por Cristina de la Torre | Mar 26, 2013 | Salud, Marzo 2013
Decepciona. No responde al anhelo general de cambio del modelo, ni para el Gobierno será, por tanto, el otro salvavidas al lado de los acuerdos de paz. Panderetas aparte, la propuesta de reforma a la salud que el Presidente radicó el martes pasado tiende a reafirmar la vocación privatizadora de la Ley 100 que convirtió la salud en cueva de ladrones. Descentraliza el servicio, sí; unifica beneficios y, con la creación de un fondo único de carácter público, quisiera devolverle al Estado el control de los recursos del sector. Pero en vez de poner a raya a las EPS, fuente principal del pantano en que se hunde la salud y usufructuarias del desvío de billones, el proyecto les “redefine” funciones sin desmedro de su poder. Así, las ventajas de un modelo mixto de convivencia y control recíproco entre los sectores público y privado podrán terminar embolatadas en el privilegio de los particulares que trocaron en negocio la salud.
El proyecto suprime la intermediación financiera directa de las EPS, mas ahora –como gestoras de salud- les entrega la organización del sector en redes regionales, el control de cuentas de los hospitales, y el poder de ordenarle al flamante Fondo estatal qué giros emite o retiene por servicios prestados a los 12 mil hospitales, clínicas y proveedores. La bicoca anual de 30 millones de cuentas y auditoría sobre 600 mil consultas, cirugías y laboratorios. Más aún, les permite mantener integración vertical en atención básica con sus hospitales. Tronera por donde se escurrió un torrente de dineros de salud hacia el bolsillo de las EPS. Seguirán ellas ejerciendo como aseguradoras en los niveles especializado y especial, vale decir, como intermediarias financieras. Y en tal condición seguirán, por pagar incapacidades y licencias de maternidad. Bien a tono con el literal x del Capítulo I del proyecto, según el cual los recursos de la salud “son públicos hasta que se transfieren de Salud-Mía a los agentes del sistema”.
Exultando prerrogativas, las gestoras (mayormente EPS privadas) formalizarán contratos con las clínicas y hospitales que integran la red de salud en el área de gestión respectiva. También deberán “auditar las facturas por servicios prestados, realizar el reconocimiento de los montos a pagar y ordenar los giros directos desde Salud-Mía (a los prestadores de salud) y a los proveedores de medicamentos y dispositivos médicos”. Otro bastión de poder, ahora las EPS podrán gestionar, hacer seguimiento y control de la información administrativa, financiera y médica propia y de los hospitales y clínicas que pertenezcan a su red.
A una ley ordinaria de semejante envergadura debe precederla un estatuto de principios y estrategias que den marco y sentido a la definición del servicio médico y al modelo por seguir. Al lado de la presente, el Congreso debate una ley estatutaria que concibe la salud como derecho fundamental garantizado para todos por el Estado y financiado con recursos públicos. De donde no podría volver a desprenderse el paradigma mercantilista y discriminatorio que ha prevalecido en estos 20 años. Acaso mas bien un modelo mixto donde el Estado preserve la iniciativa y el control en la sustancia, y la empresa privada se ofrezca como complemento, limpiamente remunerado. Por lo demás, entre políticos y negociantes permanecería abierto un ojo escrutador de doble vía.
La iniciativa oficial da demasiado a las EPS: éstas estructuran la red, se organizan verticalmente, envían los pacientes a sus hospitales, controlan la información, vigilan sus propias cuentas y ordenan sus propios pagos. El poder todo. Venga una ley que consagre al Estado como garante supremo del derecho a la salud. Sin meter gato por liebre.
por Cristina de la Torre | Mar 19, 2013 | Iglesias, Marzo 2013
El papa que hoy asume suscita más incertidumbres que certezas: salvo su condena sin atenuantes del matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia y el uso del condón, todo en él denota aún misterio, contradicción, ambigüedad. Dijo el sábado que la suya sería iglesia pobre para los pobres. Pero episodios de su pasado indican lo contrario. Lo grita su silencio (o complacencia) como provincial de los jesuitas en Buenos Aires con el dictador que asesinaba a miles de argentinos por reivindicar a los pobres. Imitaba así Bergoglio la costumbre papal de abrazar tiranos. No se sabe, pues, si sus exhibiciones de humildad sean recurso prestado a la publicidad para presentarse en sociedad, o entrega ciega del corazón y los haberes al hermano hambriento. Como la practicó Francisco de Asís. ¿Prefiere Bergoglio lavar la cara –o los pies- de la miseria para no tener que cambiar la sociedad que la produce, al tenor del Vaticano II? Su crítica a los excesos de la economía liberal ¿bebe en aquella fuente social democrática, o se emparenta con la descalificación antimoderna de la democracia liberal, que al lefebvrismo del vaticano se le antoja “demonio redivivo”? Contrario a las corrientes de avanzada dentro de la Iglesia y enemigo activo de la teología de la liberación, acaso este heredero de Wojtyla y Ratzinger piense, como nuestro monseñor Builes promotor de la Violencia, que el liberalismo es pecado. O como monseñor Ordóñez, que el también el Estado laico lo es.
