por Cristina de la Torre | Sep 26, 2023 | Septiembre 2023, Lucha antinarcóticos, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Adres, Fraude Electoral, Derecha, Seguridad social, Partidos, Salud, Corrupción, Clientelismo
Inesperadamente, para congoja de la derecha, después de 6 meses congelada, aprobó la Cámara ponencia positiva de la reforma a la salud y despejó el camino para discutir su articulado. Tras enjundioso proceso de divulgación, consulta y negociación, se han depurado los problemas alrededor de un asunto crucial: quién controla los fondos públicos de la salud. ¿El Estado, como es regla en todos los países; o bien, empresas privadas, a manos llenas y sin control, como sucede en el nuestro, lunar del mundo?
La batalla febril que los interesados han librado dice de la bolsa que no quieren soltar: $87 billones este año. Dueñas de su propia auditoría y hábiles en ardides contables, muchas EPS como Saludcoop se forraron en dinero de la ciudadanía desviando recursos del sistema a sus negocios particulares. Y no pocas financiaron campañas de políticos. De Roy Barreras, verbigracia, o de Efraín Cepeda (Semana) o de Cambio Radical que, según el concejal Alejandro Guerra, recibió de una EPS $500 millones en 2010. Adalides de la oposición a la reforma que derivó en ataque de espada y hoguera para adulterar su sentido y crucificar a la ministra Carolina Corcho, cuya distinción intelectual y moral pareció mancillar la equívoca prestancia de sus detractores. Rabo de paja.
La intermediación financiera de las EPS sobra. Pero el giro directo a hospitales no la desmonta, porque siguen ellas ejerciendo como ordenadoras del gasto. Deciden cuánto pagar, a quién, cuándo y por cuál servicio. Y, de preferencia, a sus propias clínicas. Conservan el poder de decisión sobre los recursos, mientras Adres se contrae a girar, vendada, lo que ellas digan.
Se toman las EPS atribuciones gratuitas de aseguradoras y de prestadoras del servicio médico. No son ni lo uno ni lo otro. Asegurador es el Estado, dueño único del fondo de salud; y prestadores son las clínicas y hospitales, no las EPS, que se limitan a hacer la gestión administrativa que la reforma reafirma y remuneraría con el 8% del fondo de salud. En el entendido de que no se repitan el millón de tutelas y las 300.000 quejas contra ellas; y de que ofrezcan fórmulas de pago de sus acreencias de $23 billones a los hospitales, que desfallecen de necesidad. Bienvenido el sistema mixto por el que abogan las EPS. Éste existe ya en prestación del servicio y, si se quisiera también en aseguramiento, bastaría con que aquellas invirtieran capital de su bolsillo. Lo que no puede pretenderse es ser aseguradoras privadas con dinero público, como ha ocurrido hasta ahora.
Libres de control, entre EPS floreció todo un ramillete de argucias para llenarse los bolsillos y birlar la ley: sobrefacturar medicamentos y procedimientos médicos, negar servicios, inflar el número de afiliados para derivar más aportes públicos, privilegiar pagos a clínicas de su propiedad. Y hasta armar un “cartel de las EPS”, según el doctor Fernando Galindo, cuando en 2011 la Superintendencia de Industria sancionó a 15 de ellas por configurar un trust de control de precios y negar servicios que debían prestar. En ese mismo año, el ministerio hizo la vista gorda ante la revelación de desfalco de $1.4 billones por Saludcoop.
El modelo de mercado privatizó hace 30 años la seguridad social en Colombia, enarbolando divisa anticorrupción. Mas, no podrá negarse hoy que la corrupción privada superó a la pública en el sector salud ¿A qué entonces bloquear los correctivos de fondo que este Gobierno propone -principiando por la instauración de un sistema único de información en el sector y de medios modernos, de probada eficiencia, en vigilancia y control contable y financiero? La ruda glotonería de Don Dinero terminaría por sacrificar el imperativo de una reforma que encara la nuez del problema: la corrosiva intermediación financiera de las EPS.
