por Cristina de la Torre | Abr 27, 2010 | Modelo Político, Modelo Económico en Colombia, Abril 2010
Insaciable. Desvergonzado. En premio a su confabulación con el paramilitarismo, al voluminoso fraude electoral del 14 de marzo, a su carrera de inmoralidades, este Congreso admirable se dispone a reajustarse pensiones por un monto que alcanzará el billón doscientos mil millones cada año. La cifra equivale a una reforma tributaria bien aplicada como terapia de reanimación a toda la red de hospitales públicos, o para pensionar a tres millones de ancianos abandonados al hambre en esta Colombia que es pasión. Con broche de oro cerrará esta legislatura, pues el reajuste será del 25% en las mesadas de los parlamentarios, cuando el del salario mínimo fue 3.6%. Todo, gracias a un proyecto tramitado como inciso menor, subrepticiamente, que beneficia también a 330 congresistas pensionados antes de 1992. Orangután peludo que presidió el aquelarre de un Congreso virtualmente ilegítimo: un tercio de los parlamentarios es camada de naderías, suplentes de bandidos tras las rejas, que ganaron curul con una votación irrisoria o fraudulenta.
Para La Silla Vacía, es doble el efecto de la iniciativa. Primero, beneficiar a barones de antaño es congraciarse con los padrinos políticos de quienes hoy medran en el Capitolio. Segundo, el mismo argumento jurídico que aquellos esgrimen les servirá a los nuevos parlamentarios para reclamar ahora reajuste de pensión, pues este año expira el régimen especial que los cobija. Y el tal régimen, insólito, privilegia con pensión de 18 millones al parlamentario que simplemente asuma como tal, aunque sus servicios a la patria no pasen del acto de posesionarse del cargo o de desempeñarlo unos días. De donde ha resultado el carrusel de las “palomitas”. Consiste en que el congresista elegido se compromete con segundos o terceros de su lista a delegarle ocasionalmente la curul, de modo que ellos puedan derivar también pensión de congresista, así su aporte a pensiones sea minúsculo. Pero, además, el privilegio se eterniza a veces cuando el parlamentario viudo o separado que se ve en las últimas desposa a las volandas a alguna joven parienta o amiga y ésta, viuda acongojada, hereda el beneficio por décadas enteras.
Según práctica extendida en los últimos años, el entonces senador Jorge Visbal presentó el proyecto justo antes de renunciar a su curul, investigado como se vio por parapolítica. Su ponente en la Cámara fue Carlos Arturo Piedrahita, cuyo padrino político y agraciado por la iniciativa es César Pérez. También lo sería José Guerra Tulena, padre de Antonio Guerra, otro de los autores del proyecto. Pero el Cid Campeador de esta epopeya es Aurelio Iragorri, yerno de Guillermo León Valencia, cuyo busto de granito volvió a llenar las páginas sociales de los periódicos cuando lo pusieron a apoyar, alma bendita, a Juan Manuel. Lo secunda el senador de Nariño Henríquez Maya.
Tiembla el Fondo de Pensiones del Congreso pues, inminente como parece la aprobación de la ley, tendría que desembolsar hasta la pega para los 280 congresistas que a la fecha han demandado. El parlamentario Varón Cotrino protagoniza, casi solo, la contraparte de esta avanzada vergonzosa de la angurria. También se mostró en contra el Ministro de Protección Social, acaso para matizar la negativa de su colega del Interior, Valencia Cosio, a combatir el adefesio. Falta ver si, al amparo de alguna emergencia moral, le niega su sanción el Presidente. O si más bien se allana a la voluntad del Congreso que será fortín de sus andanzas y proyectos a partir del 7 de agosto. Apoyos que Uribe cultivó con esmero, brindando desayunitos en Palacio, y puestos y contratos y gabelas y notarias a granel. Y, claro, asediando a la Corte que juzgaba a los parapolíticos del uribato, y beneficiarios por contera del proyecto de pensiones.
por Cristina de la Torre | Abr 20, 2010 | Uribismo, Corrupción, Abril 2010
Las chuzadas son lo menos. Emulando prácticas de la GESTAPO, el DAS ha ejecutado un plan criminal envolvente contra la Corte Suprema y contra la oposición. Conspiración de Estado lo llamó Jaime Arrubla, Presidente de la Corte, no bien la Fiscalía reveló pruebas –no ya indicios- de un complot activado al parecer con beneplácito de la Casa de Nariño. La celada comprende infiltración en el máximo tribunal de justicia, espionaje, amenazas y chantajes, campañas de descrédito, guerra jurídica, auscultación de patrimonios privados, sabotaje, terrorismo (con explosivos o incendio)… y asesinatos.
