por Cristina de la Torre | Feb 2, 2010 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Febrero 2010, Narcotráfico
“Tienen una semana para desaparecer o los desaparecemos”, rezaba panfleto de las AUC contra 30 líderes estudiantiles de la Universidad de Antioquia. Otro le hacía la segunda: “Somos un grupo de infiltrados (de las Águilas Negras) en la Universidad. Tenemos plenamente identificados a los tropeleros que quieren imponer un discurso comunista en Colombia”. Entre 2006 y 2008 hubo en la Nacional 312 amenazas de muerte del mismo grupo armado contra alumnos y profesores, y otras tantas en las universidades de Magdalena, Atlántico y Córdoba, esta última bastión de Salvatore Mancuso. (Tomado de El Espectador, 27-I-10) Cara política del paramilitarismo en las ciudades, alcanzará cotas de horror con la transformación de estudiantes en informantes a sueldo de un gobierno que –acaso deliberadamente- confunde los escenarios: no se neutraliza en los centros de estudio la violencia entre carteles que tiene lugar en las comunas de Medellín.
Probado está que trocar el campus en campo de guerra sirve, lo más, para perseguir a quienes se apartan del pensamiento oficial. Pura y ruda cacería de brujas. Manoseado recurso de dictaduras, la sucia tarea que Uribe le encarga a esta juventud emulará con la de sus pares en predios que fueron de Videla y Pinochet, y con los ominosos Comandos de Defensa de la Revolución de Fidel Castro y Hugo Chávez. Será leña a la hoguera de esta guerra: otro sistema de arreglo de cuentas, dirá El Espectador, con profusión de denuncias gratuitas, estigmatizaciones y recorte de libertades. La dinámica del espionaje remunerado entre redes de “cooperantes” que hoy agrupan a dos millones doscientos mil civiles, amenaza con despedazar la “cohesión social” del Presidente entre una artillería de infamias, retaliaciones, venganzas y… falsos positivos.
La tal iniciativa será cortina de humo para desinflar el debate que la absurda reforma de la salud ha suscitado, señala Lasillavacía.com. O los escándalos de corrupción oficial. Si. Pero también reafirma una estrategia de privatización de la seguridad, función indelegable que el Estado se muestra incapaz de asumir, pese a los ingentes recursos que la nación le asigna. Este gobierno ha feriado entre particulares, no siempre impolutos, el monopolio de la fuerza. Ya lo recordábamos en este espacio: en Colombia proliferan las Compañías Militares de Seguridad Privada que suplantan a la Policía en la protección de una ciudadanía acorralada por el crimen y el delito. Con equipos de espionaje y armamento modernísimos, muchas de ellas terminan tributando a la tendencia de hacer justicia por mano propia, a menudo con saldo de asesinados y desaparecidos. A ellas se integran miles de desmovilizados de las AUC, como vigilantes y con labores de inteligencia. El Decreto 3222 de 2002 creó las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, que habían de articularse con vigilancia y seguridad privada y con la política de seguridad democrática.
El plan de convertir estudiantes en informantes del Ejército integrará el frente juvenil a una estrategia de seguridad que no se limita a la derrota de la guerrilla y la desmovilización de los paramilitares: también persigue el control social y político de la comunidad, con las armas de la república y militarizando a la sociedad civil. Vista la experiencia, cabe preguntarse si no terminarán por darles a estos muchachos armas y aparatos de comunicación, como a las nefastas Convivir por las calendas de la gobernación de Uribe en Antioquia. Ayer armaron campesinos, hoy arman estudiantes. ¿Quién garantiza que así ataviados y pagados no deriven estos nuevos contingentes en estructuras paramilitares de acción patriótica, no ya para ejecutar la contrarreforma agraria sino para exterminar a la oposición?
por Cristina de la Torre | Abr 28, 2009 | Abril 2009, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción
“Se amarraba al campesino, se le vestía de camuflado y le disparábamos de lejos, porque si era a quemarropa venía la investigación”. Así parecía haber muerto en combate, relata el exparamilitar Pantera en El Espectador (IV, 24). Siendo infante de Marina, terminó cooptado por don Mario y sirviendo a dos señores. De los 30 falsos positivos en que participó, 2 fueron pastores protestantes tras una escaramuza con el ELN en El Carmen . –“Mínimo son guerrilleros y se pusieron de civil- me dijo el teniente Rivera. Hagámosles la vuelta”. Entonces Pantera los mató y luego les vistió el uniforme militar. Cuenta que por instrucciones del General Quiñónez y del Coronel Diazgranados, en compañía de 25 hombres del Batallón de Contraguerrilla 33, y al mando del jefe paramilitar Cadena, participó en la masacre de El Salado en 1999. Y que eran hombres de la Primera Brigada de ese cuerpo quienes confeccionaban las listas de los condenados que Cadena eliminaba después.
