por Cristina de la Torre | Sep 28, 2010 | Modelo Político, Actores del conflicto armado, Septiembre 2010
La caída del siniestro Jojoy en acción sin precedentes que destruyó el pivote militar y financiero de las FARC no sería una victoria más en la saga de la guerra. Pertenecería al componente bélico de la nueva estrategia de seguridad, que introduce políticas de desarrollo social y económico allí donde la fuerza pública ha recuperado territorio por las armas; y en toda la periferia, donde la pobreza y el abandono del Estado les abrieron las puertas a guerrillas y paramilitares. Visión integral donde la ley de tierras se perfila como núcleo de la llamada Consolidación, esta reorientación marcaría un salto adelante en materia de seguridad, pues no se limita ya a lidiar con las FARC. No parece casual que el ataque al búnker de Jojoy sucediera como epílogo a dos “pactos por la prosperidad” del Presidente Santos, uno en San Vicente del Caguán y otro en La Macarena, para coordinar políticas de desarrollo con sus autoridades locales. Estos municipios, a dos pasos de la guarida de marras, han sido emblema de los dominios de las FARC en la región y hoy son cabecera de la principal zona de Consolidación en el país. En el Cañón de las Hermosas, verbigracia, refugio de “Alfonso Cano”, despunta otro Plan de Consolidación que a la fecha acumula 261 mil millones de inversión. Se quiere acompasar la acción militar del Estado con una política social enderezada a salvaguardar población y territorio del control eventual de la guerrilla. Pero, incipiente todavía, apenas desborda los logros anteriores de la Consolidación, circunscritos a fortalecer la inteligencia y las redes de informantes.
Por eso sorprenden las declaraciones de Sergio Jaramillo (El Espectador 09-20), ex viceministro de Defensa y designado Coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, pues sugieren que el cambio de enfoque es sustancial, y ambicioso el propósito. En su sentir, la solución del conflicto depende de redefinir la política de Consolidación. Se trata de llevar las instituciones del Estado y el desarrollo a todas las regiones del país. Comenzando por las ya recuperadas militarmente. Un desafío monumental, dice, a la vista de políticas como la de regalías, la de fronteras o la de restitución de tierras, que demanda garantía de vida y trabajo para los campesinos asentados en su terruño. Lograr las reformas que el Gobierno se propone supone sentar a una misma mesa a todos los ministros involucrados en planes que requieren una visión integral, a la vez militar, económica, social y de justicia. Se trata de darle coherencia a la acción toda del Gobierno. En el entendido de que desde los logros alcanzados por la seguridad, hay que enfrentar ahora retos más complejos: consolidar no significaría apenas debilitar a la guerrilla para obligarla a negociar. Con independencia de las FARC, concluye Jaramillo, el Estado tiene que recuperar los territorios cooptados por los violentos y enrutarlos hacia la prosperidad.
¿Sueña el Gobierno? Tal vez no. A lo menos su entereza reformista así lo sugiere. Pero surgen preguntas: sin un plan de desarrollo que le ofrezca divisa estratégica al país, ¿cómo integrar políticas diversas hacia un fin coherente? ¿Cómo lograr que acciones sociales en zonas de conflicto salten de paliativos de ocasión a planes regionales de desarrollo inscritos en el reordenamiento del territorio? Que las FARC derivaran en banda de criminales no niega su origen como alzamiento por la tierra cuando en Colombia se negaba la reforma agraria que se regaba por el continente. Ni niega las inequidades que persisten en el campo. Si, como parece, el Gobierno le concede lugar de privilegio a la tierra en su concepción de seguridad, ¿cómo armonizará las reformas del agro con el TLC que Santos acaba de reclamarle a Estados Unidos en el Washington Post?
