por Cristina de la Torre | Sep 26, 2023 | Septiembre 2023, Crímen organizado, Narcoestado, Lavado de activos, Corrupción Electoral, Manipulación Electoral, Fraude Electoral, Derecha, Paramilitarismo, Modelo Político, Justicia, Corrupción
Clarísimo: había que vetar La Costa Nostra, desactivar esta carga de dinamita contra el imperio inexpugnable de los Char, cuya primera grieta asoma en la detención del delfín, Arturo, por concierto para delinquir y corrupción del sufragante agravados. Pero el silencio no era una opción, declaró Laura Ardila, autora de la crónica que desnuda, a todo color y en escenarios donde sus protagonistas fungen menos como héroes que como villanos, las entretelas del poder edificado en la corrupción. Mas no moraliza Ardila, ni oculta méritos en la administración de la ciudad, ni precipita diagnósticos inapelables. Va hilando hechos que terminan por tejer la filigrana completa de una hegemonía cuyas dinámicas se replican en el país entero, y configuran el modelo político que se impuso: la privatización del poder público en favor de agraciados del destino que supieron combinar negocios particulares y contratación pública con corrupción electoral y resbalones en el paramilitarismo.
Tras la exaltación del llamado milagro de Barranquilla, dice la autora, yace el costo ético, político y democrático de la incautación del erario para enriquecimiento y solaz de unos cuantos. La moral del todo vale desbocada en simbiosis de poder económico y político, meca real del clan que había roto con el cura Hoyos por quebrar a delito limpio la ciudad. Saneó sus finanzas, sí, pero terminó cooptando a los autores del desastre y, en radical falta de escrúpulos, montó un sofisticado entramado de contratación pública, de modo que todo quedara en familia y entre amigos. Cerró filas con adversarios y con la talentosa compravotos Aida Merlano, hoy sentenciada por delitos propios y ajenos.
Tras desapacible paso por el Concejo, Alejandro Char se hizo constructor y contratista del Estado. Se asoció con su cuñado, Guido Nule, y con sus primos, reyes del carrusel de la contratación que desfalcó a Bogotá. En sólo dos años, entre 2004 y 2006, suscribió el cuarteto contratos con Barranquilla por un billón de pesos. Habiendo quebrado a la Arenosa, con Alex Char escalaron los Daes a megacontratistas de la ciudad. Con estos compartieron mieles otros fieles del círculo íntimo del alcalde: Julio Gerlein, Faisal Cure y Samuel Tcherassi. Por su parte, la interventoría de los contratos recaía en miembros de la familia Char que, cosa rara, no detectaron el mecanismo perverso de probable lavado de activos en que incurría la propia ciudad: préstamos de los contratistas mismos para ejecutar las obras y luego pagados con dineros de cualquier laya.
Con la alianza Char-Cambio Radical, se dispararon los contactos nonsanctos. David Char Abdala, en lista de ese partido, reconoció haberse aliado con paramilitares. Su fórmula, Alonso Acosta, enfrentó juicio por parapolítica. Cambio Radical avaló en 2011 a Kiko Gómez, homicida exgobernador de la Guajira. Allí sellaron los Char alianza con Oneida Pinto, ficha de Kiko Gómez. En Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba y Sucre avalaron a paras o afines.
En la casa Gerlein se consagró Aida Merlano como experta coordinadora del mercado de sufragios. Sentenciada la subalterna a 15 años de prisión, ella mostró pruebas de que tanto Gerlein como Alejandro y Arturo Char habían financiado este delito. Y con fondos oficiales. La plata salía del distrito, declaró, “gracias a que en su segunda administración Char se embolsillaba el 30% de los recursos de aquella contratación…”
Cifra fatal: pese al “progreso” que publicita Barranquilla, 30% de su gente hace sólo una comida al día. Aunque el promedio nacional de hambre es inferior, vuelva el amable lector los ojos sobre su ciudad o su región, y descubrirá que la Costa Nostra es Colombia toda. Este libro debería ser lectura obligada en colegios y universidades.
