por Cristina de la Torre | Sep 27, 2011 | Internacional, Modelo Económico en Colombia, Septiembre 2011
Aflige la comparación. Tras el aplauso al buen éxito del Presidente Santos en Corea se agazapan diferencias colosales entre dos países que hace 50 años compartían el mismo estadio de subdesarrollo y hoy se sitúan en los extremos opuestos del desarrollo: mientras una dirigencia voraz y sin patria mantiene a Colombia detenida en el atraso y la desigualdad, Corea se codea con los países que les compiten a las multinacionales gringas y europeas. Aquí abandonamos en el huevo la industrialización y la rematamos con el Consenso de Washington; allá se porfió en ella, a la manera de las grandes potencias: con proteccionismo, apoyo del Estado y despliegue exportador de sus manufacturas.
Ambos países se abocaron en los 60 a idéntico desafío modernizador, bajo la enseña de la CEPAL. Corea se lanzó en seguidilla de planes estratégicos cada vez más ambiciosos. Colombia avanzó con el Plan Decenal bajo los Lleras hacia una manufactura más compleja, puesta la mira en una unión aduanera con los países andinos. Pero desde los 70 se saboteó este esfuerzo y se fue matando al Grupo Andino por inanición. Por su parte, el país asiático no daba tregua a su avance industrializador. Se concentró primero en fibras sintéticas, petroquímica y equipamiento eléctrico. A la par que aumentaba exportaciones protegía con celo su mercado interno. Avanzó a nuevos territorios en siderurgia, electrodomésticos, construcción naval. Y aterrizó por fin en grandes conglomerados automotrices, producto de inventiva privada con soporte condicionado del Estado. Éste puso casi toda la banca al servicio del desarrollo; dio crédito fácil a las industrias; obligó al capital extranjero a asociarse con capitales nacionales o programas del Estado; y montó un sistema de protección aduanera selectiva, en armonía con el plan de desarrollo, limitado en el tiempo y bajo el compromiso perentorio de exportar.
Pinochet en Chile y sus compinches de sable y casaca en la región protagonizaban el viraje neoliberal. Se impuso por doquier la nueva fe, hasta culminar en el Consenso de Washington que distinguió con todos sus blasones la involución hacia el modelo de mercado puro. En él se embarcó Colombia, hasta apuntarse un éxito clamoroso en la estrategia de desindutrialización. Gabriel Misas demuestra que la participación de nuestra industria en el PIB decreció y algunas ramas desaparecieron. La proeza se afirmó sobre la apertura comercial de César Gaviria, que el TLC con Estados Unidos magnificará. Golpeado el arancel, no pudo nuestra incipiente industria competir. De eso se trataba. Y a eso se prestó humillando la cerviz nuestra clase dirigente. Entonces se nos dijo que, negados por Dios y por natura para producir bienes industriales, debíamos aplicarnos sólo a aquello con lo que pudiéramos competir: minerales, florecitas, bananitos. A una economía primaria, de riqueza engañosa y empleo irrisorio. El tan ponderado boom minero será apenas una economía de enclave.
Dos “insignificancias” separan a estos países, que oteaban el mismo horizonte pero emprendieron caminos opuestos: primero, Corea sustituyó importaciones y coronó el proceso con ímpetu exportador; Colombia sucumbió al embate del conservadurismo económico. Segundo, tiene Corea una clase dirigente con sentido de patria; la nuestra, ay, es una dirigencia siempre lista a golpear a los más débiles entre los suyos y a doblar la rodilla ante los monos. No obstante el ruidoso fracaso de sus ejecutorias, los gestores de la debacle quieren seguir mandando y no rinden cuentas. Desde su prepotencia inmarcesible, esta secta va dando baculazos a diestra y siniestra, bien acomodada como anda en la locomotora minera, cuyo estrépito no logra, sin embargo, ocultar la ausencia de aquella que ellos jamás echarían a andar: la de la industria.