Pantera sería apenas un eslabón en la cadena de falsos positivos que, según las autoridades, puede llegar a 2 mil en la última década. Se elevó la semana pasada en Soacha el reclamo de nuevas madres cuyos hijos se sumaban a aquel número macabro. El General Padilla declaró, conmovido, que los falsos positivos eran una “monstruosidad”. Para el senador Juan Manuel Galán, tan abultada cifra prueba que “no estamos hablando de ejecuciones aisladas o manzanas podridas”.
Si el caso de Colombia escandaliza al mundo, es porque ella parece sembrarse en el estadio de la barbarie que otros, olvidadizos, transitaron también. Más de un ejército (inglés, francés, portugués, israelí) acudió a fuerzas irregulares para combatir a la guerrilla. Pero ahora el Tercer Mundo se ha propuesto conciliar seguridad con derechos humanos y construcción de paz. Pasa de la justicia militar a la civil; supedita el poder militar al civil; afina los procesos de selección, formación y control del personal militar, crea mecanismo expeditos para combatir la impunidad.
El Gobierno de Colombia decidió crear una Escuela de Derechos Humanos para sus hombres y situar en cada brigada un inspector de aquellos derechos. Espera promover así el respeto a la vida y combatir la impunidad que se ha generalizado entre uniformados. Mas el estudio formal debe corresponderse con la evaluación de resultados operativos: no pueden ofrecerse recompensas ni incentivos a la vista del primer cadáver sin saber de dónde salió… o callando por saberlo. Un abismo media todavía entre la limpia intención del papel y el margen de independencia de que goza cada comandante en su terreno. Esta circunstancia y una larga tradición de permisividad y laxitud convirtieron a amplios sectores de las Fuerzas Armadas en aliados del crimen, cuando no lo protagonizaron ellos mismos. Insuficientes resultan esas medidas, además, si el Salto Estratégico que el Gobierno anuncia se propone “consolidar” el territorio subordinando toda acción civil del Estado a la arrogante batuta militar.
Mil dificultades ha encontrado el Fiscal Iguarán para investigar a los militares acusados de falsos positivos. Dice que les aplican a sus fiscales “una especie de sicariato moral (para delegitimarlos)”. Buenas intenciones animan, sin duda, al gobierno, pero resultan tímidas. Poco se logra con cursos de derechos humanos, o con intendentes para protegerlos en brigadas a donde las víctimas no arrimarían jamás, si no se enmienda antes el error monumental de premiar con una embajada al presunto responsable de los falsos positivos: el General Montoya.
por Cristina de la Torre | Ago 31, 2008 | Actores del conflicto armado, Agosto 2008, Conflicto interno, Modelo Económico en Colombia, Uribismo
El hiperpresidencialismo de la nueva Constitución ecuatoriana es pálido reflejo de los excesos que se practican hoy en Colombia. Allá, la incursión del ejecutivo en los órganos de justicia y de control dizque busca medios para remontar los estragos de 20 años de neoliberalismo. Ver para creer. Pero en Colombia, no sólo va concentrando todos los poderes en la persona del Presidente Uribe, sino que quiere neutralizar la acción de la justicia contra el delito. Dígalo, si no, el rosario de escándalos que rodea al propósito de proteger contingentes del uribismo sindicados de aliarse con el crimen, y de burlar las decisiones de los tribunales contra funcionarios del alto gobierno.
Ultimo fruto del golpe de mano: la operación salvamento del Ministro Palacio, acusado de cohecho, por graciosa intervención del Consejo de la Judicatura donde debutan fichas del Presidente como el inefable Ovidio Claros. 5 de los 7 magistrados de la Sala que se pronuncia son uribistas, y al finalizar el año lo serán todos. Este hecho, unido a la reforma de la justicia que apadrina el ministro del ramo, se propone debilitar a la Corte Suprema (que procesa la parapolítica); abrir un boquete por donde escapen de sus celdas los implicados; y allanarle el camino a un proyecto de largo alcance afirmado en las elites más conservadoras y en nuevos sectores que a veces se disputan a sangre y fuego una posición de mando en la sociedad.
No otra cosa se infiere de la frescura con que el Presidente abraza la causa de su Ministro Valencia, hermano, promotor, jefe político y defensor en la sombra del Director de Fiscalías de Antioquia, sorprendido en andanzas íntimas con la mafia del narcotráfico. “Ni un paso atrás, Ministro”, le dijo Uribe, cuando el país y el mundo se preguntaban atónitos si un demócrata podía mantener en el cargo a un hombre en funciones presidenciales que así despreciaba su responsabilidad política. Pues si, al parecer el Presidente lo sabía todo.
