PAZ: ¿LA ÙLTIMA OPORTUNIDAD?

El experimento de La Habana podría ser nuestra última oportunidad de paz. Los acuerdos suscritos entre Gobierno y Farc, modesto reformismo liberal siempre malogrado por las fuerzas más agresivas del poder y la violencia, prometen conjurar la guerra y abrir puertas a la construcción de un país mejor. Si no la paz perfecta, a lo menos reversar los efectos del conflicto y apuntar a sus causas. La tierra, para comenzar. Cuya mitad acapara el uno por ciento de los propietarios, ya torciéndole el cuello a la ley, ya disparando contra el campesino indefenso, doliente sin sosiego de la hecatombe que tanto encopetado quisiera prolongar. No van los hijos de éste al frente de batalla. Ni huyen sus mujeres de la escena de horror sin tiempo para el llano, sin respiro para enterrar a sus muertos. A tal insania se ha llegado, que aliviar la pena, devolver sus predios a los despojados, buscar un horizonte de campesinos con tierra y tierra con campesinos, será una revolución. A leguas de la leyenda negra del castro-chavismo que este acuerdo pulveriza. A leguas del mito de que se proyecta allí la desaparición de la propiedad privada y humillación para las Fuerzas Armadas.

Un mínimo sentido de humanidad y de responsabilidad con las generaciones por venir no negará el derecho a controvertir términos del proceso de paz, pero cerrará filas sobre el anhelado desenlace: terminar la guerra. Para no abultar la cifra de 1.982 masacres – 1.166 perpetradas por paramilitares, 343 por guerrillas y 158 por la Fuerza Pública-. Ni repetir los 27.023 secuestros,  90% de ellos por Farc y Eln. Para que pierda Colombia  la corona mundial en desplazados, fruto vergonzoso de la estrategia paramilitar de tierra arrasada. Para no ver otro municipio de San Carlos, que en el fragor de una guerra ajena redujo su población de 25.000 a 5.000 habitantes. Según el Plan de Desarrollo, 6.5 millones de hectáreas se abandonaron por la fuerza: a manos del paramilitarismo, 62%; y de la guerrilla, 16%. Paso natural, al desplazamiento le siguió el despojo.

Pero el conflicto armado de estas décadas no es otra cosa que el último tramo de un periplo mayor. Tanta pretensión santanderista ha convivido aquí, no obstante, con la privatización de la seguridad y la justicia por una oligarquía sin hígados; y, por ese camino, con la apropiación ilegal y violenta de la tierra. Lo demuestra Francisco Gutiérrez. Trae nuestra historia la impronta de grandes rentistas del campo que, burlando la función social de la propiedad, se hicieron a la brava con la tierra que al pequeño campesino se le negaba.

Se propone ahora desde La Habana una verdadera transformación del campo. Uso adecuado de la tierra, según su vocación. Estímulo a su formalización, restitución y distribución equitativa, garantizando acceso del campesino a la propiedad rural. Reconocimiento del papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo. Sin perjuicio de la agroindustria, pues la economía campesina podrá convivir con otros modelos de producción agropecuaria y, en todo caso, responder por la seguridad alimentaria del país. La Reforma Rural Integral que el acuerdo de paz propone sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para el campesinado y contribuye así a la construcción de una paz estable y duradera. Definido el “qué”, a todos nos corresponde ejecutar el “cómo”. Bien desde el diseño acordado en La Habana, o desde cualesquiera otros que traigan aire de cambio. Si refrendamos el fin del conflicto armado, habremos empezado con un paso de gigante: preservar la vida de otros 220.000 colombianos. ¿Tendremos la lucidez y la grandeza necesarias para no dejar escapar esta ocasión feliz?

Comparte esta información:
Share

DEBATE: ¿Y LA VERDAD POLÍTICA?

No tuvo el debate de Cepeda la envergadura política que prometía. Amagó catarsis en nuestra aletargada democracia, si. Y abrió un espacio paralelo al de La Habana para ventilar verdades que son requisito de la paz. Se le abonan estos logros. Pero sindicaciones de carácter judicial  y enderezadas, sin contexto, contra la persona de Álvaro Uribe son pobre insumo para contemplar el modelo de amancebamiento entre política y crimen que catapultó el holocausto colombiano. No podía este debate limitarse al prontuario de un personaje. Dará materia prima a una comisión de la Verdad, de exclusiva intención punitiva para que jueces independientes examinen pruebas  y dicten penas. Pero poco aportará al esclarecimiento del conflicto armado: a entender sus causas y su desenvolvimiento en la historia; a identificar a todos sus responsables políticos. Colombia y sus siete millones de víctimas piden justicia. Pero merecen también saber de los autores intelectuales de esta guerra. No apenas de los que dispararon en cumplimiento de órdenes, sino de quienes la concibieron y trazaron sus estrategias de muerte. Han de ver el cuadro de las fuerzas en contienda, de las decisiones políticas que la apalancaron.

