por Cristina de la Torre | Nov 24, 2014 | Conflicto armado, La paz, Noviembre 2014
El júbilo que la captura del general Alzate desencadenó en filas del uribismo volvió a desnudar la inveterada vocación de guerra de esta derecha extrema. Montaje, o error militar, la gravedad del incidente prometía destruir de un solo golpe el proceso de paz. Abundaron en el Centro Democrático imprecaciones que relanzaban la divisa inicial de Óscar Iván Zuluaga de levantar la mesa de diálogo, no bien ganara él la presidencia. Álvaro Uribe llegó a responsabilizar a las Farc del asesinato de los 43 estudiantes mexicanos. Pero, lejos de volar en átomos la paz, el desenlace se precipitó en sorpresas. Una crecida ola de opinión censuró la que consideró alevosa reincidencia de esa guerrilla en el secuestro, ahora contra un general que ostentaba la majestad del Estado. Pero también alertó sobre la catástrofe que significaría otro medio siglo de guerra. Entonces las Farc ordenaron liberar al oficial en el acto y sin contraprestación.
A tan inesperada decisión le siguieron declaraciones de Pablo Catatumbo en RCN Radio para aludir a la caducidad de la lucha armada, reafirmar su compromiso con la paz y el propósito de firmarla en 2015. En cosa de días, cambiaban las Farc de medio a medio. Un abismo separaba estos pronunciamientos del temible juicio revolucionario que el bloque Iván Ríos insinuó de entrada contra el oficial; y de la tentación de forzar un cese bilateral del fuego. Cese improbable, porque sólo beneficiaría a la guerrilla, cuando la mesa contempla ya el desescalamiento del conflicto: desminar, parar la voladura de torres, devolver los niños de la guerra, medir bombardeos.
Mas la metamorfosis no se contrajo a las Farc. Matizando exigencias que reventarían el proceso porque implican rendición del grupo armado, el pasado jueves contemporizó Uribe con la idea de propiciar un cese el fuego unilateral concentrando a la guerrilla en una zona protegida por la Fuerza Pública. Viable, o no, importa aquí el cambio de actitud. Suceso notable que sugiere preguntas: ¿Es ésta una táctica para reconquistar simpatías sacrificadas a su cruzada contra la paz que casi todos anhelan? ¿Empieza Uribe a abandonar su referente en las Farc, que durante años le ha permitido definir su identidad política por antagonismo con la del enemigo? La invitación al diálogo del grupo armado al senador ¿será huera cortesía con el hombre que le dio nombre de Patria a la venganza contra aquellos a quienes responsabilizaba por la muerte de su padre?
También las Farc acoplaron su razón de ser al desafío bélico del entonces presidente, y del paramilitarismo que sumó sus motosierras a la contienda. Uribe y Farc se retroalimentaron. Y, librando guerra sucia, unos y otros pescaron entre el río revuelto del pueblo que ponía la mayor cota de muertos y abandonaba la tierra al usufructo de los beligerantes. Ambos fracasaron: ni las Farc pudieron tomarse el poder, ni consiguió Uribe derrotarlas. Y esta derrota recíproca rubrica el sinsentido de la guerra. Una guerra que sólo favorece a minorías selectas, experimentadas en técnicas de sabotaje a la paz.
Se ha dicho que el caso Alzate terminará por fortalecer el proceso de paz. Pues hacia allá marchan cambios impensables no hace mucho en los actores que deciden de la guerra y la paz. Si planificado el incidente del Chocó para dinamitar el proceso de La Habana, a sus autores les salió el tiro por la culata. Pero también a las Farc se les volverá bumerang si no multiplican hechos de paz, si en vez de medidas de fuerza no se ganan el beneplácito de la opinión. Si no transitan del militarismo a la política. Como parece intentarlo, por su parte, el expresidente Uribe, con sus amagos de participación en el proceso de marras.
por Cristina de la Torre | Nov 18, 2014 | Educación, Proceso de paz, Noviembre 2014
En su afán por malograr toda idea buena de ciudad, cree Petro eliminar el apartheid social de Bogotá sembrando enclaves de desplazados en el odiado norte. Sin precaver soluciones de empleo, transporte, educación y espacios de convivencia que aterricen el derecho a la ciudad en medios tangibles de integración social, el alcalde aborta ese anhelo en propuesta tan onerosa para los beneficiarios como para las finanzas de la capital. Por el valor de los terrenos, bien pudieran quintuplicarse esas viviendas en el centro ampliado de la ciudad, con todos los recursos a la mano. Que son la garantía de equidad. Pero no. La Alcaldía obra como si todo se cifrara en el ladrillo. Y, no contenta con ello, en el frente educativo se dispone a cortarle la financiación al Instituto Cerros del Sur, Ciudad Bolívar, un modelo de educación integral que tiende lazos hacia la comunidad y desarrolla en los alumnos sentido de pertenencia a su territorio. Ahora los reubicarán en megacolegios, moles de cemento a tres horas de bus, ida y regreso. Se sumarán al mar de receptores pasivos de datos sin ton ni son, sin horizonte para crear y soñar; para echar al vuelo la imaginación en respuesta a los retos de su entorno. Como si todo se cifrara en el ladrillo. Allá y acá, desdeña la construcción de comunidad.