Informa Semana que el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, le había advertido sobre graves sospechas de infiltración de la mafia en la Fiscalía de Medellín. Y reafirmó en Cambio que desde 2004 venía insistiéndole en la denuncia. En debate parlamentario memorable, se pregunta el senador Jorge Enrique Robledo por qué el gobierno no le paró bolas. ¿Acaso porque el funcionario viene protegido por su hermano desde Palacio, de la misma manera que el Presidente no actúa frente al Ministro como Jefe de Estado sino “como padrino”?
Pero del ascendiente de los Valencia en el alto gobierno participan los socios de Guillermo, el menor, miembros de “una banda peligrosísima de delincuentes, narcotraficantes y paramilitares”, dice Robledo. De Felipe Sierra, el empresario de aquella cofradía, se dice que se paseaba alegremente por los consejos comunales y de seguridad del Presidente Uribe.
Si en Ecuador se quiere justificar el autoritarismo en aras de “un mejor vivir”, en Colombia el gobierno atropella a los poderes públicos por ansia de gloria y para construir el nicho de poder que la venalidad reclama, por encima de la ley. Si el Presidente no fustiga ya la corrupción y la politiquería, será para no contradecir la entraña misma de su gobierno. Es de temer que tampoco podrá hablar ya contra el delito, que se pasea, desafiante, hasta en la Casa de Nariño.
por Cristina de la Torre | May 25, 2008 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Mayo 2008, Narcotráfico
Acaso por tratarse de una mujer, y madre, la impiedad de Karina inspira más desprecio que la del guerrillero que mata a traición y, para cobrar recompensa, cercena la mano del amigo. Destinada por la Biblia a parir y no a segar la vida, no le perdona la sociedad a ella sus crueldades. Pero tanta severidad no responde sólo a que esta mujer encarna el anverso del ideal femenino en nuestra cultura cristiana-patriarcal, sino a la monstruosidad de sus actos. Díganlo, si no, los asesinatos y masacres que se le atribuyen. Como el fusilamiento gratuito de Jaime Jaramillo, hijo del Comisionado de Paz de Antioquia, por hombres al mando de Karina en marzo de 2002.
Una entre miles de barbaridades perpetradas por ambos bandos en esta guerra. The Economist le asigna a Colombia el más elevado índice de violencia en América Latina y el puesto 130 entre 140 países en el mundo. A pesar de la seguridad democrática. O quizá como secuela de ella, según lo sugiere (a otro nivel, claro) la rudeza del lenguaje del Ministro Palacio hacia supuestos conspiradores que complotan contra el Presidente, su política y su gobierno. Guerrilleros, narcos, políticos de la vieja guardia y “extremistas de izquierda”, todos a una y en el mismo saco, atentarían contra la democracia. Tono de McArthur en la ominosa década de los 50 en EE UU y de los dictadores del continente por las mismas calendas, que movería a risa si no fuera porque hoy en Colombia sindicaciones de esa laya formuladas desde el poder pueden significar la muerte. Modérese el Ministro, no sea que la intemperancia de su defensa en el yidisgate desdore los avances en la lucha contra las Farc.
Salvadas las pendencias del gobierno y el revanchismo de una sociedad que conspira contra la mujer, Karina simboliza la sima de la degradación de la guerrilla. No nació la insurgencia para ejecutar inocentes, ni para asaltar poblados inermes, ni para secuestrar, ni para traficar con drogas. Marulanda echó para el monte, joven aún, para vengar el asesinato de su familia en épocas de la violencia. Con el bombardeo de Marquetalia, El Pato y Guayabero, pasó de guerrillero liberal a comunista y su proyecto fue entonces, como en el resto del subcontinente, el derrocamiento de un poder que perpetuaba inequidades intolerables y una democracia de mentirijillas. Corrían los tiempos de la guerra fría. China, la Unión Soviética, Cuba, sembraron guerrillas por doquier y los ejércitos hicieron guerra de contrainsurgencia. En vez de contienda atómica, las grandes potencias se disputaron el mundo en patio ajeno, a manera de conflictos de baja intensidad. Guerrillas comunistas sólo sobrevivieron en Colombia, único país donde no fructificó una reforma agraria.
Abandonaban aquí los estudiantes las aulas y muchos campesinos su parcela para empuñar las armas. Pero la revolución se volvió religión. Dos géneros de intolerancia convergieron para cerrarle toda opción a la izquierda legal: la terquedad de una oligarquía hirsuta petrificada en la Colonia; y el totalitarismo de Moscú, Pekín y La Habana, que importamos como obsesión por la lucha armada. La derecha pudo así monopolizar todo el campo de la política. Hasta cuando la guerrilla urbana, el M-19, se desmovilizó, en 1990, y se integró a una izquierda democrática que abre futuro: el Polo.