Antonio Navarro dio en ello primeras puntadas. Esta etapa de violencia se remonta a los años 80 y debutó con el exterminio de la UP, cuando la combinación de formas de lucha era signo de los tiempos. Pero la respuesta no fue unívoca. En Irlanda del Norte judicializaron a los rebeldes; en España ilegalizaron a Batazuna, el partido de ETA; en Colombia mataron a los militantes de la UP, tuvieran o no vínculos con las Farc. No juzgaron a Manuel Cepeda, dijo, lo mataron. Un nuevo adversario apareció en la mira: el cartel de Medellín que, en su carrera por desestabilizar la democracia, asesinó a tres candidatos presidenciales y al ministro de Justicia. Se dividió, y el Estado terminó aliado de su disidencia, los Pepes, y del cartel de Cali, hasta dar muerte al otro criminal, Pablo Escobar. A poco, el enemigo de todos fueron las Farc, cuando narcotraficantes se dieron el estatus de autodefensas. Con Andrés Pastrana y el Plan Colombia crecieron las Fuerzas Armadas y se modernizaron. Sobró la alianza del Estado con las Autodefensas. Antes de que pudieran ellas convertirse en el objetivo de turno, negociaron su demovilización. Mas no exigió el pacto de Ralito desmontar sus estructuras militares ni su negocio de narcóticos. Miles de ellos mutaron en Bacrim, narcos que hoy delinquen de la mano de ciertos frentes de las Farc.

La intervención de paramilitares y narcotraficantes en la política viene de atrás, pero en los gobiernos de Uribe alcanzó su cima. Datos sobran. Uno, aplastante, la movilización del paramilitarismo para forzar dos millones de votos por Uribe en las elecciones de 2002. Lo demostró Claudia López en investigación no refutada aun. Horacio Serpa, candidato de la contraparte, le dijo a Cecilia Orozco que el 9 de abril de ese año interpuso la denuncia ante la Fiscalía. El fiscal, Camilo Osorio, se hizo el desentendido. Pero Serpa reivindica la verdad histórica.

Verdad que puede comprometer a Uribe, entre muchos otros, pues no hay en esta guerra protagonista único. Invaluable la verdad judicial, si ella contribuye a esclarecer naturaleza y dinámica de esta conflagración atroz. Las valientes denuncias de Cepeda cobrarán toda su eficacia cuando se inscriban en el contexto histórico que les de sentido. Lo mismo aplica para cuanto tenga el uribismo que decir sobre farcpolítica. Algo va de la verdad judicial a la verdad política. La primera, sola, arriesga empequeñecerse como ataque a la persona. La segunda podrá explicar la historia y traer paz plena a las víctimas. Uribe y Cepeda comprendidos.

Comparte esta información:
Share

MIEDO A LA DIVERSIDAD

El suicidio de Sergio Urrego, inducido por la atmósfera recurrente de dogmatismo que nos asfixia –esta vez desde hace 12 años- evidencia la accidentada construcción en Colombia del Estado laico y democrático: de aquel regido por la ley civil y atento a los derechos de las minorías. Un paso adelante, dos atrás, la legislación que protege a la población LGBTI se vio burlada por la arbitrariedad. No cede la beligerancia de jerarcas de la política y las iglesias que traducen su credo en discriminación y violencia moral contra la diversidad. Fuerzas rancias ceñidas a una idea fija y refractarias al cambio colonizan los colegios hasta provocar la muerte de inocentes. Contra la ley antidiscriminación que garantiza los derechos de todas las razas, nacionalidades y orientaciones sexuales, muchos planteles dieron en la flor de catalogar el homosexualismo como causal de expulsión. Sus manuales de convivencia reproducen la dialéctica de la Inquisición: por milagro divino, la falta de disciplina deviene en pecado, y éste se transforma en delito.

En el fondo de la contienda, la concepción de familia. No reconocen los tonsurados la crisis de la familia nuclear. Vida urbana, revolución social animada por la masiva incursión de la mujer en fábricas, oficinas y universidades, píldora anticonceptiva, matrimonio civil y divorcio diversificaron las costumbres sexuales y demolieron la familia patriarcal. Un tercio de nuestras mujeres vive en unión libre y sólo el 19% se casa. 31.7% de jefes de hogar son mujeres, solteras. Apenas la mitad d los niños vive con ambos padres biológicos. Y las uniones homosexuales se expanden. Pero la Iglesia no parece reconocer como familia sino la de pareja heterosexual unida en patrimonio para tener hijos. Se reclama depositaria exclusiva de la moral sexual y asume la existencia de otros tipos de familia como agresión a los valores excelsos de la familia patriarcal, fundamento de la civilización cristiana occidental.

