por Cristina de la Torre | Jun 26, 2017 | Seguridad social, Salud, Corrupción, Junio 2017
Héroe de la paz y villano de la política social. Terrible ambivalencia pesaría sobre el presidente Santos que hoy preside la disolución de las Farc, si a su turno objeta leyes de beneficio a los pensionados y perpetúa la seguridad social como coto de mercaderes: de las EPS en salud, de los Fondos Privados en pensiones. Para guardar proporción mínima con la inflexión histórica que la ceremonia de hoy encarna; para dar pasos ciertos en la construcción de un país distinto, debería empezar por sancionar dos proyectos que el Congreso aprobó esta semana: la ley que reduce el confiscatorio aporte a salud de los pensionados, y la que reduce semanas de cotización a pensión para mujeres que obtendrán ese derecho por debajo de dos salarios mínimos. La primera rescata la mesada en regla; la segunda compensa en parte la discriminación salarial contra la mujer.
Mas, como en catatónica respuesta a una fatalidad; como si la distribución del gasto público se labrara en piedra; como si estuviera Colombia condenada sin remedio a la privatización de su seguridad social, advirtió el ministro de Hacienda que las tales leyes le costarían al fisco $3,3 billones. Que plata no había. Y no faltó entre “los economistas” quien propusiera otra reforma tributaria (más IVA para el escuálido bolsillo) y echar mano de partidas que los maestros lograron para la educación pública. Y el ministerio de Salud hizo la segunda. Que con ello se ahonda el hueco fiscal del sector, dijo, aunque nunca obligó el pago de los $9 billones que las EPS adeudan a los hospitales. Por su parte, los Fondos Privados de Pensiones, tiburones en este mar bravío, vuelven a la carga con idéntica cantinela de tragedia fiscal. Tragedia es el haber convertido estos derechos en negocio de particulares, a kilómetros-luz del principio solidario que dio vida a la seguridad social en el mundo civilizado.
Tragedia la de los afiliados a esos fondos privados, que sólo pensionan a la mitad de sus cotizantes y, cuando lo logran, reciben mesadas equivalentes a la cuarta parte de los ingresos sobre los cuales se calculó su aporte. Escribe César Giraldo en Le Monde Diplomatique que el poder financiero propone abiertamente privatizar por completo el sistema de pensiones. Y es porque, visto el fraude perpetrado, ha habido desbandada de sus afiliados hacia Colpensiones. En 2016, la estampida fue de 200.000 personas. Y espera que todos caigan ahora como corderos en su corral, dizque para defenderlos de un sistema público insostenible. Pero, sostiene Giraldo, el alto costo fiscal es culpa de las AFP pues, mientras la mayoría de pensionados está en el sistema público, los activos financieros están en el privado. El uno, paga las pensiones; el otro, atesora la plata. En 2016, los privados acumulaban activos financieros por $196 billones (22% del PIB).
¿No se le ocurrirá al Gobierno ponerle mano al abuso y proteger a la ciudadanía? ¿O reducir siquiera a la mitad los $50 billones que alcanza al año la corrupción? ¿O poner a pagar impuestos a los potentados del campo, a las Iglesias (católica y cristianas)? ¿Quién responde por la defraudación de $17 billones en Reficar? ¿Hasta cuándo rigen los vergonzosos contratos de estabilidad tributaria y tarifas especiales en zonas francas? ¿Es esta clase dirigente incapaz de devolverle al Estado la iniciativa y el control directo de fondos destinados a salud y pensión, derechos fundamentales de la ciudadanía?
Plata hay; es que está mal repartida y robada. Si salió Santos victorioso en su osada guerra contra la guerra, ¿no querrá también apretarle el guante al abuso y al negocio que se tomaron los derechos sociales de los colombianos? ¿De quién espera la venia: de la OCDE?
por Cristina de la Torre | Jun 20, 2017 | Uribismo, La paz, Acuerdos de paz, Proceso de paz, Actores del conflicto armado, Junio 2017
Destilando bilis, envenenado de rencor asiste el uribismo al desarme de las Farc, mientras millones de dolientes celebran el milagro de una guerrilla poderosa que silencia sus fusiles para siempre. Es el fin de una guerra de medio siglo que cobró miles y miles de vidas inocentes. Como traicionado por la amante que halaga su hombría en el juego de la guerra, queda el Centro Democrático disparando al aire, reducido a la prosaica realidad: con la desaparición del enemigo armado se descorre el velo heroico de su gesta anticomunista, para desnudar ahora la crudeza de una propuesta ultraconservadora, por la que siempre se batió entre bastidores. Ni democracia, ni reforma rural, ni redención de la Colombia olvidada, ni castigo para responsables de atrocidades en el bando de terratenientes, uniformados y parapolíticos. Bien la definió, con contundencia digna de Laureano, Fernando Londoño: somos de derecha y volveremos trizas el Acuerdo de Paz. Verdad que ha brillado solitaria en la manigua de mentiras, hipérboles y eufemismos que signan la índole del uribismo. Y su objetivo estratégico.
