por Cristina de la Torre | May 1, 2012 | Educación, Mayo 2012, Salud
“Agobiado por las burlas de sus compañeros de curso”, un estudiante se lanzó en 2006 desde el cuarto piso del colegio Champagnat de Bogotá. Por esos días, otro escolar de 16 años, alumno del Liceo Francés, se arrojó al vacío en las Torres del Parque. Entre enero y mayo de ese año, 64 jóvenes se habían suicidado y en muchos de estos casos mediaba el matoneo. Según la Liga Colombiana contra el Suicidio, aquí 6 de cada 10 jóvenes ha pensado en quitarse la vida. En el otro flanco del fenómeno, acongoja así mismo la muerte de Alexander Larrahondo la semana pasada en Itagüí a causa de una golpiza que tres condiscípulos le propinaron, por haber defendido a una niña víctima de los mismos agresores. Medicina Legal atribuyó la muerte a una infección, pero médicos sostuvieron en El Tiempo y Caracol (4-27) que los golpes habían desencadenado la infección que finalmente produjo el deceso. Entonces, a la más cruda usanza de justicia por mano propia, “combos” (grupos armados) de la zona amenazaron de muerte a los menores responsables. Como si no bastara con balas perdidas y batallas campales y cilindros-bomba y minas antipersona, también el acoso escolar desaparece niños en Colombia: por homicidio o por suicidio inducido.
Matoneo es agresión sistemática –física o sicológica- de algún imitador del protomacho que ve en casa, en internet, en televisión o en el vecindario contra una víctima que, impotente, se hunde en pánico. Cubre todo el espectro que va desde la burla hasta el atropello físico y el sometimiento moral y extorsivo. En la adolescencia, cuando para el muchacho el reconocimiento de sus pares es cosa de vida o muerte, esta práctica puede sumirlo en la desesperación y destruir su existencia social. Pero el acosador no es menos infeliz. Procede por lo general de un hogar del que sólo recibe desprecio y mano dura. Dicen los que saben que, teniéndose por poco, el victimario busca compensar sus carencias y frustraciones ensañándose en el más débil. Señala el afamado siquiatra Miguel de Zubiría que parece existir un nexo entre agredir a otros y agredirse a sí mismo; que de allí podría colegirse la conexión entre depresión y suicidio que “crece en nuestros jóvenes hasta el nivel de la epidemia” (El Espectador, 10-10).
Cadena de maltrato y violencia que, si bien se teje en todas partes, se nutre en Colombia de formas crudelísimas de guerra, tantas veces incorporadas como norma de conducta en todas las esferas del diario vivir. Según la Fiscalía, sólo entre 2006 y 2010 hubo 173.183 inocentes asesinados y 34.467 desaparecidos a manos de paramilitares. Un escándalo. Pero más abrumadora, la indiferencia con que el país registra el hecho. Le resulta “natural”. Natural y hasta heroica les pareció a muchos la apasionada defensa del un Presidente de la República al “buen muchacho” que había puesto en el DAS y resultó sindicado de asesinato. En sociedad tan enferma, natural le resultará a un niño hostilizar a su compañero, aún hasta eliminarlo o llevarlo al suicidio.
En Colombia el matoneo se salió de madre. A maestros y padres de familia y a la clase dirigente parece tenerles sin cuidado. Si se dicta en los colegios cátedra de educación sexual, si se instruye sobre el efecto nocivo de las drogas, ¿por qué no crear una cátedra de convivencia que desarrolle en el niño un sentido moral de respeto a sí mismo y a los demás? ¿Por qué no se vigila en los planteles el juego de los niños y el cumplimiento de sus reglas? ¿Por qué no se divulga la experiencia del colegio José María Carbonell de Cali, donde brigadas de los propios estudiantes median con éxito admirable en los conflictos entre compañeros?¿Hasta cuándo este mutismo frente a hechos tan brutales como que a uno de los agresores de Alexander, de diez años, ya en su barrio lo llamaban “el patrón”?
por Cristina de la Torre | Feb 21, 2012 | Ciencia, Corrupción, Febrero 2012, Modelo Económico en Colombia, Salud
Entonces dieron la cara. No bien anunció el Gobierno la intención de combatir el monopolio de medicamentos biotecnológicos que un puñado de multinacionales usufrutúa, desenvainaron ellas todos sus fierros contra el decreto en ciernes. No es para menos, se juega una billonada. Es que el hueco que quebró el sistema de salud asciende a 14 billones –según Sergio Isaza, presidente de la FMC (Federación Médica Colombiana)-, y en él cabaron a fondo estas farmacéuticas. Al amparo de la libertad de precios que el entonces Ministro Palacios autorizó y en la alegre complicidad de las EPS, que le cobran al Fosyga sobre precios estipulados por aquellas firmas. Precios elevados hasta en un 3.204 por ciento, caso del Interferón B1-B; o del Rituximab, que en Colombia vale 3.500 dólares y, en Inglaterra, 278. El año pasado, el 70% de los 1.8 billones recobrados al Fosyga respondió a tales medicamentos.
