por Cristina de la Torre | Ago 7, 2012 | Actores del conflicto armado, Agosto 2012, La paz, Proceso de paz
Si en su búsqueda de la paz llegara Santos a una mesa de negociación, tal vez no peligrara ésta por el temor reverencial hacia Uribe que respiran otras políticas del Gobierno; fracasaría si el trato fuera puramente militar y no político. Así se han malogrado todos los intentos de paz en treinta años. Caguanes acá y allá, más exhibicionismo de comandantes guerrilleros forrados en armas y camuflado que muñequeo de fuerzas políticas. Con una excepción memorable: la negociación del M19. Este proceso fructificó porque fue político, comprometió a políticos y subordinó los fusiles a un pacto de cambio que se tradujo en la Constitución del 91. Imperfecta, si, pero logró rupturas. Mas el sello distintivo de este proceso no fue apenas la preeminencia de lo político sobre lo militar sino la inversión del modelo de negociación: hubo primero desmovilización y, luego, lucha por el cambio en franca lid. Contraria es la lógica de las Farc, que se dicen dispuestas a abandonar las armas, pero una vez conjuradas las causas de su rebelión. Pretenden, pues, que se les conceda la revolución en la mesa de negociación. Así, se envanecen en un altisonante ‘rigor’ de principios y perpetúan una guerra sin fin. Son la contracara funcional de la seguridad democrática. Coraje ha faltado para sacudirse la jaculatoria castrista de ‘vencer o morir’, tapón a todo amago de reconciliación.
Para Vera Grabe, entonces comandante del M19 y parte en su negociación de paz, este proceso cambió el paradigma de la revolución y de los procesos de paz. En un país donde dejar las armas se asocia a rendición, donde ejército y guerrillas asimilan paz a victoria, era herejía; pero conforme la guerra se degrada, cobra la renuncia a las armas toda su justeza y valor. “Es cuestión de ética, escribe, de saber leer cada momento histórico” y de estar dispuestos a “repensarse en lógicas no violentas” (En: “De la insurgencia a la democracia”, Cinep y Centro Berghof). Con todo, hoy se insinúa un viraje en esa dirección. Con Sergio Jaramillo, protagonista oficial de contactos con la insurgencia, que viene de ser viceministro de Defensa y funge como promotor de paz, el presidente Santos no disocia ya la guerra de la paz. Rubrica así la dimensión política del conflicto armado cuya existencia reconoció hace un año, para escándalo de la mano negra. Tampoco el nuevo jefe de las Farc parece suscribir a pie juntillas la religión de la violencia. En carta al historiador Medófilo Medina dijo Timochenko que esa guerrilla nunca se propuso derrotar al ejército en guerra de posiciones para tomarse el poder. El insurgente entiende que la guerra es asunto político-militar. Más aún, abundan versiones de que, en el esfuerzo por recomponer una organización comunista, agentes no armados, legales, de esta izquierda podrían compartir vocería con comandantes guerrilleros en eventuales diálogos de paz. Versión en ciernes de esta iniciativa política sería la Marcha Patriótica cuyo vocero, Carlos Lozano, la reivindica como fuerza legal no contaminada de guerrilla.
En el M19 la bandera de la democracia y de la paz cuestionó la herencia militarista de la izquierda radical, sintonizó a ese grupo con el país y exorcizó horrores como el asesinato del líder obrero José Raquel Mercado y la toma del Palacio de Justicia. En manos de las Farc, ayudaría a exorcizar sus crímenes y les daría a comunistas y socialdemócratas la plenitud del ejercicio político. Colombia respiraría. A condición, claro, de que el Presidente no recule. Y que sepa preservar el apoyo de los militares. Nunca como hoy cobró tanta vigencia la máxima de Vera Grabe: la fuerza no está en las armas sino en la capacidad para dejarlas.
por Cristina de la Torre | Jul 31, 2012 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Julio 2012, La paz, Modelo Económico en Colombia, Narcotráfico, Proceso de paz
No es utopía. Ni es rumor. En primicia de El Espectador (7-29), Maria del Rosario Arrázola revela pasos que el Gobierno da en silencio para aproximar la paz con las guerrillas. No hay agenda todavía, dice, pero sí avances concretos y una perspectiva definida para conversar, negociar y buscar salidas políticas al conflicto. A la liberación de sus últimos militares plagiados y la promesa de las Farc de cesar el secuestro político le siguió el Marco Legal para la Paz, que introduciría normas de justicia transicional en un eventual proceso de paz. Ahora se habría iniciado otra fase en cabeza de Sergio Jaramillo, alto consejero del Gobierno, y el ministro de Ambiente, Frank Pearl. Apuntan ellos a la reconciliación. Otros medios especulan sobre reuniones suyas en Cuba con emisarios de las guerrillas. De otro lado, aporta su experiencia al alto Gobierno el exguerrillero del Farabundo Martí y negociador de la paz en El Salvador, Joaquín Villalobos. En una tal disposición de ánimo, el polvorín del Cauca -a punto de replicarse en otras regiones- bien podría convertirse en laboratorio de paz. La epifanía. Paz anhelada pero diríase incierta, si no aborda un factor determinante en la guerra: el narcotráfico. En el Cauca, éste ha potenciado hasta el paroxismo todos los factores de la guerra. Porque la financia. Y porque enriquece a los amantes del conflicto en medida igual que atenaza entre dos fuegos a los pueblos indígenas, mientras el Estado ignora sus derechos, los excluye y condena a la miseria.
