por Cristina de la Torre | Oct 29, 2013 | Uribismo, Corrupción, Octubre 2013
Impostando dignidad ofendida porque el Gobierno “negocia la paz con terroristas”, la convención del uribismo dio luz verde a la más encarnizada campaña de la derecha por la guerra. Hasta legítima sería, si antes revelara ésta sus componendas con los terroristas de la contraparte armada. Si levantara el velo del pacto de Ralito, donde negociar fue protocolizar una vieja asociación con el narcotráfico y sus ejércitos. Fue refundar la patria paramilitar, cuyo brazo político cogobernó a sus anchas con el poder legal mientras sus huestes usurpaban tierras, desplazaban y mataban. Como la guerrilla. ¿De dónde, pues, esta moral prestada, bellamente tocada de “seguridad”, electorera y siniestra que se relame en el espectáculo de la muerte? La violencia de la asonada contra la paz responde al grito de quienes prevalecen en la guerra: la caverna del campo, media clase política, traficantes de armas y de drogas, usufructuarios del mayor presupuesto militar (uniformados o no) en el subcontinente. Oscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo, debutó con la divisa de clausurar el proceso de paz y un saludo emocionado a Luís Alfredo Ramos, detenido por parapolítica.
En su diatriba contra Santos dizque por capitular ante terroristas al concederles estatus político, impunidad y elegibilidad, olvida Uribe los beneficios que otorgó él a miles de criminales de las AUC a quienes quiso pasar por políticos y las penas irrisorias que algunos de ellos recibieron. Tampoco recuerda la mirada complaciente de su Gobierno a los jefes paramilitares que, presididos por Mancuso, se pavonearon en pleno parlamento para proclamar que su poder alcanzaba el 35% del Legislativo. Ni la visita de Job, enviado de Don Berna a Palacio para conspirar con el círculo íntimo del entonces presidente contra la Corte Suprema que enjuiciaba la parapolítica. No se enteró de esas fruslerías su vicepresidente, Francisco Santos, acaso ocupado en responder a investigación judicial por supuestos vínculos con el Bloque Capital de los paramilitares. Tampoco se mosqueó Fernando Londoño, ministro de Gobierno, ocupado a su vez en escribir un panegírico de Carlos Castaño.
En texto publicado por El Colombiano en 2006, señala Londoño diferencia crucial entre Castaño –un “intelectual hecho a pulso”, un político antisubversivo- y los mafiosos, indeseables que se habrían tomado las autodefensas. Según aquel, Mancuso se perfilaba como el otro intelectual. Ficción. Ya desde siete años antes, en 1999, se había propuesto Castaño trazar un corredor entre Urabá y Catatumbo para sacar cocaína a la exportación. Y en efecto lo hizo, dejando a su paso un rosario de masacres como no se vio jamás. Entonces proliferaron los enfrentamientos con las Farc, claro. Pero no fue choque de patriotas contra subversivos sino de carteles por el control de territorios indispensables para la comercialización de la droga. Tal el héroe de nuestro refinado ideólogo del uribismo, acaso el más sanguinario de los jefes paramilitares. Pero el exministro, magno orador en la convención de marras, considera todavía una ignominia negociar con terroristas. “Logramos la victoria (contra las Farc)”, dijo. Y entonces, ¿por qué insisten en prolongar la guerra?
Es consigna del uribismo la guerra a muerte contra el narcoterrorismo. El de las Farc, se entiende, pues nada dice del que sigue vivo y coleando como bacrim o como Kikos en el poder local o como ejércitos anti restitución de tierras. A lo menos ninguna alusión a éste se oyó en la flamante convención de mayorías prefabricadas por un gallo singular que pone huevos, los adoba con manzanilla y estrecha la mano peluda de la guerra.
por Cristina de la Torre | Oct 22, 2013 | Salud, Octubre 2013
Hace un año se comprometió el Presidente a resolver la crisis de salud liquidando el modelo que rige y sus EPS, origen del que los colombianos consideran problema capital del país; pero esta semana celebraba el Gobierno la revitalización en el Senado de la estructura mercantil que convirtió en negocio el derecho a la salud, y cuyo símbolo siniestro llegó a ser el paseo de la muerte. La reforma cambia nombres y algún procedimiento burocrático, mas no toca la sustancia. Antes bien, la afianza.
Médicos, pacientes, ciudadanos la rechazan porque con ella las EPS conservan el control económico del sistema y su intermediación financiera; organizan las redes del servicio; deciden a quién pagar y cuánto, vale decir, ordenan el gasto; auditan; preservan la gabela suculenta de la integración vertical en el nivel básico –el de mayor impacto- para contratar consigo mismas, y reciben más dinero del Estado. Sólo que no se les entregará ya por adelantado sino después.
Aunque Salud Mía concentre el recaudo, las cotizaciones al servicio perderán su carácter público al contacto con las EPS. Aunque gire directamente a los hospitales, será a aquellos que las EPS señalen. Los primeros, sin duda, los suyos propios. Y, genuflexión suprema al mercader, la reforma porfía en negarle al Estado su función de asegurador único. Trocadas en “gestoras”, las EPS seguirán como aseguradoras y, en consecuencia, manejarán el dinero del sector. Acrecentado. Ahora abultarán el lucro con pagos por administración del riesgo, incapacidades, reaseguramiento, rendimientos financieros, y el valor de las UPC.
