por Cristina de la Torre | Sep 26, 2023 | Septiembre 2023, Lucha antinarcóticos, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Adres, Fraude Electoral, Derecha, Seguridad social, Partidos, Salud, Corrupción, Clientelismo
Inesperadamente, para congoja de la derecha, después de 6 meses congelada, aprobó la Cámara ponencia positiva de la reforma a la salud y despejó el camino para discutir su articulado. Tras enjundioso proceso de divulgación, consulta y negociación, se han depurado los problemas alrededor de un asunto crucial: quién controla los fondos públicos de la salud. ¿El Estado, como es regla en todos los países; o bien, empresas privadas, a manos llenas y sin control, como sucede en el nuestro, lunar del mundo?
La batalla febril que los interesados han librado dice de la bolsa que no quieren soltar: $87 billones este año. Dueñas de su propia auditoría y hábiles en ardides contables, muchas EPS como Saludcoop se forraron en dinero de la ciudadanía desviando recursos del sistema a sus negocios particulares. Y no pocas financiaron campañas de políticos. De Roy Barreras, verbigracia, o de Efraín Cepeda (Semana) o de Cambio Radical que, según el concejal Alejandro Guerra, recibió de una EPS $500 millones en 2010. Adalides de la oposición a la reforma que derivó en ataque de espada y hoguera para adulterar su sentido y crucificar a la ministra Carolina Corcho, cuya distinción intelectual y moral pareció mancillar la equívoca prestancia de sus detractores. Rabo de paja.
La intermediación financiera de las EPS sobra. Pero el giro directo a hospitales no la desmonta, porque siguen ellas ejerciendo como ordenadoras del gasto. Deciden cuánto pagar, a quién, cuándo y por cuál servicio. Y, de preferencia, a sus propias clínicas. Conservan el poder de decisión sobre los recursos, mientras Adres se contrae a girar, vendada, lo que ellas digan.
Se toman las EPS atribuciones gratuitas de aseguradoras y de prestadoras del servicio médico. No son ni lo uno ni lo otro. Asegurador es el Estado, dueño único del fondo de salud; y prestadores son las clínicas y hospitales, no las EPS, que se limitan a hacer la gestión administrativa que la reforma reafirma y remuneraría con el 8% del fondo de salud. En el entendido de que no se repitan el millón de tutelas y las 300.000 quejas contra ellas; y de que ofrezcan fórmulas de pago de sus acreencias de $23 billones a los hospitales, que desfallecen de necesidad. Bienvenido el sistema mixto por el que abogan las EPS. Éste existe ya en prestación del servicio y, si se quisiera también en aseguramiento, bastaría con que aquellas invirtieran capital de su bolsillo. Lo que no puede pretenderse es ser aseguradoras privadas con dinero público, como ha ocurrido hasta ahora.
Libres de control, entre EPS floreció todo un ramillete de argucias para llenarse los bolsillos y birlar la ley: sobrefacturar medicamentos y procedimientos médicos, negar servicios, inflar el número de afiliados para derivar más aportes públicos, privilegiar pagos a clínicas de su propiedad. Y hasta armar un “cartel de las EPS”, según el doctor Fernando Galindo, cuando en 2011 la Superintendencia de Industria sancionó a 15 de ellas por configurar un trust de control de precios y negar servicios que debían prestar. En ese mismo año, el ministerio hizo la vista gorda ante la revelación de desfalco de $1.4 billones por Saludcoop.
El modelo de mercado privatizó hace 30 años la seguridad social en Colombia, enarbolando divisa anticorrupción. Mas, no podrá negarse hoy que la corrupción privada superó a la pública en el sector salud ¿A qué entonces bloquear los correctivos de fondo que este Gobierno propone -principiando por la instauración de un sistema único de información en el sector y de medios modernos, de probada eficiencia, en vigilancia y control contable y financiero? La ruda glotonería de Don Dinero terminaría por sacrificar el imperativo de una reforma que encara la nuez del problema: la corrosiva intermediación financiera de las EPS.
