por Cristina de la Torre | Mar 16, 2015 | La paz, Marzo 2015, Salud
No querrá el expresidente Uribe pasar a la historia como el hombre que frustró la paz. Hoy o mañana, él mismo o por interpuesto procurador, participará en el proceso de paz con las guerrillas. La gran incógnita alude al alcance de sus eventuales pretensiones: Contraerse a los términos de finalización del conflicto armado; o bien, incursionar en los convenios suscritos de reforma rural, participación política y solución al problema de las drogas, como acaba de sugerirlo el senador Rangel. Para lo primero, se espera contribución de los opositores que integran la Comisión Asesora de Paz. Ricos aportes se verían, diga usted, sobre reconocimiento pleno de las víctimas, condiciones y procedimientos de verificación del cese el fuego bilateral, dejación de armas, reinserción de combatientes, y aplicación de justicia transicional a los máximos responsables de atrocidades en todos los bandos de esta guerra. Ya la líder conservadora Marta Lucía Ramírez propuso conformar tribunales mixtos –con jueces nacionales y extranjeros– y suplantar el fetiche de cárcel con barrotes por colonias agrícolas.
Pero querer barajar de nuevo los acuerdos programáticos equivaldría a desconocer el mandato por la paz que la mayoría de colombianos entregó al presidente Santos, cuando ya aquellos se habían adoptado. Y a liquidar una propuesta de abordaje a las causas del conflicto, arduamente discutida a lo largo de tres años. Terreno movedizo en el que podría desembocar la infundada obsesión del uribismo de que en La Habana se apunta a conculcar la propiedad privada. Con sujeción a la Constitución y a la ley, el acuerdo agrario permitiría solucionar conflictos centenarios por la tierra, motor del desangre, en un país que se disputa el galardón mundial en concentración de propiedad rural.
Distinción que recibiría con todos sus blasones la senadora uribista Paloma Valencia, cuyo dedo acusa implacable, por enésima vez en siglos, a los indios del Cauca que reclaman su territorio, hoy elevado por los usurpadores a sacrosanta propiedad privada. Tono de encomendero el suyo, que se alzará contra lo intolerable: una reforma rural integral, con formalización de los territorios étnicos, promoción de la economía campesina, y freno a la expansión de la frontera agrícola. Para no mencionar el latifundismo costeño, ensanchado ahora por las armas. Su exponente de la hora, el deshonroso Jorge Pretelt, en mala hora cabeza del poder judicial. Mas la construcción de paz comienza por respetar el derecho de todos a agitar sus banderas. Si la del uribismo es preservar el estado de cosas en el campo, sea. Que se enfrente en el posconflicto a otras propuestas en el ancho campo de la democracia. Mientras no derive en insurgencia armada.
Salud: mucho tilín, tilín… Tan revolucionario el empeño del Presidente en poner fin a la guerra, como retardatarias políticas suyas que obstruyen la paz. Contra la Ley Estatutaria de Salud, el Plan Nacional de Desarrollo reafirma el imperio de las EPS y, con este, el modelo de salud como negocio. Mercaderes sin escrúpulos, sus dueños llevan 22 años apropiándose los recursos públicos del sector, gracias a la intermediación financiera, a mil privilegios y torcidos, y a la ostentosa venia de los Gobiernos. El Plan revitaliza el modelo mercantil en salud. Contraviene la ley que eleva este cuidado a derecho fundamental y obliga al Estado a garantizarlo para todos. Aquel abre nuevas puertas a la liquidación de hospitales públicos. Las EPS les adeudan $12 billones; pero, antes que obligarlas a pagar, les concedió el ministro Gaviria siete años de gracia para refinanciarse… ¡con la plata de los colombianos! ¿Creerá él que con este modelo inmoral se construye paz?
por Cristina de la Torre | Sep 9, 2014 | Salud, Septiembre 2014
Acorralado entre protestas, alteración del orden público y enfrentamientos con el Esmad en Carmen de Bolívar, casi no logra el ministro Gaviria acordar con las madres atención a 350 niñas que allí padecen una rara enfermedad. A causa de la vacuna contra el papiloma, o bien, secuela de la guerra, la epidemia forzó la tardía visita del funcionario. Ésta obró como detonante del descontento con el sistema de salud, que raya en ira, y las encuestas promedian en 80%. Crece la rabia conforme se constata la incapacidad del Gobierno para remontar la crisis, y su agudización, pese a la estridente promesa de desmontar los pilares mismos del modelo que convirtió la salud en negocio de maleantes. Nada. El Gobierno reculó. ¿Por miedo a enfrentar la omnipotencia de las EPS y a sus palafreneros del Congreso? ¿Por convicción? Se salva, sí, el audaz proyecto sobre medicamentos biotecnológicos, enderezado a romper el monopolio de multinacionales que nos extorsionan con medicinas a precios exorbitantes. Pero se da largas el ministro para presentar el decreto. Y toma partido en cambio por las EPS y su negocio estrella, la integración vertical. Mucha publicidad en lo secundario, y mucha contundencia para salvar el modelo de salud que no consigue eliminar el paseo de la muerte.
