por Cristina de la Torre | Feb 25, 2014 | Izquierda, Corrupción, Actores del conflicto armado, Febrero 2014
“Cada 60 años hay una generación de colombianos que debe decidir cómo acaba una guerra y cómo construye una paz duradera; momento excepcional que hoy no podemos confiar a politiqueros y corruptos”, señala Claudia López. Investigadora estrella de la parapolítica, López marcha con el contingente de caras nuevas que aspiran a batirse desde el Congreso por reformas capaces de eliminar las causas de la guerra; y sabe que cualquier viraje supone, para comenzar, acción letal contra la corrupción. En la orilla opuesta, refractario al cambio, un notablato regional remozado en el erario y, a menudo, en el poder intimidatorio de su reciente alianza con violentos: añeja fusta de la comarca, parentela de alcaldes y gobernadores, herederos de parapolíticos y corruptos condenados. Buscan curul 8 delfines de mandatarios locales, 15 familiares de senadores enredados con paras y, otros 15, de parlamentarios destituidos (Semana 10,II). Piponcha de regalías y dineros de salud y educación, con todo, se lucra esta clase política a manos llenas de la contratación pública. Descentralización y privatización, hijas de la democracia 1991 que medró contra el clientelismo y el Estado burocrático, terminaron por servir a un clientelismo tocado de sangre y a una corrupción que devora montañas de recursos públicos. Beneficiarios fueron también sus ejércitos privados y las guerrillas.
Saltan botones de muestra cada día en peldaños más elevados del poder. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y precandidato presidencial del Centro Democrático, resultó cuestionado por presuntos vínculos con paramililitares. Benito Osorio, exgerente del Fondo Ganadero, acaba de implicarlo ante la justicia. Ni hablar del carrusel de contrataciones entre jueces, fiscales, magistrados y uniformados cargados de soles. Gruesa tajada del presupuesto de Defensa se esfuma en esos meandros, sin control y bajo el ala de políticos de pro que pujan por mantener el estado de guerra y el estado de cosas; fuerza oscura que asienta sus reales en el susodicho notablato.
Para derrotar la corrupción, López propone expropiar a los corruptos. A políticos, funcionarios y contratistas cuyos haberes se agiganten sin justificación. Y, si parlamentario, despojar de la curul al partido que lo avala. Humberto Molina, dirigente de izquierda, académico, conocedor de su país (Verdes, Senado 85), lucharía por sujetar los organismos públicos a procesos claros de toma de decisiones y asignación de recursos. Por obligarlos a rendir cuentas cada año sobre contratos y concesiones, en informes avalados por los organismos de control. Insiste en defender a los consumidores, interviniendo a los monopolios para garantizar el ejercicio de una sana competencia; en regular el sector financiero y eliminar sus abusos.
Estima Molina que la paz ha de extenderse a todos los agentes del conflicto. Las negociaciones deben incluir a los grupos armados de la derecha, y a los mentores no-armados de la solución militar del conflicto. ¡Paz hasta con Uribe! –exclama-. Las fórmulas de perdón y reconciliación serán comunes para todos los bandos. A lo que López agrega aplicar un mismo rasero de justicia transicional para los “Timochenkos”, los “Mancusos” y los “Ritoalejos”.
Para Guillermo Rivera, ponente de la Ley de Víctimas, el próximo será un congreso constituyente, pues tendrá que discutir una nueva arquitectura institucional. A levantarla ayudará un Frente de reformadores cuya muestra aquí indica que sí hay con quién. Traen ellos otra idea de país, pero llamarán a todos los demócratas a abrazar un imperativo de patria: erradicar la corrupción.
Coda. ¡Cuidado con la vida de Aída Avella! No basta con encontrar quien disparó el arma; hay que identificar a quien disparó la orden.
por Cristina de la Torre | Feb 18, 2014 | Modelo Económico, Internacional, Febrero 2014
Vuelo de campanas y festones de feria rubricaron el lanzamiento de la Alianza del Pacífico como el paraíso soñado de integración latinoamericana, siendo, precisamente, su antípoda: un torpedo contra el acariciado proyecto de unión autónoma de países para buscar su desarrollo e incorporarse a la economía del globo sin morir en el intento. Los firmantes del nuevo pacto montan la plataforma del continente para la Alianza Transpacífico que EE.UU. lidera, cuando este litoral desplaza al Atlántico y deriva en meca de exportaciones. Pero en Washington resopla es el aliciente expreso de multiplicar las ventajas que el libre comercio ha concedido a las transnacionales. Con la Alianza del Pacífico renace el Alca, asociación de libre comercio para las Américas que Bush-padre había lanzado sin éxito. Su corolario natural, culminar la desindustrialización de los socios menores. Colombia apretará el paso hasta convertirse en exportador neto de servicios, carbón y banano, y en manso importador de bienes industriales y agrícolas. De automóviles, verbigracia, que ahora nos llegarán desde el país azteca, carros gringos o chinos que presumen de mexicanos, con cero arancel. Hábil maniobra de “triangulación”, tan cara a nuestro ministro Cárdenas.
