AGRO: ¿REVOLUCION SIN REDISTRIBUCION?

Es decisión política de alto vuelo. La anunciada Ley de Desarrollo Rural podrá interpretar la aspiración centenaria del campesinado a la tierra, o bien, favorecer a la ultraderecha de Antioquia y de la Costa que, Uribe a la cabeza, encarna hoy un sistema de jerarquías petrificadas desde la Colonia. Aunque el Ministro ha dicho que no se trata de repartir tierra sino de legalizarla y de modernizar el campo, el Presidente habló de revolución agraria. Y cabe la pregunta: ¿revolución (liberal) sin redistribución? ¿Modernización sin tocar la estructura de propiedad cuando se sabe que el latifundio improductivo y el mal uso del suelo que conlleva son las grandes talanqueras del desarrollo y la equidad en el campo? ¿Modernización expulsando el último reducto de población “sobrante” en la frontera agrícola hacia la Altillanura (edén de la agroindustria avara en empleo) o hacia los semáforos de las ciudades; sólo porque los ganaderos prefieren especular con la tierra y adjudicarla más bien a bovinos, a razón de vaca por hectárea?

Modelo aquel de colonización para la miseria que el inefable presidente de Augura retoma: a la voz de restituciones, en vez de llamar al orden a miembros de su gremio presuntamente asociados con paramilitares despojadores, éste aboga por expandir la frontera agrícola. Necoclí demostró que la restitución no sería un decir del Gobierno. Que Santos la llevaría a cabo “contra todo y contra todos”, si fuera necesario. Así los Urabeños amenacen difundiendo la imagen tenebrosa de motosierras ensangrentadas y tras ellos se agazapen ganaderos, comerciantes, políticos, uniformados y empresarios dispuestos a quedarse con  tierras malhabidas (El Tiempo, 26-2). Pero el ambicioso programa de restitución,  crédito y tecnología incluidos, es apenas parte de la sacudida que el campo demanda. Y a ella apuntaría la Ley de Tierras que se cocina si, como dice el Ministro de Agricultura, ésta tendrá la envergadura de la Ley 200 de López Pumarejo.

Y no se trata de canonizar el ya improductivo minifundio. O de repartir por repartir. Es que la absurda concentración de la propiedad rural inhibe la inversión, la producción y el empleo. Bloquea el acceso del campesino al trabajo y a los recursos productivos. Es antieconómica e injusta. De allí que modernizar sin redistribuir perpetúa el estancamiento del campo. Y la convivencia de un modelo de agricultura capitalista, patrimonio de pocos, con otro de economía campesina, cercado por el atraso, el abandono del Estado y la agresión de los violentos. Chicoral exaltó al primero, le dio todas las gabelas y condenó al olvido al campesino raso. Pero los grandes empresarios, lejos de jalonar el desarrollo, lo deprimieron aún más. No crearon riqueza ni empleo. Desde 1991, Colombia casi decuplicó sus importaciones de alimentos. En 2010 la agricultura creció cero, y la pobreza rural llegó al 64%. La “modernización” del campo fue privilegio de los menos, y coronó en adefesios como el de AIS.

Absalón Machado propone fortalecer la mediana propiedad a expensas del latifundio improductivo. Entre la gran propiedad subexplotada y el minifundio, nacería una clase media, fiel de la balanza en las democracias. Es su idea articular a pequeños, medianos y grandes propietarios de la frontera agrícola en un movimiento común de economía agraria y sobre un territorio compartido. Acaso el Presidente logre así apuntalar “sin fusiles” la revolución agraria que todos los liberalismos hicieron en los años 30. Habría que devolverle al Estado su protagonismo. Porfiar en la política de despenalizar el narcotráfico, catalizador del conflicto. Y tenderles a campesinos y gremios del agro una mano para concertar cambios de fondo en el campo, presupuesto de la paz. Nunca es tarde.

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MEDICAMENTOS: EL DESEENFRENO

Entonces dieron la cara. No bien anunció el Gobierno la intención de combatir el monopolio de medicamentos biotecnológicos que un puñado de multinacionales usufrutúa, desenvainaron ellas todos sus fierros contra el decreto en ciernes. No es para menos, se juega una billonada. Es que el hueco que quebró el sistema de salud asciende a 14 billones –según Sergio Isaza, presidente de la FMC (Federación Médica Colombiana)-, y en él cabaron a fondo estas farmacéuticas. Al amparo de la libertad de precios que el entonces Ministro Palacios autorizó y en la alegre complicidad de las EPS, que le cobran al Fosyga sobre precios estipulados por aquellas firmas. Precios elevados hasta en un 3.204 por ciento, caso del Interferón B1-B; o del Rituximab, que en Colombia vale 3.500 dólares y, en Inglaterra, 278. El año pasado, el 70% de los 1.8 billones recobrados al Fosyga respondió a tales medicamentos.