Rompiendo el aula, no es el estudiante el referente único de este colegio; lo es también su medio. El Instituto liga el conocimiento a la acción solidaria y proyecta las materias del currículo a la realidad social. Cada profesor es a un tiempo jefe de área académica y líder de los proyectos que de allí derivan. De Sociales, verbigracia, se desprenden trabajos sobre vivienda, entorno, servicios públicos y convivencia, mediante asambleas comunitarias que se apropian de la vida pública. Parte medular del potencial artístico del estudiantado, insospechado en música, danza y teatro, se frustra por falta de recursos. En deportes, el profesor Giovanni Castro, director del área, logró enviar participantes a los Olímpicos de Londres y de Beijin.
Más que en acartonado formalismo, se pone el acento en la formación crítica del estudiante y se desarrolla en él sentido de responsabilidad con los problemas del país, en perspectiva de justicia y democracia. No es su finalidad alcanzar buen puntaje en el examen del Icfes –aunque lo logran- sino la calidad y el proyecto de vida de los niños. En lucha sin cuartel por preservar a sus muchachos de la violencia y el delito, merman los reclutados por las Farc, las Águilas Negras o el Bloque Capital. A lo cual contribuye la escuela nocturna del Instituto, educación para 400 adultos desplazados y reinsertados que los mismos profesores imparten en forma gratuita. Estirando el centavo y robando horas al sueño.
Para ninguno de los dos casos piensa Petro en el llamado tejido social, que es telaraña de comunidad sin la cual resulta imposible la convivencia. En el norte, porque levantar islotes de edificios no genera por sí solo integración social. Sin planificación, tal solución de vivienda podría segregar aún más a los ya segregados: los encerraría en nichos para “otros”. En Ciudad Bolívar, porque destruye la laboriosa construcción de comunidad desde el colegio Cerros del Sur. Más grave aun cuando se avecina la edificación de un país nuevo, que comienza con la reconstrucción de las comunidades tras la guerra. Como lo hacen ya las mujeres en Montes de María. Nada tan vergonzoso como la segmentación espacial de Bogotá por clases sociales. Nada tan democrático como atacarla. Pero nada tan irresponsable como confiar semejante empeño a la demagogia y la improvisación. O desmantelar los Cerros del Sur, un esforzado antídoto al conflicto y modelo para el posconflicto. Anda Petro descaminado.
por Cristina de la Torre | Nov 11, 2014 | Educación, Noviembre 2014
Pueda ser que le caiga la justicia a Mariano Alvear, dueño del sórdido negocio llamado Universidad San Martín; ya que, para solaz del ministerio de Salud, aquella hizo la vista gorda con Palacino, el escurridizo presidente de la EPS Saludcoop. Pues uno y otro se llenaron los bolsillos con dineros de la educación y la salud, pilares del servicio público sacrificados a la avaricia que navega sobre la más grosera mercantilización de los derechos fundamentales. La Contraloría probó que Saludcoop se apropió billones arrancados a fondos públicos del sistema de salud para invertirlos en negocios privados de sus dueños; pero el sector sigue bajo la enseña del paseo de la muerte. A Alvear se le imputa desviación masiva de matrículas que familias pagan con sacrificio por equipar a sus hijos para una vida mejor. Se espera que la valiente ministra de Educación no se conforme con una intervención de circunstancia en esta universidad y en otras 40 que tiene en la mira, si también sus dueños resultan mercaderes disfrazados de educadores. De 235 universidades privadas, sólo 20 acreditan elevada calidad.
Si diera Parody el paso en firme, eliminaría el síntoma más repelente de una educación superior librada al interés particular. Pero, de no inyectar a la vez nuevos recursos a la universidad pública, crecerá al apartheid educativo: buenas universidades privadas para los menos, y malas –de garaje y públicas desfallecientes– para las mayorías. Es que el modelo va matando por inanición a la universidad pública mientras privilegia a la privada. Con enriquecimiento lícito o ilícito de sus dueños. Acaso sigan reventando entonces purulencias como esta de la San Martín que, en vez de invertir el dinero de sus estudiantes en investigación, en laboratorios, bibliotecas y docentes pagados a derechas, les monta a sus dueños negocio de carnes y restaurantes.
Los Alvear crearon la distribuidora de carne Qualité, que ofrece “alta calidad… resultado de un riguroso proceso que va desde la genética y nutrición de los animales hasta el sacrificio, maduración y comercialización de los distintos cortes de carne”. Y abrieron la cadena de restaurantes Burguer Market. Para la Fiscalía, ellos habrían incurrido en captación ilegal de rentas, desviación de fondos y enriquecimiento ilícito. Además, la San Martín estafa a sus estudiantes con carreras no aprobadas. Paga mal a sus docentes y empleados y les birla las prestaciones sociales, según revelan docenas de demandas laborales en curso. Mas, entre empresas, apartamentos y depósitos en Aruba, la Fiscalía tasa en $100 mil millones el patrimonio de los Alvear.