En busca de frutos más jugosos, cierra Mazda su fábrica de ensamblaje en Colombia. Emigra a México, desde donde traerá sus carros al país, ahora libres de arancel. Solución providencial a las afugias del sector, que ha reducido dramáticamente su producción. Tan prolífico en su largueza con los poderosos como avaro con los débiles, el ministro de Hacienda recordó que entre las soluciones a aquellos apremios el Gobierno suprimió la obligación de incorporar en el vehículo 35% de partes nacionales. Podrán ellas adquirirse donde se considere “más atractivo y económico”. Si se importan y no se producen en Colombia, no pagan arancel. “Nos deshicimos –agrega exultante- del viejo modelo del Pacto Andino, una camisa de fuerza que le estaba restando competitividad al sector automotor en Colombia”. ¿Cuántos empleos formales se perderán allí? Desatino vergonzoso.
El cierre inminente de la Compañía Colombiana Automotriz, por su parte, apenas ilustra el drama de la industria nacional, que desde César Gaviria agoniza en el altar de una apertura desatada. Agravada por el TLC suscrito con EE.UU, en cuyo primer año bajó 10% nuestra producción industrial y, las exportaciones, 20%. Pero también la agricultura acusará el golpe. La Alianza Pacífico provocará severas pérdidas a 202 productos agropecuarios; la mitad de la producción del sector podría desaparecer. Y no se trata de impedir la inserción de Colombia en la economía mundial; pero tampoco de aceptar asimetrías que sólo benefician a los países más avanzados. Por tecnología y desarrollo, Colombia está en inferioridad de condiciones, no sólo frente a EE.UU, sino frente a México y Chile, sus socios de la hora.
Tres modelos subyacen a las opciones de integración: uno, de economía abierta y libre mercado, que Colombia suscribe. Otro, socialdemocrático, en cabeza de Brasil, Uruguay y el Chile de Bachelet, con proteccionismo, preeminencia económica del Estado y apertura en función del interés nacional. Y un tercero, el llamado Socialismo de Venezuela y Nicaragua, autoritario y, en política económica, palos de ciego. La disyuntiva para Colombia es de hierro: persistir en el camino de la Alianza del Pacífico hasta convertirse en protectorado norteamericano; o bien, retomar la senda de la industrialización, negociar a derechas su participación en la economía global y elevar la productividad del campo mediante reforma agraria. Lo demás es ruido y confeti. Gato por liebre.
por Cristina de la Torre | Feb 11, 2014 | Iglesias, Febrero 2014
Queda en entredicho la canonización de Juan Pablo II; y en peligro, la imagen de renovador que con tanta habilidad y paciencia se ha forjado Francisco. El emplazamiento de la ONU a la Iglesia para que entregue a la justicia civil a todos los curas pedófilos y a sus purpurados encubridores, coloca al papa en una encrucijada dramática. En la contundencia sin antecedentes del organismo internacional contra la iglesia de Roma y el torrente de víctimas que exigen justicia, tendrá el pontífice que encarar este delito infame que la Iglesia cohonestó siempre por inacción o por desgana. Y romper su código de silencio.
No resultará fácil, para comenzar, la elevación de Wojtyla a los altares, habiendo protegido como protegió a Marcial Marciel, el emblemático abusador de niños, sus propios hijos comprendidos, y fundador de los Legionarios de Cristo. Hoy pretenden los nuevos jefes de la orden borrar todo delito con un acto de contrición impostada, sin comparecer en los tribunales y echándole a Maciel toda el agua sucia. Nadie de su círculo íntimo parece libre de culpa. 30 legionarios denunciados por abuso sexual siguen, no obstante, en la organización. Pero a ellos “ni los tocan”, apunta el investigador Fernando González. Que Robles, el nuevo director, perteneciera a aquella rosca, no inhibió a Francisco para darle de nuevo luz verde a la orden.
Se defiende el Vaticano diciendo haber creado una comisión contra la pederastia. Pero Sue Cox la tiene por maniobra de distracción porque los tonsurados “no pueden vigilarse a sí mismos… el Vaticano ha de ser monitoreado por un organismo independiente y secular”. Y señalar a los obispos que protegieron curas pedófilos. Miles de víctimas exigen abordar el caso como crimen de Estado y que el Vaticano sea juzgado por Naciones Unidas. Entre muchos, el ex sacerdote Alberto Athie pide detener la ceremonia de santificación de Juan Pablo II, hasta cuando las autoridades judiciales establezcan el grado de complicidad con los abusos de su amigo Maciel.