Lo que ayer era sospecha hoy es evidencia. Las declaraciones de la cúpula del DAS ante la Fiscalía desnudan el complot de cuerpo entero y comprometen por vez primera a funcionarios del alto Gobierno. Su ex directora confesó que el organismo desarrollaba esas tareas “por requerimiento de la Casa de Nariño”. El ex director de Inteligencia reconoció que dos veces se reunieron sus hombres con otros tantos de Palacio, entre ellos, César Mauricio Velásquez y Bernardo Moreno, quienes alistan maletas para ocupar las embajadas de Italia y España. Fernando Ovalle, entonces directivo del DAS, había declarado que tal información se acopiaba “para asesorar al alto Gobierno”. Otra reunión entre cúpulas hubo con Job, emisario de don Berna en Palacio, para complotar contra la Corte. A ella concurrió Martha Leal, segunda de la Directora del DAS. Según Semana, la detective Nancy Romero confesó que a ella se le había ordenado transcribir un CD con conversaciones privadas entre magistrados, cuyo destino final era el Presidente. Y en el episodio del paramilitar Tasmania, montado para desprestigiar al magistrado Iván Velásquez, estrella del proceso contra la parapolítica, se vieron involucrados el secretario de Presidencia, el hermano y el primo del Primer Mandatario. De donde la Fiscalía concluye que el DAS no actuaba solo: el fiscal delegado ante la Corte expresó que el alto Gobierno recibía esos informes y, además, los “direccionaba”. Ya no es dable, pues, ocultar a los promotores o encubridores de la conspiración, sus responsables políticos.
En epílogo melancólico de su gobierno, el Presidente defiende atropelladamente a sus hombres: pongo las manos en el fuego por ellos, dijo. También las puso larga, apasionadamente, por su primer director del DAS, Jorge Noguera, un “buen muchacho” que resultó sin embargo implicado en tres asesinatos –el del profesor Correa D·Andreis entre ellos- y acusado de poner la entidad al servicio del paramilitarismo.
El DAS se convirtió en policía política contra la masonería y el comunismo, como reza el catecismo Astete, y trabajó de la mano con los paras. Se politizó el órgano encargado de la seguridad del Estado y devino en antro del crimen, donde detectives y mafiosos conviven ante la mirada impávida del Gobierno que lo preside. Para muestra un botón del tamaño de una catedral: informa El Espectador (18-4-10) que Rodrigo García, hermano del paramilitar Doble Cero, declaró haber visto a José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, de visita en la finca de Carlos Castaño dos días después del asesinato de Jaime Garzón.
Imposible seguir reduciendo esta cruzada siniestra a “choque de trenes” entre jueces y Gobierno, a riña de niños responsables por igual de sus intemperancias. Vana pretensión que hoy naufraga en una ola de hartazgo con este régimen de corrupción, demagogia, crimen, arbitrariedad y abuso de poder. El destape anuncia un terremoto: aunque Petro o Mockus no alcanzaran la Presidencia, ya media Colombia se muestra dispuesta a cambiar el rumbo. A conquistar lo que en cualquier democracia es pan del diario vivir, no un lujo: erradicar la corrupción y el crimen. Y juzgar a sus responsables.
por Cristina de la Torre | Abr 10, 2017 | Modelo Político, Conflicto armado, Narcotráfico, Actores del conflicto armado, Abril 2010
Hace bien el Presidente en denunciar el armamentismo de Chávez, proyectado sin duda como una máquina de muerte contra Colombia. Pero también Uribe practica el suyo, de puertas para adentro. Por acción y por omisión. Porque anverso sombrío de su exitosa seguridad ha sido la militarización de la sociedad y un aliento a la militarización de los espíritus. Gusto por la guerra que ya bebía en la fuente del narcotráfico, del paramilitarismo y la guerrilla, claro, pero halló nuevos bríos en la gestualidad pendenciera del mandatario más popular en mucho tiempo. Si tras una inversión militar sin precedentes siguen operando los ejércitos paralelos, difícil será valorar cómo ha incidido aquel discurso subliminal en el desmadre de la violencia entre civiles.
17.000 homicidios se cometen con arma de fuego en Colombia cada año, casi todos a manos de civiles. En Inglaterra son 600. Cifra colosal la nuestra, que coloca en primer plano la discusión sobre el desarme de civiles, como condición ineludible de la seguridad. Opción contraria a la de armar gente –a universitarios informantes, verbigracia- dizque para fortalecerla. En Colombia hay 1.043.000 armas de fuego legales en poder de particulares. Circulan muchas más, hechizas, fabricadas en la sombra o ingresadas de contrabando. Este arsenal aterroriza a la ciudadanía, multiplica la violencia, mina el desarrollo y obstaculiza el camino de la paz. 81% de los crímenes cometidos en 2009 se ejecutaron con arma de fuego. En Cali, la proporción fue del 94%. La mayoría de estos homicidios fue perpetrada por particulares, no por grupos armados. Aunque éstos terminaron por convertirse en referente ético y pragmático de miles de colombianos para quienes la violencia se ofrece como única oportunidad de supervivencia y de valía.
En la recomposición de los mercados del crimen, miles de jóvenes siguen el rastro de cuanta organización enseñó que matar paga, limpiar el vecindario de “indeseables” da prestigio, accionar un arma certifica la hombría y confiere poder. Con más veras aprietan el gatillo si el mensaje oficial reza todos los días que la fuerza es el medio único y supremo de superar el conflicto, que dialogar es apaciguar. Efecto de simplificación, la verticalidad del Gobierno frente a la guerrilla se distorsiona en divisa cotidiana de violencia por temor a “quedar como una nena”. Sambenito frecuente entre jóvenes de una comuna de Medellín.