Esconden los prelados su cabeza de avestruz para no ver el cambio: un mundo nuevo que estalla en la diversidad y pide pista en su propio seno. Como la piden hoy miles de fieles agrupados en organizaciones como Católicos por el derecho a decidir. Institución monolítica, cualquier anhelo de pluralismo desafía el poder centenario de la Iglesia colombiana, anclado en el pueblo-uno, indiviso, bajo la corona única de Cristo-rey. Mas, a la par con la libertad de cultos, acogió el liberalismo la libertad de partidos y de pensamiento y de opciones en moral privada. A Nadie se le negará el derecho de repudiar el socialismo, la homosexualidad o el aborto. Otra cosa es que quiera imponerlo como política de Estado.

Pero en este desierto se dibujan oasis como Liberarte, un espacio terapéutico fundado en la valoración de la diversidad humana. Para Carolina Herrera, una de sus sicólogas, legitimar sólo la heterosexualidad como manifestación posible de amor, le niega opciones a un segmento de población que, presa de la homofobia, desespera. En busca de identidad –explica- se cae con frecuencia en oposiciones excluyentes homosexual-heterosexual, blanco o negro que estigmatiza y oculta los colores y matices de la vida. Por miedo a lo desconocido, al “otro” que amenaza la confortable identidad que nos define.

Cabe preguntarse cómo reconocer que la cultura, la sociedad, la identidad cambian. Si identidad hay sólo una, la del católico-heterosexual-monogámico-decimonónico. Qué hacemos, en un mundo tan diverso, para cuestionar nuestros propios prejuicios frente a las diferencias de opción amorosa,  de raza, de religión, de clase social. Qué, para saltar de la seguridad de lo conocido a la aventura de lo desconocido. Qué, para vencer el miedo al cambio, el miedo a la diversidad.

Comparte esta información:
Share

SALUD: EL GOBIERNO CLAUDICA

Acorralado entre protestas, alteración del orden público y enfrentamientos con el Esmad en Carmen de Bolívar, casi no logra el ministro Gaviria acordar con las madres atención a 350 niñas que allí padecen una rara enfermedad. A causa de la vacuna contra el papiloma, o bien, secuela de la guerra, la epidemia forzó la tardía visita del funcionario. Ésta obró como detonante del descontento con el sistema de salud, que raya en ira, y las encuestas promedian en 80%. Crece la rabia conforme se constata la incapacidad del Gobierno para remontar la crisis, y su agudización, pese a la estridente promesa de desmontar los pilares mismos del modelo que convirtió la salud en negocio de maleantes. Nada. El Gobierno reculó. ¿Por miedo a enfrentar la omnipotencia de las EPS y a sus palafreneros del Congreso? ¿Por convicción? Se salva, sí, el audaz proyecto sobre medicamentos biotecnológicos, enderezado a romper el monopolio de multinacionales que nos extorsionan con medicinas a precios exorbitantes. Pero se da largas el ministro para presentar el decreto. Y toma partido en cambio por las EPS y su negocio estrella, la integración vertical. Mucha publicidad en lo secundario, y mucha contundencia para salvar el modelo de salud que no consigue eliminar el paseo de la muerte.

Argumenta el ministro que se ha logrado cobertura casi universal en salud. Carnetización, si. Pero acceso a ella y calidad del servicio, sólo para la minoría que puede pagarlo. Porque la Ley 100 entregó el sistema de salud a la rapacidad de empresas privadas que obran como intermediarias financieras y se apropian de los recursos fiscales del sector, las EPS. Al negocio contribuye la llamada integración vertical, que les permite a éstas contratar con sus propias clínicas y manipular precios de  insumos hasta reventar alforjas con fondos públicos. Resultado: la más grave crisis sanitaria en la historia de Colombia.

Para el senador Jorge Enrique Robledo, en los últimos tres años no sólo no ha cambiado el estado de cosas sino que ha empeorado. Hubo 115 mil tutelas por salud en 2013, casi todas sobre derechos adquiridos en el POS. Ese año negaron las EPS 300 mil servicios, 34% más que en 2012. Mientras en Chile muere de parto una entre 2.000 mujeres, en Colombia la relación va de una a 460, la mayoría del régimen subsidiado. En estos tres años aumentó 26% la deuda de las EPS con hospitales públicos, al punto que 600 de ellos morirán por inanición: les deben seis billones de pesos. La Contraloría probó que Saludcoop, emblema de las EPS, se embolsilló 1.4 billones de los colombianos, la mayor defraudación en la historia del país. Pero ahora el ministro de Salud quiere “rescatarla”, en conocida operación salvamento de uso y abuso en el sector financiero: salvar al banquero, no a los ahorradores. En cristiano, capitalizar ganancias y socializar pérdidas.