La controversia ha alcanzado proporciones mayúsculas, y grande es la expectativa porque el Gobierno persevere hasta superar el desastre. Mientras la ministra Beatriz Londoño busca ampliar el abanico de la oferta con laboratorios que ofrecen mejores precios al consumidor, la trinca de los biotecnológicos se desgañita en defensa de sus privilegios. Dizque por razones de calidad. Pero Isaza señala que “tras ese sofisma de calidad se esconde el más crudo interés comercial de actores que sin ninguna moral desangraron el sistema de salud”. Y Alberto Bravo, presidente de Asinfar, insta a derribar las barreras artificiales que bloquean la competencia de medicamentos. Sin esas barreras, dice, los precios bajan.
Como se sabe, a la quiebra del sistema contribuyeron a saco las EPS. Y no sólo por acolitar la ruindad de aquellas farmacéuticas. En general, porque se apropiaron dolosamente los fondos de la salud para acrecer su patrimonio. En toda suerte de negocios particulares y en financiamiento de campañas de políticos amigos terminaron los dineros que los colombianos aportan para cubrir su derecho fundamental a la salud. Hasta Caprecom, la EPS pública del régimen subsidiado, financió en provincia a políticos que andaban en malos pasos con amigos de dudosa condición. Para Isaza, la crisis de la salud es la mayor defraudación al Estado que se conozca: sólo por recobros de medicamentos al Fosyga entre 2008 y 2010, ésta alcanzó los seis billones; y, por deuda no pagada a la red de hospitales públicos y privados, casi siete billones. Hubo robo continuado durante 18 años, apunta: “se ha perdido el dinero y alguien lo tiene en el bolsillo”.
Pese a algunas reformas del último año y a la valiente incursión que la Ministra emprende para desmontar el odioso monopolio de los biotecnológicos -ventosa de los recursos públicos y del bolsillo de los pacientes- el sistema de salud mantiene el diseño perverso que lo vio nacer. En lugar de privilegiar la atención integral del paciente, favorece la intermediación financiera privada con ánimo de lucro que envileció el sistema y lo llevó a la quiebra. Mientras las EPS sigan operando como intermediarias inútiles del sistema; mientras no se retome una política de control de precios en medicamentos –más allá de propiciar una competencia más equilibrada- seguirá viva la crisis. Y no se trata de suprimir las EPS. Se trata de integrarlas como red privada del sistema que contrate servicios con una red pública competente y autosuficiente, bajo rigurosos criterios de cumplimiento y calidad. Y a precios razonables. El vocero de la FMC propone crear un fondo único de salud en cabeza del Estado, vigilado por la Contraloría, la Supersalud y la ciudadanía. Al sistema de salud no lo aqueja la pobreza, pues dispone de 43 billones este año, el 6.5% del PIB. Plata hay. Pero hay que evitar que se la roben.
por Cristina de la Torre | Jul 12, 2011 | Julio 2011, Modelo Económico en Colombia, Salud
A punto de clausura se encuentran decenas de los hospitales públicos que el ex ministro Palacios no alcanzó a cerrar. Hoy, como ayer, agonizan porque las EPS y el Gobierno no les giran a clínicas y hospitales los cuatro billones que les adeudan. Ignominia de un sistema de salud entregado a marchantes sin escrúpulos –con bendición de la Constitución y la ley-, el hecho revela la dimensión de la catástrofe. La salud derivó en enfermo terminal que el ministro Santa María quisiera reanimar con paliativos, medidas aisladas y ambivalencias para con las EPS. Hoy le preocupa el Fosyga, pero no hace mucho defendió la integración vertical que a aquellas les permitió ensanchar la chichería con hospitales propios, casi siempre comprados a huevo tras expoliarlos hasta la quiebra.
El Gobierno se rajó ante la Corte Constitucional, que desde 2008 había ordenado correctivos de fondo a la crisis que el entonces presidente Uribe sugería conjurar con las cesantías y pensiones de los enfermos. Para no tocar su Ley 100, fuente de los males que aquejan al sistema de salud. Ni el artículo 336 de la Carta del 91, que ordena enajenar o liquidar empresas del Estado y entregar su actividad a particulares, cuando aquellas no cumplan los requisitos de eficiencia. Léase de rentabilidad, de lucro, de competitividad. En obediencia del mandato, la ley de marras privatizó el servicio público de salud y lo libró a la mano siniestra del mercado. Como lo ordenaba, a su vez, el Consenso de Washington. Esta crisis es, pues, hija putativa de la Constitución del 91 y del modelo que se nos impuso para engorde y solaz de un puñado de malhechores.
