por Cristina de la Torre | Jun 29, 2015 | Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Proceso de paz, Actores del conflicto armado, Junio 2015
En los altibajos del proceso de paz, cuando parecía ésta ahogarse bajo la nata de petróleo derramado por las Farc, un acontecimiento inusitado podría ayudar a devolverle el resuello: ha quedado en entredicho su primer obstáculo, la facción de uniformados que se erigió en bastión de la extrema derecha guerrerista. Por vez primera investiga la Fiscalía presunta responsabilidad de 22 generales en la comisión de 4.475 falsos positivos y convoca a cuatro de ellos a declarar ante los jueces. El último informe de Human Rights Watch incorpora expedientes y pruebas judiciales que terminarán atemperando estridencias castrenses ajenas a la democracia.
Compelido por el ministro entrante, Luis Carlos Villegas, a marginarse de la política; perdida su autoridad moral si resultara incriminado por responsabilidad del mando, este sector optaría por concurrir a la Comisión de la Verdad y someterse a la justicia transicional. Más blanda, para el caso, que la justicia ordinaria o la internacional. Es decir, se allanaría a la política de paz. Si bien no es seguro que los tribunales cataloguen como delito de guerra el asesinato de civiles, por prebendas. Aunque el entonces presidente Uribe humilló a las víctimas al aseverar que no estarían ellas “cogiendo café”, mientras se deslizaba por los cuarteles la más escalofriante víbora de muerte. Tan pavorosa, que el gobierno de Estados Unidos amagó con cortar la ayuda financiera al Plan Colombia.
Habla el informe de posibles ejecuciones generalizadas y sistemáticas por efectivos de casi todas las brigadas del Ejército entre 2002 y 2007, con presumible conocimiento u orden de sus superiores. Analiza pesquisas de la justicia y declaraciones de testigos que comprometen, entre otros, al general Montoya. Señala el documento al general Rodríguez, actual comandante de las Fuerzas Militares, y al general Asprilla, jefe del Ejército. No sindica la Fiscalía a los primeros de participación directa en los crímenes, pero teme que con sus instrucciones los promovieran y estudia si por línea de mando deben responder. Se habría pecado entonces, a lo menos, por omisión.
Al estallido del escándalo contribuyó la presión internacional. Un protocolo de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA), entre otras, con fecha 19 de abril de 2007, insta al congreso de Estados Unidos a suspender la ayuda militar a Colombia mientras no se aclaren supuestos vínculos de paramilitares con agentes del Estado y ejecuciones extrajudiciales. Amparadas en pruebas de violación sistemática de Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas en Colombia, le recomiendan a la Secretaria de Estado, Condolezza Rice, descertificar al país. En particular, por información de ejecuciones extrajudiciales a manos de militares, ya abrumadoras entre 2005 y 2007. No frenaron la ayuda: la redistribuyeron, ignorando a los batallones denunciados.
El entonces ministro de defensa, Santos, actuó de inmediato: destapó el escándalo. Contra la voluntad del general Montoya, destituyó a 27 altos oficiales. Creó controles en las brigadas. Diseñó nuevos protocolos de levantamiento de cadáveres. Introdujo instrucción de Derechos Humanos en las Fuerzas Militares. Y cambió la doctrina: contra la de su predecesor, Camilo Ospina, ordenó privilegiar capturas y desmovilizaciones, no cadáveres. Si como ministro le quedaron baches que invoquen responsabilidad política, el hoy presidente Santos deberá explicarse con entereza ante el país. Y, en vista de la paz, bien supremo que ha comprometido sus afanes, tendrá que perderles el miedo a Uribes, Londoños, Mariafernandas, Ordóñez y ciertos militares retirados, maniáticos todos de la guerra ahora enredados entre los palos de su propio invento.
por Cristina de la Torre | Jun 22, 2015 | Salud, Junio 2015
Mucha pandereta, mucho fuego artificial del ministro Gaviria sobre control de precios a medicamentos y suspensión del glifosato, mientras refuerza el modelo mercantil que sume a la salud en su peor crisis en décadas. El indecoroso amparo del funcionario al lucro de las EPS consolida el aseguramiento privado y su intermediación financiera, que volvieron negocio de mercaderes el derecho a la salud. Y ultraja a los 568 hospitales públicos que agonizan en la indigencia porque no les pagan las EPS los casi cinco billones que les adeudan. Pero lejos de apretarlas, como es deber del ministro, éste les concede siete años de gracia para refinanciarse ¡con los propios fondos del sector! Y propone, además, compensar el desfalco perpetrado por esas intermediarias al sistema de salud con nuevos impuestos a los colombianos.