El lazo es político de origen, y financiero. Se remonta a los tiempos del sindicato Solidaridad que, al lado del papa Wojtyla, dio en tierra con la dictadura comunista en Polonia. A lo cual contribuyeron en grande los fondos de Maciel. Bajo el ala del nuevo pontífice, su orden creció como la espuma. En reciprocidad, Maciel logró que el gobierno de México invitara al papa a su país, y desde entonces cayó en desgracia también la Teología de la Liberación. Como era secreto a voces y escándalo en la prensa mundial, Juan Pablo conocía las denuncias por pedofilia contra Maciel. Pero nada vio, nada oyó, ni movió un dedo. Antes bien, alabó la “fecundidad espiritual y misionera” de su amigo. Cuando en 1999 el obispo mexicano Talavera inquirió ante el entonces cardenal Ratzinger por este caso de abuso sexual, éste le respondió: “No podemos abrir el caso del padre Maciel porque es una persona muy querida del Santo Padre y ha ayudado mucho a la Iglesia…” En 2011 fue demandado Ratzinger ante la Corte Penal Internacional por “encubrir miles de delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia” (El Espectador II, 6).
Más exigente que ostentar vuelta al Nazareno será la decisión que Francisco adopte en el trance que la ONU le presenta. Si ya el compromiso con los pobres supondría un timonazo en doctrina y en acción, éste de la pedofilia será un reto mayúsculo: o repite la mascarada de sus predecesores -promesas vacías de apretar a los abusadores- o produce una ruptura mandando a la cárcel a la jerarquía responsable. Y aplaza la canonización de un papa cuya flacidez moral supera con creces la sospecha. Será ésta su verdadera prueba de fuego.
por Cristina de la Torre | Feb 4, 2014 | Modelo Económico, Salud, Febrero 2014
Tras muchos ires y venires, este Gobierno parece quedarse con el modelo de salud de Pinochet, que Álvaro Uribe había cooptado: el de competencia privada, con oferta restringida de servicios. Brasil y Costa Rica, en cambio, optaron por el esquema de salud pública integral, que contempla también los determinantes sociales del sector: educación, vivienda, agua potable, ingresos. Impresiona corroborarlo en la ruidosa ausencia de esta reforma en el programa de reelección de Santos. Supérstite de las poderosas EPS y de los políticos que las apadrinan en el Congreso, retiró su oferta original de suprimir esta almendra infecta de nuestra salud mercantilizada. Y la suplió con un publicitado control de precios en medicamentos que, de surtir efecto, le ahorrarían al Estado $136 mil millones. Una miseria, con todo, si se compara la cifra con el billón y medio que Saludcoop les mordió a los fondos del sector, y los ocho billones que según la Contraloría se habrían manduqueado otras EPS. Y el ministro ahí. Lejos de obligarlas a devolver lo rapado, dizque quiere refinanciarlas; es decir, que el Estado asuma sus deudas. Entre otras, las contraídas con 600 hospitales públicos a punto de cierre por asfixia financiera. Mientras tanto, la crisis de la salud –que no es de falta de plata sino de tibieza ante los ladrones- recae sobre la población: o no accede ella al servicio, o éste es pachorro y malo. O configura delito contra la humanidad, como lo indican los 122 casos de muertes hospitalarias por desatención de una EPS que la personería de Bogotá encontró. Pero, arrollado por el carro providencial de la campaña electoral, se apolilla en el Congreso el debate sobre una ley ordinaria que cambie el modelo de salud.
Paul De Vos y Patrick van der Atuyft reconstruyen el derrotero de las dos lógicas que nutren la discusión: la de atención primaria integral que deriva del derecho humano a la salud, y la de competencia privada. Referentes de esta última, el Chile de los 80 y la Ley 100 en Colombia. Enarbolando criterios de universalidad, equidad y calidad, la Declaración de la Organización Mundial de la Salud reunida en Alma Ata en 1978, depositó en el Estado la responsabilidad por la salud de la población. Pero la acometida neoliberal contra el sector público y la inversión social se tradujo en privatización del sector, en políticas de salud selectiva y atención primaria mínima y barata. Paradigma de mercado donde pesaban más las consideraciones financieras que la salud de la gente. En 1993, año en que Uribe presentaba su Ley 100, el Banco Mundial desplazaba el liderazgo de la OMS e imponía el modelo mercantil en salud. Debió el Estado renunciar a su potestad de trazar esta política y a regular el sector. Resultado a la vista: conforme crecen las ganancias del sector privado (EPS), aumenta el desamparo de la gente.
El modelo ha hecho crisis en Colombia. Y ésta pide a gritos devolverle al Estado la responsabilidad de diseñar, planificar, ejecutar, controlar las políticas en salud, y ejercer soberanía sobre los recursos del sector. Lo que no implica la desaparición del sector privado. Bien podrán las EPS seguir prestando servicios, pero bajo condiciones nuevas, taxativas: no serán ya intermediarias financieras del sistema, ni intermediarias de la información, ni intermediarias para aprobar o negar atención al paciente. Habrá fiscalización estricta de lado y lado: ni negocio de EPS ni corrupción pública. Se rompe la crisma el ministro pensando “cómo hacemos compatible el negocio con el bienestar general”. Acaso veinte años de Ley 100 hayan demostrado la inviabilidad de tal matrimonio. Pero sirva el motivo para desenmochilar el debate.