Mientras el general Videla exterminaba en la Argentina a liberales y socialistas, Bergoglio ejecutaba allí la contrarreforma de Juan Pablo a la orientación social que Juan XXIII le había dado a la Iglesia. A menudo confluyeron sotanas y bayonetas en la celada contra sacerdotes que asumían su apostolado como opción preferencial por los pobres. Es la hora en que el tonsurado porteño no ha explicado a satisfacción si Orlando Yorio y Francisco Jalics, curas de su comunidad que hacían trabajo social en barrios marginales, cayeron en manos de de la Junta Militar por indiferencia de Bergoglio o porque éste los acusó. Lo que sí se supo es que la iglesia argentina, la más retardataria del orbe, colaboró sin pudor con la dictadura y no estuvo Bergoglio entre los pocos obispos que denunciaron esta alianza. Es que la siniestra Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA) torturaba y desaparecía a sus víctimas en la finca de recreo del arzobispo de la capital. Propiedad eclesiástica convertida en campo de concentración. Aún hoy campea en ese país la idea de que el golpe de 1976 fue a la vez militar, político y clerical.
De atrás viene esta fascinación por los dictadores. Se conocen de autos los concordatos suscritos por Pio XI y Mussolini, y por Pio XII y Hitler en 1933. Ya Pacelli había suscrito, como vocero del Vaticano, otro tratado con Dollfus, dictador de la entonces Austria fascista. Al canto de Pio XII medraría monseñor Escrivá, fundador del Opus Dei, aliado de Franco y protegido después de Juan Pablo II. El papa polaco visitó a Pinochet en 1987, lo abrazó, le dio la comunión, lo cubrió de bendiciones y no le preguntó por las víctimas del régimen militar. El Vaticano se alió con la satrapía del El Salvador que persiguió sin pausa a los curas “populares”, y asesinó a monseñor Romero.
Helder Cámara, obispo abanderado de los olvidados, se quejaba: “si doy comida a los pobres me llaman santo; si pregunto por qué no tienen ellos comida, me llaman comunista”. Ni santo ni comunista, Francisco habrá de escoger entre perpetuar el conservadurismo suicida de los dos últimos papas o recoger las banderas de Juan XXIII. Si lo primero, será la misma barca con el faro a sus espaldas.
por Cristina de la Torre | Abr 23, 2017 | Narcotráfico, Modelo Económico en Colombia, Marzo 2013
La exaltación de Medellín como ciudad más innovadora del mundo dio para todo: fue bálsamo y motivo de orgullo para los antioqueños, pero también permitió exhibir una muestra selectiva de obras públicas que quisieran en su esplendor opacar el mar de fondo, la tragedia de la violencia periférica que reverdece todos los días en la desindustrialización y el narcotráfico. Causa del desempleo, la informalidad y la falta de oportunidades, el desfallecimiento de la economía productiva arrojó a su población más pobre en brazos de don Berna y los Urabeños. Trasladada a las comunas la estrategia del narcotráfico de control militar del territorio en el campo, ésta se resuelve aquí en fronteras invisibles del microtráfico que se pelea el mercado metro a metro y hace un mes segó la vida de dos niños camino de la escuela. Fueron asesinados y descuartizados, probablemente por otros menores sin horizonte pero empoderados de metralleta y organizados en bandas y combos de miles de miembros. Y no es todo. Según Fernando Quijano, de Corpades, 40% de los funcionarios públicos de Medellín colaboran con las mafias del narcotráfico.
Mientras tanto, grita el silencio de los industriales que aún quedan frente al modelo de desindustrialización que César Gaviria introdujo y sus sucesores desarrollaron, hasta alcanzar el clímax con los TLC y la política de revaluación que Santos aplica para matar toda fuente de trabajo productivo. Con revaluación del peso de 35% y subvaluación china del 30%, los productos de ese país nos llegan 65% por debajo del precio internacional en dólares constantes de nuestros productos. Su más reciente víctima, la firma de confecciones Hernando Trujillo. Claro que así no se puede competir. Pero sí se podría protestar y proponer y pelear. Si se pensara un instante en la generación sacrificada de las comunas de Medellín. Mas acaso en esta zaga irreconocible de los hombres que hicieron de Medellín cuna de la industria en Colombia haya demasiados dedicados hoy en su mutismo a labores menos patrióticas pero más jugosas para su bolsillo, tal como aconseja el nuevo modelo económico: a importar en vez de producir, a especular en vez de invertir.