por Cristina de la Torre | May 23, 2023 | Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Crímen organizado, Protesta social, Guerrillas, Lucha antinarcóticos, Violencia, Líderes Sociales, Paramilitarismo, Seguridad social, Narcotráfico, Acuerdos de paz, Corrupción, Mayo 2023
Con solo resucitar el propósito originario de la Policía y dignificar el cuerpo de agentes que en su mayoría honran a la institución, despunta el cambio en seguridad que el país anhela. Y el milagro estribaría en liberar a la Policía de funciones militares y políticas impuestas por intereses particulares, que durante 80 años han deformado su razón de ser: la protección de la ciudadanía, hoy sitiada por la inseguridad y el crimen en campos y ciudades. La nueva cúpula de la Policía -en cabeza del general William Salamanca acompañado entre otros por las generalas Sandra Hernández, comandante para la capital y Patricia Lancheros en el Esmad- podrá iniciar el quiebre de una historia desnaturalizada por la intromisión de poderes ajenos a la institución. Una saga nefanda que la dibuja, mínimo, como guardia pretoriana de hacendados de viejo y nuevo cuño: los de fusta-escopeta y los de motosierra.
Instrumento de las dictaduras de Ospina Pérez y Rojas Pinilla, la Policía degeneró entonces en bandas de chulavitas y de pájaros consagradas a desaparecer opositores en las dos olas de la Violencia. Desde los albores del Frente Nacional, ha oficiado como fuerza contrainsurgente donde el espectro del enemigo interno, magnificado en la religión del anticomunismo, abarca lo mismo guerrillas que organizaciones sociales, partidos contestatarios y librepensadores, de recibo en cualquier democracia. En los últimos 40 años, franjas enteras de uniformados devinieron aliadas del narcotráfico y sus ejércitos de paramilitares. Y, en el levantamiento popular de 2021, se convirtió el Esmad en verdugo de su pueblo: a bala recibió la protesta social, mientras el país contemplaba atónito el engendro de un presidente disfrazado de policía en celebración de la matanza.
Al rescate de su misión, la nueva estrategia pone el acento en convivencia ciudadana y articula a sus agentes con la comunidad. Convocará cabildo abierto en los CAI para ventilar problemas públicos y soluciones. En protesta social, antepondrá el diálogo a la represión, desde una estricta formación de los agentes en derechos humanos y respeto por el derecho internacional humanitario. Al crimen organizado le anunció Salamanca guerra sin cuartel. Se fortalecerá la institución toda para atacar el multicrimen que emana del narcotráfico y, de consuno con la Fiscalía, enfrentará también el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz.
Lo anunciado promete una transformación capaz de esquivar la manipulación de los partidos en el poder, que comprometió la neutralidad del cuerpo civil destinado a la seguridad de la ciudadanía: este mutó de institución civil a cuerpo militar contra civiles. Si a mediados del siglo pasado se politizó como adminículo de autócratas, hoy vuelve por aquellos fueros. No le sorprende al general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía, el delirio golpista del coronel Marulanda. Hoy como ayer, obra la politización de la Fuerza Pública. Esta vez agenciada por líderes que la polarizan y se proponen dividirla entre amigos y enemigos de la paz: entre héroes de la patria y traidores a la patria, según que ataquen o defiendan el Acuerdo con las Farc. Hoy como ayer, agrega Naranjo, cambiaron los criterios de ascenso: no cuentan el profesionalismo y la pulcritud sino la lealtad al Gobierno.
Es hora de devolverle a la Policía su carácter civil; de desprenderla del ministerio de Defensa, concentrarla en lucha contra el crimen y defensa de la ciudadanía y alejarla del conflicto armado, que es fuero del Ejército. Ojalá el replanteamiento marche sobre el entendido de que ella se debe al ciudadano, no a gremios ni a partidos políticos ni a caudillos ni a ejércitos privados. Acaso en esta bocanada de oxígeno se cuele el gusanillo del cambio de blasón: en vez de Dios y Patria, Protección y Servicio.
