por Cristina de la Torre | Jul 26, 2011 | Actores del conflicto armado, Julio 2011, Narcotráfico, Política agraria
Desplomado ‘Uribito’, el entonces sucesor de Uribe al trono, queda también en entredicho su modelo agrario. No se conformó Arias con reverenciar a los ricos para que éstos lo elevaran al solio de Bolívar. Es que además le bullía por las venas el arquetipo Carimagua: aquel que desde tiempos inmemoriales dispensa a los privilegiados todos los privilegios del desarrollo en el campo y convierte al campesinado en sus peones de brega. Pero, aunque no cobra forma todavía su anunciada transformación integral del agro, Santos debutó con un lance inesperado que tiene vociferando a la Mano Negra: titular cuatro millones de hectáreas, la mitad de ellas a despojados de sus fundos por la fuerza. A la fecha, ha devuelto 350 mil hectáreas. Mas, se echó de menos en su discurso del 20 de julio la prometida ley de Tierras y Desarrollo Rural, con sus apoyos en crédito, tecnología, sistemas modernos de comercialización y obras publicas de beneficio común. Complemento indispensable de la formalización en curso de la propiedad, sin ella quedaría el trabajo a medio andar. Y más incierto aún, si no se rompe el espinazo de las talanqueras que hunden al sector rural en el subdesarrollo y, en la pobreza, al 68% de sus habitantes: concentración escandalosa de la tierra, ahora extremada por el narcotráfico; ganadería extensiva, con media vaca por hectárea de las mejores tierras; burla impune de los terratenientes al impuesto predial, aunque se sabe que la eficiencia en el agro se logra pagando por la tierra ociosa; menosprecio del campesinado, que produce la mitad de la riqueza y podría garantizar la seguridad alimentaria del país. De seguir ignorando tales rémoras, nuevas frustraciones pesarían sobre una deuda que las revoluciones liberales saldaron por doquier, menos aquí: la reforma agraria.
Verdad es que este gobierno rescató las 17 mil hectáreas de Carimagua de las garras de cuatro palmeros agalludos, a quienes el ex ministro Arias quiso regalárselas, no obstante pertenecer la hacienda a desplazados. Como abrebocas de la restitución de tierras – primero en Montes de María, santuario del paramilitarismo, y luego en el predio de marras- Santos entregó Carimagua a sus legítimos destinatarios. Bajo la figura de empresa mixta y asociativa, el Estado abrió allí un horizonte cierto de desarrollo. Plan piloto para la región y para el país, el experimento se construye sobre una alianza entre campesinos y empresarios. Quinientas familias de desplazados se incorporan a procesos productivos integrados a escala comercial. Ya el ministro Restrepo había dicho que las nuevas políticas no amenazan la agricultura empresarial de vocación exportadora; que la agricultura campesina, modernizada y competitiva, bien puede convivir con aquella. Carimagua es hoy elocuente contracara del modelo que el ex ministro sub judice quiso perpetuar a carcajada batiente. Pero restitución de tierras, empleo, producción de alimentos, agroindustria y modernización de la ganadería podrían naufragar si no se ablandan los diques del poder en el campo. Y si no se promueve la organización de los campesinos. Perspectiva insoslayable si, como lo expresó por estos días, el Presidente quiere poner la mira no sólo en las víctimas de la violencia sino en las de la pobreza.
De paz volvió a hablar esta semana el Jefe de Estado. De paz hablan de nuevo las FARC, un movimiento de lucha por la tierra desde cuando Tirofijo empuñó su primer fusil. Ya ‘Cano’ había declarado que la ley de Víctimas abría caminos en esa dirección. Un reformismo consistente para el campo en Colombia traería la paz, pues tocaría el corazón mismo del conflicto. Devuelta la esperanza, ‘Uribito’ vería desde el ostracismo desvanecerse su sueño retardatario de Carimagua. Y sus delirios de guerra.
por Cristina de la Torre | Mar 1, 2011 | Actores del conflicto armado, Marzo 2011, Política agraria
Acosado por el ejército y por el rencor de los colombianos, ‘Alfonso Cano’ declara que las políticas de Santos para el campo abrirían el camino de la paz. El Presidente, por su parte, ha explicado que la idea es “iniciar con acciones un verdadero proceso de paz”. Cuentas de un rosario de coincidencias que van desde semejanzas de fondo en materia agraria hasta galanteos de ‘Cano’ con la ley de Víctimas y restitución de tierras que esta semana inicia su jornada final en el Senado. Tan notoria sintonía movió a la Alta Comisionada de la ONU en Colombia a ponderar los posibles acercamientos de paz entre Gobierno y guerrillas. Algo sugiere que Santos les arrebata a las Farc su legendaria bandera agraria para allanar el camino de la paz, mientras el jefe guerrillero pretende izarla de nuevo para negociar una paz con honor. Enhorabuena, si no fuera ésta otra treta de las FARC para ganar oxígeno en la guerra, sino un intento por rescatar el último vestigio de política que les quedara antes de convertirse en banda de forajidos.
