“Cada 60 años hay una generación de colombianos que debe decidir cómo acaba una guerra y cómo construye una paz duradera; momento excepcional que hoy no podemos confiar a politiqueros y corruptos”, señala Claudia López. Investigadora estrella de la parapolítica, López marcha con el contingente de caras nuevas que aspiran a batirse desde el Congreso por reformas capaces de eliminar las causas de la guerra; y sabe que cualquier viraje supone, para comenzar, acción letal contra la corrupción. En la orilla opuesta, refractario al cambio, un notablato regional remozado en el erario y, a menudo, en el poder intimidatorio de su reciente alianza con violentos: añeja fusta de la comarca, parentela de alcaldes y gobernadores, herederos de parapolíticos y corruptos condenados. Buscan curul 8 delfines de mandatarios locales, 15 familiares de senadores enredados con paras y, otros 15, de parlamentarios destituidos (Semana 10,II). Piponcha de regalías y dineros de salud y educación, con todo, se lucra esta clase política a manos llenas de la contratación pública. Descentralización y privatización, hijas de la democracia 1991 que medró contra el clientelismo y el Estado burocrático, terminaron por servir a un clientelismo tocado de sangre y a una corrupción que devora montañas de recursos públicos. Beneficiarios fueron también sus ejércitos privados y las guerrillas.
Saltan botones de muestra cada día en peldaños más elevados del poder. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y precandidato presidencial del Centro Democrático, resultó cuestionado por presuntos vínculos con paramililitares. Benito Osorio, exgerente del Fondo Ganadero, acaba de implicarlo ante la justicia. Ni hablar del carrusel de contrataciones entre jueces, fiscales, magistrados y uniformados cargados de soles. Gruesa tajada del presupuesto de Defensa se esfuma en esos meandros, sin control y bajo el ala de políticos de pro que pujan por mantener el estado de guerra y el estado de cosas; fuerza oscura que asienta sus reales en el susodicho notablato.
Para derrotar la corrupción, López propone expropiar a los corruptos. A políticos, funcionarios y contratistas cuyos haberes se agiganten sin justificación. Y, si parlamentario, despojar de la curul al partido que lo avala. Humberto Molina, dirigente de izquierda, académico, conocedor de su país (Verdes, Senado 85), lucharía por sujetar los organismos públicos a procesos claros de toma de decisiones y asignación de recursos. Por obligarlos a rendir cuentas cada año sobre contratos y concesiones, en informes avalados por los organismos de control. Insiste en defender a los consumidores, interviniendo a los monopolios para garantizar el ejercicio de una sana competencia; en regular el sector financiero y eliminar sus abusos.
Estima Molina que la paz ha de extenderse a todos los agentes del conflicto. Las negociaciones deben incluir a los grupos armados de la derecha, y a los mentores no-armados de la solución militar del conflicto. ¡Paz hasta con Uribe! –exclama-. Las fórmulas de perdón y reconciliación serán comunes para todos los bandos. A lo que López agrega aplicar un mismo rasero de justicia transicional para los “Timochenkos”, los “Mancusos” y los “Ritoalejos”.
Para Guillermo Rivera, ponente de la Ley de Víctimas, el próximo será un congreso constituyente, pues tendrá que discutir una nueva arquitectura institucional. A levantarla ayudará un Frente de reformadores cuya muestra aquí indica que sí hay con quién. Traen ellos otra idea de país, pero llamarán a todos los demócratas a abrazar un imperativo de patria: erradicar la corrupción.
Coda. ¡Cuidado con la vida de Aída Avella! No basta con encontrar quien disparó el arma; hay que identificar a quien disparó la orden.
