por Cristina de la Torre | Mar 26, 2013 | Marzo 2013, Salud
Decepciona. No responde al anhelo general de cambio del modelo, ni para el Gobierno será, por tanto, el otro salvavidas al lado de los acuerdos de paz. Panderetas aparte, la propuesta de reforma a la salud que el Presidente radicó el martes pasado tiende a reafirmar la vocación privatizadora de la Ley 100 que convirtió la salud en cueva de ladrones. Descentraliza el servicio, sí; unifica beneficios y, con la creación de un fondo único de carácter público, quisiera devolverle al Estado el control de los recursos del sector. Pero en vez de poner a raya a las EPS, fuente principal del pantano en que se hunde la salud y usufructuarias del desvío de billones, el proyecto les “redefine” funciones sin desmedro de su poder. Así, las ventajas de un modelo mixto de convivencia y control recíproco entre los sectores público y privado podrán terminar embolatadas en el privilegio de los particulares que trocaron en negocio la salud.
El proyecto suprime la intermediación financiera directa de las EPS, mas ahora –como gestoras de salud- les entrega la organización del sector en redes regionales, el control de cuentas de los hospitales, y el poder de ordenarle al flamante Fondo estatal qué giros emite o retiene por servicios prestados a los 12 mil hospitales, clínicas y proveedores. La bicoca anual de 30 millones de cuentas y auditoría sobre 600 mil consultas, cirugías y laboratorios. Más aún, les permite mantener integración vertical en atención básica con sus hospitales. Tronera por donde se escurrió un torrente de dineros de salud hacia el bolsillo de las EPS. Seguirán ellas ejerciendo como aseguradoras en los niveles especializado y especial, vale decir, como intermediarias financieras. Y en tal condición seguirán, por pagar incapacidades y licencias de maternidad. Bien a tono con el literal x del Capítulo I del proyecto, según el cual los recursos de la salud “son públicos hasta que se transfieren de Salud-Mía a los agentes del sistema”.
Exultando prerrogativas, las gestoras (mayormente EPS privadas) formalizarán contratos con las clínicas y hospitales que integran la red de salud en el área de gestión respectiva. También deberán “auditar las facturas por servicios prestados, realizar el reconocimiento de los montos a pagar y ordenar los giros directos desde Salud-Mía (a los prestadores de salud) y a los proveedores de medicamentos y dispositivos médicos”. Otro bastión de poder, ahora las EPS podrán gestionar, hacer seguimiento y control de la información administrativa, financiera y médica propia y de los hospitales y clínicas que pertenezcan a su red.
A una ley ordinaria de semejante envergadura debe precederla un estatuto de principios y estrategias que den marco y sentido a la definición del servicio médico y al modelo por seguir. Al lado de la presente, el Congreso debate una ley estatutaria que concibe la salud como derecho fundamental garantizado para todos por el Estado y financiado con recursos públicos. De donde no podría volver a desprenderse el paradigma mercantilista y discriminatorio que ha prevalecido en estos 20 años. Acaso mas bien un modelo mixto donde el Estado preserve la iniciativa y el control en la sustancia, y la empresa privada se ofrezca como complemento, limpiamente remunerado. Por lo demás, entre políticos y negociantes permanecería abierto un ojo escrutador de doble vía.
La iniciativa oficial da demasiado a las EPS: éstas estructuran la red, se organizan verticalmente, envían los pacientes a sus hospitales, controlan la información, vigilan sus propias cuentas y ordenan sus propios pagos. El poder todo. Venga una ley que consagre al Estado como garante supremo del derecho a la salud. Sin meter gato por liebre.
por Cristina de la Torre | Mar 5, 2013 | Marzo 2013, Salud
Lapsus dolorido de Jaime Arias, no bien supo que a sus representadas, las EPS, se les derretía el negocio fabuloso de la intermediación financiera en salud. El Gobierno anunciaba la supresión de tal privilegio, para crear en su lugar un fondo único del Estado que centralizará la afiliación, el recaudo y la colocación directa de los recursos en clínicas y hospitales. El patetismo de Arias denuncia la envergadura del robo y el dolo que al amparo de la Ley 100 enriquecieron a un puñado de mercaderes y precipitaron la más aguda crisis del sector. Crisis por desatención a las mayorías, y por olímpica apropiación de los fondos de salud por EPS cuya deuda asfixia a los hospitales: hoy alcanza ésta los 6.3 billones de pesos. A la creación de Misalud se sumaría la de un plan universal de beneficios, la eliminación del Fosyga y la descentralización del sistema en redes territoriales de salud a cargo de alcaldes y gobernadores. Tras largas consultas con los gremios del sector, el gobierno de Santos coopta reformas que apuntan hacia un modelo de salud como derecho inalienable de todos y no como la guarida de carteristas que es hoy. Entre otros gremios, la Federación Colombiana de Medicina que lidera el facultativo Sergio Isaza habría coronado parte sustancial de su brega de 17 años contra la privatización de la salud y la corrupción que la rodea.