Todo comenzó en la posesión del Presidente, cuando ofreció mantener a mano la llave de la paz. Luego se comprometió a devolver cuatro millones de hectáreas usurpadas a sus dueños, “así en ello me fuera la vida”. En diciembre declaraba ‘Cano’ que la ley de víctimas “contribuiría a la solución del conflicto”; y habló de “una ley de Tierras moderna, con visión estratégica, sembradora de paz”. Sobre su propuesta de crear empresas asociativas en el campo, explicó Santos: “luchar contra la guerrilla no se opone a tener una agenda de izquierda”. En desarrollo del plan de devolución de tierras, el Gobierno ha entregado a la fecha unas 200 mil hectáreas y espera titular 500 mil este año. Refiriéndose a la ley de Tierras que se avecina, el ministro de Agricultura apuntó que por primera vez en la historia del país se implementará una política integral de tierras y desarrollo rural. Habría, pues, restitución y desarrollo agropecuario; con crédito blando, apoyo tecnológico y sistemas modernos de comercialización.
A tono con la expresión de las FARC en su Octava Conferencia de 1993 que reivindica “el pago de la enorme deuda social… con las grandes mayorías desfavorecidas”, este Gobierno funda su reformismo agrario en la voluntad de “saldar la duda social” con los expulsados de sus fundos. Afinidades hay también en el referente histórico. El ministro Restrepo recoge el principio de la función social de la propiedad de López Pumarejo. Ya la Comisión Temática de las FARC señalaba en 2001 que “la ley 200 de 1936 (fue) el primer intento serio y moderno en la historia de Colombia, tal vez el único, de solucionar las agudas desigualdades en el campo, con una reforma agraria antilatifundista”. Desde su nacimiento en 1964 y cuandoquiera que hablaron de política, las FARC reclamaron la tierra para el campesino. Y su proyecto agrario es de corte liberal, como liberal es el de Santos. La Comisión Temática cifra las posibilidades de “reconciliación nacional” en un modelo que liquide las trabas del latifundio e impulse el desarrollo de la producción agropecuaria e industrial del país. La Octava Conferencia insistía en la democratización del crédito, en asistencia técnica y mercadeo.
Y en la redistribución de la propiedad en el campo. Punto crucial que no contempla el gobierno de Santos y que, según Absalón Machado, dejaría coja su reforma. Los propagandistas de la derecha dirán que reasignar tierras inexplotadas es comunismo. Pues comunistas no fueron López Pumarejo ni Carlos Lleras ni la CEPAL ni la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, que esto propusieron. Pero en Colombia estamos. De momento, la sola aproximación de las partes hacia una idea común de justicia y desarrollo en el campo abriría horizontes de paz. Así la restitución le resulte al latifundismo tan intolerable como la paz.
por Cristina de la Torre | Sep 28, 2010 | Actores del conflicto armado, Modelo Político, Septiembre 2010
La caída del siniestro Jojoy en acción sin precedentes que destruyó el pivote militar y financiero de las FARC no sería una victoria más en la saga de la guerra. Pertenecería al componente bélico de la nueva estrategia de seguridad, que introduce políticas de desarrollo social y económico allí donde la fuerza pública ha recuperado territorio por las armas; y en toda la periferia, donde la pobreza y el abandono del Estado les abrieron las puertas a guerrillas y paramilitares. Visión integral donde la ley de tierras se perfila como núcleo de la llamada Consolidación, esta reorientación marcaría un salto adelante en materia de seguridad, pues no se limita ya a lidiar con las FARC. No parece casual que el ataque al búnker de Jojoy sucediera como epílogo a dos “pactos por la prosperidad” del Presidente Santos, uno en San Vicente del Caguán y otro en La Macarena, para coordinar políticas de desarrollo con sus autoridades locales. Estos municipios, a dos pasos de la guarida de marras, han sido emblema de los dominios de las FARC en la región y hoy son cabecera de la principal zona de Consolidación en el país. En el Cañón de las Hermosas, verbigracia, refugio de “Alfonso Cano”, despunta otro Plan de Consolidación que a la fecha acumula 261 mil millones de inversión. Se quiere acompasar la acción militar del Estado con una política social enderezada a salvaguardar población y territorio del control eventual de la guerrilla. Pero, incipiente todavía, apenas desborda los logros anteriores de la Consolidación, circunscritos a fortalecer la inteligencia y las redes de informantes.
