por Cristina de la Torre | Oct 27, 2009 | Octubre 2009, Salud
Ni se le acusa de bruja, como en la Edad Media, ni se le incinera en una pira. Los modernos Torquemadas prefieren lapidar a la mujer por los atajos y pueden hasta contemplar su muerte invocando la ley divina. Dígalo, si no, Maribel Paniagua, a quien médicos de Medellín le negaron el aborto de un bebé ya desahuciado desde el vientre. En vez de respetar su derecho, le dieron cátedra de religión y la tildaron de asesina. En una estridente cruzada de atavismos contra la ley que autoriza el aborto en tres circunstancias, el Procurador cambia el estandarte de la ley civil que él encarna por el de la espada y la cruz. El pretexto, una disposición de la Corte Constitucional que obliga a instruir en los colegios sobre derechos sexuales y reproductivos, y prohibe el uso colectivo de la objeción de conciencia para boicotear el aborto legal. Jueces, hospitales y entidades de salud tendrán que acatar la ley, con independencia de sus creencias religiosas o morales. Tampoco podrán sujetar los contratos laborales de sus facultativos al compromiso de no practicar abortos.
La reacción no se hizo esperar. Frente a este plan de enseñanza, el Secretario de la Conferencia Episcopal declaró que los educadores católicos no enseñarían “eso”. El Cardenal Rubiano habló de crimen legalizado. El Procurador Ordóñez pedirá nulidad de la sentencia de la Corte. La senadora cristiana Claudia Rodríguez tramita proyectos de ley para volver a penalizar el aborto y para proteger la objeción de conciencia. Y José Galat convoca a un movimiento de resistencia civil para conjurar el “execrable crimen” que atenta contra la ley natural y la voluntad divina.
El Procurador no improvisa. Ha plasmado en su Ideología de Género (Ediciones Doctrina y Ley, 2007) ideas que explican la intrepidez de su verbo y de su acción. Si, en abierta insubordinación contra la norma, estipula en Directiva 030 de este año que el aborto no es un derecho y ordena proteger el derecho a la vida del feto, ya en su libro denunciaba la marcha de una revolución cultural dirigida contra los valores de la familia cristiana. Contra su carácter heterosexual, monogámico e indisoluble, mediante el divorcio, los contraceptivos y el aborto. Inspiración de esta cruzada sería la que él llama ideología de género. Sus primeras manifestaciones se remontarían al proyecto de ley sobre igualdad de géneros, donde homosexualismo, autoerotismo, amor libre, bestialismo, zoofilia, sodomía y necrofilia podrían darse por normales. Esta cruzada, dice, descalifica los roles que la naturaleza dio al hombre y a la mujer: el primero en el trabajo, la otra, en tareas del hogar. También rompe lanzas contra el Plan Nacional de Educación Sexual, que buscaría la muerte del otro, pues promueve el aborto y el placer hedonista. Y contra el diagnóstico del Plan, en virtud del cual la familia patriarcal estaría en crisis, y habrían surgido nuevas formas de pareja y de familia. En suma, la perspectiva de género se propondría “desmaternizar” a la mujer, eliminar la patria potestad y promover el aborto. Disolver la religión, la familia, el sexo, el idioma, la educación, el derecho; la cultura occidental y cristiana, fundada en un orden natural creado por Dios.
Postulados respetables pero ya caducos. Ojalá los Ministros de Educación y Protección Social persistan en su valerosa defensa de la ley por encima de la fe, pues es mucho lo que está en juego. Educación sexual para elegir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, son hoy divisa universal que en Colombia, sin embargo, el integrismo cristiano quiere convertir en anatema. Nostalgias de la Inquisición.
por Cristina de la Torre | Feb 3, 2009 | Febrero 2009, Internacional, Régimen político
A 50 años de comunismo en Cuba, se mezclan en el balance la contundencia de los hechos con los mitos y fantasmas que presidieron el debate entre los apologistas de la revolución y sus detractores. Heroica resistencia de un pueblo acorralado por el bloqueo de su economía, para unos; anverso rojo del dictador Batista, para otros, dos titanes vuelven sobre las líneas maestras de este duelo, cuando la vida de Fidel toca a su fin. La revista Foreign Policy ofrece la última contienda entre Ignacio Ramonet y Carlos Alberto Montaner, cruzados del cara y sello de este experimento que se ofrecerá como alternativa al modelo de capitalismo que hoy naufraga.
Debuta Montaner con una ácida premonición: cuando falte Fidel caerá el régimen, pues no podría ya sobrevivir, en pleno siglo XXI, una dictadura anacrónica que viola sistemáticamente los derechos humanos. Aunque Castro profesa la ideología comunista, él “pertenece a la misma especie antropológica de Franco en España o Rafael Trujillo en República Dominicana”. A lo que Ramonet responde que hace tiempo no gobierna Fidel y, sin embargo, el sistema sigue en pie. Es que Cuba no es Hungría, apunta. Mientras allá se impuso la revolución por invasión militar de la URSS, la de la isla caribeña es una revolución autóctona y popular, nutrida en un anhelo secular de independencia. A pesar del bloqueo, seguirá ofreciéndose como modelo social que supo masificar la educación y la salud.
