por Cristina de la Torre | Oct 14, 2014 | Actores del conflicto armado, La paz, Octubre 2014, Personajes, Posconflicto, Uribismo
Siente la ultraderecha pasos de animal grande: a cada nueva señal de paz, toca a rebato. Como las visitas de Timochenko a La Habana acercan el acuerdo final con las Farc, el ministro de Defensa ensancha la tronera del boicot a las negociaciones con esa guerrilla. Si fuera infiltrado del uribismo en el Gobierno, no lo haría mejor. Esta vez hasta superó al vociferante Ordóñez. Y Álvaro Uribe, en insólito alarde de moralidad, protesta y acusa y amenaza, mientras pretende todavía echarle tierra a la largueza inaudita que informó su negociación con el paramilitarismo. Que en su gobierno buscara conversar de paz con las Farc mientras las apaleaba, es revelación que lo enaltece. De no haberlas acorralado militarmente, no estarían ellas hoy en diálogo para trocar armas por votos. Lo que ofende es la hipocresía de sabotear el proceso que su sucesor asumió, con eficacia y respeto por la Constitución, incendiando a la galería por mucho menos de lo que él intentó. Santos ni siquiera contempló la zona de despeje que Uribe había ofrecido. No está claro, sin embargo, si tal obsesión responde a celos o envidias inconfesables, o a un diseño más enjundioso que le impide saludar el advenimiento de una Colombia en paz. Es que la paz despoja a la reacción de su razón de ser. Sin padre a la vez protector y terrorífico, sin recurso al miedo, se evapora el elan que transforma a los seguidores de su líder en rebaño; sin parapolíticos ni señores de la guerra, periclita su aparato de poder.
Debe de exasperarle también a esta derecha montaraz que el posconflicto llegue a traducirse en plan concreto de rescate y desarrollo de la Colombia profunda, la más atormentada por la guerra. Propuesta a diez años modulada con rigor, conocimiento de causa y previsión de costos por la senadora Claudia López. Convocatoria a construir paz que debería concitar en las elites el mismo entusiasmo con que contribuyeron ellas a financiar la guerra. Más, siendo beneficiarias del despertar económico de un país sin conflicto. Será coyuntura ideal para limar desigualdades, en particular entre regiones. El posconflicto exige estrategias territoriales de paz capaces de redimir a los 15 millones de colombianos que habitan los 368 municipios abandonados a las peores crueldades de la guerra. Víctimas inermes de la dictadura que allí les montaron guerrilleros y paramilitares. Se trata ahora de reemplazar aquellos poderes de facto por los titulares de la legalidad: el alcalde, el juez, el concejal, el personero, el comandante de policía. Y la comunidad organizada.
En su jerarquía de prioridades inmediatas, propone López tres ejes de inversión que sumarían $93 billones en la década. El primero, para construir ciudadanía y Estado, creando instituciones al lado de las autoridades locales, de modo que participe la comunidad en el trazado del desarrollo y vigile su ejecución. Segundo, para “reemplazar a los bandidos”, construyendo Estado con la propia gente, in situ. Fortalecer sus fuentes de recursos actualizando el catastro y formalizando la propiedad rural. Y, por fin, el destino principal de la inversión, en función de la equidad y la inclusión: salud, educación, vivienda, vías, asistencia técnica.
¿Tímida esta propuesta? ¿Confiscatoria? El debate está servido. Venga la controversia entre la gama entera de fuerzas políticas, ahora remitida a desafíos que desbordan la política menuda. El presidente Santos será responsable de honor del posconflicto, porque una mayoría de colombianos lo eligió para que hiciera la paz. Del uribismo se esperan iniciativa creadora, imaginación y compromiso con el pueblo que sigue a su líder y no se conforma ya con dianas de alarma cuando se avanza hacia la paz.
por Cristina de la Torre | Jul 15, 2014 | Actores del conflicto armado, Julio 2014, Partidos
No sorprende: según el Barómetro de las Américas, Colombia es –después de Surinam- el más conservador entre 24 países. Pero sí alarma la mutación de conservadurismo en tolerancia de hechos que lindan con el crimen. En ninguna democracia madura se verían con tanta naturalidad fotografías de la parlamentaria uribista Maria Fernanda Cabal recibiendo jubilosa ágape en su honor de neonazis confesos. Ni habría tan copiosa votación por un expresidente cuyo gobierno registró más de cuatro mil asesinatos de inocentes presentados como “positivos” de la guerra, sin que aquel lamentara siquiera los hechos. Con todo, el triunfo de la paz en la última elección está introduciendo aires inesperados en la política. Primero, la probable caída del procurador Ordóñez, apasionado antagonista de la paz, presagia tiempos menos amables para la derecha ultramontana. Segundo, este conservadurismo rabioso acusa fisuras.