En este departamento las Farc moran desde hace 40 años. Y han derivado en señalado protagonista del narcotráfico. La batalla militar por rearticular su Bloque Central en la intersección de Cauca, Huila y Tolima busca controlar los cultivos ilícitos, laboratorios y corredores de comercialización de la droga hacia el Pacífico. Aunque las Farc reclutan niños indígenas y compran la colaboración de jóvenes milicianos, las comunidades les ponen el pecho y decidieron expulsarlas de sus territorios. En resolución 002 de 2009, el cabildo de Jambaló instó a los dueños de laboratorios a desalojar sus predios, antes de que la guardia indígena lo hiciera por sus propios medios. Así ha procedido en más de una ocasión con la droga, y también con armas y pertrechos de la guerrilla. Los nasa andan en guerra de resistencia pacífica contra la guerra y la droga que la financia. Las Farc han empezado a asesinar a sus dirigentes.
A falta de alternativas económicas, muchos nativos malviven de coca y amapola, como si de cultivos de pancoger se tratara. De allí no extraen ni un salario mínimo. Venden a huevo la cosecha y reservan hoja para mambear, no para producir clorhidrato de cocaína. Envalentonados, guerrilla y ejército y bacrim se pavonean como fuerzas de ocupación que se disputan a muerte el control del territorio, la geografía del narcotráfico. Sin contemplaciones con la población civil, víctima de una guerra ajena. Dizque el ejército y la policía garantizan allá seguridad. Símbolo vacío, pues ni derrotan a la guerrilla ni persiguen el narcotráfico. Para Feliciano Valencia, líder nasa, si el Estado quisiera erradicar la guerrilla y el narcotráfico, le bastaría controlar las rutas por donde suben los precursores químicos y sacan la droga. Ofrece los territorios indígenas y sus comunidades como mediadores en un proceso de paz: “para ponerle fin a esta guerra se requiere que se sienten a dialogar Gobierno, guerrilla e indígenas”. Si se aspira a una paz duradera, a la redención social y económica de los indígenas ha de sumarse la erradicación del narcotráfico. Y que el presidente Santos persevere en su propuesta de despenalizar la droga.
por Cristina de la Torre | May 29, 2012 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Mayo 2012, Posconflicto
Si Santos aspira a consagrarse como artífice de la paz, tendrá que negociar sus términos primero con Álvaro Uribe y, luego, con las Farc: con la ultraderecha desarmada, y con la ultraizquierda armada. Las bacrim se plegarán por añadidura. Si bien por razones contrarias, aquellos protagonistas del conflicto se hermanan en su predilección por las armas, en su renuencia hacia la paz. Así, cualquier acuerdo con la guerrilla quedaría trunco si no lo respetara la derecha. Prueba al canto, aunque a la inversa: la paz que la Constitución del 91 quiso encarnar no floreció porque las Farc no se reinsertaron como el M19. Hoy, la situación no pinta mejor. El ruidoso aprovechamiento del atentado contra Fernando Londoño por Uribe y su séquito de propagandistas desnudó la nuez que se interpone entre expresidente y presidente: éste quiere la paz; aquel, preservar su vigencia en política promoviendo la guerra.
El marco para la paz es el último eslabón en una cadena de medidas de este gobierno enderezadas a superar el conflicto. Mas el acumulado de iniciativas exaspera a extremistas siempre dispuestos a matar en el huevo cualquier amago de solución política. A Uribe, héroe de una victoria coja sobre las Farc, le resulta intolerable, pues dinamita la que durante ocho años fuera su razón de ser. Pero si Gobierno, guerrilla y la mayoría de colombianos acogieran –como parecería- la reconciliación, el exmandatario tendría que prestar oídos al coro de voces que reclaman unidad de todas las fuerzas legales contra el terrorismo. Y elevarse desde allí hacia un pacto político que honre el fin supremo de la paz. Por encima de vanidades y de programas de partido. Un acuerdo democrático sobre el proceso y los instrumentos que conduzcan a una paz duradera. Medio siglo de guerra infructuosa, tan cruel y tan costosa, sería argumento suficiente para comenzar por mesurar el verbo que ambienta un cuartelazo y alebresta a fanáticos de la acción intrépida y el atentado personal. Absténgase Londoño de suscribir la invitación de exoficiales que llamaron a “remover” de su cargo al Presidente, de afirmar que éste no sirve y que es preciso “encontrar otro”. ¿Cuándo y cómo? ¿Así, de golpe?, ¿o mediante comicios populares en fecha preestablecida por la ley?