De las 40 universidades investigadas, al menos 15 recibirían sanción similar a la de San Martín. A la Grancolombia se la investiga por creación de un fondo extra y por financiar en 2009 la campaña presidencial de su rector, José Galat. Silvia Gette, exrectora de la Autónoma del Caribe, habría incurrido en autopréstamos, compra de acciones en clubes sociales y transferencia de un millón de dólares al extranjero. A la manera de la integración vertical de las EPS, subcontratan estas universidades con empresas de los mismos propietarios, así que todo queda en casa.
Difícil alegar autonomía universitaria para justificar el enriquecimiento de sujetos que asumen la educación como un negocio más. Parody apunta a defender la educación como derecho fundamental y servicio público con función social. Enhorabuena. Aunque esta su primera incursión apenas toca la punta del iceberg de un modelo privatizador que acentúa las desigualdades, merece el aplauso de la sociedad. De momento, que den la cara los Gette, Galat, AlibAlvear y las otras 40 universidades que esconden alforjas sospechosas.
por Cristina de la Torre | Nov 3, 2014 | Conflicto interno, Proceso de paz, Actores del conflicto armado, Noviembre 2014
Por primera vez en su historia reconocen las Farc haber afectado a la población civil y se declaran dispuestas a asumir responsabilidad frente a sus víctimas. Brusco timonazo desde su discurso de hace dos años en Oslo, donde se reivindicaron como víctimas, hoy se reconocen victimarios. Paso trascendental hacia la paz, este pronunciamiento se suma a la presencia casi plena del estado mayor de las Farc en la mesa y a la conjunción de jefes militares de ambos bandos para acordar el cese definitivo de la confrontación. El proceso parece irreversible. Mas, temiendo una dura calificación de sus delitos contra civiles inermes, y penas inescapables, las Farc invocan “particularidades” del conflicto colombiano y la “juridicidad guerrillera”. Pero, ni el Marco Jurídico para la Paz ni el derecho internacional humanitario amnistían crímenes de lesa humanidad. Tampoco reconocer la existencia de conflicto armado en Colombia erige en Estado a esa guerrilla. Podrá su “juridicidad” darle un código interno de conducta, pero no la exime de la norma del Estado de derecho bajo cuya égida se ha negociado en La Habana. Ni podrán aceptarse como accidentes o excesos esporádicos de la guerra prácticas deliberadas y sistemáticas como el secuestro (26.800 le atribuyó Clara Rojas a ese grupo armado), minado de campos, reclutamiento de menores, ataques indiscriminados contra la población y desplazamiento.
En esto de querer blindarse contra los rigores de la justicia no andan solas las Farc. También se acorazan los militares con un estatuto que amplía su fuero hasta garantizar impunidad por delitos atroces cometidos o por cometer. Como el de falsos positivos. Más de 2.000 casos de uniformados sindicados de este delito se transferirían de la justicia ordinaria a la militar. A tribunales que juzgan con vara de “yo con yo”. Se favorecerían además crímenes de violencia sexual, trato inhumano y mutilación, terrorismo, tráfico de armas y concierto para delinquir. Aun si el concierto es con paras y se resuelve en tortura, desaparición forzada y narcotráfico. Blindados o no, acaso la comisión Histórica del conflicto permita identificar a los máximos responsables en todos los bandos de esta guerra.
A ese blanco apunta fallo que el Tribunal Superior de Bogotá acaba de proferir contra el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Se argumenta allí que el apoyo de miembros de la Fuerza Pública, entre otros, le permitió a aquel criminal asentar sus huestes en Norte de Santander. Que elementos de la Fiscalía, del DAS, de la Policía y el Ejército convirtieron ese apoyo en “política de Estado”. Mancuso declaró que “las AUC fueron apoyadas militarmente por la Fuerza Pública”, de la que recibieron ayuda, protección y armas. Que recibieron fondos de ganaderos, hacendados y aspirantes al Congreso y a las gobernaciones en la Costa Norte. El fallo aboga por juzgar en adelante a miembros de la Fuerza Pública, funcionarios del Estado, comerciantes y empresarios por los crímenes de paras contra civiles: si ellos formaban parte orgánica de esa estructura, resultarán igualmente responsables de los delitos cometidos por su ala militar.
Aquí el secuestro fue invento de las guerrillas, atrocidad que obró como palanca de polarización y escalamiento de la barbarie. De monstruosidades como descuartizamiento con motosierra dan cuenta los paramilitares, tantas veces a sabiendas de militares, empresarios y políticos. En la difícil búsqueda de un consenso mínimo de verdad, de equilibrio entre justicia y paz, mucho enseña la justicia transicional aplicada dondequiera se superó el conflicto. Como tratar con el mismo rasero a sindicados de ambas partes. Y siempre en vista del bien supremo: la paz.