Excepciones hay que se la juegan como flor solitaria en el desierto promoviendo alianza entre ciencia y tecnología, empresa y Estado. Se trata de volcar el conocimiento hacia la creación de empresas capaces de desarrollar productos y servicios de alta calidad, con apoyo del poder público. El Parque del Emprendimiento que preside Patricia Fuel descuella en este modelo tripartito, mediante concierto de la Universidad de Antioquia con la Alcaldía de Medellín. Resultado, 40 nuevas empresas con elevado potencial de crecimiento. Entre ellas, XRol, aplicación de tele-radiología médica; Tecnologías Marte, un sistema para desactivar minas antipersonal; y tecnologías nuevas y más eficientes para materiales de construcción, industria agrícola y alimenticia, cosmética y farmacéutica. De haber locomotora industrial, este tipo de alianza haría una revolución. Pero nuestro destino es otro: producir bananitos y carbón. Será aquella, pues, otra flor sin retoño.
La distinción de marras redime a Medellín del dolor infligido por los ejércitos de Pablo Escobar. Y es reconocimiento a la energía, la creatividad y el espíritu solidario de su gente. Pero mucho va de este orgullo al uso propagandístico del metrocable para deslumbrar turistas con el espectáculo de la pobrecía “rescatada”, mientras sus muchachos se inmolan en la desesperanza. Las obras sociales y de infraestructura en las comunas no conjuraron la pobreza y la violencia. Les faltó carne. También el premio pareció reparar apenas en la epidermis de una musculatura atrofiada.
por Cristina de la Torre | Mar 5, 2013 | Salud, Marzo 2013
Lapsus dolorido de Jaime Arias, no bien supo que a sus representadas, las EPS, se les derretía el negocio fabuloso de la intermediación financiera en salud. El Gobierno anunciaba la supresión de tal privilegio, para crear en su lugar un fondo único del Estado que centralizará la afiliación, el recaudo y la colocación directa de los recursos en clínicas y hospitales. El patetismo de Arias denuncia la envergadura del robo y el dolo que al amparo de la Ley 100 enriquecieron a un puñado de mercaderes y precipitaron la más aguda crisis del sector. Crisis por desatención a las mayorías, y por olímpica apropiación de los fondos de salud por EPS cuya deuda asfixia a los hospitales: hoy alcanza ésta los 6.3 billones de pesos. A la creación de Misalud se sumaría la de un plan universal de beneficios, la eliminación del Fosyga y la descentralización del sistema en redes territoriales de salud a cargo de alcaldes y gobernadores. Tras largas consultas con los gremios del sector, el gobierno de Santos coopta reformas que apuntan hacia un modelo de salud como derecho inalienable de todos y no como la guarida de carteristas que es hoy. Entre otros gremios, la Federación Colombiana de Medicina que lidera el facultativo Sergio Isaza habría coronado parte sustancial de su brega de 17 años contra la privatización de la salud y la corrupción que la rodea.
Si aquellos contactos inspiraron algunas de las propuestas iniciales del Gobierno, bien haría él en explorar también el proyecto de Ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la salud y lo protege. En cabeza del senador Luís Carlos Avellaneda, éste acumula las iniciativas del sector y goza del apoyo de todos los partidos en el Congreso. Al tenor de la Corte Constitucional, concibe la salud como derecho fundamental de carácter público, universal y regido por criterios de rentabilidad social, no de lucro particular. El servicio abarca a todos, tengan o no cómo pagarlo. Prohíbe “cualquier tipo de intermediación financiera”; y señala al Estado como “exclusivo responsable y operador de su recaudo, administración y distribución”, mediante un fondo público de salud que nutre a las regiones. Como política social del Estado, la atención primaria se erige en eje de la salud pública, con criterio más preventivo que curativo. El proyecto contempla la elaboración de planes decenales de salud, con participación, veeduría y control de la ciudadanía. Como en Canadá, Inglaterra y Costa Rica, instituciones privadas sin ánimo de lucro podrán complementar el servicio de la red pública.
Ya se alza el coro de los que vaticinan el naufragio de Misalud en un mar de clientelismo y corrupción. Como si Saludcoop y sus compinches no fueran doctores en la materia. Isaza propone, no obstante, vigilancia rigurosa sobre el Fondo desde los organismos de control del Estado y desde la propia sociedad: que organizaciones de pacientes, hospitales, médicos y veedurías ciudadanas tengan asiento en su junta directiva. Pero estima que, en otros sentidos, la iniciativa del Gobierno perpetúa la estructura actual del sistema: primero, permite la innecesaria mediación administrativa de las EPS en las redes de salud; segundo, mantiene la posibilidad de la integración vertical de las EPS, vale decir, que éstas puedan contratar con sus propias clínicas. Yo con yo, para que todo siga en familia.
La reforma de salud que se avecina ha de ser real alternativa al modelo que la concibió como negocio, rubricado no hace mucho con el paseo de la muerte y el cierre masivo de hospitales públicos. Ojalá que por coquetearles a las EPS no borre el Gobierno con el codo la página memorable que acaba de escribir: la salud no se compra ni se vende. Ni se castra.