por Cristina de la Torre | Sep 19, 2023 | Septiembre 2023, Policía Nacional, Guerrillas, Fascismo, Farc, ELN, Violencia, Conflicto armado, La paz, Justicia, Actores del conflicto armado
En la esperanzadora negociación con el ELN, no todo es certidumbre. ¿Se allanará esa guerrilla a dar por terminado el conflicto y a deponer las armas -meta de todo proceso de paz- como sí lo hicieron las Farc? ¿Se someterá a la justicia transicional, como en vista de la ley se sometió la cúpula de las Farc? ¿Reconocerán sus comandantes responsabilidad en el crimen de secuestro, atrocidad casi exclusiva de las guerrillas en el conflicto, como sí la reconoció el Secretariado de las Farc?
Y no es que la guerrilla de Tirofijo brillara de superioridad moral. Es que en audiencia pública de reconocimiento del delito presidida con rigor por la magistrada de la JEP, Julieta Lemaitre, y desafiados por la indignación de las víctimas, sus jefes debieron redirigir el tránsito de la fantasiosa coartada de héroes del pueblo a la condición de criminales de guerra. De la oda, a la prosa escrita con sangre ajena. Dejaron de llamar “error” de predestinados sublimes de la revolución, al torrente de secuestros que sacrificaron la libertad y, tantas veces, la vida de sus mártires en cautiverio.
Hace dos meses imputó la JEP crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 miembros del Comando Conjunto Central de las Farc: deberán ellos responder por secuestro, asesinato y desaparición forzada. Así como hace un año hizo recaer en la cúpula de ese grupo armado, por responsabilidad de mando, delitos de homicidio, tortura y violencia sexual, conexos al secuestro.
No lejos de tales infamias iría el ELN. Mientras dialoga el Gobierno con este grupo, se dispara el secuestro; en los seis primeros meses del año y para igual período de 2022, pasó de 80 a 173. No en vano hace un mes, cuando se pactó un cese al fuego, declararon sus comandantes que persistirían en el secuestro. La JEP, la Comisión de la Verdad y el Grupo de Análisis de Derechos Humanos certifican 50.770 secuestros perpetrados entre 1990 y 2018; contemplado el subregistro, elevan la cifra a 80.000. Y a las guerrillas, Farc y ELN, se les adjudica el 90.6% de esta práctica nefanda.
En análisis de la citada audiencia, Laly Catalina Peralta, Gonzalo Sánchez e Iván Orozco señalan que el secuestro degradó a la insurgencia hasta despojarla de todo rescoldo de legitimidad. Que deshumanizó lo mismo a sus víctimas que a sus victimarios. Ya se tratara del secuestro extorsivo que el Secretariado había trazado como política para financiar su guerra; ya del plagio de soldados, policías, políticos y funcionarios para canjearlos por sus presos, aquellos permanecieron años apiñados como animales entre corrales de alambre de púas que evocaban campos de concentración nazis en el corazón de la selva. Una tercera modalidad de secuestro definió la JEP: la del perpetrado por control territorial. Este se ensañó en grupos étnicos y campesinos, allí donde las Farc impusieron una dictadura de hierro como gobierno paralelo.
Cargada de símbolos, en catarsis apenas controlada entre comparecientes y víctimas, la escenificación del secuestro en aquella audiencia abundó en descripción de lazos, alambres de púas, cadenas, campos de concentración, marchas de la muerte aún para niños y ancianos; de pagos por el cuerpo del secuestrado asesinado o por el varias veces secuestrado o por el desaparecido en cautiverio. Que fueron, casi siempre, modestos propietarios y campesinos pobres. Y desembocó en el reconocimiento de responsabilidad por la cúpula de las Farc que, en todo caso, reafirmó su vocación revolucionaria: seguiremos luchando por los mismos fines, dijo, pero con otros medios. “Lo revolucionario ahora es la paz”, declaró Londoño; ningún fin, por loable que parezca, justifica medios abominables como el secuestro.