por Cristina de la Torre | Sep 20, 2011 | Política agraria, Septiembre 2011
Se abre paso el debate de fondo. Ante la iniciativa oficial en marcha de modernizar el campo sin tocar la estructura de propiedad de la tierra, ya se pronuncian quienes estiman imposible aprovechar el potencial productivo del sector sin afectar antes nuestra escandalosa concentración agraria, segunda en el mundo después de la del Brasil. Reafirman que este modelo de tenencia y el uso inadecuado de los suelos que de él se desprende son las grandes talanqueras del desarrollo agropecuario. Porque sin acceso a la tierra tampoco hay inversión, ni producción, ni ahorro; el crecimiento resulta deleznable o nulo, y explosivo el potencial de conflictos. El anteproyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural (versión no oficializada) del gobierno, lejos de repartir tierras, propone subsidiar a los campesinos para que las compren. No sorprende. Ya el Ministro de Agricultura había dicho en forma expresa que la nueva ley, complemento de la restitución, no repetiría la propuesta redistributiva de los años 60. Que respondería por el desarrollo social y económico del campo, privilegiando al campesinado medio y pequeño. Que esta política integral de tierras se enderezaba a modernizar el campo, a formalizar la propiedad, a mejorar el uso del suelo, a proteger la frontera forestal y facilitar el acceso del pequeño poblador a la tierra.
En la misma dirección iría el proyecto de ley de marras. Aunque también introduce cambios de honda repercusión. Primero, vuelve a poner en cabeza del Estado el desarrollo del agro, como estrategia planificada de largo plazo: tras décadas de festín del mercado que degeneró en crisis, recupera la capacidad intervencionista del poder público para ponerle coto al desmadre. De otro lado, rescata del olvido la Unidad Agrícola Familiar. Crea las Áreas de Desarrollo Rural, unidades de planificación y ordenamiento territorial. Reorienta el malhadado Agro Ingreso Seguro hacia la población más vulnerable del campo. Y este 29 de septiembre el Gobierno anunciará el restablecimiento de la asistencia técnica a pequeños campesinos, como servicio público y gratuito.
Reconocidos tales avances, para Absalón Machado redistribuir la propiedad agraria es, no obstante, presupuesto ineludible de la modernización del campo. No se trataría de fraccionar aún más el minifundio en parcelas liliputienses condenadas a la miseria, sino de fortalecerlo mediante fórmulas asociativas, y de robustecer la mediana propiedad a expensas del latifundio improductivo. Surgiría así una clase media rural, fiel de la balanza que equilibrara los poderes en el campo. Tampoco comulga con perpetuar el modelo de colonización, ahora hacia la altillanura propicia a la gran explotación agroindustrial y parca en empleo. Este expulsa al campesinado “sobrante” de la frontera agrícola, para no tocar el latifundio improductivo ni la ganadería extensiva que aloja media vaca por hectárea en tierras de vocación agrícola. En Colombia sólo se explota la tercera parte de su potencial agroforestal, mientras mares de campesinos deambulan sin tierra y sin trabajo. Propone Machado intervenir el latifundio ocioso; repartir tierra; enderezar las distorsiones del mercado, articular a pequeños, medianos y grandes propietarios en una economía agraria común.
Sobre dos pilares se erigieron todas las reformas agrarias de corte liberal en el mundo: redistribución de tierra y cambios en el uso del suelo. ¿Habrá coraje en Colombia para completar el intrépido proceso de restitución de tierras alterando la propiedad en el campo? Si no, ¿cómo hablar de modernización?
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El PNUD presentará al Gobierno la próxima semana una obra trascendental sobre la problemática del campo: Colombia Rural, Razones para la Esperanza, propone una “reforma rural transformadora” que empiece por cambiar la estructura de tenencia de la tierra. Bienvenida.
por Cristina de la Torre | Sep 6, 2011 | Conflicto armado, Narcotráfico, Actores del conflicto armado, Septiembre 2011
Apareció el fresco entero, con todos sus trazos y colores. La recuperación de 41 mil hectáreas en Urabá destapó la red de alianzas entre paramilitares y fuerzas legales que sustenta por doquier el poder de la patria refundada. Y que se apresta a afianzar su toma del Estado ganando más alcaldías y gobernaciones este 30 de octubre. Pocos episodios tan elocuentes como éste, con el que el Gobierno desentraña en Montes de María los patrones de usurpación de tierras. Veamos.
