por Cristina de la Torre | Jun 13, 2023 | Congreso de la República, Junio 2023, Fiscalía General de la Nación, Reforma política, Protesta social, Reforma a la salud, Reforma tributaria progresiva, Gustavo Petro, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma Fiscal
La muerte misteriosa del coronel Óscar Dávila, subjefe de seguridad del presidente Petro, es tragedia que repica en la crisis de gobierno cuyo clímax escaló a escándalo de chuzadas y supuesto ingreso no explicado de $15.000 millones a la campaña presidencial. Denuncia el abogado Miguel Ángel del Río que la víspera de su muerte le había revelado el oficial amenazas de la Fiscalía contra él y que, según ella, correría sangre. El jurista se queja de “la infame persecución de la Fiscalía”. Subalternos de Dávila habrían intervenido en uso irregular de polígrafo contra empleada de la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia. Pone este hecho la nota de horror en la atmósfera envenenada que la oposición ha construido sobre las protuberantes equivocaciones del primer mandatario. El ataque encadena, uno tras otro, día tras día, gazapos del Ejecutivo magnificados hasta configurar, dice el presidente, un golpe blando.
En la crisis de Gobierno que congela las reformas, corazón de su proyecto, parece debatirse Petro entre la apelación directa al pueblo y la recomposición del acuerdo institucional con otras fuerzas. Entre exhibir poder en las calles y volver a barajar la coalición política cuya disolución precipitó hace dos meses, cruzando ahora líneas que se tuvieron por infranqueables en las reformas de salud, trabajo y pensiones. El recurso a la movilización popular promete más como presión para recomponer la alianza política que le dio gobernabilidad, que para suplantarla.
Con Petro, el modelo de confrontación contra elites ranchadas en la inercia conservadora que nada cede, o muy poco, correría parejas con el de concertación plural en pos de un objetivo común. Acuerdo sobre lo fundamen tal para los ingleses, es modalidad socialdemócrata de liberalismo. El primero, rousseauniano, reta con el discurso contestatario que lubrica una radical descalificación del sistema; el segundo persigue el cambio paso a paso pactando consensos con fuerzas disímiles. Tal la experiencia del Frente Amplio Uruguayo, que gobernó 16 años, y ahora el de Boric en Chile.
En el fragor de la protesta, rendido a la seducción de su propia oratoria, se allanó el líder sin embargo a la vía institucional del cambio. No son estas reformas radicales, dijo, apenas tratan de garantizar derechos esenciales de la gente. El cambio que el pueblo eligió debe tramitarse con respeto de las instituciones. Al Congreso “le solicitamos con todo respeto, desde nuestras ganas de justicia y de paz (aprobar) las reformas que le garantizan al pueblo sus derechos. No es una solicitud violenta, irrespetuosa o armada; es una solicitud popular”. Y agregó: el Gobierno está abierto a discutirlas, a aceptar cambios, pero “ninguno que afecte los derechos de la gente”.
¿Hace mella el golpe blando? Escribe Óscar Guardiola que no hay en éste conspiración sino manipulación de la opinión con información inflada: ruido. “Se trata de amplificar el volumen y multiplicar las fuentes hasta hacer perder el criterio de juicio. No busca golpear de manera inmediata al adversario (…) busca golpearnos a todos, empujarnos a un estado de ansiedad, mortificación y pánico. Entonces no razonamos, reaccionamos”. Y es en tal ambiente donde florecen los fascismos. Camino expedito para el golpe blando será la incapacidad ejecutiva del Gobierno, su estentórea inhabilidad para comunicar, su debilidad por la autocomplacencia.