por Cristina de la Torre | Jul 12, 2022 | Mintic, Sanción Política, Sanción Social, Manipulación Electoral, Iván Duque, Impunidad, Corrupción, Clientelismo, Julio 2022
Planta carnívora del trópico, no se sacia este Gobierno: tritura el estómago de su gente y exprime hasta la última gota del erario para llenar los bolsillos del compadraje al mando. Sin dolor. Sin pudor. A carcajada batiente se robarían $500.000 millones de regalías para la paz con destino a los 170 municipios más atormentados por la pobreza y la guerra. Según El Tiempo, se indagan contratos por $750.000 millones en todo el país, con el mismo origen y patrón. Y el presidente ahí.
Ya su Mintic había hecho la vista gorda mientras traficantes de contratos desaparecían $70.000 millones, y hasta el sol de hoy: la ministra saltó a puesto más lucrativo y la plata se esfumó. Con la supresión de garantías electorales, políticos y contratistas devoraron carnosa tajada de los $4.5 billones en los que se calcula el valor de los convenios interadministrativos suscritos. Y, cómo no, la Fiscalía se estrenó engavetando sonoros indicios de aportes del impresentable Ñeñe Hernández a la campaña de Duque. Por mostrarlos, puso tras las rejas a dos agentes del CTI y evaporó el escándalo que, caso análogo, le habría costado la presidencia a Ernesto Samper. Pero en su boato prestado, va el presidente de turismo por el mundo para desdeñar, desde más lejos aún, las penurias del inepto vulgo, agravadas por el asalto de los suyos a los recursos públicos. Pasará a la historia esta tropilla de salteadores acaso como el gobierno más corrupto que se recuerde.
De la más reciente incursión dan cuenta los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra, cuyas revelaciones han conmocionado a la opinión. Apoyada en hechos no rebatidos, sostiene Santos que altos funcionarios de Planeación Nacional, de la Contraloría y parlamentarios conservadores se habrían apropiado dineros del Acuerdo de Paz en coimas y sobornos. Sólo entre junio y diciembre de 2021 se habría perdido medio billón de pesos, mientras Luis Alberto Rodríguez era jefe del DNP y Emilio Archila alto consejero para el posconflicto. El Contralor general Felipe Córdoba, escribe ella, inventó un control previo que habría obrado como presión para que los alcaldes pagaran las coimas.
Las denuncias emplazan al director de regalías, Álvaro Ávila, mano derecha de Rodríguez, entonces director de Planeación y candidato en remojo del duquismo a contralor general. Como en remojo para esa bagatela andan casi todos los implicados en el atraco. Vea pues. Dijo Archila haber reenviado a la Fiscalía correos que comprometían a Ávila; pero nunca elevó denuncia formal a la entidad, que permaneció tan indiferente al estropicio como desapercibido el presidente.
Se comporta este Gobierno como un ejército de ocupación sobre la población más martirizada y sobrelos recursos públicos. Peor aún, devora a tarascadas los de la paz y hostiliza a su destinatario: las comunidades que desesperan en el hambre, el abandono y la violencia. No ve (¿no quiere ver?) a los asesinos de sus líderes (900 en estos 4 años) ni las masacres (261) mientras da lora el presidente en el extranjero pintando fantasías. Revela Maria Bibiana Botero en El Colombiano que antes de la pandemia 70% de los hogares de Antioquia soportaban inseguridad alimentaria; que en el Bajo Cauca la cifra alcanzaba 87% y, en Urabá, 86%. En 17 municipios de este departamento, 8 de cada 10 personas padecían hambre. ¿También se robaron sus fondos de paz?