Eficiente distractor de este cometido primordial, la prometedora suspensión del glifosato es, de momento, apenas una propuesta; aunque de incierto desenlace, si cuaja, pues se estudia ya otro herbicida para reemplazarlo, acaso tan tóxico como el anterior. Como lo denuncia el exministro de Salud, Camilo González. No está clara, pues, la capacidad de la medida propuesta para replantear la política antidrogas.
Un segundo recurso a titulares de prensa que encubren el afianzamiento de la Ley 100 de salud es el supuesto ahorro de $1,6 billones en tres años por control de precios a medicamentos biotecnológicos. Modesto este medio billón al año, si se lo compara con las utilidades que las farmacéuticas de tales productos mantienen, pese al control de precios sobre algunos de ellos. O con los beneficios de las EPS –utilidades y apropiaciones indebidas sumadas. Y si hemos de creer a las cifras del ministerio, que oculta con celo los recobros por medicamentos al Fosyga. Recobros que pasaron de exponenciales a incontrolables.
El hecho es que la reducción de precios sobre estos productos se neutralizó con la venta de más unidades de los mismos, o de algún otro medicamento de la farmacéutica de marras. El laboratorio vendió menos caro pero en mayor cantidad, gracias al sucio trabajo de las EPS de inducción artificial de la demanda. Entre 2012 y 2013, cuando se introdujo el control de precios, las unidades vendidas de Rituximab aumentaron 63% y, en valores, el 22%. Entre uno y otro año, los ingresos por ventas saltaron de $93 mil millones a $113 mil millones. Entre 2013 y 2014, el NovoSeven más que duplicó ventas, si bien el número de pacientes seguía siendo el mismo. Del acetaminofén, producto estrella de los colombianos, ni hablar. El año pasado se vendió casi tanto acetaminofén de marca como del genérico. Pero el primero reportó $341 mil millones y el genérico sólo $38 mil millones. Todo, gracias a la publicidad engañosa de que producto de marca, aunque caro, es mejor. Si falla el control real de precios, también se desprotege la producción nacional de fármacos, y no se lanza el Estado a producirlos. Como en Sudáfrica, India y Brasil.
La Ley Estatutaria de Salud deposita en el Estado la dirección, organización, regulación y control del servicio. A instancias de esta norma, La Gran Junta Médica Nacional, que agrupa a las seis mayores organizaciones profesionales de la salud, insta al Gobierno a respetar la autonomía de los médicos. Y a superar la crisis del sector cambiando “el modelo de aseguramiento comercial por uno de aseguramiento social que reconozca la salud como derecho humano fundamental en el cual no quepan el negocio ni el afán de lucro de terceros”. Pepa del asunto que el Plan Nacional de Desarrollo contraviene olímpicamente, y el ministro burla haciendo ruido sobre iniciativas apenas esbozadas o de resultados inciertos.
Minsalud: mucho ruido…
Mucha pandereta, mucho fuego artificial del ministro Gaviria sobre control de precios a medicamentos y suspensión del glifosato, mientras refuerza el modelo mercantil que sume a la salud en su peor crisis en décadas. El indecoroso amparo del funcionario al lucro de las EPS consolida el aseguramiento privado y su intermediación financiera, que volvieron negocio de mercaderes el derecho a la salud. Y ultraja a los 568 hospitales públicos que agonizan en la indigencia porque no les pagan las EPS los casi cinco billones que les adeudan. Pero lejos de apretarlas, como es deber del ministro, éste les concede siete años de gracia para refinanciarse ¡con los propios fondos del sector! Y propone, además, compensar el desfalco perpetrado por esas intermediarias al sistema de salud con nuevos impuestos a los colombianos.
Eficiente distractor de este cometido primordial, la prometedora suspensión del glifosato es, de momento, apenas una propuesta; aunque de incierto desenlace, si cuaja, pues se estudia ya otro herbicida para reemplazarlo, acaso tan tóxico como el anterior. Como lo denuncia el exministro de Salud, Camilo González. No está clara, pues, la capacidad de la medida propuesta para replantear la política antidrogas.
Un segundo recurso a titulares de prensa que encubren el afianzamiento de la Ley 100 de salud es el supuesto ahorro de $1,6 billones en tres años por control de precios a medicamentos biotecnológicos. Modesto este medio billón al año, si se lo compara con las utilidades que las farmacéuticas de tales productos mantienen, pese al control de precios sobre algunos de ellos. O con los beneficios de las EPS –utilidades y apropiaciones indebidas sumadas. Y si hemos de creer a las cifras del ministerio, que oculta con celo los recobros por medicamentos al Fosyga. Recobros que pasaron de exponenciales a incontrolables.