Por eso sorprenden las declaraciones de Sergio Jaramillo (El Espectador 09-20), ex viceministro de Defensa y designado Coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, pues sugieren que el cambio de enfoque es sustancial, y ambicioso el propósito. En su sentir, la solución del conflicto depende de redefinir la política de Consolidación. Se trata de llevar las instituciones del Estado y el desarrollo a todas las regiones del país. Comenzando por las ya recuperadas militarmente. Un desafío monumental, dice, a la vista de políticas como la de regalías, la de fronteras o la de restitución de tierras, que demanda garantía de vida y trabajo para los campesinos asentados en su terruño. Lograr las reformas que el Gobierno se propone supone sentar a una misma mesa a todos los ministros involucrados en planes que requieren una visión integral, a la vez militar, económica, social y de justicia. Se trata de darle coherencia a la acción toda del Gobierno. En el entendido de que desde los logros alcanzados por la seguridad, hay que enfrentar ahora retos más complejos: consolidar no significaría apenas debilitar a la guerrilla para obligarla a negociar. Con independencia de las FARC, concluye Jaramillo, el Estado tiene que recuperar los territorios cooptados por los violentos y enrutarlos hacia la prosperidad.
¿Sueña el Gobierno? Tal vez no. A lo menos su entereza reformista así lo sugiere. Pero surgen preguntas: sin un plan de desarrollo que le ofrezca divisa estratégica al país, ¿cómo integrar políticas diversas hacia un fin coherente? ¿Cómo lograr que acciones sociales en zonas de conflicto salten de paliativos de ocasión a planes regionales de desarrollo inscritos en el reordenamiento del territorio? Que las FARC derivaran en banda de criminales no niega su origen como alzamiento por la tierra cuando en Colombia se negaba la reforma agraria que se regaba por el continente. Ni niega las inequidades que persisten en el campo. Si, como parece, el Gobierno le concede lugar de privilegio a la tierra en su concepción de seguridad, ¿cómo armonizará las reformas del agro con el TLC que Santos acaba de reclamarle a Estados Unidos en el Washington Post?
por Cristina de la Torre | Ago 31, 2010 | Actores del conflicto armado, Agosto 2010, Corrupción, Modelo Político, Narcotráfico, Uribismo
Un país descuadernado, preñado de malhechores que se ríen desde todas las posiciones del poder, recibe el nuevo Gobierno. Reformista o neoliberal, democrático o tiránico, pulcro o corrompido, sea como fuere, no podrá ignorar esta realidad abrumadora. Pero 84% de aprobación para un Presidente que debuta con bandera de reforma agraria integral sugiere que la gente espera un viraje, no continuidad. Y el cambio, que se reputa de cuño genuinamente liberal, implica vencer la fortaleza que políticos y narcoparamilitares han levantado para adulterar la democracia y rediseñar la fisonomía del Estado, con un fin preciso: si emergentes, enriquecerse; si dueños de heredad, acabar de llenar la bolsa. Impostando respeto a la ley, claro. O a bala.
El diagnóstico de Claudia López permite imaginar los alcances de la lid que se aproxima. Con un acervo impresionante de documentación, en el libro Y refundaron la patria sigue ella el curso de las relaciones entre mafia y política, saga de violencia que redundó en cooptación de medio Estado por iniciativa recíproca de “legales” e “ilegales”. Ya desde el escenario de la legalidad, ya moviendo cuerdas tras bastidores, actuaban todos en pos de idéntico desenlace: capturar la administración del Estado y sus recursos, darle a su poder figura corporal en la política. Tarea de mérito menguado, se diría, pues los cruzados de la nueva patria no encontraron resistencia en el gobierno que, más bien, los acogió como pieza madre de su proyecto histórico. A un tercio del Congreso llegó la representación del paramilitarismo. Y casi todos los 102 parlamentarios investigados por ese cargo eran uribistas. “Los ilegales, escribe López, no eran tan clandestinos. (Contaron) con toda una gama de personas ‘de bien’ y una enorme estructura política para promover sus objetivos en todos los niveles territoriales, políticos e institucionales”.
En el origen del matrimonio obró la resistencia de los notables de provincia al surgimiento de nuevas fuerzas que amenazaban el monopolio de los feudos tradicionales del bipartidismo, porción grande de los cuales sería bastión del narcotráfico. Obró también la pérdida en 1986 del estatus legal de las autodefensas (abrigo de gamonales y narcotraficantes), y su renacimiento diez años después en las “Convivir”. De todo ello, sostiene la investigadora, derivaron necesidades e intereses complementarios entre elites políticas, mafiosas y armadas: unos necesitaban defenderse (del secuestro), otros administraban chequera y ejércitos para ofrecer protección. Unos medraban en los órganos de la política, otros necesitaban acceder a ellos para blindar el negocio, validar sus intereses y evitar la extradición. Resultado final, una contrarreforma agraria sangrienta; y la parapolítica, con su prontuario de coacción armada y fraude electoral.