El palo no está para cucharas. El propio jefe de Estado adjudicó aquel atentado a “la mano negra de la extrema derecha, la que no quiere que se repare a las víctimas, la que no quiere que se restituya a los campesinos, la que exagera la inseguridad (…) para decir que este país es un caos”. Olas de un mar de fondo que Santos empezó a mover desde su discurso de posesión, en abierta profesión de paz que suplantaba la política de seguridad democrática. Siguió con el desmonte de las bases norteamericanas que hubieran facilitado una intervención militar masiva en Colombia. Luego vino el reconocimiento del conflicto armado interno y, con él, el potencial reconocimiento de las Farc como fuerza beligerante, como organización con estatus político. La Restitución de predios mordía en la reivindicación histórica de las Farc por la tierra. Y el marco para la paz les permitiría a comandantes guerrilleros participar en política. Para Uribe, claro, todo ello es anatema.
Santos se reafirma en su voluntad de paz y Londoño le pide “que cambie el rumbo (…) para que juntos derrotemos el terrorismo”. Propuesta inversa de aquella que la democracia aconsejaría: derrotemos juntos el terrorismo, aunque cada uno mantenga su propio rumbo ideológico. Todo indica que Santos deberá negociar a dos bandas. Ojalá no hinque la rodilla ante la velada amenaza de golpe de Estado o de guerra civil. Él no está solo.
por Cristina de la Torre | Mar 6, 2012 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Marzo 2012, Narcotráfico
Mientras no cese la batalla mundial contra las drogas, epílogo de la Guerra Fría; y mientras no renuncien las Farc al narcotráfico, esta guerrilla podría seguir viva indefinidamente. Como ejército o como eclosión de bandas criminales. Que la restitución de tierras abriría senderos de paz porque apunta al corazón del conflicto, no se discute. Pero quedaría suelta la otra rueda de nuestra perdición: el narcotráfico. Negocio que absorbió a las Farc y las trocó de rebeldes con causa en organización plagada de malhechores. Por contera, la perversidad incalificable del secuestro. En las tres fases bélicas que marcan la historia de esta guerrilla (la violencia liberal-conservadora, la guerra contrainsurgente y la del narcotráfico) esta última trastorna su natural político. Y deposita en la contraparte el desafío de conjurarla apostando a la despenalización de la droga.
Las Farc -brazo armado que fueron del Partido Comunista- se gestan en la Violencia, eco de la Guerra Civil española signada por el choque agreste entre laicistas y clericales. Tras el asesinato de Gaitán, ambientado en el torrente cavernario que llegaba del Norte, también aquí convergen guerrillas comunistas y liberales, Tirofijo al mando de una de estas últimas. Las unen el imperativo de esquivar las balas del régimen conservador y reminiscencias de viejas luchas por la tierra.
Después vendría la disputa en patio ajeno entre el Bloque Soviético y EE.UU. por prevalecer en el orbe, no ya con armas atómicas sino con guerritas de baja intensidad en el Tercer Mundo. Tras bambalinas, la doctrina Truman que instaba a levantarse contra “la agresión de minorías armadas o presión exterior”. En 1964, el presidente Valencia bombardea Marquetalia, reducto de autodefensas campesinas de orientación comunista. Y nacen las FARC. Y el EPL afecto a Mao y el ELN, a Fidel Castro. Trilogía doméstica apadrinada por los tres centros del socialismo internacional: la Unión Soviética, China y Cuba, respectivamente. Diez años después nacería el M19, esta vez con el sello de los Montoneros peronistas y del sandinismo. Papel crucial jugaría la revolución cubana, catalizador de la Guerra Fría en América Latina. Mecha incendiaria de los soviéticos en este continente hundido en el atraso y la desigualdad. Epílogo de la Guerra Fría serían las dictaduras de militares anticomunistas y neoliberales en los años 70 y 80.
Entre tanto, el narcotráfico se toma a Colombia. Las FARC ingresan de frente en la internacional de la coca. Quedan inscritas en la guerra contra las drogas que Estados Unidos lidera. Ya en 1982 el grupo armado regulariza el cobro de impuestos a productores y narcotraficantes. Por desacuerdo con la mafia sobre montos del “gramaje” y en una escalada de secuestros a hacendados, estalla el conflicto con el capo mafioso Rodríguez Gacha. En 1994 el paramilitarismo se organiza en AUC. La Unión Patriótica, partido legal creado por las FARC al calor de los acuerdos de paz suscritos con Belisario Betancur, ha sido exterminada.