La controversia ha alcanzado proporciones mayúsculas, y grande es la expectativa porque el Gobierno persevere hasta superar el desastre. Mientras la ministra Beatriz Londoño busca ampliar el abanico de la oferta con laboratorios que ofrecen mejores precios al consumidor, la trinca de los biotecnológicos se desgañita en defensa de sus privilegios. Dizque por razones de calidad. Pero Isaza señala que “tras ese sofisma de calidad se esconde el más crudo interés comercial de actores que sin ninguna moral desangraron el sistema de salud”. Y Alberto Bravo, presidente de Asinfar, insta a derribar las barreras artificiales que bloquean la competencia de medicamentos. Sin esas barreras, dice, los precios bajan.

Como se sabe, a la quiebra del sistema contribuyeron a saco las EPS. Y no sólo por acolitar la ruindad de aquellas farmacéuticas. En general, porque se apropiaron dolosamente los fondos de la salud para acrecer su patrimonio. En toda suerte de negocios particulares y en financiamiento de campañas de políticos amigos terminaron los dineros que los colombianos aportan para cubrir su derecho fundamental a la salud. Hasta Caprecom, la EPS pública del régimen subsidiado, financió en provincia a políticos que andaban en malos pasos con amigos de dudosa condición. Para Isaza, la crisis de la salud es la mayor defraudación al Estado que se conozca: sólo por recobros de medicamentos al Fosyga entre 2008 y 2010, ésta alcanzó los seis billones; y, por deuda no pagada a la red de hospitales públicos y privados, casi siete billones. Hubo robo continuado durante 18 años, apunta: “se ha perdido el dinero y alguien lo tiene en el bolsillo”.

Pese a algunas reformas del último año y a la valiente incursión que la Ministra emprende para desmontar el odioso monopolio de los biotecnológicos -ventosa de los recursos públicos y del bolsillo de los pacientes- el sistema de salud mantiene el diseño perverso que lo vio nacer. En lugar de privilegiar la atención integral del paciente, favorece la intermediación financiera privada con ánimo de lucro que envileció el sistema y lo llevó a la quiebra. Mientras las EPS sigan operando como intermediarias inútiles del sistema; mientras no se retome una política de control de precios en medicamentos –más allá de propiciar una competencia más equilibrada- seguirá viva la crisis. Y no se trata de suprimir las EPS. Se trata de integrarlas como red privada del sistema que contrate servicios con una red pública competente y autosuficiente, bajo rigurosos criterios de cumplimiento y calidad. Y a precios razonables. El vocero de la FMC propone crear un fondo único de salud en cabeza del Estado, vigilado por la Contraloría, la Supersalud y la ciudadanía. Al sistema de salud no lo aqueja la pobreza, pues dispone de 43 billones este año, el 6.5%  del PIB. Plata hay. Pero hay que evitar que se la roben.

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SANTOS DUERME CON EL ENEMIGO

Cuando el Incora quiso distribuir tierras en la Sabana de Bogotá y en el Valle del Cauca, los hacendados levantiscos amenazaron con guerra civil. La parcelación de Jamundí y la radicalización del campesinado precipitaron el Pacto de Chicoral, que sepultó para siempre la reforma agraria. 45 años después, la Ley de Restitución de Tierras revive las veleidades levantiscas de la Mano Negra. Aunque no se trata ya de repartir tierra sino de devolver la usurpada a sus dueños, ésta juega ahora como factor de guerra: los protagonistas del conflicto van por el control militar del territorio, necesario para asegurar los corredores del narcotráfico. Y en la mitad, las víctimas. Ayer, derrotadas por una derecha bicolor, de fusta y rosario; hoy, en la incertidumbre que transmite la coalición de un gobierno que apunta a una “revolución agraria” pero alberga en su seno a los más temibles enemigos de la restitución. Enemigos de fusta y rosario y motosierra.

En la concentración de 30 mil personas en Necoclí, epicentro de todas las violencias, el miedo y el dolor dibujados en cada rostro, se adivinaba empero la esperanza de que el Presidente pudiera cambiar la historia del país, de gancho con las víctimas.  Como lo hiciera en su hora la Anuc, organización campesina creada por Carlos Lleras para apuntalar su estrategia agraria. A Lleras lo derrotó el mentís de los partidos de gobierno a su política para el campo. Al punto que fue el muy liberal Indalecio Liévano quien firmó en nombre de su partido el sepelio de la reforma agraria. Desenlace de la avanzada reaccionaria del latifundismo costeño que retuvo así sus heredades intocadas, inexplotadas, engordadas en el sojuzgamiento del campesinado: el más sufrido, el más masacrado, expulsado del terruño sin piedad.

En las nuevas circunstancias, ¿bastará la alianza del Presidente con el pueblo? ¿La envergadura de esta ley de tierras llegará a provocar deslinde de ideas, de programas, de pautas de acción política entre los partidos que conforman la patria boba de la Unidad Nacional? ¿Qué futuro se le augura a la restitución de tierras si el partido de la U, puntal de la coalición oficialista fue casa predilecta de los parapolíticos sindicados de andar en malos pasos con mafiosos y paramilitares que sólo en Urabá protagonizaron decenas de masacres y expulsaron a 1.036.456 campesinos? Ambigüedad de un partido que, gozando del poder, conspiró sin embargo en la sombra contra esta Ley de Víctimas y la suscribió a regañadientes.