En su debut como primer mandatario, cooptó Duque la consulta popular de Claudia López, casi 12 millones de votos contra la corrupción, sólo para desaparecerla entre bolas de naftalina; hoy cierra este Gobierno con medalla en corrupción. Si Turbay Ayala propuso reducirla a sus justas proporciones, el aventajado discípulo batió la marca: elevó la corrupción hasta su máxima proporción y la coronó con una felonía: calló mientras se robaban hasta la paz.
por Cristina de la Torre | Ene 25, 2022 | Curules de Paz, Manipulación Electoral, Censo Electoral, Fraude Electoral, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Derecha, Paramilitarismo
La impudicia del Uribe-duquismo para tomarse todos los flancos del tinglado electoral denuncia pánico de perder el poder, en el único país de América Latina que nunca tuvo un gobierno de izquierda. Emulando al dictador de Nicaragua, nuestro registrador sentencia: si la oposición se siente sin garantías electorales, bien podrá renunciar a su participación en la contienda. Insólito anuncio de pasos del animal grande que va triturando con su pata peluda las reglas de la democracia. Entrega la logística y el escrutinio electorales a empresas privadas que harán la tarea sin auditoría ni control. Confunde (¿deliberadamente?) censo de población con censo electoral, acaso para meter millones de votos fantasmas, de derecha, en las urnas. El Gobierno suspende la Ley de Garantías concebida para asegurar igualdad en la competencia electoral. Contempla –mudo, manco, sordo– el festín que funcionarios, paramilitares, gamonales y victimarios han armado para manduquearse, tras haberlas vetado, las 16 curules de las víctimas. Jorgito junior, hijo de Jorge 40, el más sanguinario entre los masacradores del paramilitarismo y héroe del muchacho, aspira a una de ellas. Mientras tanto, varios de los líderes comunitarios, depositarios naturales de este recurso de paz, han sido ya notificados: o renuncian a su aspiración, o serán declarados objetivo militar. Y el Gobierno ahí, alelado testigo del horror que no conjura.
El registrador firmó contrato con la empresa española INDRA para coordinar el escrutinio de los votos y consolidar los datos de los formularios E14 de los jurados. Denuncia NT24 que la firma se vio involucrada en escándalos por fallas en el voto electrónico y por casos de soborno y manipulación electoral. Según Noticias UNO, había firmado antes otro contrato con DISPOEL para inscripción de cédulas, recolección de datos y elección de jurados. Por vez primera, dos empresas privadas, escogidas a dedo, controlarán todos los resultados electorales, sin vigilancia ni control.
La directora de la MOE alerta sobre dificultades para hacerle monitoreo, seguimiento y control a la información electoral, desde las mesas de votación. Las múltiples dificultades en la inscripción de cédulas develarían riesgos, que vienen a sumarse a los acumulados en once meses de bloqueo de información necesaria para inferir trasteo de votos. A la fecha, no se sabe en qué consiste la depuración del censo electoral. Se denuncia, sí, que la Registraduría ha represado la entrega de tres millones de nuevas cédulas. Votantes jóvenes, tal vez menos proclives a sufragar por el que, cuesta abajo en su rodada, se dijo dueño de vidas y haciendas.
Definitoria en la estrategia envolvente que apunta al fraude fue la suspensión de la Ley de Garantías Electorales. Presidente y Congreso rompieron el equilibrio en la competencia electoral que deriva de la neutralidad de los funcionarios públicos, de la prohibición de ceder contratos por intereses políticos y del congelamiento de la nómina oficial. Primera agraciada con el cambio, Margarita Cabello: nombró, de una tacada, 1.208 funcionarios inútiles en la Procuraduría.
Dramático, el cerco tendido a los líderes sociales que aspiran a las curules de paz. Amenazas de muerte, bloqueo de los modestos fondos destinados a su campaña, interferencia de clanes políticos y grupos armados en territorios donde el asesinato de líderes es rey. Quienes vetaron el proyecto que creaba las curules querrán ser ahora sus directos beneficiarios, aun victimarios que fungen de víctimas.
Y así va el fraude. Planta carnívora de los pantanos donde la extrema derecha sembró su imperio de odio, violencia, ladronera impune y abuso de poder. Pero es flor que, contaminada de sus propias miasmas, agoniza. Como agoniza la hegemonía de quienes la sembraron. No estamos ya en 2002 sino en 2022.