Karina es el epílogo melancólico de una guerrilla que sucumbió al narcotráfico, la guerra sucia y un espíritu belicista que todo lo contagió. Esta semana, el Presidente mismo instaba a la jefa del Congreso dizque a ponerse las charreteras y dar garrocha. Como si no bastara con las Karinas y sus hombres para inundar de lágrimas a este pobre país.
por Cristina de la Torre | Abr 6, 2008 | Abril 2008, Actores del conflicto armado, Conflicto interno
La agonía de Ingrid y el desamparo de los demás secuestrados han llevado a su clímax el pulso entre el gobierno de Uribe y las FARC. Se camina por el filo de la navaja. O los bandos enfrentados le reconocen a la guerra dimensión política y negocian un acuerdo humanitario, o la confrontación armada termina por crear el clima de opinión propicio a la instauración de una dictadura. Sumarles a las 955 ejecuciones extrajudiciales perpetradas en este quinquenio y al asesinato de cientos de sindicalistas la intención de eliminar intelectuales y políticos de oposición o afectos al gobierno, por defender ideas contrarias, es acercarnos peligrosamente al abismo de los Videla y los Pinochet.
Que el verbo provocador del asesor de Palacio José Obdulio Gaviria halague a los violentos de la derecha no puede justificar una amenaza de la izquierda contra su integridad personal. Tampoco el Ministro del Interior puede asumir como “naturales” los conatos de linchamiento contra Piedad Córdoba (única colombiana que ha logrado liberar secuestrados), por ligerezas políticas que sus malquerientes magnifican sin mirar la paja en el ojo propio. Es que causa alarma la naturalidad con que civiles de ambas orillas cooptan la lógica de la guerra sucia que irrespeta el derecho humanitario y sacrifica la moral a la ley del Talión. Y, por lo mismo, la doble moral de amplios sectores de la sociedad que legitiman la brutalidad de las motosierras en la brutalidad del secuestro. Como si anduvieran sedientos de sangre, transportados en la contemplación de un dios justiciero cuya seducción parece radicar en la firme determinación de despojar a la guerra de toda perspectiva de paz. Paupérrima imaginación política la del Príncipe para cumplir el mandato constitucional de asegurar la paz, prolongando, en su lugar, la carnicería, por mandato indefinido.
En circunstancias tan dramáticas, cobran vigencia renovada las tesis de López Michelsen que Ernesto Samper amplía en el libro El acuerdo humanitario: victoria o solución? Señala este último que, si bien las FARC son culpables del delito de secuestro, el presidente Uribe “es responsable de no haber encontrado con la guerrilla los términos de un acuerdo que hubiera permitido salvar (a Gilberto Echeverri, Guillermo Gaviria, los once diputados del Valle y varios soldados y policías que fueron asesinados)”. El desprecio por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), apunta, nos ha conducido a practicar el principio de que las guerras no son para humanizarlas sino para ganarlas.
En esa lógica, que gobierno y guerrilla comparten, a ninguno de los dos le interesaría el acuerdo humanitario. Ni le animarían razones de fondo para menear a muerte el despeje o no despeje de Florida y Pradera. La verdad es que en cualquier lugar de la geografía del país o allende sus fronteras podrían las partes reunirse para negociar. Por otra parte, una cita eventual en predios de esos municipios tampoco comprometería la seguridad democrática. Mueven a risa, pues, los temores del ministro de Agricultura según los cuales las FARC crearían canales de narcotráfico, construirían depósitos de armas y abrirían corredores militares estratégicos en el breve espacio de 180 kilómetros despejados durante 45 días, ante la mirada escrutadora de cientos de observadores internacionales y periodistas del mundo entero.
Con todo, Samper se muestra pesimista, pues no ve en el gobierno intenciones de reconocer la existencia de un conflicto, ni en la guerrilla las de ceñirse al DHI. Pero no baja la guardia, aunque sospeche que el gobierno no persigue una solución sino una victoria. Propone buscar el acuerdo humanitario despejando ese tramo del Valle, con acompañamiento y vigilancia de la comunidad internacional; o negociarlo en el extranjero. Ilusión que sólo la movilización de los partidos y de la sociedad podrán volver realidad. Para soñar, por qué no, en un paso más audaz, la negociación política del conflicto. Antes que régimen de fuerza, defiéndanse la libertad y la vida. Las de Ingrid y todos sus compañeros de cautiverio, para comenzar. Y sea la primera condición derrotar el fetiche del despeje.