Las mafias catapultaron la corrupción pública hasta fronteras insospechadas. Sostiene la autora que del clientelismo, el cohecho y el soborno se pasó a la captura masiva de recursos y negocios públicos en la fuente, mediante cambios legales, exenciones tributarias, concesiones, contratos de estabilidad jurídica, zonas francas y carteles de contratación. Todo bajo un manto de legalidad.
Los jefes del paramilitarismo cayeron en desgracia y los agraciados resultaron ser los políticos y gamonales más propositivos en aquella alianza con el crimen. Sórdido notablato aderezado ahora de narcos, legitimado por un Gobierno que le dejó avanzar en 8 años lo que no hubiera logrado en 30. Fuerza reaccionaria ésta del uribismo duro, que Santos y su Ministro Restrepo parecen dispuestos a enfrentar por el flanco que a Colombia más le duele: la tierra. Acaso ese 84% dijera del hastío general con tanta desmesura. Y que, de persistir, el Gobierno no estaría solo.
por Cristina de la Torre | Jul 20, 2010 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Julio 2010
Devolvió a las Farc contra la selva, desarticuló sus frentes, cercenó sus filas, dio de baja a varios comandantes guerrilleros; y, claro, sembró confianza en vastos sectores de la sociedad. Pero no liquidó a la guerrilla, como tantos lo esperaban. Modesto resultado para una guerra de ocho años, tan onerosa en vidas y en dinero. Decepcionante, además, si el balance contempla la mutación de los ejércitos del narcotráfico en una tercera generación del paramilitarismo que ha trasladado su guerra a las ciudades y multiplicado la violencia en dimensiones y modos de ingrata recordación.
A Tumaco y Medellín, verbigracia, y en decirlo no hay ofensa. A despecho de editorial de El Colombiano (julio 15), que protesta –entre otras- contra preocupaciones de la suscrita porque la capital antioqueña derive de nuevo en “Metrallo”, registradas en columna de la semana anterior. Ni afrenta, ni la torcida intención de irrespetar a Antioquia, tierra que no será más amable porque su periódico exacerbe para defenderla un regionalismo ha tiempo superado. Todo el país está sufriendo los rigores del narcotráfico, añade el editorial de marras. Es verdad. Aunque el flagelo no se ensañe contra todos por igual, si hemos de creer al concejal de Medellín Federico Gutiérrez, para quien la escalada criminal “está aniquilando (allí) a toda una generación”.
El gobierno que termina dejó a medio camino la desmovilización de los paramilitares. Les recibió las armas que ellos dijeron tener, pero no desmontó su estructura militar y política, ni afectó su negocio, el de estupefacientes. Embrión de la nueva organización militar son las Bacrim (bandas emergentes criminales), hechas a un narcotráfico que se ha fragmentado, le imprime nuevas dinámicas al conflicto y tiende a concentrarse en las ciudades. Docenas de jefes y mandos medios desmovilizados en 2006, y otros que permanecieron agazapados o reincidieron, se reorganizaron en aquellas bandas. Narcos y poderes locales aprovecharon la transición para fortalecer sus grupos armados, hasta articularlos al narcotráfico.
Según la Fundación Ideas para la Paz, las Bacrim son la recomposición armada del narcotráfico. Y cita pruebas al canto: La banda de Urabá, antes a cargo de “don Mario”, hoy la encabezan los desmovilizados Usuga. Desmovilizado es también “Cuchillo”, comandante de Erpac que en 2008 evadió un operativo, gracias a la complicidad de autoridades militares. Como se sabe, el hecho provocó la airada protesta del Presidente Uribe. En julio de 2009. La Fiscalía acusó al teniente de la Policía César Bejarano y a otros diez uniformados de colaborar con la Oficina de Envigado. Producto tenebroso de concierto con miembros del Ejército son los falsos positivos, que superan los 2.000. Hasta la guerrilla han llegado las alianzas. En Cauca y Nariño, “Los Rastrojos” compartieron con el ELN patrullaje y control del territorio. En Meta y Guaviare, las Farc les venden a “Los Zarcos” insumos para la producción de cocaína. La guerra entre estas bandas por el control de territorios urbanos se despliega con particular ferocidad en Medellín.
Dice bien Elsa Tobón: los ríos de dinero del narcotráfico traen ríos de sangre. No menos rojos, los de la guerrilla. Uribe represó los primeros, pero pronto rompieron compuertas y volvieron a su cauce natural. Quiso desaparecer a los segundos, mas logró apenas represarlos. Balance agridulce éste de la seguridad democrática.