Argumenta el ministro que se ha logrado cobertura casi universal en salud. Carnetización, si. Pero acceso a ella y calidad del servicio, sólo para la minoría que puede pagarlo. Porque la Ley 100 entregó el sistema de salud a la rapacidad de empresas privadas que obran como intermediarias financieras y se apropian de los recursos fiscales del sector, las EPS. Al negocio contribuye la llamada integración vertical, que les permite a éstas contratar con sus propias clínicas y manipular precios de insumos hasta reventar alforjas con fondos públicos. Resultado: la más grave crisis sanitaria en la historia de Colombia.
Para el senador Jorge Enrique Robledo, en los últimos tres años no sólo no ha cambiado el estado de cosas sino que ha empeorado. Hubo 115 mil tutelas por salud en 2013, casi todas sobre derechos adquiridos en el POS. Ese año negaron las EPS 300 mil servicios, 34% más que en 2012. Mientras en Chile muere de parto una entre 2.000 mujeres, en Colombia la relación va de una a 460, la mayoría del régimen subsidiado. En estos tres años aumentó 26% la deuda de las EPS con hospitales públicos, al punto que 600 de ellos morirán por inanición: les deben seis billones de pesos. La Contraloría probó que Saludcoop, emblema de las EPS, se embolsilló 1.4 billones de los colombianos, la mayor defraudación en la historia del país. Pero ahora el ministro de Salud quiere “rescatarla”, en conocida operación salvamento de uso y abuso en el sector financiero: salvar al banquero, no a los ahorradores. En cristiano, capitalizar ganancias y socializar pérdidas.
Las causas de la crisis en salud persisten con igual o mayor intensidad. José Félix Patiño, médico ex rector de la Universidad Nacional, aboga sin pausa por una reforma estructural que suprima la intermediación financiera y el negocio en el sector. Clama por restablecer la atención en salud como servicio social, que la haga valer en su condición de derecho fundamental. Mas para el ministro Gaviria la disyuntiva no estriba entre reforma o no-reforma, pues aquella bien podría suplirse con decretos para asuntos puntuales del sector. Verónica elusiva para no tener que asir al toro por los cuernos. Aspirinas –dirán los galenos- para tratar un cáncer. Porque la estructura mercantil del sector, la pepa del problema, sigue intacta. Viva y coleando la nefasta Ley 100, cocinada en la olla del mercado sin control, y que ha cobrado más vidas de colombianos que la guerra.
por Cristina de la Torre | Jul 29, 2014 | Educación, Julio 2014, Salud
Vergüenza. Luis Carlos Villegas, embajador en Washington, lejos de velar por los intereses de su país, oficia como recadero del Tío Sam ante el Gobierno de Colombia. Informa Pablo Correa en El Espectador que este funcionario transmitió al ministro de Salud “preocupaciones” de las farmacéuticas norteamericanas por nuestro decreto en ciernes sobre medicamentos biotecnológicos y la tácita amenaza de desarrollar aquí esa industria. Se atentaría, pues, contra intereses comerciales de extranjeros que Villegas asume, rodilla en tierra, como propios.
El hábito inveterado. Insolencia de multinacionales que aspiran a mantener precios de monopolio, astronómicos en medicamentos de marca cuya forma genérica ofrece el mismo principio activo pero su precio baja hasta una veinteava parte. Prepotencia gratuita del amo que prevalece por bloqueo de la industria de sus satélites. Y, ¡ay!, indignidad del diplomático que ostenta el cargo más obligante en el exterior y así hiere el honor de su país. Nadando contra la corriente de otros como India, Sudáfrica y Brasil que se sacuden el yugo y producen medicamentos genéricos de probada eficacia y calidad, a precio de huevo, o regalados a su gente. Medio de universalizar el acceso a ellos, que resulta vital en la democratización de la salud.
Tanto elevaron aquellas multinacionales los precios de sus productos, que a ellos sólo acceden los elegidos de la fortuna. Entre 2008 y 2011 invirtió Colombia casi 2.8 billones en sólo 48 medicamentos biotecnológicos, casi todos contra el cáncer. Y, con ayuda de las EPS, quebraron el Fosyga. Ahora el Gobierno apunta a abrir el mercado y, en aras de la competencia con genéricos, reducir precios. No será fácil. Según Alberto Bravo, presidente de Asinfar -gremio de los laboratorios nacionales- la Oficina Comercial de EE.UU. y la Embajada de ese país habían presionado ya en el pasado para cerrar toda posibilidad de competencia doméstica a los fármacos de sus empresas.