Si aquellos contactos inspiraron algunas de las propuestas iniciales del Gobierno, bien haría él en explorar también el proyecto de Ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la salud y lo protege. En cabeza del senador Luís Carlos Avellaneda, éste acumula las iniciativas del sector y goza del apoyo de todos los partidos en el Congreso. Al tenor de la Corte Constitucional, concibe la salud como derecho fundamental de carácter público, universal y regido por criterios de rentabilidad social, no de lucro particular. El servicio abarca a todos, tengan o no cómo pagarlo. Prohíbe “cualquier tipo de intermediación financiera”; y señala al Estado como “exclusivo responsable y operador de su recaudo, administración y distribución”, mediante un fondo público de salud que nutre a las regiones. Como política social del Estado, la atención primaria se erige en eje de la salud pública, con criterio más preventivo que curativo. El proyecto contempla la elaboración de planes decenales de salud, con participación, veeduría y control de la ciudadanía. Como en Canadá, Inglaterra y Costa Rica, instituciones privadas sin ánimo de lucro podrán complementar el servicio de la red pública.
Ya se alza el coro de los que vaticinan el naufragio de Misalud en un mar de clientelismo y corrupción. Como si Saludcoop y sus compinches no fueran doctores en la materia. Isaza propone, no obstante, vigilancia rigurosa sobre el Fondo desde los organismos de control del Estado y desde la propia sociedad: que organizaciones de pacientes, hospitales, médicos y veedurías ciudadanas tengan asiento en su junta directiva. Pero estima que, en otros sentidos, la iniciativa del Gobierno perpetúa la estructura actual del sistema: primero, permite la innecesaria mediación administrativa de las EPS en las redes de salud; segundo, mantiene la posibilidad de la integración vertical de las EPS, vale decir, que éstas puedan contratar con sus propias clínicas. Yo con yo, para que todo siga en familia.
La reforma de salud que se avecina ha de ser real alternativa al modelo que la concibió como negocio, rubricado no hace mucho con el paseo de la muerte y el cierre masivo de hospitales públicos. Ojalá que por coquetearles a las EPS no borre el Gobierno con el codo la página memorable que acaba de escribir: la salud no se compra ni se vende. Ni se castra.
por Cristina de la Torre | Ene 15, 2013 | Educación, Enero 2012, Enero 2013, Iglesias, Mujer, Régimen político, Salud
No hay en la Iglesia unidad de doctrina moral sobre el aborto. En grosera simplificación del pensamiento católico, el procurador Ordóñez se arroga la vocería de todos los fieles y presenta como única su particular visión del problema: la invocación ultraconservadora de los Papas Pío XI y Pío XII, contraria a la de millones de bautizadas que, como “Católicas por el derecho a decidir” sobre el aborto, se ven hostilizadas por la corriente más reaccionaria que se ha impuesto a baculazos en la iglesia de Roma. Más atormentados por la vida de los no nacidos que por las legiones de nacidos que mueren todos los días de abandono, de hambre o de guerra santa, mentores suyos terminan en su dogmatismo por degradar a manipulación electoral este debate de filosofía moral.
La doctrina de la Iglesia prohíbe eliminar el feto, por ser –según ella- un humano inocente e indefenso, persona desde su concepción cuya vida le viene de Dios. Abortar es, pues, asesinar. Al extremo, la madre deberá sacrificar su derecho a la vida al derecho a la vida del feto. Aún en casos de violación, malformación del feto y peligro de muerte para la mujer. Como se observa en el sistemático boicot del aborto terapéutico que los extremistas ejercen en Colombia. Pero otra versión de la teología católica justifica el aborto en legítima defensa de la vida de la madre. Y comparte la teoría de que el feto sólo deviene persona cuando su sistema neurocerebral se ha desarrollado, no al momento de la concepción. Si la bellota no es todavía roble, tampoco el cigoto es persona. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de estipular que al embrión no le asisten aquellos derechos, pues ellos se concibieron para personas nacidas. Y el derecho a la vida se adquiere con el desarrollo del feto, cuando éste pasa de simple organismo vivo a persona humana y autónoma.