El Presidente denuncia robo masivo de tierras en Urabá, a manos de empresarios y paramilitares. El Fondo Ganadero de Córdoba las había comprado, casi todas, a menos precio. Según el director de Notariado y Registro, en la mitad de esas compras hubo presión y, en la otra mitad, estafa. El negocio fructificó por concierto con funcionarios del ICA, Incoder y el viejo Incora; con alcaldes, y notarios a granel. Para adquirir a huevo esas tierras, los ganaderos se valieron de Sor Teresa Gómez, parienta de los Castaño y condenada por el asesinato de la líder agraria Yolanda Izquierdo. Algunos de los predios terminaron en manos del paramilitar Pedro Bonito. Y Benito Osorio, hoy preso por parapolítica, fue durante siete años gerente de aquel Fondo. Informa El Espectador (agosto 27) que Osorio pareció jugar papel preponderante en la captura del poder público por el paramilitarismo; que el entonces presidente Uribe lo había nombrado gobernador encargado de Córdoba.
Que la manguala descrita treparía hasta el poder central se infiere del debate parlamentario del pasado 31 de agosto. Se reveló allí que el ex ministro de Agricultura, Andrés Fernández, violando las medidas de protección que cobijaban fincas susceptibles de despojo, habría incitado a campesinos de María la Baja a feriar sus tierras. Dijo el ministro Restrepo que inversionistas, comisionistas, notarios y registradores habían violado “de diez mil maneras” esa figura de protección de predios. Elocuente botón de muestra que pone en evidencia los alcances de la nueva patria, que avanzó en ocho años cuanto no hubiera logrado en treinta: políticos, paramilitares, narcotraficantes, lavadores de activos y funcionarios públicos formaron un bloque inexpugnable para hacerse con la tierra ajena. Y con el poder local y sus recursos.
Estas elecciones serán plato suculento para los poderes de la motosierra y sus amigos, que hoy practican modalidades de violencia menos ruidosas pero no menos pavorosas. Hace cuatro años, a la Embajada de Estados Unidos le preocupaban “los comprobados nexos de los políticos con las autodefensas” en departamentos como Sucre y Córdoba. El entonces candidato a la alcaldía de San Onofre, José Meléndez, temía el triunfo electoral de grupos criminales gracias al cual podrían “controlar dos departamentos que eran una gran ruta para el narcotráfico” (Wikileaks, 9.25.07). El mismo cable registra el caso de la actual gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz, quien publicó a la sazón aviso de prensa donde anunciaba alianza con parapolíticos encarcelados. La saga sigue intacta. Diana Mancilla, candidata a la alcaldía de María la Baja y hermana de ex jefe paramilitar, figura en informe de inteligencia militar como cómplice de paramilitares. Arco Iris demuestra que casi todos los parapolíticos están hoy apoyando candidatos. Algunos, desde la cárcel.
No contentos con los exorbitantes réditos del narcotráfico, los nuevos poderes van en octubre por todas las regalías regionales y las platas de la salud y las rentas de los municipios. Se pelearán cada centímetro cuadrado de la tierra “conquistada”. Con los ganaderos o con otros aliados. Es hora de que los flamantes candidatos de la Unidad Nacional digan esta boca es mía frente a la restitución de tierras. Es que este programa, o se ejecuta ahora, o se pierde para siempre.