Destruir el Acuerdo de Paz no es cosa baladí. Ni se contrae a suprimir las ventajas que la justicia transicional le ofrece a la guerrilla (y a todos los contendientes del conflicto). Concesiones enanas si se las compara con las que quiso Uribe darles a las AUC en la negociación secreta de Ralito: amnistía y cero cárcel aun para responsables de delitos atroces; y estatus político al narcopramilitarismo. A tiempo frenaron las Cortes semejante extravagancia. En 10 años, de 32.000 desmovilizados, La Ley de Justicia y Paz arrojó míseras 22 condenas. Una vergüenza. Hoy quiere el uribismo eludir la responsabilidad judicial y política que le cabe en el conflicto que termina. Pero volver añicos el Acuerdo es, sobre todo, sepultar la posibilidad de reconstruir la sociedad sobre cimientos de equidad y democracia.
Rapaz de nación, hoy se disputa el CD en el Senado las curules que en circunscripciones de paz corresponderían sólo a víctimas y campesinos que jamás se vieron representados en el Congreso. Así buscará el uribismo recomponer su hueste parlamentaria, tras la paliza de 80 congresistas suyos judicializados por parapolítica, cuando en los altos poderes menudeaban convites non-sanctos. Como aquella visita de jefes paramilitares todavía en armas al Salón Elíptico, para júbilo del pleno parlamentario que registró, ojos y boca muy abiertos, la erguida protesta de Gina Parody y Rafael Pardo. O los repetidos encuentros del paramilitar Job para conspirar con la plana mayor del Gobierno de Seguridad Democrática, en plena “casa de Nari”.
De reforma rural, ni hablar. Hostil a la devolución de predios arrebatados al campesino en la guerra y a la recuperación de baldíos malhabidos para dar tierra a quien la necesita, no se conforma esta derecha con promover el hundimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Apunta también a donde nadie se atrevió en 80 años: contra las leyes de expropiación con indemnización por razones de utilidad pública y necesidad social, y las de extinción de dominio en tierras ubérrimas sin explotar. Y es aquí donde más debe de dolerle el fin de la conflagración. Que fue al calor de la guerra, en la batahola de ejércitos de malhechores, como se consumó la más sangrienta reconcentración de la propiedad rural y el control del territorio en Colombia.
Llegada la hora de la verdad, las Farc responden con grandeza. Esta semana entregarán hasta el último fusil de su fuerza en armas. Uribe y su bancada de soldaditos de plomo tendrán que habérselas ahora sin la coartada de las Farc. Sin la hoja de parra que disimula sus vergüenzas.
por Cristina de la Torre | Jun 13, 2017 | Salud, Corrupción, Junio 2017
Si no fuera por demanda del senador Robledo, habría ya triunfado el estropicio Pero las aves de presa de la salud no darán su ala a torcer. Llena de irregularidades y abusos, escoltada por el mismísimo Gobierno, la operación de venta de Cafesalud a Prestasalud viola las normas de contratación pública, afecta el patrimonio de la Nación, pone en riesgo a los acreedores, extrema el modelo de concentración en una EPS y compromete más, si cabe, la calidad del servicio de salud. Prestasalud comprará por $1,45 billones los activos de Cafesalud, empresa quebrada que no podrá pagar sus deudas de $2,9 billones. Como no pudo asignar sus 4 millones de citas con especialistas ni practicar las 260.000 cirugías represadas. Tampoco la compradora asumirá deudas y pasivos. Ni correrá riesgo económico, porque financia en buena medida su inversión con créditos del Gobierno (Fosyga, Findeter después). Mano tendida a particulares que atesoran dinero público en proporción a la violencia pasiva que ejercen contra los pacientes.
La operación es maná del cielo: Prestasalud compra a huevo, descarta deudas y pasivos, recibe crédito público desviado del bien común al enriquecimiento privado, y recibirá del Gobierno $5 billones cada año (y más ahora, por decreto, para la compradora) para prestar misérrimo servicio de salud y embolsillarse el grueso. Que así lo estableció la Ley 100: mientras menos gaste en sus pacientes la EPS, más gana; ergo, ésta mezquina la atención, o no la presta.
Tal billonada recibirá Prestasalud por transferencia directa de fondos públicos a las 180 clínicas particulares de Cafesalud, que fueran de Saludcoop. Dígase al entorno de Carlos Palacino, por interpuesta persona. Inmune a juicio y prisión, no obstante haber abastecido sus negocios y una vida ostentosa de modesto empleado venido la magnate con $1,4 billones succionados a fondos de la salud, le juega Palacino verónicas a la justicia. La tratativa de marras será la cereza del pastel horneado durante un cuarto de siglo, desde cuando Álvaro Uribe, imitando el modelo que Pinochet introducía en Chile, trocó la Salud en mina de rufianes.
Esta venta legaliza la integración vertical total, prohibida por la Corte. Consiste en que la EPS prestará servicios sólo en hospitales de su propiedad. Y confunde en una y misma cosa a aseguradora y prestadora de salud. Negocio redondo: la EPS transfiere a sus clínicas una jugosa tajada del dinero que el Estado le confía en administración. Abusó Palacino de este esquema, al punto que el Estado debió intervenir a Saludcoop. Mas no para obligar al desvalijador a pagar lo que debía, sino para asumir sus pasivos y entregar los activos a Cafesalud… ¡que era de Saludcoop! Todo quedaba en familia.