Decisión trascendental que remarca el choque de posiciones en el seno de la Iglesia. Por un lado, Pio XI no justifica el “asesinato directo del inocente” aunque comprometa la vida de la madre (Encíclica sobre el matrimonio cristino). Y en Carta a la Sociedad Católica de Comadronas, escribe Pío XII: El feto “recibe el derecho a la vida directamente de Dios. Por consiguiente, no existe hombre, ni autoridad humana, ni ciencia, ni indicación médica, eugenética, social, económica o moral que (permita disponer de la vida) de un inocente”. Por otro lado, el Catecismo Católico prohíbe matar a un inocente, pues la vida humana es sagrada, creación divina. Pero admite excepciones como la de la legítima defensa. Ya en este espacio citábamos el Artículo 2264 que consagra el amor a sí mismo como principio esencial de la moralidad, de donde se desprende el legítimo derecho de hacer respetar la vida propia. No es homicida el que por defender su vida se ve obligado a eliminar a su agresor. El Código de Derecho Canónico señala atenuantes para la persona que así actúa, si movida por el miedo o por necesidad o para evitar un perjuicio grave. No es la vida un absoluto que peda resolverse en blanco o negro. Para el caso del aborto, sólo cuenta la conciencia de la mujer.
La moral privada del aborto cobra dimensión social y de salud pública. De allí la importancia de la controversia ideológica. Manifestaciones al canto, el irresponsable recurso al aborto como medio de control natal. O, en el extremo opuesto, el sabotaje al aborto terapéutico que se resuelve en práctica clandestina y es causa de muerte de miles de mujeres acorraladas por la pobreza y la violencia. En el trasfondo, el pugilato entre posiciones encontradas a las cuales no escapa la Iglesia. Bien haría ella en reconocerlo, si aspira a sobrevivir como institución espiritual para un mundo de carne y hueso.
por Cristina de la Torre | Jul 10, 2012 | Corrupción, Julio 2012, Salud, Uribismo
Paradoja. La anhelada unificación del POS precipitaría la clausura de todos los hospitales públicos. Por seguir calentando el huevito de la confianza inversionista en salud, la extensión de los mismos servicios médicos a todos sin tocar las arcas de las EPS para financiar la demanda adicional de 8 millones de usuarios del régimen subsidiado en los hospitales públicos, dará al traste con la red entera. Ya el gobernador de Cundinamarca vaticinó que de sus 37 centros asistenciales, acaso sobrevivieran 4. Es que la medida del Gobierno universaliza en la letra los servicios de salud, pero no los recursos. Perpetúa así la discriminación entre ricos y pobres, porque aporta menos para atender a los usuarios del régimen subsidiado que a los del contributivo, de modo que los primeros seguirán recibiendo un servicio degradado. Cada día peor, hasta el cierre total de los centros médicos que, sin fondos suficientes para asumir la nueva responsabilidad, morirán de inanición. Como seguirán muriendo excluidos a las puertas de los hospitales. Y, a poco, en la fría calle. Ciego ante el desplome inminente del sistema de salud, en vez de liquidar el monopolio infame de las EPS, el Gobierno aumenta sus ventajas y les confía ahora el territorio ensanchado del sector. Aunque no paguen los 7.8 billones que les adeudan a los hospitales. Ya no cabe duda de que esta crisis es hija del modelo Ley 100 que convirtió el sistema de salud en sistema de intermediación financiera para lucro de un puñado de malhechores. Dineros públicos en bolsillos privados. A 2011, las EPS habían multiplicado su patrimonio 177 veces: éste asciende hoy a unos 800 billones. Revela la contralora Morelli que la intermediación de las EPS se come el 52% de los recursos de la salud. Legal e ilegalmente.
¿Qué razones poderosas mueven a este Gobierno a proteger tal adefesio? En sus ambigüedades y vaivenes, ¿por qué hipoteca Santos su acariciado paso por la historia a la vileza de un diseño pernicioso, gestado y moldeado a mazo limpio por Álvaro Uribe, mentor de la derecha colérica y cabeza de la oposición a su Gobierno? ¿Por qué cogobierna el Presidente con ministros de la más íntima entraña uribista? ¿Por convicción? ¿Por oportunismo? ¿Por un pragmatismo sin principios que ni siquiera atiende la elemental exigencia de darse identidad política, cuando ya el otro monta tolda aparte? ¿Algo que ver con la cercanía de varias figuras de su gabinete con las EPS? Sabido es que la esposa de Sergio Diaz-Granados era contratista y miembro de la junta directiva de Saludcoop cuando éste se desempeñaba ya como ministro de Comercio. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, defendió en estudios realizados al parecer para esa empresa la libertad de precios en medicamentos y la integración vertical. Gracias a la primera, aquellos cuestan en Colombia más que en el Primer Mundo. Gracias a la segunda, también defendida por el ex ministro Santamaría, abultaron las EPS sus alforjas comprando a huevo hospitales deliberadamente quebrados por el Gobierno anterior. Privatización expedita y barata.