Rafael Guarín, señalado exponente del Centro Democrático, invita al uribismo a conciliar con Santos procedimientos de paz en vez de “atravesarse como una vaca muerta en la coyuntura”. Ya el candidato Zuluaga, plegándose a Marta Lucía Ramírez, había ablandado en el epílogo de la campaña sus críticas al proceso de La Habana; e invitado al Presidente a considerar la opinión de siete millones de electores que secundaban la suya. Casi al unísono lo desautorizaba Uribe, cabeza única, intocable del movimiento. Lo que en pluralismo pasaría por libre confrontación de ideas, aquí podrá interpretarse como afrenta al caudillo, como hachazo que abre grieta. En todo caso, al país le llega la imagen de una coalición de derecha que alberga desde el extremismo cavernario de la Mano Negra hasta el reformismo civilizatorio de un Juan Mario Laserna.
Porque una cosa es discrepar de las condiciones de negociación con las Farc, si mejorarlas aconsejara cesar el reclutamiento de niños, exigir mapas de terrenos minados, parar los atentados contra la población civil y exigir castigo para guerrilleros incursos en crímenes atroces. Otra, querer perpetuar por conveniencia propia la guerra ciega contra una imaginaria, inventada amenaza del castro-chavismo, cuando la guerrilla marxista más antigua del mundo acepta permutar sus armas por un programa reformista liberal.
Glosemos la columna de Guarín en Semana. Que Zuluaga y Santos tienen razón en plantear un punto de encuentro, escribe. Invita a Uribe y Zuluaga a dialogar con el Gobierno, toda vez que el entonces candidato se plegó a la fórmula de “paz negociada” y que el Presidente invitó a todos los demócratas, Zuluaga comprendido, a hacer causa común por la paz. Una paz pactada sin el concurso de las minorías, agrega, sería un espejismo. “El único seguro es un acuerdo político del que haga parte el Centro Democrático”, y el uribismo no debe rehuirlo; debe proponerle a Santos un pacto por la paz. “Me da pena con los extremistas de derecha, pero (si) el uribismo quiere ser alternativa de poder no se puede quedar atravesado como una vaca muerta en la coyuntura… Hay que jugar, o resignarse a que Santos y Timochenko redacten las reglas de la política para el próximo cuarto de siglo”.
Tampoco Santos lleva todas las de ganar. La paz demandará a un tiempo el concurso de su coalición de Gobierno, de la izquierda, del movimiento popular, de los conservadores demócratas y de Álvaro Uribe. Aunque Monseñor Luis Augusto Castro acusa a Uribe de guerrerista y lo invita a considerar que “se cogen más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre”. Y este desafío de la paz podrá definir la encrucijada de la derecha: o se divide entre ubérrimos y republicanos, o da el salto hacia una coalición democrática que admita la discusión en su seno.
por Cristina de la Torre | Feb 25, 2014 | Actores del conflicto armado, Corrupción, Febrero 2014, Izquierda
“Cada 60 años hay una generación de colombianos que debe decidir cómo acaba una guerra y cómo construye una paz duradera; momento excepcional que hoy no podemos confiar a politiqueros y corruptos”, señala Claudia López. Investigadora estrella de la parapolítica, López marcha con el contingente de caras nuevas que aspiran a batirse desde el Congreso por reformas capaces de eliminar las causas de la guerra; y sabe que cualquier viraje supone, para comenzar, acción letal contra la corrupción. En la orilla opuesta, refractario al cambio, un notablato regional remozado en el erario y, a menudo, en el poder intimidatorio de su reciente alianza con violentos: añeja fusta de la comarca, parentela de alcaldes y gobernadores, herederos de parapolíticos y corruptos condenados. Buscan curul 8 delfines de mandatarios locales, 15 familiares de senadores enredados con paras y, otros 15, de parlamentarios destituidos (Semana 10,II). Piponcha de regalías y dineros de salud y educación, con todo, se lucra esta clase política a manos llenas de la contratación pública. Descentralización y privatización, hijas de la democracia 1991 que medró contra el clientelismo y el Estado burocrático, terminaron por servir a un clientelismo tocado de sangre y a una corrupción que devora montañas de recursos públicos. Beneficiarios fueron también sus ejércitos privados y las guerrillas.
Saltan botones de muestra cada día en peldaños más elevados del poder. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y precandidato presidencial del Centro Democrático, resultó cuestionado por presuntos vínculos con paramililitares. Benito Osorio, exgerente del Fondo Ganadero, acaba de implicarlo ante la justicia. Ni hablar del carrusel de contrataciones entre jueces, fiscales, magistrados y uniformados cargados de soles. Gruesa tajada del presupuesto de Defensa se esfuma en esos meandros, sin control y bajo el ala de políticos de pro que pujan por mantener el estado de guerra y el estado de cosas; fuerza oscura que asienta sus reales en el susodicho notablato.