Dos innovaciones consuelan. Primero, el propósito de atacar la escasez de especialistas provocada por universidades privadas que restringen su formación a dosis mínimas para asegurar, por falta de competencia, ingresos hasta de 40 millones para estos egresados. Odioso mecanismo de privilegio que impone, por contera, tarifas prohibitivas al paciente. Segundo, el control de precios de medicamentos, que el Gobierno pasado había librado al abuso de las farmacéuticas. Mas éstos son derivados, no pilares del sistema.
El doctor Fernando Galindo reclama respeto a los principios que informan un servicio de salud concebido como derecho, centrado en el paciente, no en el negocio. De donde emanan imperativos como el de suprimir toda forma de integración vertical, igualar los beneficios para todos, volver al Estado como director-asegurador único del sistema y depositario exclusivo de ingresos y pagos. Con veeduría ciudadana.
Nunca se insistirá bastante en eliminar las EPS, intermediarios superfluos –y ladrones- en un sistema cuyos hospitales y secretarías regionales constituyen los articuladores naturales de las redes de salud. El proyecto aprobado en el Senado no sólo escamotea la crisis sino que agrava sus causas: la privatización y mercantilización de este derecho. Triunfo resonante de las EPS, que el Gobierno suscribe. ¿Por debilidad? ¿Por convicción? Sea cual fuere la razón, tres debates le quedan en el Congreso para corregir el rumbo. No quiera él cargar con el estigma histórico de haber precipitado la salud “de Guatemala para guatepior”.
Coda. El pronunciamiento de la Corte Constitucional contra apelación de Piedad Córdoba por su ilegal destitución a manos del procurador podrá supeditar la independencia del Congreso a los raptos de un exaltado que aspira a prevalecer sobre el voto popular. Según la Constitución, cuando de elegidos se trata, el procurador sólo podría sancionar a diputados y concejales, por ser administrativas sus funciones; no a congresistas, cuya función es legislativa. Contra Córdoba lo que hay es impúdica persecución política.
por Cristina de la Torre | Oct 8, 2013 | Conflicto armado, Octubre 2013
La asimetría en la aplicación de justicia sobre parapolíticos y farcpolíticos alimenta la ojeriza de la derecha hacia la paz. Y engendraría ánimo de venganza en una eventual guerra sucia que el fiscal Montealegre teme para el posconflicto, si la sociedad y el Estado no la desactivan a tiempo. Según él, serían sus protagonistas el latifundismo y el narcotráfico, los intereses que yacen tras los apologistas de la guerra y que sufrirían el efecto de acuerdos enderezados a reformar el campo. Pero, por otra parte, diríase que la reclusión de docenas de políticos aliados de paramilitares mientras sus recíprocos de las Farc gozan de libertad, es incoherencia capaz de inducir una brutal retaliación. En el río revuelto de la guerra navegaría esta revancha. Caso distinto es el contacto de personas con las Farc en La Habana en libre son de paz y no de concierto para delinquir, como lo insinúa la derecha, en su pérfida acumulación de pretextos para sabotearla.
En artículo magistral (“¿Sacrificar la verdad para alcanzar la paz?”, en Razón Pública) el analista Gustavo Duncan fustiga el silencio sobre nexos de la clase política con grupos armados ilegales de izquierda y de derecha, omisión que seguiría alimentando el conflicto. Gloso aquí el texto: en el proceso con las AUC –escribe- se sacrificó la verdad en aras de la paz. Toda la culpa se les adjudicó a los paramilitares, mientras la clase política jugaba a salir indemne. Como lo probaría el caso de Luís Alfredo Ramos. De la misma manera, en la farcpolítica los legales involucrados con este grupo armado apuestan al encubrimiento de la verdad. El silencio en aras de la paz. Si se hiciera justicia, afirma Duncan, sería apenas natural que, luego de una eventual desmovilización, algunos dirigentes de partidos y ONG de izquierda fueran a prisión por haber tenido relación con las Farc. “Sería un caso casi idéntico al de Luís Alfredo Ramos”.
Cien parlamentarios fueron procesados por parapolítica. Pero sólo se reveló parte de la verdad y se desconoce el proceder de las elites nacionales que pactaron con esos políticos. En particular, el de la elite política de Bogotá. Apunta el autor que Uribe no tiene por qué asumir toda la representación de los parapolíticos. Ya ellos existían antes de que el antioqueño llegara al poder, pues configuraban la base de gobierno de ambos partidos, el liberal y el conservador, en Administraciones anteriores y en la actual. Y remata Duncan: “Ni en la derecha ni en la izquierda parece haber asomo de acuerdo para buscar una salida sensata en este tema. Ningún dirigente es capaz de reclamar amnistía para su colectividad política a cambio de la verdad, al tiempo que reclame el mismo tratamiento para sus contradictores”.
Explica las relaciones de políticos con paramilitares y narcotraficantes, por el dominio de éstos sobre la economía en las regiones. Economía criminal que financiaba la política y era el núcleo de la organización social en provincia. Sí, la base social del paramilitarismo venía ya conectada al Estado, mientras las Farc apuntaban contra él. Pero unos y otros se apropiaron las rentas del Estado con anuencia de políticos. Y mataron para prevalecer.
Piden las Farc una comisión de la verdad que esclarezca la historia del conflicto y señale a todos los responsables, guerrilla comprendida. Paso significativo hacia el reconocimiento de las víctimas. Pero insuficiente si el país escamotea la verdad de los políticos que se coligaron con ellas. O si ignora todas las posibilidades de una justicia de transición: si no amnistía para todos, cárcel para todos. O la solución plena, justicia restaurativa para todos por igual.