En su mensaje, también alerta Villegas contra el decreto que, según aquella Oficina, “promueve… la intención comercial (de crear) una agencia para el desarrollo de la manufactura de productos biológicos en Colombia”. Mientras tanto, la India ha montado una industria formidable de genéricos, contra el viento y la marea de las multinacionales farmacéuticas. Su Gobierno las presiona para que bajen precios, otorgando licencia a quien pueda fabricar el mismo medicamento pero a precios irrisorios y con idénticos estándares de calidad. Así impulsa la industria nacional de genéricos y favorece a los más pobres. El mismo objetivo persigue en Brasil la política pública de producción, distribución y venta de medicamentos genéricos. Resultado: éstos representan ya un tercio del mercado de fármacos en ese país. El Gobierno incentiva a la industria nacional de medicamentos y negocia con firmas extranjeras la transferencia de tecnología y los precios de importación de insumos.
Pero no basta con el control de precios. Siendo los genéricos de calidad óptima y muchísimo más baratos, debería el Estado, no sólo fomentar la competencia y la industria nacional de tales medicamentos, sino producirlos. Centralizar las compras y proteger el autoabastecimiento nacional de genéricos. Y multiplicar la inversión en ciencia y tecnología.
El decreto de la discordia es producto de un trabajo colectivo y responsable presidido por el ministro de Salud, con aportes inestimables de la Federación Médica Colombiana, Fundación Infarma, Fundación Misión Salud y la Conferencia Episcopal Colombiana. Para comenzar, a este Comité de Veeduría ciudadana tendrá que responder por sus actos el inefable Luis Carlos Villegas. Cuando levante la testa y la rodilla.
por Cristina de la Torre | Feb 4, 2014 | Febrero 2014, Modelo Económico, Salud
Tras muchos ires y venires, este Gobierno parece quedarse con el modelo de salud de Pinochet, que Álvaro Uribe había cooptado: el de competencia privada, con oferta restringida de servicios. Brasil y Costa Rica, en cambio, optaron por el esquema de salud pública integral, que contempla también los determinantes sociales del sector: educación, vivienda, agua potable, ingresos. Impresiona corroborarlo en la ruidosa ausencia de esta reforma en el programa de reelección de Santos. Supérstite de las poderosas EPS y de los políticos que las apadrinan en el Congreso, retiró su oferta original de suprimir esta almendra infecta de nuestra salud mercantilizada. Y la suplió con un publicitado control de precios en medicamentos que, de surtir efecto, le ahorrarían al Estado $136 mil millones. Una miseria, con todo, si se compara la cifra con el billón y medio que Saludcoop les mordió a los fondos del sector, y los ocho billones que según la Contraloría se habrían manduqueado otras EPS. Y el ministro ahí. Lejos de obligarlas a devolver lo rapado, dizque quiere refinanciarlas; es decir, que el Estado asuma sus deudas. Entre otras, las contraídas con 600 hospitales públicos a punto de cierre por asfixia financiera. Mientras tanto, la crisis de la salud –que no es de falta de plata sino de tibieza ante los ladrones- recae sobre la población: o no accede ella al servicio, o éste es pachorro y malo. O configura delito contra la humanidad, como lo indican los 122 casos de muertes hospitalarias por desatención de una EPS que la personería de Bogotá encontró. Pero, arrollado por el carro providencial de la campaña electoral, se apolilla en el Congreso el debate sobre una ley ordinaria que cambie el modelo de salud.
Paul De Vos y Patrick van der Atuyft reconstruyen el derrotero de las dos lógicas que nutren la discusión: la de atención primaria integral que deriva del derecho humano a la salud, y la de competencia privada. Referentes de esta última, el Chile de los 80 y la Ley 100 en Colombia. Enarbolando criterios de universalidad, equidad y calidad, la Declaración de la Organización Mundial de la Salud reunida en Alma Ata en 1978, depositó en el Estado la responsabilidad por la salud de la población. Pero la acometida neoliberal contra el sector público y la inversión social se tradujo en privatización del sector, en políticas de salud selectiva y atención primaria mínima y barata. Paradigma de mercado donde pesaban más las consideraciones financieras que la salud de la gente. En 1993, año en que Uribe presentaba su Ley 100, el Banco Mundial desplazaba el liderazgo de la OMS e imponía el modelo mercantil en salud. Debió el Estado renunciar a su potestad de trazar esta política y a regular el sector. Resultado a la vista: conforme crecen las ganancias del sector privado (EPS), aumenta el desamparo de la gente.
