Hace un año se comprometió el Presidente a resolver la crisis de salud liquidando el modelo que rige y sus EPS, origen del que los colombianos consideran problema capital del país; pero esta semana celebraba el Gobierno la revitalización en el Senado de la estructura mercantil que convirtió en negocio el derecho a la salud, y cuyo símbolo siniestro llegó a ser el paseo de la muerte. La reforma cambia nombres y algún procedimiento burocrático, mas no toca la sustancia. Antes bien, la afianza.
Médicos, pacientes, ciudadanos la rechazan porque con ella las EPS conservan el control económico del sistema y su intermediación financiera; organizan las redes del servicio; deciden a quién pagar y cuánto, vale decir, ordenan el gasto; auditan; preservan la gabela suculenta de la integración vertical en el nivel básico –el de mayor impacto- para contratar consigo mismas, y reciben más dinero del Estado. Sólo que no se les entregará ya por adelantado sino después.
Aunque Salud Mía concentre el recaudo, las cotizaciones al servicio perderán su carácter público al contacto con las EPS. Aunque gire directamente a los hospitales, será a aquellos que las EPS señalen. Los primeros, sin duda, los suyos propios. Y, genuflexión suprema al mercader, la reforma porfía en negarle al Estado su función de asegurador único. Trocadas en “gestoras”, las EPS seguirán como aseguradoras y, en consecuencia, manejarán el dinero del sector. Acrecentado. Ahora abultarán el lucro con pagos por administración del riesgo, incapacidades, reaseguramiento, rendimientos financieros, y el valor de las UPC.
Dos innovaciones consuelan. Primero, el propósito de atacar la escasez de especialistas provocada por universidades privadas que restringen su formación a dosis mínimas para asegurar, por falta de competencia, ingresos hasta de 40 millones para estos egresados. Odioso mecanismo de privilegio que impone, por contera, tarifas prohibitivas al paciente. Segundo, el control de precios de medicamentos, que el Gobierno pasado había librado al abuso de las farmacéuticas. Mas éstos son derivados, no pilares del sistema.
El doctor Fernando Galindo reclama respeto a los principios que informan un servicio de salud concebido como derecho, centrado en el paciente, no en el negocio. De donde emanan imperativos como el de suprimir toda forma de integración vertical, igualar los beneficios para todos, volver al Estado como director-asegurador único del sistema y depositario exclusivo de ingresos y pagos. Con veeduría ciudadana.
Nunca se insistirá bastante en eliminar las EPS, intermediarios superfluos –y ladrones- en un sistema cuyos hospitales y secretarías regionales constituyen los articuladores naturales de las redes de salud. El proyecto aprobado en el Senado no sólo escamotea la crisis sino que agrava sus causas: la privatización y mercantilización de este derecho. Triunfo resonante de las EPS, que el Gobierno suscribe. ¿Por debilidad? ¿Por convicción? Sea cual fuere la razón, tres debates le quedan en el Congreso para corregir el rumbo. No quiera él cargar con el estigma histórico de haber precipitado la salud “de Guatemala para guatepior”.
Coda. El pronunciamiento de la Corte Constitucional contra apelación de Piedad Córdoba por su ilegal destitución a manos del procurador podrá supeditar la independencia del Congreso a los raptos de un exaltado que aspira a prevalecer sobre el voto popular. Según la Constitución, cuando de elegidos se trata, el procurador sólo podría sancionar a diputados y concejales, por ser administrativas sus funciones; no a congresistas, cuya función es legislativa. Contra Córdoba lo que hay es impúdica persecución política.