Mil estudios han demostrado que las políticas de salud del Estado mínimo devolvieron a América Latina al siglo XIX: hasta allá condujo la privatización de las instituciones públicas, envuelta en vociferante descalificación de las políticas sociales en cabeza del Estado. Se las acusó de populistas, de ser financieramente insostenibles, de arriesgar el equilibrio fiscal. Invectivas de esta laya autorizaron en Colombia la destrucción o privatización de la red de hospitales públicos, construida en largas décadas con el esfuerzo de todos. Condujeron a la norma de estabilidad fiscal que subordina el derecho fundamental a la salud a la liquidez del presupuesto, mientras banqueros, importadores y multinacionales nadan a sus anchas en un mar de gabelas. Setecientas investigaciones adelanta la Fiscalía por corrupción en el sistema de salud. Pero ésta es apenas un derivado de la crisis. Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, sitúa el origen del desastre en políticas cuyas cuerdas movió Washington y nuestros sucesivos gobiernos aplicaron a rajatabla (Razón Pública, 29-V-11). Ineficacia e inequidad habrían sido efectos previsibles de un sistema no montado sobre el derecho irrenunciable a la salud sino sobre el ánimo de lucro de unos cuantos. Eliminados el Seguro Social y las Cajas de Previsión –únicos entes públicos capaces de competirles- las EPS se organizaron en cartel. El oligopolio disparó los costos, degradó la calidad del servicio y, gracias a su poder político, neutralizó los tímidos controles del Estado. Entonces todo fue suplantación de esta función pública y apropiación de sus recursos. El barco seguirá su curso: la reforma a la salud expedida en diciembre sigue protegiendo a las EPS y no altera la estructura del sistema.
Un coro de indignación se alza en Colombia para pedirle al Gobierno que recupere el manejo de la salud, que suprima las EPS y entregue directamente los recursos a la red de hospitales públicos. Pide derogar la Ley 100, rediseñar el papel de los agentes privados y aguzar la vigilancia. De responder a este clamor, el Presidente Santos sumaría un lance estelar al ya histórico de la restitución de tierras.
por Cristina de la Torre | Abr 6, 2010 | Abril 2010, Salud
Esta semana podría derrumbarse la reforma a la salud que precipitó la caída del referendo; pero volverían a quedar en paños menores las malformaciones del sistema. De seguro la Corte Constitucional acogerá la ponencia del magistrado Palacio, que recomienda declarar la inexequibilidad de la emergencia social a cuyo amparo se fraguaron los decretos de marras. Contrapunto de la iniciativa de Obama –un hito en la historia de Estados Unidos-, la de Uribe extrema las inequidades más repelentes de la Ley 100 que él mismo prohijara con el doble efecto de restringir aún más el derecho a la salud y favorecer el negocio de las EPS. No se crea, pues, que, caída la reforma, resuelto el problema. La nueva propuesta obró como creciente de un río que se salió de madre, con todas sus secuelas ominosas: cierre de hospitales públicos, precios astronómicos de las drogas, robo de los recursos de la salud y -¡ay!- el carrusel de la muerte para agonizantes peloteados de un hospital a otro hasta fallecer a las puertas de la última institución que les negó socorro.
La Ley 100 convirtió la salud en un negocio privado que disparó el recurso a la tutela de quienes osaron hacerla respetar como servicio público consagrado en la Constitución. En 2008 hubo 142.947 acciones de tutela por ese concepto. Entonces la Corte Constitucional instó al Gobierno a tomar cartas en el asunto. Quién dijo miedo. La Casa de Nariño puso el grito en el cielo, con acompañamiento del coro de las EPS. Se oyó que los ingresos del sistema no alcanzaban para atender la demanda de servicios y medicamentos, que su colapso financiero era inminente, y se declaró la emergencia social – como si la crisis fuera trauma de última hora. Ministro y Presidente batallaron por “salvar” el sistema de salud reduciendo los servicios a su mínima expresión, y con el fin de mantener la cobertura alcanzada: mares de afiliados al sistema subsidiado, con atención paupérrima, pero tan pródigos en votos como Familias en Acción.
Ni corrupción, ni favoritismo, ni defecto alguno del modelo económico. Dijo el Gobierno que la sola causa de la crisis del sistema de salud era su iliquidez. No es del todo cierto. Fosyga se reputa pobre, pero le cobra al Estado los medicamentos muy por encima de su valor real, o factura más de lo suministrado. Y especula con los fondos. Hacia finales de 2009 había invertido 6.5 billones en títulos valores, 79% de ellos en TES. El facultativo Mauricio Torres señala que los dineros de la salud no se destinan a cubrir las necesidades ciudadanas sino a beneficiar al sector financiero; y le sirven al Gobierno de caja menor para cuadrar el déficit fiscal. Elite entre las cien mayores empresas, y contrario a sus quejas, las EPS no conocerán la quiebra. Su patrimonio saltó de 531 mil millones en 2007 a 578 mil millones un año después.