Es hora de definiciones. No sólo por la urgencia de singularizar opciones políticas sino porque la gente no tolera ya tanta deformidad en el sistema de salud. 50 mil médicos y todos los secretarios de salud del país promueven referendo por un cambio radical del modelo. Uno que recupere la seguridad social y sus recursos en cabeza del Estado. Que suprima la intermediación de las EPS con dineros públicos y las confine a prestar servicios médicos debidamente remunerados. El viraje no da espera, pues el sistema de salud pasa de crisis a colapso. Y eso no es cualquier lagaña de mico.
por Cristina de la Torre | Jun 12, 2012 | Educación, Junio 2012, Salud
Localidad de Bosa, Bogotá, 12 de mayo. Freddy Forero, estudiante de once grado, vigila la salida del colegio José Francisco Socarraz. Espera a su hermano. Pero otros colegiales se le adelantan y lo matan a puñaladas. El pequeño Wilmer no tendrá ya quién lo defienda del matoneo de sus compañeros de estudio. Y la madre llora sin consuelo: “alumnos del colegio amenazaban a mi hijo con matarlo –dijo- porque él puso en conocimiento de las directivas una persecución en su contra y amenazas contra una niña embarazada. A mi otro muchacho lo apuñalearon por irlo a proteger a la salida de clases” (El Tiempo, 7-5-12). ¿Emularán estos victimarios después con los universitarios que presuntamente asesinaron a patadas y botellazos a su condiscípulo Andrés Colmenares? ¿Qué historia familiar traen; cuánto criminal exaltado a héroe ven en televisión; cuánta seducción de gobernante que presuma de varón porque ande “cargado de tigre”, los madura en adolescentes homicidas? ¿Alguna afinidad con Javier Velasco (el empalador de Rosa Elvira) agredido desde niño por un padre fiero que llegó a propinarle una puñalada? Un porcentaje alarmante de matoneo escolar se resuelve en asesinato. Y otro tanto, en suicidio de la víctima. Epidemia que deja, sin embargo, impávidas a directivas de planteles y autoridades educativas.
Lectores de columna sobre el tema publicada en este espacio el pasado 1 de mayo detallan este escenario de horror. Aunque algunos firmados con seudónimo, acotémoslos también a título de ilustración. Hace años –escribe “Boyancio”- en un colegio de curas de Bogotá, “un alumno de bachillerato se suicidó porque todos los compañeros, su familia y hasta los profesores lo tenían por pendejo. Sólo recibía burlas, menosprecio y nada de cariño. (Se quitó la vida), pero de nada sirvió, pues los curas del colegio ni se inmutaron. No obstante, una abogada habló del caso en reunión de padres de familia. El rector casi se la come viva y cerró de tajo el debate, pues primero estaba la imagen del Corazón de Jesús que la de un pobre muchacho acomplejado, jodido, injustamente abandonado por la puerca sociedad que le tocó vivir (…). La anterior anécdota me la sé y la cuento con dolor porque ese muchacho era nieto mío…”. Inmoral escamoteo de toda responsabilidad en la desgracia: matoneo desde arriba. Al médico Ramiro Arteta le escandaliza “la indiferencia de los directivos y profesores de los colegios ante el matoneo. Indigna y preocupa tanto silencio, tanta indolencia, ante acontecimientos verdaderamente trágicos que causan dolor y constituyen una vergüenza”.
Pero el matoneo no se contrae a la escuela: anida en el hogar, se proyecta hacia el aula, torna a la familia y se expande, por fin, a los ámbitos todos de la vida social. “Paisajecoraje” conjuga la “cultura del protomacho” con la laxitud moral que deriva del todo vale, de la vindicta, del ojo por ojo y diente por diente. Es “la violencia y la intemperancia que se incuban desde los primeros años en el entorno hogareño, donde el niño es testigo y víctima de toda clase de agresiones físicas y verbales”. Y “Dalpin” remata: “Cómo no vamos a encontrarnos en esta postración con 60 años de violencia pura, una de las inequidades más altas del mundo, un sistema socio-económico excluyente. Y lo que no es causa sino síntoma: (Somos) el segundo país con más enfermos mentales del mundo, después de Estados Unidos”. No todo va, pues, en los jueces. Repare en ello la senadora Gilma Jiménez, tan proclive al linchamiento de “bestias” y “alimañas”. La justicia castiga pero no ejerce venganza. Se cuida de obedecer al ardor ciego que quema, precisamente, al fanático que mata y matonea.