El dilema entre movilización y concertación podrá ser falso. A la postre, cuestión de énfasis. Pero aquí salta a la vista la urgencia de volver a la concertación en democracia para salvar el cambio que las mayorías anhelan. Sin ejecutorias que respondan a las expectativas creadas, la popularidad del presidente podrá estacionarse en un lánguido 26%, y los manifestantes, contraerse al núcleo místico de los aduladores.
por Cristina de la Torre | May 23, 2023 | Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Crímen organizado, Protesta social, Guerrillas, Lucha antinarcóticos, Violencia, Líderes Sociales, Paramilitarismo, Seguridad social, Narcotráfico, Acuerdos de paz, Corrupción, Mayo 2023
Con solo resucitar el propósito originario de la Policía y dignificar el cuerpo de agentes que en su mayoría honran a la institución, despunta el cambio en seguridad que el país anhela. Y el milagro estribaría en liberar a la Policía de funciones militares y políticas impuestas por intereses particulares, que durante 80 años han deformado su razón de ser: la protección de la ciudadanía, hoy sitiada por la inseguridad y el crimen en campos y ciudades. La nueva cúpula de la Policía -en cabeza del general William Salamanca acompañado entre otros por las generalas Sandra Hernández, comandante para la capital y Patricia Lancheros en el Esmad- podrá iniciar el quiebre de una historia desnaturalizada por la intromisión de poderes ajenos a la institución. Una saga nefanda que la dibuja, mínimo, como guardia pretoriana de hacendados de viejo y nuevo cuño: los de fusta-escopeta y los de motosierra.
Instrumento de las dictaduras de Ospina Pérez y Rojas Pinilla, la Policía degeneró entonces en bandas de chulavitas y de pájaros consagradas a desaparecer opositores en las dos olas de la Violencia. Desde los albores del Frente Nacional, ha oficiado como fuerza contrainsurgente donde el espectro del enemigo interno, magnificado en la religión del anticomunismo, abarca lo mismo guerrillas que organizaciones sociales, partidos contestatarios y librepensadores, de recibo en cualquier democracia. En los últimos 40 años, franjas enteras de uniformados devinieron aliadas del narcotráfico y sus ejércitos de paramilitares. Y, en el levantamiento popular de 2021, se convirtió el Esmad en verdugo de su pueblo: a bala recibió la protesta social, mientras el país contemplaba atónito el engendro de un presidente disfrazado de policía en celebración de la matanza.
Al rescate de su misión, la nueva estrategia pone el acento en convivencia ciudadana y articula a sus agentes con la comunidad. Convocará cabildo abierto en los CAI para ventilar problemas públicos y soluciones. En protesta social, antepondrá el diálogo a la represión, desde una estricta formación de los agentes en derechos humanos y respeto por el derecho internacional humanitario. Al crimen organizado le anunció Salamanca guerra sin cuartel. Se fortalecerá la institución toda para atacar el multicrimen que emana del narcotráfico y, de consuno con la Fiscalía, enfrentará también el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz.
Lo anunciado promete una transformación capaz de esquivar la manipulación de los partidos en el poder, que comprometió la neutralidad del cuerpo civil destinado a la seguridad de la ciudadanía: este mutó de institución civil a cuerpo militar contra civiles. Si a mediados del siglo pasado se politizó como adminículo de autócratas, hoy vuelve por aquellos fueros. No le sorprende al general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía, el delirio golpista del coronel Marulanda. Hoy como ayer, obra la politización de la Fuerza Pública. Esta vez agenciada por líderes que la polarizan y se proponen dividirla entre amigos y enemigos de la paz: entre héroes de la patria y traidores a la patria, según que ataquen o defiendan el Acuerdo con las Farc. Hoy como ayer, agrega Naranjo, cambiaron los criterios de ascenso: no cuentan el profesionalismo y la pulcritud sino la lealtad al Gobierno.
Es hora de devolverle a la Policía su carácter civil; de desprenderla del ministerio de Defensa, concentrarla en lucha contra el crimen y defensa de la ciudadanía y alejarla del conflicto armado, que es fuero del Ejército. Ojalá el replanteamiento marche sobre el entendido de que ella se debe al ciudadano, no a gremios ni a partidos políticos ni a caudillos ni a ejércitos privados. Acaso en esta bocanada de oxígeno se cuele el gusanillo del cambio de blasón: en vez de Dios y Patria, Protección y Servicio.