Si recursos faltan en el sector salud será en virtud de un modelo económico que no crea empleo formal. Y, sin él, no hay quien cotice para seguridad social. Los 8 millones de afiliados al sistema contributivo no pueden responder también por los 29 millones del régimen subsidiado. De otras causas, ni hablar: evasión, malversación de fondos, contratación dolosa, ineficiencia y abusos sin cuento, como el festín de las mafias con los dineros de la salud. Primero indiferente al estropicio, el Presidente se dio luego a defender su solución, esto es, a trasladar las obligaciones de las EPS a los pacientes: que éstos acudan a patrimonio, ahorros, cesantías, pensiones y créditos. Con la reforma o sin ella, urge un cambio de fondo. ¡Venga un candidato que ponga fin a este engendro de la “cohesión social”!
por Cristina de la Torre | Nov 17, 2009 | Movimiento social, Noviembre 2009, Salud
“Queremos internar a un viejo; ¿qué se necesita para que lo reciban?”, transcribe El Tiempo. Desde cualquier teléfono, de oro o de baquelita, a razón de diez llamadas diarias, la pregunta se volvió estribillo en los albergues públicos de Bogotá. “No podemos tener más al viejo en la casa, porque no aporta nada, ya no produce y no sabemos qué hacer con él”. Marginados de la prosperidad, o de la simple supervivencia, nuestros ancianos son la hez en esta Colombia de pasión y corazoncitos. Tras el rosado almíbar de la publicidad y los falsos devotos se oculta una sociedad sin hígados que se abre camino a codazo limpio y venga sus sinsabores en los seres más indefensos: los ancianos. Los primeros victimarios, sus propios hijos. La crueldad se viste de humillación y abandono para coronarse, a veces, en abuso sexual y asesinato.
El drama se multiplica conforme aumenta el envejecimiento de la población. Según Medicina Legal, la violencia intrafamiliar contra ellos creció 21% en el último año. Cuántos de los cien mil que en la capital no pueden caminar, o son ciegos o sordos o mudos o baldados de brazos y manos resultan de ese trato, no se sabe. Se sabe, sí, que sólo en Bogotá casi 50 mil arañan la indigencia. El Ministerio de Protección Social y Bienestar Familiar no alcanzan a ayudar sino a la quinta parte de los abuelos que en el país padecen hambre o desplazamiento. De los 4.5 millones de viejos, sólo un millón desfruta de pensión. El resto depende de su trabajo o vive de caridad. Cuando tienen seguro de salud, una minoría, se les atiende tarde y a medias.
Vulnerable al extremo, humillado en su propia indefensión, la violencia generalizada contra el anciano contempla expulsión, desamparo, aislamiento, agresión sicológica, atropello físico y económico. El maltrato sicológico es a menudo antesala de la violencia física. Sea por desatención o abandono emocional, sea como trato vil sistemático, éste hiere su dignidad y puede desembocar en suicidio. Campea la idea de que lo viejo es inútil, una carga, un estorbo, anverso repulsivo de lo bello, lo joven, lo productivo. Chivo expiatorio de un destino ingrato, sobre el anciano se descarga al parecer el peso de una autoridad deformada que el agresor padeció de niño, y que éste ejerce ahora como afirmación de poder.
Si mayas y nipones respetan a los ancianos por su sabiduría, si los veneran los antiguos, las sociedades industriales los invisibilizan, los discriminan, los desechan, por no ser ya productivos. En Occidente, la modernidad sembró en la mayoría de cristianos una moral del rentismo que avasalló al Evangelio. Rentismo que entre nosotros, país del sálvese quien pueda, obra tantas veces como hermano natural de la violencia.
El representante Simón Gaviria ha presentado proyecto de ley que eleva las penas contra el agresor del anciano. Así como se castiga al padre que abandona y maltrata a sus hijos, habrá de penalizarse al hijo que de esta manera procede con su padre. Enhorabuena. Inspire al joven parlamentario doña Bertina Hernández que, a sus 90 años, despliega la alegría de vivir que a otros viejos se les hurta. Líder aguerrida de Malambo, Bertina es hoy celebridad de la radio en Barranquilla. Desde sus micrófonos fustiga a funcionarios venales por “embusteros y sinvergüenzas”, narra anécdotas y cuenta chistes verdes. Excepción que confirma la regla, no se conforma ella con ser otra víctima silente entre sus congéneres. Aguda de figura y de palabra, casi se oye en la fotografía de esta abuela la carcajada que escapa del hueco de su boca. ¿Habrá quién ose deshacerse de ella porque su ingenio no produzca dinero?
