por Cristina de la Torre | Oct 27, 2009 | Salud, Octubre 2009
Ni se le acusa de bruja, como en la Edad Media, ni se le incinera en una pira. Los modernos Torquemadas prefieren lapidar a la mujer por los atajos y pueden hasta contemplar su muerte invocando la ley divina. Dígalo, si no, Maribel Paniagua, a quien médicos de Medellín le negaron el aborto de un bebé ya desahuciado desde el vientre. En vez de respetar su derecho, le dieron cátedra de religión y la tildaron de asesina. En una estridente cruzada de atavismos contra la ley que autoriza el aborto en tres circunstancias, el Procurador cambia el estandarte de la ley civil que él encarna por el de la espada y la cruz. El pretexto, una disposición de la Corte Constitucional que obliga a instruir en los colegios sobre derechos sexuales y reproductivos, y prohibe el uso colectivo de la objeción de conciencia para boicotear el aborto legal. Jueces, hospitales y entidades de salud tendrán que acatar la ley, con independencia de sus creencias religiosas o morales. Tampoco podrán sujetar los contratos laborales de sus facultativos al compromiso de no practicar abortos.
La reacción no se hizo esperar. Frente a este plan de enseñanza, el Secretario de la Conferencia Episcopal declaró que los educadores católicos no enseñarían “eso”. El Cardenal Rubiano habló de crimen legalizado. El Procurador Ordóñez pedirá nulidad de la sentencia de la Corte. La senadora cristiana Claudia Rodríguez tramita proyectos de ley para volver a penalizar el aborto y para proteger la objeción de conciencia. Y José Galat convoca a un movimiento de resistencia civil para conjurar el “execrable crimen” que atenta contra la ley natural y la voluntad divina.
El Procurador no improvisa. Ha plasmado en su Ideología de Género (Ediciones Doctrina y Ley, 2007) ideas que explican la intrepidez de su verbo y de su acción. Si, en abierta insubordinación contra la norma, estipula en Directiva 030 de este año que el aborto no es un derecho y ordena proteger el derecho a la vida del feto, ya en su libro denunciaba la marcha de una revolución cultural dirigida contra los valores de la familia cristiana. Contra su carácter heterosexual, monogámico e indisoluble, mediante el divorcio, los contraceptivos y el aborto. Inspiración de esta cruzada sería la que él llama ideología de género. Sus primeras manifestaciones se remontarían al proyecto de ley sobre igualdad de géneros, donde homosexualismo, autoerotismo, amor libre, bestialismo, zoofilia, sodomía y necrofilia podrían darse por normales. Esta cruzada, dice, descalifica los roles que la naturaleza dio al hombre y a la mujer: el primero en el trabajo, la otra, en tareas del hogar. También rompe lanzas contra el Plan Nacional de Educación Sexual, que buscaría la muerte del otro, pues promueve el aborto y el placer hedonista. Y contra el diagnóstico del Plan, en virtud del cual la familia patriarcal estaría en crisis, y habrían surgido nuevas formas de pareja y de familia. En suma, la perspectiva de género se propondría “desmaternizar” a la mujer, eliminar la patria potestad y promover el aborto. Disolver la religión, la familia, el sexo, el idioma, la educación, el derecho; la cultura occidental y cristiana, fundada en un orden natural creado por Dios.
Postulados respetables pero ya caducos. Ojalá los Ministros de Educación y Protección Social persistan en su valerosa defensa de la ley por encima de la fe, pues es mucho lo que está en juego. Educación sexual para elegir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, son hoy divisa universal que en Colombia, sin embargo, el integrismo cristiano quiere convertir en anatema. Nostalgias de la Inquisición.
por Cristina de la Torre | Oct 20, 2009 | Modelo Económico en Colombia, Octubre 2009
No es malo el rico por ser rico, ni bueno el pobre por ser pobre. Pero sí es una canallada alimentar con fondos públicos la glotonería insaciable de los unos mientras a los otros se les reservan las migajas. Cosa distinta son los subsidios que incentivan la inversión en proyectos –grandes, menores y cooperativos- inscritos en planes de desarrollo, concertados, pero en cabeza de un Estado que persigue el bien común. Que aplica todos los controles a los beneficiarios y exige resultados en creación de empleo, equidad, crecimiento económico y desarrollo de tecnología.
Anverso del modelo desarrollista que no concibe productividad sino en la gran propiedad y en el lucro individual; contrario a esta vergonzosa orgía de genuflexiones y mercedes concedidas a gentes de pro fue, por ejemplo, el fomento a las exportaciones de los años 60. A este modelo respondió la industrialización que muchos países de América Latina alcanzaron y, ni se diga, los del Sudeste Asiático.
