por Cristina de la Torre | May 13, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corrupción, Crímen organizado, Cultivos ilícitos, Derecha, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Iván Duque, Izquierda, JEP, Jurisdicción Agraria, Justicia, La ley de Víctimas, La paz, Lavado de activos, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Lucha antinarcóticos, Mayo 2025, Narcotráfico, Paramilitarismo, Parapolítica, Paz Total, Política de seguridad, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma Rural, Régimen político, Restitución de Tierras, Sustitución de cultivos, Tierras, Violencia
Si a Duque se le cobra la barbaridad de conspirar contra la paz, no menos responsabilidad le cabe a Petro por ayudar a postrarla a golpes de tozudez y negligencia: Colombia vuelve a incendiarse en violencia. Porque ambos gobiernos desdeñaron la implementación del Acuerdo de Paz; y el de Petro, además, celoso de remar a su manera en aguas movedizas, cambió para mal el modelo de negociación: disoció la implementación de la negociación, aquietó a la Fuerza Pública y abundó en concesiones a la contraparte, que hoy prevalece en un tercio del territorio, donde agrede a la población y avanza en su dictadura armada. Es guerra declarada de armados contra comunidades inermes.
Para escándalo del mundo, comparable al de los 6.402 falsos positivos, 1.200 líderes sociales y 460 firmantes de paz han sido asesinados en 8 años, casi todos en estos dos gobiernos, en absoluta impunidad. En el Catatumbo van 117 civiles asesinados y 65.000 desplazados en tres meses, víctimas de una guerra entre activos de economías ilegales. Para la Defensora del Pueblo, el Catatumbo sufre la peor emergencia humanitaria desde cuando existen registros. Pese a medidas de Gobierno todavía formales, otros mandan en la región, la gente huye en estampida y reina el miedo. El terrorífico plan pistola, herencia de Pablo Escobar, ha cobrado la vida a 27 uniformados.
Entre los errores de origen que favorecieron la expansión de los grupos armados y dieron al traste con la Paz Total se señalan ceses el fuego abortados, con desmovilización de la Fuerza Pública y sin los controles necesarios para la contraparte. En la negociación con el ELN, su imposición de ejecutar todo cambio adoptado en la mesa antes de contemplar la desmovilización conducía a un cogobierno armado. Peor aún: revela el expresidente Santos que el propio Gobierno organizó a las disidencias de las Farc. Que “el entonces Comisionado Danilo Rueda fue recogiendo con helicópteros del Estado a voceros de los distintos grupos criminales, llamados disidencias, para reunirlos en 2023 en el Yarí y reconocerlos como Estado Mayor Conjunto de las Farc (…) Aquellas disidencias eran un grupo muy pequeño de traquetos (los que no firmaron la paz) y estaban dedicados sobre todo al narcotráfico”.
El propio presidente Petro sostiene desde hace un tiempo que en Colombia no hay ya guerrilleros sino criminales dedicados al negocio del narcotráfico; que los comandantes del ELN son traquetos iguales a quienes integran los ejércitos de las mafias. Expresiones que cobran elocuencia ahora, cuando replantea su modelo de negociación con armados e integra la ofensiva militar como factor ineludible de una acción integral del Estado.
El Acuerdo de Paz trazó un virtual modelo de desarrollo para vencer la exclusión y las desigualdades. En este horizonte se concibieron los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) para 170 municipios y $26.7 billones. Apenas si se implementaron, presa de pésimo diseño y peor manejo. Primera frustración de la implementación. En Reforma Agraria, bajos índices en compra y redistribución de tierra, aunque satisfactorios en formalización de la propiedad. Se lucha por completar el proceso legislativo de la Jurisdicción Agraria, que resolvería sin violencia, con jueces especializados, las disputas en el campo, origen del conflicto en Colombia. Declaró la ONU que, de haberse implementado el Acuerdo de La Habana, no se sufrirían hoy descalabros como los de Catatumbo y Cauca.
Con tanta acción contra la paz -por perversidad en Duque que casi la volvió trizas, por voluntarismo y vanidad en Petro-; con tan graves omisiones en desarrollo del Acuerdo, ojalá el viraje que despunta en la negociación no haya llegado demasiado tarde.
