si mantienen los puestos de trabajo; y sin perjuicio de que se les condone parte de la deuda.
Por su lado, el exministro Mauricio Cárdenas insta a agilizar la entrega masiva y urgente de créditos bancarios a las empresas, cuyo pago el Gobierno garantiza, y aún podrá condonar en parte. De porfiar los bancos en su modorra, invita Cárdenas al Gobierno a entregar esos créditos directamente por medio de la banca pública, en particular del Banco Agrario. Y sin intereses. Se trata, según él, de evitar a toda costa la quiebra de las empresas: de que logremos sortear esta crisis dependerá el futuro de la economía y del país.
Falta la voz del Presidente, acogotado como andará por Carrasquilla, tan severo en cuidar la regla fiscal que reduce a mendrugos los auxilios al común. Y como si no existieran los US$ 53.000 millones en el exterior, ni pudiera el Banco de la República emitir dinero para solventar la crisis.
En el segundo país más desigual, donde la informalidad laboral es reina, parece insoslayable la renta básica para los sectores más desprotegidos. Y ésta se financia con impuestos a los más pudientes; no a las empresas, que deben sobreaguar, sino a los dueños que reciben dividendos faraónicos y pagan en promedio 2,4% de impuesto sobre la renta. Una cosa es salvar empresas productivas y trabajadores; otra, salvar a Sarmiento Angulo. Llegó la hora de rescatar a los que producen la riqueza, no a los bancos.