Pero no todo es malo. A Álvaro Uribe se le abona la franqueza con que descalificó el recurso al pueblo del Presidente Santos. Y la restitución de tierras, por estimar que ella podía “generar nuevos odios contra los empresarios del campo (y los grandes agricultores) que ya se venían superando y que, como en los años 60, hicieron tanto daño”. Si injusta por venir de quien había erigido su estado de opinión sobre el fervor de las masas, su postura constituye un aporte inesperado a la democracia. Porque defiende sin inhibiciones a los poderosos del campo mientras otros hablan por los derechos de los más débiles. Expresión de intereses distintos, no tejidos ya en la golosina de puestos y contratos sino en función de una estrategia de calado histórico. Bueno sería que esta discrepancia de fondo contribuyera a diferenciar opciones políticas, a singularizar fisonomías propias de partido. Y sin irse a las manos, como lo propone la democracia, no fuera que del encono personal resultaran otros disparando fuego. Pesimista se muestra Mauricio García al temer que “las intenciones de la extrema derecha y del clientelismo regional, si bien más solapadas, siguen siendo las mismas”. Pregúntese el presidente Santos hasta cuándo puede seguir durmiendo con el enemigo.

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IZQUIERDA EN JAQUE

Se veía venir. En mezcla explosiva de revanchismo (en unos) y fidelidad a su entraña de derechas (en casi todos), se sublevó el Concejo de Bogotá contra el alcalde Petro. Engolando la voz, el pecho henchido, despacharon los concejales con un leve movimiento de meñique la invitación del burgomaestre a cogobernar, programa y rendición de cuentas de por medio. ¡”Clientelismo”!, apostrofaron, y se negaron a participar en práctica tan ominosa. No mencionaron, claro, los fines de la coalición propuesta: erradicar la corrupción, moderar la discriminación social en la capital, defender el medio ambiente. Otras son sus ideas, tejidas para una Colombia cerrada, inmóvil y a menudo complacientes con la venalidad. Tampoco se quejaron –como lo hicieron algunos en privado- porque les hubieran ofrecido cargos de segunda (Semana, 2-5). (¿No se conformaban con chichiguas, querían clientelismo en forma?). Ni se mosquearon con el contraste entre ésta su dignidad de última hora y el prontuario que la mitad de ellos capotea ante la Fiscalía, por denuncias del propio Petro sobre la monumental defraudación de la ciudad. Y como presidente del Cabildo designaron a Darío Cepeda, investigado por presuntos nexos con el cartel de la salud. La U, líder de la derecha, promovió esta proyección de la Unidad Nacional en unidad distrital contra la nueva Administración. La misma coalición que fuera aliada de Samuel Moreno, hoy tras las rejas.

Víctima del maniqueísmo, se queda Petro con el pecado y sin el género. Pero recoge el guante. Ratifica su recurso al pueblo en cabildos abiertos donde la gente discuta y escoja entre proyectos del Gobierno distrital que obedezcan a criterios de desarrollo e inclusión social. Difícil le quedará al Concejo desconocer asignaciones del presupuesto adoptadas de consuno con la gente. Agualongo, comentarista de este espacio, apunta que si los partidos cobran por ventanilla la valentía de Petro al denunciar la corrupción, hay que acudir a la base, pues los problemas de Bogotá demandan solución colectiva. Dos peligros ofrece, con todo, este tipo de consulta popular. Primero, si la Alcaldía coopta los escenarios de participación popular, los deslegitima, pues aliena la vocería de otros igualmente interesados en ganancias de ciudad. Segundo, la consulta en montonera, sin organizaciones sociales que les den a las decisiones cauce y representatividad, puede derivar en populismo; en simple medio de figuración del gobernante que así quiera robustecer su imagen y ganar votos. Riesgo inminente en una ciudad como Bogotá, 95%  de cuyos habitantes declara no pertenecer a asociación cívica alguna. El modelo de Porto Alegre, Brasil, que se ha extendido a 70 ciudades y al parecer inspira la iniciativa de los cabildos abiertos,  se edificó sobre  larga experiencia de resistencia popular a la dictadura; y sobre centenares de organizaciones y movimientos de masas que en Colombia no existen. Desafío mayúsculo: acudir al pueblo sin caer en un populismo empalagoso y disolvente como el del uribato.

No será Petro el primero en buscar respaldo del pueblo a sus políticas. Ya Carlos Lleras, bandera agraria en mano, había exclamado: “Se hará el cambio social, pase lo que pase. Saldré a buscar a las masas y veremos al fin quién gana”. Hoy cuenta Petro con 70% de apoyo. Mientras el Concejo no caiga en el boicot y respete la dinámica popular que se avecina, la democracia agradecerá el deslinde de ideas –y de aliados- que se perfila en la política de Bogotá. También agradecerá menos arengas del Alcalde y más disposición a medir cuanto va del discurso al acto administrativo y, de éste, a la ejecución. No basta con ser honrados; hay que saber gobernar. Para rescatar a Bogotá. Y para que a la izquierda, en jaque, no le den mate.

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