Coda. Aplauso de pie a Laura Gil que, por mérito propio, accede a la Secretaría Adjunta de la OEA.
por Cristina de la Torre | Mar 25, 2025 | Actores del conflicto armado, Antioquia, AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, Corredores del narcotráfico, Crímen organizado, ELN, Farc, Guerrillas, Impunidad, Justicia restaurativa, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Marzo 2025, Narcotráfico, Paramilitarismo, Política de seguridad, Régimen político, Seguridad democrática, Seguridad Humana, Uribismo, Violencia
Se equivoca el representante Juan Carlos Wills. Proponer el rearme de civiles en el quinto país más violento del mundo y primero en exterminio de líderes sociales no hará sino repotenciar la tragedia nacional. Se agolpan en la memoria todas las aventuras que, pretextando derecho a la defensa, atropellaron la seguridad ciudadana, sembraron de cadáveres caminos, veredas y ciudades. Convivires, autodefensas, paramilitares, narcotraficantes, valentones de ocasión, guerrilleros y facinerosos (con armas de su propio caletre) se adjudicaron todos el derecho de disparar contra la ciudadanía inerme. Y dieron nuevas herramientas de brutalidad a nuestra consuetudinaria manera de hacer política, de dirimir conflictos de tierra, de barrio, de familia: a bala. A veces, con apoyo inesperado: damas rosadas de la sociedad de Medellín se enternecían en los años 80 ante los jóvenes sicarios de Escobar, que mataban sin cesar, por una bicoca, para comprarle su neverita a la mamá.
Para no ir lejos, Andrés Escobar y vecinos de bien dispararon en Cali contra manifestantes el 28 de agosto de 2021. Encausado por la justicia, lo protegió la senadora Maria Fernanda Cabal, quien elogió al “valiente digno de admiración” que había actuado en “legítima defensa”. Se dirá que todo ello son troneras propias de cualquier política de seguridad. No. Aquí las troneras fueron la política de seguridad misma, y la excepción, el uso ponderado del arma que se le entregó a un civil por razones debidamente justificadas y bajo control del Estado.
El 19 de marzo aprobó la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de Wills que se propone facilitar el porte de armas para reducir la inseguridad, flexibilizar permisos y registros para la tenencia y porte de armas de fuego, y “equilibrar el derecho individual (a la seguridad) con las necesidades del orden público”. En los últimos ocho años se habían reducido drásticamente los permisos y había subrayado la Corte Constitucional que el porte de armas debe estar estrictamente regulado para evitar abusos.
La verdad es que la violencia aumenta conforme crece el número de armas entre la población. La Universidad de Los Andes probó que, gracias a la restricción de armas, en Bogotá y Medellín bajaron 22% los homicidios. Mas, piensa la senadora Cabal que el porte de armas es un derecho del ciudadano para defenderse de los criminales. Pero el Acuerdo de La Habana se inventó una excusa para desarmar a la población civil, asevera: el buenismo de todos desarmados hace de Colombia el país más inseguro del mundo. Y una sociedad desarmada queda “a merced de estos bandidos comunistas”.
¿Esta alusión desnuda la razón política del rearme civil? ¿Es la misma que liquida, entre líderes sociales, a defensores de la tierra, por “terroristas”? En todo caso bebe del modelo contrainsurgente: al enemigo (el comunismo) se le liquida; ya invada a la nación o actúe por interpuesta persona, el “enemigo interno”. Pero el enemigo es a un tiempo el guerrillero y el opositor legal. Y en idéntico marco de contrainsurgencia operan los civiles comprometidos con el orden público, bien como Junta de Autodefensa o como Defensa Civil. El mismo que terminaron por adoptar todas las formas de autodefensa que martirizaron a Colombia: Las Convivir, dirigidas por jefes paramilitares; las Autodefensas Unidas de Colombia y el paramilitarismo como fuerza armada irregular del Estado.
El rearme de civiles podría devolvernos a este escenario catastrófico; bien por interés oculto de algún interesado, bien por imprevisión de los promotores de la ley. Porque desdeña las soluciones de fondo a la inseguridad y la violencia, que empiezan por depositar en el Estado el uso exclusivo de la fuerza y por hacer de la justicia un poder operante e insobornable. Rearmar a los civiles podrá ser una osadía mortal.