Denuncia Jorge Enrique Robledo que no hubo en la venta de Cafesalud pluralidad de oferentes. Que fue una falsa subasta. Como lo fuera la pantomima de Isagén, vendida a proponente único, sin competencia que en la puja elevara el precio de venta de la empresa. Y demandó la operación, exigiendo corregir los entuertos. José Roberto Acosta, por su parte, revela que el ministro de Salud prestó en forma irregular recursos del Fosyga a una empresa quebrada, Cafesalud. De la misma manera como lo hizo el Banco Agrario con Navelena-Odebrecht. El Estado al servicio de corruptos e insolventes.
La privatización de la salud no resolvió los defectos del sistema; antes bien, los agravó. Hoy se traduce en salud buena para quien pueda pagarla y, para la mayoría, atención primaria mínima, barata, o nula. Efecto perverso de la alcahuetería de los Gobiernos con los mercaderes de la salud, y de su desdén hacia el símbolo trágico del sistema: el paseo de la muerte.
por Cristina de la Torre | Jun 5, 2017 | Narcotráfico, Junio 2017
Un negocio siniestro florece en Medellín: el narcotour. Y opera al parecer con la misma naturalidad con que el sicario de los 300 muertos desfila en manifestación uribista contra la paz, codo a codo con celebridades de la política que fingen no verlo. Pero uno y otro hecho ultrajan el sufrimiento de una ciudadanía que se arranca como puede el lastre de horror que Pablo Escobar legó. Rubios mochileros alternan aquí turismo sexual y consumo barato de cocaína con este recorrido morboso por lugares y objetos distintivos del Robin Hood antioqueño, cuyos carros-bomba y pistoleros cobraron la vida de miles de inocentes. En 1990, los extraditables asesinaron a quemarropa a 300 policías. El País escribía que la guerra de Escobar arrojaba 4.000 muertos cada año. Popeye pregona orgulloso haber participado en el homicidio de 3.000 personas.
Clientes mimados del tour son ejemplares del Primer Mundo cuyo vicio pagamos nosotros con sangre, mientras ellos, exaltados por la serie Narcos, acuden en masa al recorrido. Thriller de quinta, aun para Hollywood, es aquél grosera deformación del fenómeno del narcotráfico. Repite la lucrativa amalgama de droga, sexo y crimen, sobre el más lucrativo negocio en cabeza de quien fuera tildado primer homicida del mundo. Condición que beneficiarios de Medellín sin Tugurios disculpan “por la persecución que se le tendió a un hombre bueno”. Feudo del Patrón, en aquellos barrios la fe en Escobar diluye su pasado violento. Wberney Zabala pregunta cómo puede uno sentirse al salir de un basurero para recibir una casa digna de manos del único que quería darla: Pablo. Sentimiento parecido albergan los excluidos que ganaron poder y dinero al calor del narcotráfico, emulando el modelo milagroso de enriquecimiento fácil. Así se llena el vacío de Estado.
De otros, incluidos desde la cuna, ni hablar. En codicia desbocada, depusieron todo escrúpulo, se sumaron al negocio –de frente o de ladito– y le dieron carta de ciudadanía a la ética del traqueto. Otros vendieron sus mansiones a narcotraficantes por sumas de fábula, en el barrio más exclusivo de Medellín. Bajo presión, o de buena gana, un enjambre de residentes acudió a la feria de ventas: “le tendieron la mano al enemigo”, apunta la escritora María Cristina Restrepo. Y allí se levantó el edificio Mónaco, residencia de Pablo Escobar y su familia, dinamitado en 1983 por el cartel de Cali. Mole desapacible en su abandono, recuerdo ominoso del pavor que se apoderó de la ciudad, la construcción es punto de partida del narcotour y paisaje de fondo en la fotografía del turista.
Se la hizo tomar, cómo no, el reguetonero J. Álvarez vistiendo camiseta de Escobar. Entonces el Alcalde Gutiérrez le exigió respeto por la ciudad: lo suyo es una ofensa para Medellín y para el país, le espetó exasperado. Y al rapero norteamericano Wiz Khalifa, que repitió la dosis, lo llamó sinvergüenza; en vez de llevarle flores a Pablo Escobar debió llevárselas a sus víctimas, y disculparse con la ciudad, remató. Tras ires y venires de Gobiernos anteriores, Gutiérrez tomó la añorada decisión: demoler el edificio Mónaco y construir, en su lugar, un parque en memoria de las víctimas. Aplauso cerrado.
A la mar de libros, películas y seriados que hacen la apología del narcotráfico y sus delitos se suman los 110 videos de Popeye en You Tube con sus diez millones de visitas. La versión de los victimarios. Pero es hora de incorporar a la historia también la verdad de las víctimas. Sin ella, en lugar de aportar a la comprensión del pasado, la sombra de Escobar seguirá obrando como fetiche que desfigura la realidad. Del cruce de versiones podrá resultar un relato que se aproxime a la historia.