En su origen, replica Montaner, la revolución se dirigió contra la dictadura de Batista enarbolando la bandera de la democracia; la idea no era montar un comunismo de corte soviético. Si ese sistema porfía todavía aquí, será por obra de una dictadura tan despiadada y personalista como la anterior. Por eso, dos millones de cubanos debieron exiliarse, y el gobierno de Castro registra alrededor de 5.700 ejecuciones, 1.200 asesinatos extrajudiciales y 77.800 balseros muertos o desaparecidos.
Por otra parte, discrepa de su antagonista que atribuye al embargo norteamericano las penurias de los cubanos. Según él, olvida el efecto devastador del colectivismo y de la supresión de las libertades económicas.
– En Cuba, argumenta Ramonet, hay pleno empleo y todo el mundo hace tres comidas diarias. Cosa impensable en América Latina, el Brasil de Lula comprendido. Además, hecho elocuente, no hubo en la isla levantamientos contra el régimen, como sí los registraron incluso otros países comunistas.
– Ah, ¿no?, se enfurruña Montaner. ¿Y qué fue, entonces, el levantamiento de campesinos en el Escambray en los años 60, si no resistencia popular contra la dictadura? En las dos primeras décadas de la revolución, el número de presos políticos bordeó los 90 mil.
Discusión sin fin en cuyo fondo se adivinan, no obstante, dos problemas formidables: primero, Cuba es una economía inviable; segundo, es una dictadura oprobiosa. Si al modelo de planificación autoritaria y nacionalización de todo se agrega la pobreza del país en recursos naturales, se diría que la isla no tiene futuro. Condenada al desequilibrio, su balanza comercial la mantiene en endeudamiento perpetuo.
Autoritarismo desembozado el de Cuba, la derecha colombiana querrá renovar su diatriba contra él. Como si aquel régimen de partido único no fuera aquí régimen de caudillo único. Como si sus 1.200 ejecuciones extrajudiciales no replicaran nuestros “falsos positivos”. Como si la quinta parte de nuestra población no se acostara con hambre. ¡Oh, hipocresía inmarcesible!
por Cristina de la Torre | Ago 10, 2008 | Agosto 2008, Modelo Económico en Colombia, Salud
A medida que el natural de este gobierno “de opinión” se va revelando como el arte de mentir, se disipa el encantamiento de la propaganda y afloran las protuberancias de sus grandes desaciertos. El día mismo que se desveló la mentira que rodeó a la sensacional Operación Jaque y que podría llevar a Colombia ante la Corte Penal Internacional por abusar del símbolo de la Cruz Roja, se anunció la privatización del Seguro Social. Destino cruzado de dos procesos que hacen agua. El primero, por desgaste del golpe de opinión como fundamento de un gobierno obsesionado con el aplauso de la galería. El segundo, desenlace de un proyecto que se gestó con la ley 100 para sustraerle al Estado la función de velar por la salud de los colombianos y convertirla, en cambio, en negocio privado. Una mentira tras otra, cocinadas desde la cumbre del poder, pueden ablandar la fe del pueblo e invitar a contemplar los problemas del diario vivir. Como éste del desbarajuste de la salud pública, que alcanza dimensiones dramáticas.
La crisis del Seguro Social es, en buena medida, inducida. Principió hace 15 años, cuando se obligó al Instituto a competir con empresas privadas, en condiciones de inferioridad. Arrancó con pasivos pensionales y laborales, y un atraso tecnológico, que no pesaban sobre los operadores privados. La Ley 100 benefició de entrada a estos operadores al exonerarlos de tratar enfermedades pre-existentes, mientras le dejaba al ISS los pacientes de alto costo.
Diez años después, en 2003, se decidió que las clínicas del Seguro debían ser autosuficientes financieramente. Muchas no podían serlo, pues los gobiernos mismos habían agravado sus dificultades financieras. Y se precipitó la cascada de cierre de hospitales públicos, estigmatizados por no ser rentables, ni competitivos, ni “viables”, mientras se multiplicaban los pacientes que morían a sus puertas. Se fortalecían a la par las EPS privadas, que hoy sólo esperan acaparar los últimos 1.25 billones que los afiliados le cotizan al Seguro cada año. El Ministro Palacio pasará a la historia por la sádica eficiencia con que desempeñó esta tarea, así se libre de la moción de censura y de la cárcel por el delito de cohecho que se le imputa.