Para ampliar los controles sobre el porte y tenencia de armas, la Coalición de Ciudadanos por el Desarme de civiles presentó en 2007 un proyecto de ley avalado por 1.800.000 firmas. Este congreso admirable ni siquiera discutió la iniciativa. Ni se enteró de que las campañas de reducción del porte de armas en Bogotá se tradujeron automáticamente en una reducción proporcional de homicidios. Productores, contrabandistas de armas y las compañías de seguridad privada –que no andan propiamente desarmadas- son los primeros en rechistar. Si extranjeras, muchas de esas firmas incorporan mercenarios que escapan a la ley colombiana y gozan de inmunidad diplomática. Si nacionales, otras tantas están integradas por miembros de AUC desmovilizados que prestan vigilancia privada y, a menudo, servicios de inteligencia.
Está visto que la guerra por sí sola no conduce a la paz. Hay que desarmar a los civiles, no sólo a los ejércitos ilegales, y devolverle al Estado el monopolio de la fuerza. Además, reorientar la seguridad revalorizando la justicia e ideando un modelo económico de crecimiento con empleo y verdadera seguridad social. Decisivo será el desarme de los ciudadanos y de los espíritus. Y reconocer más valentía en el llamado a la paz de doña Emperatriz de Guevara que en tanto pantalonudo segando vidas inocentes.
por Cristina de la Torre | Abr 6, 2010 | Salud, Abril 2010
Esta semana podría derrumbarse la reforma a la salud que precipitó la caída del referendo; pero volverían a quedar en paños menores las malformaciones del sistema. De seguro la Corte Constitucional acogerá la ponencia del magistrado Palacio, que recomienda declarar la inexequibilidad de la emergencia social a cuyo amparo se fraguaron los decretos de marras. Contrapunto de la iniciativa de Obama –un hito en la historia de Estados Unidos-, la de Uribe extrema las inequidades más repelentes de la Ley 100 que él mismo prohijara con el doble efecto de restringir aún más el derecho a la salud y favorecer el negocio de las EPS. No se crea, pues, que, caída la reforma, resuelto el problema. La nueva propuesta obró como creciente de un río que se salió de madre, con todas sus secuelas ominosas: cierre de hospitales públicos, precios astronómicos de las drogas, robo de los recursos de la salud y -¡ay!- el carrusel de la muerte para agonizantes peloteados de un hospital a otro hasta fallecer a las puertas de la última institución que les negó socorro.
La Ley 100 convirtió la salud en un negocio privado que disparó el recurso a la tutela de quienes osaron hacerla respetar como servicio público consagrado en la Constitución. En 2008 hubo 142.947 acciones de tutela por ese concepto. Entonces la Corte Constitucional instó al Gobierno a tomar cartas en el asunto. Quién dijo miedo. La Casa de Nariño puso el grito en el cielo, con acompañamiento del coro de las EPS. Se oyó que los ingresos del sistema no alcanzaban para atender la demanda de servicios y medicamentos, que su colapso financiero era inminente, y se declaró la emergencia social – como si la crisis fuera trauma de última hora. Ministro y Presidente batallaron por “salvar” el sistema de salud reduciendo los servicios a su mínima expresión, y con el fin de mantener la cobertura alcanzada: mares de afiliados al sistema subsidiado, con atención paupérrima, pero tan pródigos en votos como Familias en Acción.
Ni corrupción, ni favoritismo, ni defecto alguno del modelo económico. Dijo el Gobierno que la sola causa de la crisis del sistema de salud era su iliquidez. No es del todo cierto. Fosyga se reputa pobre, pero le cobra al Estado los medicamentos muy por encima de su valor real, o factura más de lo suministrado. Y especula con los fondos. Hacia finales de 2009 había invertido 6.5 billones en títulos valores, 79% de ellos en TES. El facultativo Mauricio Torres señala que los dineros de la salud no se destinan a cubrir las necesidades ciudadanas sino a beneficiar al sector financiero; y le sirven al Gobierno de caja menor para cuadrar el déficit fiscal. Elite entre las cien mayores empresas, y contrario a sus quejas, las EPS no conocerán la quiebra. Su patrimonio saltó de 531 mil millones en 2007 a 578 mil millones un año después.
Si recursos faltan en el sector salud será en virtud de un modelo económico que no crea empleo formal. Y, sin él, no hay quien cotice para seguridad social. Los 8 millones de afiliados al sistema contributivo no pueden responder también por los 29 millones del régimen subsidiado. De otras causas, ni hablar: evasión, malversación de fondos, contratación dolosa, ineficiencia y abusos sin cuento, como el festín de las mafias con los dineros de la salud. Primero indiferente al estropicio, el Presidente se dio luego a defender su solución, esto es, a trasladar las obligaciones de las EPS a los pacientes: que éstos acudan a patrimonio, ahorros, cesantías, pensiones y créditos. Con la reforma o sin ella, urge un cambio de fondo. ¡Venga un candidato que ponga fin a este engendro de la “cohesión social”!