por Cristina de la Torre | Sep 21, 2010 | Uribismo, Régimen político, Septiembre 2010
Aprendiz de artes escénicas, José Obdulio salta ahora al proscenio disfrazado de paloma. Fingiéndose demócrata, gorjea anacronismos de la Guerra Fría contra la izquierda y se proclama liberal. Pero a poco va perdiendo su plumaje hasta desnudarse como heraldo de la derecha. ¿Aliento último del uribato? No. Admonición anticipada del mandatario que arrastró a Colombia hasta la frontera de la dictadura y liderará la oposición a las reformas de Santos. Propagandista de oficio, en su última columna de El Tiempo (15-09) Gaviria invierte con exactitud matemática todos los factores que forjaron un período nefando de nuestra historia, pretendiendo demostrar, contra toda evidencia, que el de Uribe fue un régimen libérrimo. Ahora resulta defensor de la libertad de expresión, de la oposición, de la competencia política y enemigo del unanimismo. Tampoco dizque comulga con el autoritarismo del marxismo que erige gobiernos hegemónicos, de partido único, que liquidan a los contradictores y criminalizan a la oposición. Si se hubiera propuesto la autocrítica, no lo habría hecho mejor. Olvida que a todo librepensador se le asimilaba a terrorista, Corte Suprema comprendida, cuando ella se dio a juzgar prosélitos del Gobierno asociados con el crimen. Y olvida que la otra cara de los totalitarismos marxistas es la de las dictaduras fascistas, algunos de cuyos rasgos se ensayaron aquí. El propio Vicepresidente Garzón declaró que la conspiración del DAS respondía a prácticas fascistas.
Pero luego, como arrepentido de sus coqueteos con la democracia, apunta precisamente contra políticas del nuevo Gobierno enderezadas a restablecerla. Contrario a la paz, denosta del lenguaje “melifluo” que propiciaría el diálogo para acabar la guerra y reordenar el gasto público. Es que en ocho años el gasto militar superó los cien mil millones de dólares. Y, sin embargo, 15 mil guerrilleros y 8 mil miembros de bandas criminales siguen en armas. Vaya seguridad democrática. Tampoco le gusta la Unión Nacional porque “se hace eco del discurso sobre la ilegitimidad de la propiedad rural, dizque arrebatada a las malas a 3,5 millones de campesinos”. Gaviria será el único en negar que, después de Sudán, Colombia ofrece el mayor índice de despojo de tierras en el mundo, como lo señala el Ministro Restrepo. El IGAC informa que apenas el 0.06% de propietarios son dueños del 53% de los predios rurales. Acción Social registró un salto de desplazados de algo más de 300 mil en 2002 a más de 3 millones 300 mil en 2009. Las investigaciones de Memoria Histórica que Gonzalo Sánchez dirige reconstruyen el horror que subyace a la “legitimidad sin mácula” de nuestra propiedad rural. María Victoria Uribe, coautora del trabajo con Álvaro Camacho y otros, revela en reportaje de Juanita León para Lasillavacía que el conflicto paramilitar arroja 2.500 masacres, casi todas contra civiles inermes, usadas para producir terror y desplazar.
Remata Gaviria criticando el exceso de celo que se ponga en conjurar los falsos positivos (práctica de espanto sin paralelo en nuestras dictaduras tropicales); el plan de desmantelar la inteligencia del Estado (involucrado como anda él mismo en el escándalo del DAS); y la que denomina persecución político-judicial contra funcionarios que fueron de Uribe (casi todos implicados en su reelección fraudulenta). Balance desapacible del modelo que Gaviria pretende vendernos hoy como ejemplar. Pero no inhibe al viejo régimen para aprestarse al combate contra el reformismo, bien apertrechado como quedó en el Congreso, en la burocracia oficial y en más de una cadena informativa. José Obdulio sabrá que el paramilitarismo, brazo armado de gamonales, latifundistas y mafiosos, convirtió en realidad el sueño imposible de la insurgencia marxista: la toma del Estado por las armas.