El modelo ha hecho crisis en Colombia. Y ésta pide a gritos devolverle al Estado la responsabilidad de diseñar, planificar, ejecutar, controlar las políticas en salud, y ejercer soberanía sobre los recursos del sector. Lo que no implica la desaparición del sector privado. Bien podrán las EPS seguir prestando servicios, pero bajo condiciones nuevas, taxativas: no serán ya intermediarias financieras del sistema, ni intermediarias de la información, ni intermediarias para aprobar o negar atención al paciente. Habrá fiscalización estricta de lado y lado: ni negocio de EPS ni corrupción pública. Se rompe la crisma el ministro pensando “cómo hacemos compatible el negocio con el bienestar general”. Acaso veinte años de Ley 100 hayan demostrado la inviabilidad de tal matrimonio. Pero sirva el motivo para desenmochilar el debate.
por Cristina de la Torre | Oct 22, 2013 | Octubre 2013, Salud
Hace un año se comprometió el Presidente a resolver la crisis de salud liquidando el modelo que rige y sus EPS, origen del que los colombianos consideran problema capital del país; pero esta semana celebraba el Gobierno la revitalización en el Senado de la estructura mercantil que convirtió en negocio el derecho a la salud, y cuyo símbolo siniestro llegó a ser el paseo de la muerte. La reforma cambia nombres y algún procedimiento burocrático, mas no toca la sustancia. Antes bien, la afianza.
Médicos, pacientes, ciudadanos la rechazan porque con ella las EPS conservan el control económico del sistema y su intermediación financiera; organizan las redes del servicio; deciden a quién pagar y cuánto, vale decir, ordenan el gasto; auditan; preservan la gabela suculenta de la integración vertical en el nivel básico –el de mayor impacto- para contratar consigo mismas, y reciben más dinero del Estado. Sólo que no se les entregará ya por adelantado sino después.
Aunque Salud Mía concentre el recaudo, las cotizaciones al servicio perderán su carácter público al contacto con las EPS. Aunque gire directamente a los hospitales, será a aquellos que las EPS señalen. Los primeros, sin duda, los suyos propios. Y, genuflexión suprema al mercader, la reforma porfía en negarle al Estado su función de asegurador único. Trocadas en “gestoras”, las EPS seguirán como aseguradoras y, en consecuencia, manejarán el dinero del sector. Acrecentado. Ahora abultarán el lucro con pagos por administración del riesgo, incapacidades, reaseguramiento, rendimientos financieros, y el valor de las UPC.
Dos innovaciones consuelan. Primero, el propósito de atacar la escasez de especialistas provocada por universidades privadas que restringen su formación a dosis mínimas para asegurar, por falta de competencia, ingresos hasta de 40 millones para estos egresados. Odioso mecanismo de privilegio que impone, por contera, tarifas prohibitivas al paciente. Segundo, el control de precios de medicamentos, que el Gobierno pasado había librado al abuso de las farmacéuticas. Mas éstos son derivados, no pilares del sistema.
El doctor Fernando Galindo reclama respeto a los principios que informan un servicio de salud concebido como derecho, centrado en el paciente, no en el negocio. De donde emanan imperativos como el de suprimir toda forma de integración vertical, igualar los beneficios para todos, volver al Estado como director-asegurador único del sistema y depositario exclusivo de ingresos y pagos. Con veeduría ciudadana.
Nunca se insistirá bastante en eliminar las EPS, intermediarios superfluos –y ladrones- en un sistema cuyos hospitales y secretarías regionales constituyen los articuladores naturales de las redes de salud. El proyecto aprobado en el Senado no sólo escamotea la crisis sino que agrava sus causas: la privatización y mercantilización de este derecho. Triunfo resonante de las EPS, que el Gobierno suscribe. ¿Por debilidad? ¿Por convicción? Sea cual fuere la razón, tres debates le quedan en el Congreso para corregir el rumbo. No quiera él cargar con el estigma histórico de haber precipitado la salud “de Guatemala para guatepior”.
Coda. El pronunciamiento de la Corte Constitucional contra apelación de Piedad Córdoba por su ilegal destitución a manos del procurador podrá supeditar la independencia del Congreso a los raptos de un exaltado que aspira a prevalecer sobre el voto popular. Según la Constitución, cuando de elegidos se trata, el procurador sólo podría sancionar a diputados y concejales, por ser administrativas sus funciones; no a congresistas, cuya función es legislativa. Contra Córdoba lo que hay es impúdica persecución política.