Las causas de la crisis en salud persisten con igual o mayor intensidad. José Félix Patiño, médico ex rector de la Universidad Nacional, aboga sin pausa por una reforma estructural que suprima la intermediación financiera y el negocio en el sector. Clama por restablecer la atención en salud como servicio social, que la haga valer en su condición de derecho fundamental. Mas para el ministro Gaviria la disyuntiva no estriba entre reforma o no-reforma, pues aquella bien podría suplirse con decretos para asuntos puntuales del sector. Verónica elusiva para no tener que asir al toro por los cuernos. Aspirinas –dirán los galenos- para tratar un cáncer. Porque la estructura mercantil del sector, la pepa del problema, sigue intacta. Viva y coleando la nefasta Ley 100, cocinada en la olla del mercado sin control, y que ha cobrado más vidas de colombianos que la guerra.

Comparte esta información:
Share

VETO AL ARTE: EL TARTUFATO EN ACCIÓN

Lo consideró el tartufato  una ofensa insufrible, y tronó en bloque. Denunció escandalizado el sacrilegio de Maria Eugenia Trujillo, artista que desplazaba la hostia viril de la custodia para poner en su lugar a la mujer, fuente de perdición desde el mito fundador del cristianismo. Pero ni siquiera a la mujer sino, peor, sus partes pudendas (“sexuales, vergonzosas”, remarcaría monseñor Builes). Acusaron la secta fundamentalista Voto Católico, el procurador, las senadoras del uribismo Guerra y Vega: la caverna en acción. Habituada a la ordinariez de la propaganda, no podía sino reducir a panfleto esta obra de arte –sutil, sugerente- y logró la censura de la exposición que “atenta(ba) contra la fe católica”. Como si no fuera Colombia Estado laico, con libertad de expresión y pluralidad de iglesias.

Desplegó la ultraderecha el mismo odio hacia la mujer que anima su cruzada contra el derecho al aborto terapéutico, sin el cual muchas madres corren riesgo de muerte. La misma rudeza de su mutismo ante la violación masiva de mujeres como arma de una guerra que aquella fuerza cruel quisiera eterna.  Réplica del Tartufo de Molière -falso devoto que hizo de la hipocresía herramienta de poder- esta derecha engoló la voz para decir que la exposición acarreaba violencia simbólica contra los católicos y ofendía a Dios.  Reminiscencias inquisitoriales en un país al que reaniman periódicamente como la Colombia de Cristo Rey y de Laureano, ariete de la Violencia.

Para Halim Badawi, Trujillo cuestiona la masculinidad que ha obrado como medida de todas las cosas y derivado en vejámenes de todo orden contra la mujer. Masculinidad que cataloga a las mujeres como productoras de un arte menor destinado a la invisibilidad y la censura. En su repugnancia del cuerpo de la mujer y con olvido del lenguaje simbólico del arte, estos extremistas  no le perdonan a Trujillo que asocie imágenes de su culto con “sugestivas representaciones del cuerpo femenino”. Emulan a las Damas de la Decencia que en 1939 vetaron a Débora Arango, grande entre los grandes pintores de Colombia de todos los tiempos. Hacían ellas la segunda a los libelos que el ultraconservador periódico La Defensa le dedicaba a la artista antioqueña. Denostaba de su “obra impía… exhibición voluptuosa (de) pintura pornográfica…” Y El Siglo de Laureano Gómez completaba la celada diciendo que Arango representaba “las más viles pasiones lujuriosas…”

Es que Débora Arango pulverizó la estética consagrada: se atrevió con el desnudo femenino, y desafió en sus lienzos las normas sociales, el fanatismo y el poder político. Se deleitó su pincel en prostitutas, prelados y políticos corruptos. La vetaron –con señalamientos idénticos- las  camanduleras de la Bella Villa, Laureano Gómez y, en Madrid, Francisco Franco. Terminó excomulgada e invisibilizada durante medio siglo, en aquella Medellín de gente necia,/ local y chata y roma./ Chismes./ Catolicismo./ y una total inopia en los cerebros. Hoy aplica el poema de De Greiff a fanáticos que siguen campeando en el país y se ensañan en Trujillo.

Se pregunta ella si la censuran por ser mujer que osa hablar de su propio cuerpo y presentar su reflexión mediante el arte. Mas no todos son censores. Los Católicos por el Derecho a Decidir criticaron la censura y declararon que la artista representa “la subyugación y maltrato histórico del que ha sido objeto la mujer durante siglos”. Vengan las palabras de Débora Arango: “La vida, con toda su fuerza admirable, no puede apreciarse jamás entre la hipocresía y el oscurantismo (…) Por eso mis temas son duros, casi bárbaros; por eso desconciertan a (quienes) quieren hacer de la vida y de la naturaleza lo que en realidad no son”.

Comparte esta información:
Share
Share