por Cristina de la Torre | Sep 14, 2010 | Iglesias, Corrupción, Septiembre 2010
La libertad de cultos le llegó a Colombia con una libertad incontrolada de abusos que cientos de pastores y guías espirituales cometen contra sus fieles, en nombre de Dios. Al recrudecimiento de la simonía, compra-venta de bienes espirituales, responde un proyecto de ley que cursa en el Congreso para contener esta epidemia que les hurta a los devotos sus haberes. En 20 años de pluralismo religioso se han constituido 1490 iglesias y sectas, con personería jurídica pero sin control ni vigilancia del Estado sobre el origen y el movimiento de sus finanzas. Resultado, cualquiera puede fundar una iglesia, negocio redondo, que cosecha en el renacer de la religiosidad, en la fe de carbonero de los afligidos. El estudiado patetismo de tanto ministro cristiano que invade las pantallas de televisión doblega los espíritus de una audiencia que busca consuelo en la religión y termina por creer que la voluntad del pastor es mandato divino. Ignoran, inocentes, que esa voluntad apunta muchas veces a desplumarlos.
El representante Pablo Salamanca propone incorporar en el código penal el delito de “constreñimiento religioso” para mandar a la cárcel a quienes, abusando de su condición de guías espirituales y manipulando sentimientos religiosos, inducen o fuerzan a sus ovejas a entregarles ingresos y bienes. De sobra se conocen las prácticas de estos pastores-impostores (que no lo son todos) para esquilmar a la feligresía, previo ablandamiento por acoso sicológico, moral y emocional. Salamanca cita el caso del ex senador y pastor de la iglesia Bethesda, Jorge Enrique Gómez, denunciado por supuesto incumplimiento en el pago de cien millones que le habría sonsacado a Graciela Murillo, fiel de su iglesia, para quedarse con ellos. Colombia oyó atónita el relato la semana pasada por la W Radio. Por otra parte, el personero de Paipa, José Cifuentes, informa que seis personas han denunciado al pastor cristiano Julio Ramón Pérez por robar y estafar “a una comunidad entera”, según la exposición de motivos del parlamentario. Luz Marina Mesa acusa a Pérez de querer robarle 85 millones y, encima, de amenazarla con conjuros de esta laya: “Ay de aquella oveja que se llegare a sublevar contra uno de los pastores de Dios, porque su hogar será destruido por Satanás y sobre su vida vendrán castigos muy grandes”.
Varios de estos pastores llegaron al Congreso de la mano de Dios y de la parapolítica. Enrique Gómez fue cabeza de lista de Colombia Viva, en reemplazo de Dieff Malof, cuando toda la cúpula de ese partido terminó sub judice por alianzas non-sanctas. Edgar Espíndola reemplazó a Luis Eduardo Vives, debutó con el compromiso de “reconstruir la patria a partir del amor de Dios” y arrojando lenguas de fuego contra el pecado de adulterio; hoy funge como vocero del PIN. Víctor Velásquez, senador por el mismo movimiento, propuso duro castigo contra prostitutas y homosexuales que usaran prendas “exhibicionistas”.
He aquí la versión criolla de la Teología de la Prosperidad, tan en boga en EE.UU., que reza: al buen cristiano la riqueza le viene naturalmente de su comunión con Dios, sin necesidad de trabajar. Bomba letal para un país como el nuestro, tan dado a acoplar enriquecimiento con violencia, delito y política. El mismo principio moral que bendice el enriquecimiento fácil autoriza estafar a los fieles y cobrarles diezmos. Maria Escalante, mujer humilde del barrio Villa Mayor de Bogotá, hipotecó su casita por 20 millones y se los entregó a su pastor. En menos que canta un gallo, el avivato se esfumó con el dinero. Doña María quedó sin un peso, sin casa y sin fe. Símbolo ominoso de esta ignominia, que ojalá la ley pueda vencer. Aunque Yesid Celis vocifere contra el ponente desde la publicación “Valores cristianos”, calificándolo de “inquisidor” y “Satanás”.