El hecho es que la reducción de precios sobre estos productos se neutralizó con la venta de más unidades de los mismos, o de algún otro medicamento de la farmacéutica de marras. El laboratorio vendió menos caro pero en mayor cantidad, gracias al sucio trabajo de las EPS de inducción artificial de la demanda. Entre 2012 y 2013, cuando se introdujo el control de precios, las unidades vendidas de Rituximab aumentaron 63% y, en valores, el 22%. Entre uno y otro año, los ingresos por ventas saltaron de $93 mil millones a $113 mil millones. Entre 2013 y 2014, el NovoSeven más que duplicó ventas, si bien el número de pacientes seguía siendo el mismo. Del acetaminofén, producto estrella de los colombianos, ni hablar. El año pasado se vendió casi tanto acetaminofén de marca como del genérico. Pero el primero reportó $341 mil millones y el genérico sólo $38 mil millones. Todo, gracias a la publicidad engañosa de que producto de marca, aunque caro, es mejor. Si falla el control real de precios, también se desprotege la producción nacional de fármacos, y no se lanza el Estado a producirlos. Como en Sudáfrica, India y Brasil.
La Ley Estatutaria de Salud deposita en el Estado la dirección, organización, regulación y control del servicio. A instancias de esta norma, La Gran Junta Médica Nacional, que agrupa a las seis mayores organizaciones profesionales de la salud, insta al Gobierno a respetar la autonomía de los médicos. Y a superar la crisis del sector cambiando “el modelo de aseguramiento comercial por uno de aseguramiento social que reconozca la salud como derecho humano fundamental en el cual no quepan el negocio ni el afán de lucro de terceros”. Pepa del asunto que el Plan Nacional de Desarrollo contraviene olímpicamente, y el ministro burla haciendo ruido sobre iniciativas apenas esbozadas o de resultados inciertos.
por Cristina de la Torre | Jun 8, 2015 | Educación, Junio 2015
Sorprende la credulidad de colombianos permeados por el cuento de que un expresidente amasado en la politiquería podía emular al mismísimo Simón Bolívar. Y la descabellada fantasía de insurgentes non-sanctos que se pretendieron voceros del pueblo. Pecados contra un sentido de realidad que podrá atribuirse al desprecio por la historia, por los referentes que ella ofrece para justipreciar el verdadero calado y sentido de los hechos de hoy. Desdén hacia nuestra historia, tan ocultada, deformada y agredida allí donde ella pide pista. Si en educación, se suprime la cátedra de historia en los colegios. Si en escenarios de memoria histórica, símbolos de identidad nacional, se trabaja por destruirlos en nombre del “progreso”. Como la autopista de doble calzada que cruzará el corazón mismo del campo de Boyacá, donde venció el Libertador a las tropas españolas, para dar paso a la formación de cinco repúblicas independientes. Grosero atropello del concesionario Solarte y Solarte, con aval del ministerio de Cultura.
Ni fetiche, ni exaltación romántica de la libertad. Juan Camilo Rodríguez, presidente de la Academia Colombiana de Historia, encabeza una cruzada en defensa del monumento histórico, a la que se suman ya otras academias, juristas, magistrados, universidades y organizaciones ciudadanas. “La construcción de la memoria histórica de los colombianos como país independiente y soberano, escribe él, se apoya en el patrimonio documental y en los escenarios que dejaron huella de resistencia decisiva (contra la metrópoli española)”.
En reivindicación providencial del pasado, nuestro escritor Pablo Montoya ganó el premio Rómulo Gallegos, justamente con una novela histórica. Su Tríptico de la Infamia proyecta las guerras de religión que asolaban a la Europa del siglo XVI hacia la conquista de América y su exterminio de los nativos. La obra dibuja en el pasado las claves de nuestro presente. ¿Acaso el asesinato continuado de indígenas en el Cauca, sobre todo por herederos de encomenderos exconvictos de las cárceles de Cádiz, no responde a la misma lujuria de riquezas que cinco siglos atrás se resolvió en exterminio de la raza americana? ¿Es que la batalla de Boyacá, librada por indios, negros y mestizos, no inauguró la ruptura con el despotismo y la construcción de la república que somos hoy? Construcción traumática, imperfecta, inacabada, signada por la violencia y las desigualdades. Pero república, al fin, en pos de una democracia cuyo nombre ni siquiera se pronunciara hoy sin aquel acontecimiento de 1819.