El Estatuto Cambiario de Carlos Lleras se orientaba a corregir el desequilibrio de la balanza comercial fomentando el crecimiento de las exportaciones y diversificándolas. Buscaba reducir el riesgo de depender sólo del café, generar divisas para el desarrollo y ampliar el mercado más allá de las fronteras patrias. Se creó Proexpo. Se favoreció a los exportadores con la elevación de la tasa de cambio, estímulos tributarios y el Plan Vallejo. Éste permitía la importación sin impuestos de aduana de insumos y materias primas para producir bienes exportables. Todo, bajo un régimen estricto de contratos con el Estado que así vigilaba el uso estipulado de los subsidios. No se subsidiaría sino a quienes crearan empleo y generaran tecnologías apropiables. Pero el proceso se ahogó cuando las sirenas de la globalización a la Reagan se le atravesaron al Grupo Andino y no pudo multiplicarse la masa de consumidores para las mercaderías de la región.
Un abismo media entre aquella filosofía y lo que vemos hoy. Ocho billones suman las gabelas y subsidios y regalos e impuestos perdonados en los dos últimos años a un puñado de empresarios selectos de la ciudad y del campo para que no generen un solo empleo ni bajen a Colombia del podio que ocupa como segundo país más desigual del continente después de Haití. Con ese dinero se hubiera podido entregar un salario mínimo durante cuatro meses a cada desempleado y, durante ocho meses, a cada uno del medio millón de jefes de hogar sin trabajo. No se hubiera arrojado esa plata por la alcantarilla pues, como se sabe, el subsidio al desempleo crea demanda, dinamiza el mercado, reactiva la industria y abre plazas de trabajo productivo.
Desafiante y corrompido, a este gobierno le sobra largueza para los poderosos e impudicia para brincarse la ley. El Artículo 355 de la Constitución prohibe dar auxilios o donaciones a particulares, como no se trate de entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad para impulsar programas y actividades de interés público. Y siempre guardando el principio de igualdad, agregaría la Corte Constitucional. Letra muerta. ¿Qué criterio de igualdad habrá en la entrega de 3.948 millones a familiares del banquero Sarmiento por AIS, cuando a septiembre el sector financiero había alcanzado utilidades de 5.9 billones? ¿O en la negativa del gobierno a restituirles sus tierras a los tres millones de desplazados? ¿O en birlarle a la universidad pública fondos de supervivencia que representan una mirria en esta mar de privilegios cultivada por funcionarios que se comportan como una verdadera canalla de cuello duro?
por Cristina de la Torre | Oct 6, 2009 | Izquierda, Personajes, Octubre 2009
Un doble desafío enfrenta Petro: remontar la indigencia programática de la izquierda y, de pasada, llenar el vacío de propuestas económicas del gobierno. En sintonía con los tiempos y con el país, éste lanza iniciativas de desarrollo que dejan en paños menores a las extremas: revitalizar el Pacto Andino y emprender una reforma agraria que principie por expropiar las 6 millones de hectáreas malhabidas para devolvérselas a los campesinos que deambulan por el campo o se hacinan, desplazados, en las ciudades. Petro libera a la izquierda moderna del purismo de otros que, sin embargo, enmudecen ante la corrupción de la Alcaldía de Bogotá. Sabe, por otra parte, que Uribe carece de programa económico. Su Plan de Desarrollo, el Estado Comunitario, ni es plan ni es de desarrollo. Se limita a repartir el presupuesto cada sábado en obritas y chequecitos que le reportan, sin falta, nuevos votos. Pantalla y campaña electoral permanente. Mas por debajo van los apoyos y subsidios y regalos y canonjías a los viejos y los nuevos ricos. Entre tanto, lo que queda todavía de industria desfallece en la apreciación del peso y en el deterioro de las exportaciones a Venezuela y Ecuador. Y el Presidente, en vez de cojurar esta amenaza que compromete el desarrollo de la región, sueña con su TLC a la Bush y soporta con pasivo alborozo las andanadas de Chávez que aseguran su reelección.
Petro se proyecta hacia el futuro. Apunta a acuerdos entre fuerzas varias capaces de ganar el gobierno y compartir mínimos enderezados a preservar la democracia y garantizar los derechos económicos y sociales de todos. A la concentración centenaria de la tierra, extremada hasta la tragedia por la contrarreforma de las mafias y los mimos del gobierno a los potentados del campo, Petro contrapone una reforma agraria integral que democratice la propiedad de la tierra y garantice la seguridad alimentaria del país. Propone que el Estado compre los latifundios improductivos y expropie los predios habidos ilícitamente, para darles uso intensivo a los 12 millones de hectáreas cultivables que hoy se destinan a ganadería extensiva. El Estado garantizaría la distribución de alimentos comprando parte de las cosechas, construyendo vías para comercializarlas, abasteciendo de alimentos costeables a los barrios populares. Habría banca de fomento para el sector, crédito accesible y protección arancelaria de nuestros productos hasta cuando los países ricos eliminaran los subsidios a sus agricultores.