¿Concurrirá el ELN un día a acto semejante de justicia, de reconciliación y de reintegración social y política? Por qué no.
por Cristina de la Torre | Sep 26, 2023 | Septiembre 2023, Crímen organizado, Narcoestado, Lavado de activos, Corrupción Electoral, Manipulación Electoral, Fraude Electoral, Derecha, Paramilitarismo, Modelo Político, Justicia, Corrupción
Clarísimo: había que vetar La Costa Nostra, desactivar esta carga de dinamita contra el imperio inexpugnable de los Char, cuya primera grieta asoma en la detención del delfín, Arturo, por concierto para delinquir y corrupción del sufragante agravados. Pero el silencio no era una opción, declaró Laura Ardila, autora de la crónica que desnuda, a todo color y en escenarios donde sus protagonistas fungen menos como héroes que como villanos, las entretelas del poder edificado en la corrupción. Mas no moraliza Ardila, ni oculta méritos en la administración de la ciudad, ni precipita diagnósticos inapelables. Va hilando hechos que terminan por tejer la filigrana completa de una hegemonía cuyas dinámicas se replican en el país entero, y configuran el modelo político que se impuso: la privatización del poder público en favor de agraciados del destino que supieron combinar negocios particulares y contratación pública con corrupción electoral y resbalones en el paramilitarismo.
Tras la exaltación del llamado milagro de Barranquilla, dice la autora, yace el costo ético, político y democrático de la incautación del erario para enriquecimiento y solaz de unos cuantos. La moral del todo vale desbocada en simbiosis de poder económico y político, meca real del clan que había roto con el cura Hoyos por quebrar a delito limpio la ciudad. Saneó sus finanzas, sí, pero terminó cooptando a los autores del desastre y, en radical falta de escrúpulos, montó un sofisticado entramado de contratación pública, de modo que todo quedara en familia y entre amigos. Cerró filas con adversarios y con la talentosa compravotos Aida Merlano, hoy sentenciada por delitos propios y ajenos.
Tras desapacible paso por el Concejo, Alejandro Char se hizo constructor y contratista del Estado. Se asoció con su cuñado, Guido Nule, y con sus primos, reyes del carrusel de la contratación que desfalcó a Bogotá. En sólo dos años, entre 2004 y 2006, suscribió el cuarteto contratos con Barranquilla por un billón de pesos. Habiendo quebrado a la Arenosa, con Alex Char escalaron los Daes a megacontratistas de la ciudad. Con estos compartieron mieles otros fieles del círculo íntimo del alcalde: Julio Gerlein, Faisal Cure y Samuel Tcherassi. Por su parte, la interventoría de los contratos recaía en miembros de la familia Char que, cosa rara, no detectaron el mecanismo perverso de probable lavado de activos en que incurría la propia ciudad: préstamos de los contratistas mismos para ejecutar las obras y luego pagados con dineros de cualquier laya.
Con la alianza Char-Cambio Radical, se dispararon los contactos nonsanctos. David Char Abdala, en lista de ese partido, reconoció haberse aliado con paramilitares. Su fórmula, Alonso Acosta, enfrentó juicio por parapolítica. Cambio Radical avaló en 2011 a Kiko Gómez, homicida exgobernador de la Guajira. Allí sellaron los Char alianza con Oneida Pinto, ficha de Kiko Gómez. En Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba y Sucre avalaron a paras o afines.
En la casa Gerlein se consagró Aida Merlano como experta coordinadora del mercado de sufragios. Sentenciada la subalterna a 15 años de prisión, ella mostró pruebas de que tanto Gerlein como Alejandro y Arturo Char habían financiado este delito. Y con fondos oficiales. La plata salía del distrito, declaró, “gracias a que en su segunda administración Char se embolsillaba el 30% de los recursos de aquella contratación…”
Cifra fatal: pese al “progreso” que publicita Barranquilla, 30% de su gente hace sólo una comida al día. Aunque el promedio nacional de hambre es inferior, vuelva el amable lector los ojos sobre su ciudad o su región, y descubrirá que la Costa Nostra es Colombia toda. Este libro debería ser lectura obligada en colegios y universidades.