por Cristina de la Torre | Feb 7, 2023 | Narcoestado, Felipe Tascón, Coca, Política antidroga, Sustitución de cultivos, Guerrillas, Lavado de activos, Industria agrícola, Corredores del narcotráfico, Cultivos ilícitos, Cese multilateral, Lucha antinarcóticos, Paz Total, Farc, ELN, Clan del Golfo, Violencia, Gustavo Petro, Reforma Rural, Reforma Agraria, Conflicto armado, Narcotráfico, La paz, Acuerdos de paz, Febrero 2023
Si el presidente oteara con paciencia los riesgos, para anticipar soluciones, abriría una honda grieta en la política antidrogas que rige. Tal sería el impacto de su alternativa, cimentada en despenalización del minifundio cocalero mientras fructifica el cultivo industrial que lo sustituya. Pero ésta no podrá divorciarse de estrategias paralelas como la de reforma rural y, sobre todo, la de paz total. De la consistencia de esta última, tan azarosa aun, dependerá la nueva política de drogas. La vieja fracasó clamorosamente: no evitó el consumo, nutrió la sangrienta cruzada de narcos y paramilitares, financió guerrillas degradadas y tapizó de muertos la geografía de Colombia. Falló, en particular, la erradicación forzada, pues crecieron más las nuevas siembras que los predios intervenidos.
Petro propone descriminalizar transitoriamente al eslabón más débil de la cadena del narcotráfico y concentrar la fuerza del Estado en la interdicción de los mandamases que cultivan, procesan y comercializan la droga. Y lavan sus réditos a menudo libando un drink en el club o un café en el canapé gerencial de algún banco. Muestra al canto, la incautación de 4,5 toneladas de cocaína entre un lote de 1.750 vacas embarcadas en Cartagena hacia el Medio Oriente. Tras la firma exportadora encontró la periodista Paola Herrera “toda una red empresarial que deja en evidencia la presunta creación de empresas de papel”, fachada de otras actividades. ¿Serán mafia exquisita?
Riesgo inminente en el modelo de transición del pequeño cultivo hacia la industria agrícola: que, viéndose amparado, quiera el pequeño cultivador de coca expandir su sembradío. Para disuadirlo, compromiso solemne y energía. ¿Peligros? Todos: que en esta política, hermana de la compleja e incierta paz total, resulte el campesino sacrificado a la guerra por el mercado de la hoja de coca, por el territorio, por sus corredores de narcotráfico y su población. Previsible, cuando no se vislumbra un cese el fuego multilateral sino bilateral, y éste parece traducirse en que la Fuerza Pública baja la guardia frente a sus contrarios (que siguen disparando y en el negocio) mientras la población desespera entre el fuego cruzado de elenos, disidencias y el Clan del Golfo. El buen éxito de la así concebida sustitución de cultivos depende de la entereza con que el Gobierno negocie cese multilateral entre todos los armados y cese de hostilidades contra la población.
En juego está el más prometedor replanteamiento de la lucha antinarcóticos. En desarrollo del Acuerdo de Paz que insta a crear planes integrales de sustitución de cultivos como herramienta contra el problema de las drogas, Felipe Tascón, director del programa, explica que se trata de volver a los pequeños cultivadores socios del Estado en programas de industrialización agrícola allí donde hoy se cultiva coca. Y no será cambiando una mata por otra, una de coca por una de maíz, sino de cambiar la mata de coca por harina de maíz, para que la sustitución resulte competitiva: agregarle valor al maíz mediante su transformación industrial.
Sustitución de cultivos, reforma rural hacia la industrialización del campo y paz total son estrategias hermanas, respiran cada una por los pulmones de las otras. Si de amortiguar la violencia, si de conjurarla se trata, deberán acompasarse, la mira puesta en las víctimas que ocupan el centro del cuadro: las comunidades étnicas y campesinas. Con la sustitución gradual de cultivos minaría este Gobierno la política antidrogas que convirtió a Colombia en narcoestado y bloqueó su desarrollo. Ojalá el tránsito de la coca a la modernización democrática del campo no se aborte en negociaciones precipitadas, condescendientes, con organizaciones tenebrosas que no han mostrado todavía qué ofrecen a cambio de la mano tendida por la paz.