Emblema de la nación, el campo de Boyacá es patrimonio histórico y cultural de los colombianos. No merece el recurso a la procacidad del gobernador de Boyacá, para quien “decir que la vía no puede pasar por el centro (del monumento) porque (lo) daña es como defender la virginidad de una mujer con tres hijos”. Pueda ser que no pertenezca el funcionario a la cofradía de varones que cifran la hombría en su ruidosa capacidad depredadora. Lejos está también este símbolo de libertad de la presuntuosa ficción de las guerrillas; y de quien, con ínfulas de Bolívar, trocó la patria en demagogia para prevalecer sobre otros notables de vereda.
Ojalá hablara este Gobierno menos de ladrillos en Educación y se aplicara más a restablecer la enseñanza de la historia a nuestros jóvenes. Principiando por darles a leer la novela de Montoya –prosa refinada, abundancia de investigación–. Ella ayudará a descubrir el tramo primero de los caminos por donde ha marchado, y marcha, nuestra historia. Sigue vivo el reto de la primera piedra que se plantó en Boyacá: culminar la edificación de un Estado en democracia, igualdad y paz. Con una primera condición: romper el sitio que quiere asfixiar su historia.
por Cristina de la Torre | Jun 1, 2015 | Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Proceso de paz, Junio 2015
Si no le da a la Mano Negra por cometer un magnicidio endilgable a las Farc para sepultar el proceso de paz, pronto se apagará en el vacío este estruendo del guerrerismo. Para despecho de los insaciables de la guerra que en cada gota de sangre ven un voto, las conversaciones de La Habana parecen renovarse con vigor inesperado tras la crisis. Apuntan a solución definitiva porque el país emplaza ahora, no apenas a la guerrilla, sino también a los otros responsables de la contienda. Si guerra sucia hubo, si ensañamiento en la población inerme, aquella se libró entre dos. Y dos han de reconocer sus crímenes, reparar a las víctimas y pagar penas por delitos atroces: en un lado, las Farc; en el otro, la heterogénea amalgama de soldados indignos del uniforme, narcotraficantes, paramilitares, políticos y empresarios que se les unieron y cosecharon jugosos frutos de su acción.
En compromiso taxativo con la paz, declaró Pastor Alape que las Farc no quieren una gota más de sangre por efecto de la guerra. Que el grupo armado no descarta pagar pena de reclusión, no necesariamente en cárcel tradicional, si los otros responsables del desangre lo hacen también. “No vinimos a La Habana a intercambiar impunidades […] Para no defender que nosotros somos los buenos y los otros los malos, esclarezcamos. Para eso es la comisión de la Verdad”. Mientras tanto, el país registra con asombro el desminado que oficiales del Ejército y guerrilleros han emprendido codo a codo en Antioquia. Y la mesa finiquita lineamientos de la comisión de la Verdad. Pepa de la negociación final, pues de ella derivan la reparación a las víctimas, la aplicación de justicia a los máximos responsables del horror y la eventual participación de los insurgentes en política. Fin último de la terminación del conflicto, que el general Mora exaltó ante la tropa el 1 de abril: buscamos que las Farc desaparezcan como grupo armado, dijo, y se conviertan en partido político; para lo cual tendrán que dejar las armas.
Corolario de la guerra degradada son sus actores, envilecidos o viles de cuna. Un ideal político inspiró a las Farc en sus primeros 20 años de existencia. Pero en los últimos 30 naufragó éste a menudo en un torbellino de violencia contra la población civil, de despojo, secuestro, desaparición y narcotráfico. En muchos de sus frentes, el crimen y el abuso fueron notas dominantes. Superadas por la historia, quieren tornar ellas a la arena de la política, ahora como partido desarmado, rompiendo con la tradición colombiana de hacer política a tiros. Enhorabuena.
Ni peras en dulce ni blancas palomas, los paramilitares fungen por su parte como brazo armado de la extrema derecha. No ha mucho quedó en libertad el jefe paramilitar que había montado en Caquetá una escuela para enseñar a torturar y descuartizar en vivo sin que sintiera el verdugo dolor, vergüenza o culpa. Fueron estos los aliados de la principal bancada parlamentaria del uribato, y beneficiarios del DAS cuando su director, Jorge Noguera, puso a su servicio el organismo de inteligencia del Estado. Hechos de bulto que ponen en ridículo la estudiada indignación del expresidente Uribe porque se negocie con la insurgencia.
En la retina de los colombianos quedó grabada la imagen de Pastor Alape al lado del general Alzate cuando, tras caer en manos de las Farc, el jefe guerrillero lo devolvía a los suyos. Precedente de honor que les da hoy credibilidad a las palabras de Alape: para él, la paz depende de cerrar las heridas de todos, de reconciliarse en la reconstrucción mancomunada del país. Dígase justicia reparativa para todos los máximos responsables –salvo en casos de delitos atroces. Lo demás es sabotaje de quienes sólo cifran su porvenir político en la guerra.