por Cristina de la Torre | Sep 7, 2010 | Izquierda, Personajes, Septiembre 2010
Si el Partido Verde está biche, pasmado, al Polo quieren madurarlo biche: declararlo partido, cuando alcanza a ser apenas coalición de tendencias. Y por no reconocerlo se ve a cada paso en trance de desaparecer, bombardeado por alguna de sus fuerzas que pretende imponerles su propia divisa a las demás, en la ficción de una homogeneidad imposible. Exótico lunar en el concierto continental de la nueva izquierda. El último incidente lo dice todo: Gustavo Petro, brillante candidato de la pasada campaña electoral, se declara vocero de la “Corriente Democrática” del Polo y, a despecho de sus malquerientes, anuncia que permanecerá en él. Al punto, eco de sectas que quisieran hacer prevalecer su izquierdismo puro y duro, Carlos Gaviria insta a Petro a crear un nuevo partido, si tiene incompatibilidades con el Polo. El dirigente Luis Sandoval sostiene, sin embargo, que éste nació como convergencia de grupos disímiles con derecho a expresarse como tendencias. En el ascenso de una derecha extremista, los unía la búsqueda de la democracia y la igualdad, en una economía de mercado, siempre abiertos a nuevos aliados que compartieran ese derrotero, desde la lucha civil y no la armada. Ni la revolución ni el socialismo estaban en la mira. Pero con aliados tan distintos –exguerrileros del M19, sindicalistas, liberales de izquierda, anapistas fieles al General Rojas Pinilla, estalinistas afectos a Mao y al politburó del socialismo soviético- se imponen reglas de convivencia que garanticen la unidad en lo acordado y respeten la identidad de cada cual. Si no, la cohesión quedará sacrificada en el altar de la anarquía.
En los últimos cuarenta años, la izquierda latinoamericana se ha organizado en partidos-coalición. En Chile, en Brasil, en Uruguay, llegaron al Gobierno. El Frente Amplio (FA) de Uruguay cobijó bajo un acuerdo “progresista y democrático” a socialistas, demócrata-cristianos, obreros, comunistas, trotskistas, exguerrilleros y fracciones de los partidos tradicionales (Blanco y Colorado). Treinta y cuatro años después, en 2005, el FA lleva al poder a Tabaré Vásquez y, en 2009, al extupamaro José Mojica. No hubo allí fusión sino coalición de fuerzas dispares unificadas en torno a un programa común y en el respeto de una férrea disciplina cuando de propender a los objetivos de la alianza se trataba. Pero dueñas de sus propias ideas, de sus estructuras y mecanismos de decisión política.
Uruguay es, claro, país de tradición civilista, de migración europea hecha a la democracia, a la experiencia sindical, y dueño de un elevado nivel de vida. No prendieron allá las guerras civiles que signaron la historia de Colombia, ni hubo narcotráfico y, si guerrilla existió, ésta fue efímera. No alcanzó ella a autoproclamarse opción única de izquierda para taponar, como taponó aquí, la acción legal por el cambio. Ni el liberalismo uruguayo cooptó las consignas de la izquierda, dejándola en el limbo.
El Polo anda en pañales. Pretende actuar como partido sin serlo. El peso de la historia y de una izquierda sectaria y arrogante que les hace sombra a sus mejores líderes, puede frustrar una alternativa de oposición unificada, contrapunto a la Unidad Nacional. A falta de reglas que disciplinen la cohabitación de tendencias, no faltará en el Polo el dirigente que actúe por su propia cuenta. Ni la descalificación a hombres como Petro, cuya bandera agraria el nuevo Gobierno no pudo menos que enarbolar. Dura prueba le espera al Polo para conseguir, desde la crítica y las propuestas, que ella se traduzca en hechos. Otra prueba de fuego, vencer la doble moral de quienes en el Polo alternan su pureza cardenalicia con apoyo al Alcalde que corrompió hasta la médula el Gobierno de Bogotá. Y la prueba final: transitar del espíritu de secta al de coalición moderna.