Contra el principio de que la salud es un derecho de todos y un deber del Estado, se impuso el criterio de que ella es un bien que ha de comprarse en el mercado. Manes de las políticas de ajuste que se entronizaron en los 90, para desmantelar el Estado, privatizar la seguridad social en provecho de fondos privados y desproteger a las mayorías. Nos dirán que el Sisbén beneficia a tantos compatriotas como el programa de Familias en Acción. Pero entre el Sisbén y el servicio de salud privado media lo que va de tratar con aspirina una enfermedad mortal y los refinamientos que se les dispensa a las capas pudientes. Sacrificada la universalidad del servicio de salud y seguridad social, en la redistribución de las cargas reciben los pobres asistencialismo barato, un paliativo apenas tasado por su valor electoral.
Precariedad de la salud de la población, desigualdad entre regiones, desastre de la red hospitalaria, abandono de la salud pública, renacimiento de enfermedades endémicas que se habían erradicado… y Pila. Son estos los elementos de la crisis de la salud en Colombia. Carlos Gaviria propone resolverla mediante enmienda constitucional que reconozca la salud como derecho fundamental, bien público, deber del Estado y responsabilidad social. Hay que buscar un modelo de seguridad social integral y universal, sin que cuente la capacidad de pago. Como en el Estado de bienestar, coco del Ministro Zuluaga. Ojalá no nos monten ahora algún falso positivo para ocultar el desastre de un sistema de salud que ha entrado en coma.
por Cristina de la Torre | Jun 22, 2008 | Junio 2008, Modelo Económico en Colombia, Salud
TODO EL MUNDO LO SABE, MENOS el Ministro de Agricultura. Sostiene él que no puede culparse a los biocombustibles por la carestía de alimentos que reduce al hambre a 862 millones de personas, 95% de ellas en el Tercer Mundo. Pero ya nadie niega que en la crisis pesa, y de qué manera, una política global enderezada a crear escasez ficticia de alimentos. Política de desabastecimiento que rueda por dos caminos: primero, sustituyendo la producción de comida por la de agrocombustibles; y segundo, especulando en los mercados mundiales de granos.
Cada día aumentan las siembras de soya y maíz transgénicos para biocombustibles, porque ello resulta más rentable que llevar esos productos a la mesa. Aunque tanquear una camioneta con etanol demande tantos granos como la alimentación de una persona durante un año. Por añadidura, los grandes fondos de inversión se desplazan de la especulación financiera e inmobiliaria hacia el control de la comida, creando precios ficticios que resultan prohibitivos para dos tercios de países que dependen de la importación de granos.
Agricultura para biocombustibles y especulación en los mercados de futuros agrícolas convergen en una integración de los mercados de energía y alimentos, en una economía mundial librada a la angurria de los más fuertes. Allí ponen también su roca de arena los elevadísimos subsidios de Estados Unidos a la producción de maíz convertible en etanol.
So capa de defender el ambiente, se despliega una gigantesca campaña en favor de los biocombustibles. Que nada tendrían de malo si no se les antepusiera a la supervivencia de media humanidad. Es que, para ganar más, las mismas multinacionales que desarrollan los transgénicos prodigio de la ciencia que daría de comer al mundo entero multiplican todos los días sus inversiones en biocombustibles. Y en venenos. Monsanto y Bayer producen tanto semillas transgénicas como agrotóxicos. Desplazada la producción de maíz comestible por la de maíz convertible en etanol, se dispara el precio del primero, con un resultado dramático: queda en vilo la seguridad alimentaria de los países pobres.
En la próxima década, la producción de biocombustibles causará la tercera parte del incremento de precios de los alimentos. Nestlé, Quaker, General Foods, las compañías que monopolizan el negocio de alimentos, son las grandes beneficiarias. Cargill controla un tercio del mercado mundial de granos; sus utilidades han crecido 170%.
Colombia no es inmune a estas tendencias. En los últimos seis años, el país duplicó sus importaciones de maíz gringo, a precios de oro. La tonelada que en 2002 valía 96 dólares, se ha trepado a 249. Aquí producimos 600 toneladas anuales de maíz y consumimos 3,2 millones. La palma de aceite se cultiva hoy en 50 mil hectáreas que lo fueron de arroz. La palma africana es el huevito de una política agraria que sacrificará, aún más, la alimentación de los más a las agallas de los menos.
Panorama tan desolador no podía resultar sino de 30 años de desregulación de la producción y el comercio de alimentos. Antes de que el grueso de la humanidad bese el límite de su resistencia, habrá que volver a un sistema de comercio que busque desarrollo, empleo y seguridad alimentaria. Que estabilice la producción y comercialización de alimentos. La soberanía alimentaria bandera que ondea, esa sí, en terrenos de la seguridad nacional depende en gran medida de proteger la producción nacional. Principio que practican los países desarrollados mientras les exigen a los pobres apertura comercial plena.
Bien haría el ministro Arias en despejarse de falacias y asumir algún día su deber: velar por nuestra seguridad alimentaria, en lugar de soñar con convertir a Colombia en una sola Carimagua.