Para derrotar la corrupción, López propone expropiar a los corruptos. A políticos, funcionarios y contratistas cuyos haberes se agiganten sin justificación. Y, si parlamentario, despojar de la curul al partido que lo avala. Humberto Molina, dirigente de izquierda, académico, conocedor de su país (Verdes, Senado 85), lucharía por sujetar los organismos públicos a procesos claros de toma de decisiones y asignación de recursos. Por obligarlos a rendir cuentas cada año sobre contratos y concesiones, en informes avalados por los organismos de control. Insiste en defender a los consumidores, interviniendo a los monopolios para garantizar el ejercicio de una sana competencia; en regular el sector financiero y eliminar sus abusos.
Estima Molina que la paz ha de extenderse a todos los agentes del conflicto. Las negociaciones deben incluir a los grupos armados de la derecha, y a los mentores no-armados de la solución militar del conflicto. ¡Paz hasta con Uribe! –exclama-. Las fórmulas de perdón y reconciliación serán comunes para todos los bandos. A lo que López agrega aplicar un mismo rasero de justicia transicional para los “Timochenkos”, los “Mancusos” y los “Ritoalejos”.
Para Guillermo Rivera, ponente de la Ley de Víctimas, el próximo será un congreso constituyente, pues tendrá que discutir una nueva arquitectura institucional. A levantarla ayudará un Frente de reformadores cuya muestra aquí indica que sí hay con quién. Traen ellos otra idea de país, pero llamarán a todos los demócratas a abrazar un imperativo de patria: erradicar la corrupción.
Coda. ¡Cuidado con la vida de Aída Avella! No basta con encontrar quien disparó el arma; hay que identificar a quien disparó la orden.
por Cristina de la Torre | Oct 23, 2012 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Octubre 2012
Más elocuentes los silencios que las verdades de Iván Márquez en su discurso de Oslo: prolija requisitoria de las injusticias que casi todo colombiano repudia; pero ninguna intención de reconocer la verdad que las Farc deben a sus víctimas en acto fundacional del perdón y de la paz. Claro, tras largo silencio político de una guerrilla entregada a otros menesteres, tampoco querrían las Farc presentarse en sociedad con el prontuario de narcotraficantes que tantos de los suyos ostentan. Y es que si el intento de imponer su modelo económico en la mesa –respetable por muchos aspectos- acusa temor a defenderlo después en franca lid, sin armas, el abordaje al problema de la droga sí forma parte del compromiso suscrito. Inminente parece su discusión, pues viene atada a la reforma del agro, punto primero de la agenda. Por dos razones: una, porque la logística del narcotráfico implica control del territorio; dos, porque cultivadores de coca y raspachines forman la base social de esa guerrilla, 62 mil familias que anhelan otra opción de vida.
Mas su largo trasegar por el negocio pone en duda también el buen éxito del proceso si éste no abarca a las Farc en su conjunto. Nada han dicho ni en la mesa están Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, comandantes del Bloque Sur, núcleo originario de las Farc, el más aguerrido en combate, osado en el negocio de la droga e independiente de Timochenko y de los bloques representados en la mesa. Otty Patiño, negociador de paz por el M19, percibe esta ausencia como debilidad inocultable del proceso; teme que aquel cuerpo se bandolerice y termine convertido en farcrim (Revista Javeriana 789, Ed. Helena Castaño). Según la Fiscalía, el narcotráfico les da a las Farc dos billones de pesos al año. El día mismo de solemnidades en Oslo, la Fuerza Aérea bombardeó un campamento del frente 57 de las Farc en el Chocó, su principal centro de acopio de coca en el Pacífico y puerta de salida de toda la droga del centro y el sur del país hacia Centroamérica. Al mismo frente se le adjudica la masacre de Bojayá, que arrojó 102 muertos por incineración en una humilde iglesia: casi todos mujeres y niños.
Eugenia Mujica y Francisco Thoumi describen el periplo que comienza con el cobro de gramaje por las Farc a narcotraficantes. Pero, en historia común del desarraigo, la droga las habían afianzado ya entre campesinos expulsados por la Violencia en zonas de colonización. La siembra de coca crecía allí con el poblamiento. Las Farc habrían jugado papel protagónico en el establecimiento de muchas comunidades en el Guaviare, por ejemplo, donde la guerrilla llenó a la postre el vacío de poder del Estado. Las Farc fueron gobierno y organizador de la producción. Con los narcos negoció control armado del territorio por las Farc y les cobró impuestos. Pero hacia finales de los 80 vino la ruptura. Se sublevó Rodríguez Gacha contra aquel poder y sus asedios. Y sobrevino el exterminio de la UP. En el Magdalena Medio no se aliaron las mafias con la guerrilla, como en el Guaviare, sino con ganaderos y militares. Su enemigo fueron las Farc. La caída del muro de Berlín reblandeció los ideales de la insurgencia y ésta se plegó sin atenuantes a la guerra sucia, al secuestro y al narcotráfico.