En política industrial propone Petro desarrollar sectores de punta con abundante inversión e innovación tecnológica, en la perspectiva de un mercado regional ampliado. Insiste en una planeación permanente para revitalizar la industria y devolverle al Estado su función reguladora y su iniciativa como empresario, sin alienar la libertad de empresa.
Si ideas como estas desnudan por contraste la pobreza y el elitismo de los programas del gobierno, no es seguro que la ortodoxia del Polo las acoja. Inútil será buscar unidad monolítica en una opción de izquierda que nació como coalición de fuerzas distintas, no como partido –y menos como cápsula estalinista. Tal vez pueda preservarse la unidad del Polo si se le aplica el criterio que regiría en una convergencia entre partidos: alianza de fuerzas afines pero no idénticas.
Una incógnita enturbia el brillo de este cuadro, y tiene que ver con el alcance de la convergencia que Petro propone. ¿Su voto por el oscuro Procurador Ordóñez obedeció a convicción de principios, o fue un desliz? La respuesta diría si su ruptura con los tradicionalismos (de izquierda y de derecha) pudiera configurar una verdadera petrostroika.
por Cristina de la Torre | Oct 13, 2009 | Modelo Político, Narcotráfico, Régimen político, Corrupción, Octubre 2009
Ni manzanas podridas, ni avivatos que abusaron de la “candidez” del ex ministro Arias cuando éste, obedeciendo al jefe, convirtió la política agraria en escándalo perpetuo. Es el modelo: el tránsito hacia un orden enderezado a mantener el dominio de los ricos y sumarles elites emanadas de nuevos sectores sociales que se han impuesto a sangre y fuego. La emergencia de otras clases, que toda democracia saluda, obra en Colombia como mentís de la democracia, pues ellas porfían aquí en prevalecer desde el narcotráfico y el crimen. Viejos y nuevos potentados usufructúan la filosofía de Uribito, para quien favorecer a los ricos es ver por los pobres. Beneficiarios de AIS son la familia del banquero Sarmiento Angulo (recibió 3.948 millones); las familias Lacouture (11.996), Vives (7.068) y Dávila Abondano (2.982); Ismael Pantoja, extraditado por narcotráfico, (700), para abundar en queriduras con narcotraficantes como Macaco y Micky Ramírez que recibieron otra millonada de FINAGRO. La punta del iceberg.
Tras observar con microscopio la penetración de los grupos armados en la vida de 18 municipios, un estudio que dirige Fabio Velásquez introduce enfoques originales sobre la captura del Estado por los violentos y sus alianzas con políticos de la localidad. Sin ánimo de señalar personas, el libro Las otras caras del poder examina los procesos de control del territorio, de la economía, de la política y la población por narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros, que parecen anunciar el advenimiento de un nuevo orden en este país. Sus pilares, “un régimen político autoritario, una acumulación de capital a sangre y fuego en nuevas manos y una base social legitimadora, beneficiaria de favores y prebendas”.
Matriz de esta transformación sería el conflicto. No obstante los logros de la seguridad democrática, los violentos siguen vivos, y marchan hacia la acumulación de riqueza en tierras y negocios, en el control de las rentas y megaproyectos de la economía local y regional. Cuando no se alían con guerrillas y mafias, los paramilitares reinan en zonas estratégicas por su potencial minero y agropecuario y meten mano en grandes proyectos agroindustriales, como los de palma africana, tan afectos al gobierno central.
Su meta, instaurar un sistema que envilece la descentralización, compromete la democracia y sacrifica la equidad. A sus logros contribuye la alianza con familias de tradición que, por afinidad, o por oportunismo, o por instinto de conservación –pero siempre con desprecio de la moral y de la ley, diríamos nosotros- deriva en una estructura de poder asentada en cimientos de capacidad económica, seguridad privada, influencia política y reconocimiento social. Con dominio creciente sobre la riqueza y las elecciones, estos grupos armados terminan por controlar el orden público, las disposiciones legales, las políticas del municipio y sus inversiones. Hegemónicos, se legitiman en la tradición más conservadora de nuestro sistema político: en la concentración de la propiedad y del poder, en un rudo catolicismo, en el todo vale, en la predilección por el garrote para aconductar al de a pie y eliminar al adversario. Un ingrediente agregan: la amenaza cotidiana de las armas.
El grosero favoritismo de AIS y otras agencias hacia los opulentos amigos del Poder; la impunidad que cubre la conversión del DAS en policía política penetrada por las mafias, denotan más que corrupción: sugieren que el modelo autoritario y concentrador de las regiones encuentra inspiración y aval en el gobierno central. Y que Álvaro Uribe funge como mentor del nuevo orden.