Derribado el muro de Berlín, clausurada la Guerra Fría. Los EE.UU. elevan el narcotráfico a categoría de seguridad nacional. Pastrana suscribe el Plan Colombia, iniciativa de ellos que apunta al narcotráfico, ergo, también a las Farc. Uribe aprieta el paso obsequiándoles siete bases militares. Ahora Santos pone la mira en la paz y las Farc ofrecen no volver a secuestrar. Anuncio histórico. Conforme el Gobierno devuelva tierras y ofrezca instrumentos de justicia transicional para la paz, si la insurgencia los acoge tendrá que renunciar al narcotráfico. Y Santos, aplicarse a fondo por la despenalización de la droga; en la Cumbre de las Américas, verbigracia. Si nuestras guerras llevan la impronta internacional, que la paz la lleve también.
por Cristina de la Torre | Sep 6, 2011 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Narcotráfico, Septiembre 2011
Apareció el fresco entero, con todos sus trazos y colores. La recuperación de 41 mil hectáreas en Urabá destapó la red de alianzas entre paramilitares y fuerzas legales que sustenta por doquier el poder de la patria refundada. Y que se apresta a afianzar su toma del Estado ganando más alcaldías y gobernaciones este 30 de octubre. Pocos episodios tan elocuentes como éste, con el que el Gobierno desentraña en Montes de María los patrones de usurpación de tierras. Veamos.
El Presidente denuncia robo masivo de tierras en Urabá, a manos de empresarios y paramilitares. El Fondo Ganadero de Córdoba las había comprado, casi todas, a menos precio. Según el director de Notariado y Registro, en la mitad de esas compras hubo presión y, en la otra mitad, estafa. El negocio fructificó por concierto con funcionarios del ICA, Incoder y el viejo Incora; con alcaldes, y notarios a granel. Para adquirir a huevo esas tierras, los ganaderos se valieron de Sor Teresa Gómez, parienta de los Castaño y condenada por el asesinato de la líder agraria Yolanda Izquierdo. Algunos de los predios terminaron en manos del paramilitar Pedro Bonito. Y Benito Osorio, hoy preso por parapolítica, fue durante siete años gerente de aquel Fondo. Informa El Espectador (agosto 27) que Osorio pareció jugar papel preponderante en la captura del poder público por el paramilitarismo; que el entonces presidente Uribe lo había nombrado gobernador encargado de Córdoba.
Que la manguala descrita treparía hasta el poder central se infiere del debate parlamentario del pasado 31 de agosto. Se reveló allí que el ex ministro de Agricultura, Andrés Fernández, violando las medidas de protección que cobijaban fincas susceptibles de despojo, habría incitado a campesinos de María la Baja a feriar sus tierras. Dijo el ministro Restrepo que inversionistas, comisionistas, notarios y registradores habían violado “de diez mil maneras” esa figura de protección de predios. Elocuente botón de muestra que pone en evidencia los alcances de la nueva patria, que avanzó en ocho años cuanto no hubiera logrado en treinta: políticos, paramilitares, narcotraficantes, lavadores de activos y funcionarios públicos formaron un bloque inexpugnable para hacerse con la tierra ajena. Y con el poder local y sus recursos.
Estas elecciones serán plato suculento para los poderes de la motosierra y sus amigos, que hoy practican modalidades de violencia menos ruidosas pero no menos pavorosas. Hace cuatro años, a la Embajada de Estados Unidos le preocupaban “los comprobados nexos de los políticos con las autodefensas” en departamentos como Sucre y Córdoba. El entonces candidato a la alcaldía de San Onofre, José Meléndez, temía el triunfo electoral de grupos criminales gracias al cual podrían “controlar dos departamentos que eran una gran ruta para el narcotráfico” (Wikileaks, 9.25.07). El mismo cable registra el caso de la actual gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz, quien publicó a la sazón aviso de prensa donde anunciaba alianza con parapolíticos encarcelados. La saga sigue intacta. Diana Mancilla, candidata a la alcaldía de María la Baja y hermana de ex jefe paramilitar, figura en informe de inteligencia militar como cómplice de paramilitares. Arco Iris demuestra que casi todos los parapolíticos están hoy apoyando candidatos. Algunos, desde la cárcel.
No contentos con los exorbitantes réditos del narcotráfico, los nuevos poderes van en octubre por todas las regalías regionales y las platas de la salud y las rentas de los municipios. Se pelearán cada centímetro cuadrado de la tierra “conquistada”. Con los ganaderos o con otros aliados. Es hora de que los flamantes candidatos de la Unidad Nacional digan esta boca es mía frente a la restitución de tierras. Es que este programa, o se ejecuta ahora, o se pierde para siempre.