Si no se allanan las Farc a la verdad completa, si sólo van a menear la de la inequidad (que nadie niega) y callan la de sus víctimas y sus negocios non-sanctos, habrán inaugurado la campaña de reelección del uribismo, fiero enemigo de la paz que le busca ansioso el pierde a Oslo. Como si no les bastara con haberlo mantenido durante ocho años en el poder, gracias a una polarización militarista que sólo favoreció a aquella derecha extrema.
por Cristina de la Torre | Ago 28, 2012 | Actores del conflicto armado, Agosto 2012, Conflicto interno, La paz, Narcotráfico, Política agraria
Nunca una cortina de humo tan grosera y desproporcionada. En lugar de explicarse por el escándalo del general Santoyo (hoy confeso aliado de la mafia mientras oficiaba como jefe de seguridad del primer mandatario), llegó Uribe al extremo de señalar al presidente Santos como cómplice de las Farc y lo sindicó de adelantar diálogos de paz: “una bofetada a la democracia”, dijo, “una vergüenza”. Acusación que enfrenta el deber supremo de la paz con el recurso a la guerra contra la subversión que a Uribe le había dado fama y poder. Piadosa presentación de la guerra justa que ignoraba, no obstante, la de fondo, aquella de intereses menos nobles enderezada a hacerse, motosierra en mano, con el poder del Estado. Fueron las Farc el enemigo de Uribe y derrotarlas parecía justificarlo todo. Pero ellas fueron también pretexto providencial que le daba carácter político al ascenso violento de nuevos sectores surgidos al calor del narcotráfico. Revuelta social a cuyos agentes en el alto gobierno y en el Congreso Uribe jamás vetó. Antes bien, los defendió en cruzada memorable contra los magistrados de la Corte Suprema que investigaban la parapolítica. Y no porque los togados encarnaran ideales guerrilleros sino porque amenazaban el nuevo poder.
Se rodeó Uribe de “buenos muchachos” y la cima de la seguridad del Estado terminó en manos de la justicia, por andar en tratos con criminales. No precisamente por haber abominado de las Farc. Jorge Noguera, Pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo J. Miguel Narváez, el general Santoyo. Y ahora, el general Rito Alejo del Río, condenado a 26 años de prisión por apadrinar crímenes horrendos del paramilitarismo en Urabá, zona donde la contrarreforma agraria del narcotráfico más víctimas cobró. Matanzas archisabidas tras de las cuales condecoró Uribe a este “héroe” de la patria.
Escribe en este diario el columnista Rodolfo Arango que tal vez Santoyo y el círculo más cercano a Uribe hubieran traspasado la línea de la legalidad en pos de un fin que tenían por legítimo: liquidar a la guerrilla. Quedaría así en evidencia “el uso del crimen para combatir el crimen”. Razón no le falta. Mas, si de acabar con las Farc se trataba, no era apenas porque fueran izquierda alzada en armas, sino porque esta guerrilla amenazaba el monopolio de las mafias sobre el negocio de la droga. Las Farc fueron el antagonista funcional de las autodefensas y sus propagandistas interesados en darle vuelo político a una ruda conflagración de tierra arrasada y crueldad inenarrable contra la población civil. Se usó el crimen para combatir el crimen, sí. Y para extirpar toda idea de cambio, así la encarnaran inocentes (caso UP). Pero también para que los criminales justicieros se hicieran amos de territorios enteros, se tomaran poderes locales, colonizaran la tercera parte del Congreso y pusieran su pica victoriosa en plena Casa de Nari. En los conflictos de El Mexicano y de Castaño contra las Farc había menos de lucha ideológica que de rapacidad por el negocio maldito.
Ironía. Uribe es artífice involuntario del proceso de paz que se avecina, pues fue él quien redujo a las Farc a su mínima expresión. Condición necesaria para allanarse a conversar. Un buen comienzo de reconciliación arrancaría por las explicaciones que el ex presidente le debe al país: cómo pudo abrazarse durante tantos años al círculo infecto de sus amigos en el poder, sin romperse ni mancharse. Por qué permitió que parte de la fuerza pública y el DAS persistieran en su alianza con paramilitares, que el Estado democrático perdiera su neutralidad en el conflicto. Un amago de rendir cuentas sería ya la primera velita que se le encendiera a la paz.