por Cristina de la Torre | Sep 5, 2023 | Septiembre 2023, Campesinado, Crímen organizado, Conversaciones de Paz, Paz Total, Estado Social, ELN, Clan del Golfo, Violencia, Gustavo Petro, Desplazamientos, Desplazados, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, Narcotráfico, La paz, Política agraria, Justicia, Corrupción, Actores del conflicto armado
Acostumbradas ciertas elites a acapararlo todo, aun allí donde había corrido sangre, se rasgan las vestiduras al primer intento del presidente Petro por reivindicar a los damnificados de la tierra. Que se cocina “expropiación expres” alerta a grandes voces la derecha aunque el Gobierno, que bien pudiera echar mano de las muchas leyes que en Colombia autorizan la expropiación de tierra feraz inexplotada, se la compra en cambio al latifundismo, a precio comercial y con recursos públicos. Es que para responder a la emergencia de millones de campesinos expropiados a bala o por amenaza de muerte, quiere el ministerio agilizar el mecanismo de compra de tierra en procesos de extinción de dominio reglados estrictamente por la norma legal.
Otro mecanismo, consagrado en la Ley de restitución de tierras, afectaría predios arrebatados a sus dueños y adquiridos después por terceros “de buena fe”. El caso de Argos, empresa del mayor conglomerado económico, ha tensionado todas las fibras del gran capital. Pero, tras 22 sentencias judiciales, nunca pudo esta firma demostrar buena fe exenta de culpa al comprar tierras habidas tras masacres y desplazamiento de campesinos en Montes de María. Hoy las “dona”, no a los labriegos, sino a una fundación de su propiedad.
Agudizada al extremo nuestra ya atávica desigualdad en propiedad agraria, no más mencionar el sistema de privilegio enardece a una franja grande del poder de fusta y al de motosierra, coligados en grosero amancebamiento de medio siglo. Si conflicto agrario y conflicto armado se retroalimentan, con Petro corren parejas desiguales: consistente se ve el marco de la reforma rural, y azaroso, el de la paz total. Y los grandes interesados en que nada cambie atizan las dificultades de la paz para ocultar bajo esa alfombra verdades de a puño, brutales en su depurada simplicidad, que el presidente expresó el 30 de agosto.
Desde 1936 se instituyó en Colombia, como en las democracias todas, que la tierra tiene función social y que, en tal virtud, se la puede expropiar si no se explota. Una y otra vez lo refrendó la ley, apunta el primer mandatario. Y, sin embargo, este Gobierno no expropia. Compra. Parafraseando su discurso, dirá que los expropiados aquí fueron los campesinos, a sangre y fuego de hombres armados aliados con funcionarios públicos que seguían órdenes de quienes se quedarían con la tierra. Senadores de la república ordenaron masacres como la de Macayepo: “votaban las leyes por la mañana y por la noche hacían las listas de los que iban a morir”. Argos se quedaría con tierra de desplazados tras la masacre, acaso pensando de buena fe que no se había regado ella con sangre; pero después de 22 fallos judiciales, no devolvía la tierra que había comprado por tres pesos. Por codicia, por egoísmo social.
Sin justicia no habrá paz, abunda el presidente: la justicia y la verdad son la antesala de la paz, así como la injusticia y la desigualdad son la antesala de la violencia. Insiste en la reconciliación, punto final de la guerra y punto inicial de una era de paz. Tenemos que dialogar, dice, pero el diálogo no puede ser sino entre iguales.
Con todo, el acuerdo nacional no podrá ser subsidiario de una “paz total” que de momento revuelve a tirios y troyanos, a grupos armados de carácter político que apuntan a la suplantación del poder (como el ELN) con otros (como el Clan del Golfo, las autodefensas o la Oficina de Envigado) cuyo fin exclusivo es enriquecerse: una cosa es la insurgencia y, otra, el crimen organizado. Pero la fuerza de los hechos compromete en esta guerra no sólo a toda la gama de sus ejecutores armados sino a sus determinadores y a sus beneficiarios directos o indirectos. Y se sabe: sin reforma agraria, seguirá la guerra.