por Cristina de la Torre | Sep 13, 2011 | Narcotráfico, Modelo Económico en Colombia, Septiembre 2011
“Los colombianos se entregan con pasión a cuantificar el negocio de la droga, pero pasan por alto el problema mayor: la corrupción que éste propaga”. Eso dijo Alain Labrousse, Director del Observatorio Geopolítico Mundial de la Droga, sede París. En su columna del 5 de septiembre, Salomón Kalmanovitz ignora el núcleo de mi columna del 30 de agosto que apunta al narcotráfico como causa de los estándares que hoy alcanza la corrupción en Colombia. Y se detiene en un dato incidental según el cual en 1998 nuestras exportaciones de drogas ilícitas superaron las legales. Exagerado le pareció. Pues bien, si de medir exportaciones ilegales se trata, repitamos el ejercicio.
Yo dispongo de tres fuentes clásicas: El libro editado por Francisco Thoumi, Drogas ilícitas en Colombia, con investigaciones de Sergio Uribe y Ricardo Rocha, entre otros; Los dólares del narcotráfico, de Roberto Steiner; y el estudio de consultoría BG-DANE-FMI-1999, bajo reserva y no publicado, copia del cual reposa en mi poder. Todos ellos aplican una metodología que se aproxima a la del “valor retornado”, que es igual a exportaciones menos la suma de costos externos y utilidades. También yo usé la fórmula para calcular cuánto nos dejaban los enclaves petroleros, en trabajo para la Contraloría General. Los tres estudios proceden, pues, en forma similar, pero llegan a resultados muy distintos. Veamos por qué.
Para calcular las hectáreas sembradas de coca, Rocha usa la muestra satelital de NICC (cuadros XIII y XIV, p. 240, 242) y no la muestra ampliada del estudio sobre el terreno, de Sergio Uribe. Rocha termina por desechar las cifras de Uribe. También las ignora Steiner (Cuadro 5, p. 27). BG-DANE-FMI valida la cifra de Uribe para 1994, y la proyecta con los incrementos registrados por la muestra satelital NICC. Valida, así mismo, el rendimiento ponderado por variedades y que Uribe calcula in situ en 1.021 kilos por hectárea. Rocha y Steiner, también fuentes de Kalmanovitz, calculan la producción de hoja de coca sobre una cosecha anual. Pero Uribe ha verificado sobre el terreno que son entre 5 y 6.5 cosechas al año. Recomienda 5, y el estudio del DANE-FMI acoge el dato, previa verificación de campo en el Guaviare, el Caguán, la Sierra Nevada y el Macizo Colombiano. Para valorar los insumos de pasta de coca que aún se importaban de Perú y Bolivia, Steiner aplica a kilos el precio del gramo de pasta. O sea que reduce ese valor en mil por ciento (Cuadro 6, p. 32). BG-DANE-FMI usa las cifras de los decomisos registrados por la Policía Nacional.
Precaviéndose de los errores y omisiones señalados, bien pueden estimarse las exportaciones potenciales de drogas ilícitas. Las 700 toneladas a precio mínimo mayorista de US$16 mil el kilo, según la DEA, valen US$11.200 millones. Si a ese valor se agrega el de la heroína extraída de las 5 mil hectáreas que quedaban después de fumigaciones, esas exportaciones ilegales sumaron los US$13.118 millones cif Miami que yo registraba en mi columna para el fatídico año de 1998.
Ese año principió la más grave crisis que Colombia padeciera. Fue provocada por penuria de dólares y exceso de importaciones, no obstante el publicitado boom petrolero de Cusiana y Cupiagua, cuyas exportaciones dizque nos inundarían de dólares. Pero estos no llegaron. Acaso porque desde el gobierno de César Gaviria se había eximido a las petroleras de reintegrarle a Colombia dólares sobre sus exportaciones. Además, volaron en estampida los capitales calientes. Como co-director que fue del Banco de la República, el doctor Kalmanovitz podría explicar por qué extraño sortilegio se hacen figurar ingresos por exportaciones de petróleo que no entran; y se minimizan las exportaciones de drogas que revierten, esas sí, aunque sigilosamente, a la economía nacional.
