LLERAS-URIBE: POLOS OPUESTOS

Descorazona comparar los lineamientos del gobierno de Lleras Restrepo y su sentido ético con los de la administración Uribe Vélez. El contraste es violento. En cosa de décadas, el país ferió una estrategia de desarrollo anclada en la industrialización y la reforma agraria que la Cepal preconizaba, por el modelo opuesto que Uribe heredó y profundizó: se trata ahora de tapar con las migajas de la globalización la hecatombe de una apertura que condena a Colombia al desempleo y la pobreza. Pero además, sobre el decoro y el pundonor triunfó la corriente del liberalismo que catapultó desde el negocio de las esmeraldas y la mariguana el tráfico de cocaína. Todo bajo el lema de “reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Subterfugio sibilino que derivó en captura de franjas enteras  del Estado por las mafias de la droga y sus adláteres políticos y paramilitares, bajo la mirada indulgente del gobierno.

Pero las políticas actuales  no pecan  por ser contrarias a las de Lleras, sino por sus efectos devastadores. En vez de Grupo Andino como fórmula de integración regional que hoy resultaría ideal para negociar de tú a tú con las grandes potencias, se nos propone el TLC, ciegos ante la experiencia aleccionadora de México. De la nacionalización del petróleo,  antes que lo hiciera Venezuela, y de la conversión de Ecopetrol en la empresa más rentable del país, hemos transitado hacia su privatización progresiva. Enemigo apasionado de la salud de los colombianos, el ministro de Protección Social está a punto de enterrar el Seguro Social, empresa que fuera modelo en América Latina. Y, para el campo, no sólo desprecia el gobierno cualquier alusión a una reforma, sino que contemporiza con la contrarreforma  agraria del narcoparamiliatarismo, operada a sangre y fuego, y responsable de cuatro millones de desplazados.

De haberse realizado la reforma agraria de Lleras, como se produjo en el resto del subcontinente, no andaríamos en un conflicto que cobra muertos en proporciones de genocidio. Para eliminar el acaparamiento de la tierra, en abierto desafío al poder tradicional, propuso Lleras redistribuirla. La reforma se acompañaría de crédito, asistencia técnica, educación y mecanismos de comercialización de productos agrícolas. No sólo buscaba equidad social sino ampliar el mercado interno, mediante formas de tenencia y explotación de la tierra capaces de dar  empleo a la fuerza de trabajo disponible en el campo. Meollo político de la reforma era la integración del campesinado a su ejecución, organizado en la Asociación de Usuarios Campesinos.

Quien dijo miedo. Se alzó el notablato latifundario que desde la colonia sojuzgaba al campesinado. También entonces, como ahora, debutó el feudalismo de la Costa en la figura de un Nacho Vives. Su infinita picardía  transformó a este personaje de prevaricador en opositor y, de allí, en mártir de la “revolución” cuando lo pusieron tras las rejas. Le siguieron los terratenientes del Valle, alebrestados por un intento de expropiación en Jamundí. Y luego, la cofradía toda de los gremios de agricultores y ganaderos. Quedó la reforma agraria tendida en el campo de batalla, a pesar de una movilización campesina sin precedentes en nuestra historia. A poco, Misael Pastrana le daría el golpe de gracia en Chicoral, con la venia de la dirigencia conservadora y  de la derecha liberal.

La contraofensiva final se tradujo en un modelo de crecimiento que optó por mejorar la productividad sin afectar la propiedad de la tierra. Pero la agricultura moderna, mecanizada, proporcionaba el 18% de los nuevos empleos rurales, mientras que la agricultura campesina respondía por el 70%. Los pequeños agricultores no se beneficiaron del sector moderno. Antes bien, esta vía de modernización del campo agudizó la violencia y masificó la expulsión de labriegos, acicateada hoy por los paramilitares. Cuando Alvaro Uribe subió al poder, sólo el 0.4% de los propietarios agrícolas controlaba el 61% de los predios rurales. A juzgar por los contingentes de desplazados -que no cesan- y por síntomas tan reveladores como el de Carimagua, no se descarta un crecimiento de tal desproporción.

Dijo una vez Alberto Lleras: “con menos de media docena de hombres como Lleras Restrepo, en cualquier tiempo, la república no habría tenido par en el continente”. Comparado con lo que vemos hoy, no quedan  sino ganas de llorar

EL FETICHE DEL DESPEJE

La agonía de Ingrid y el desamparo de los demás secuestrados han llevado a su clímax el pulso entre el gobierno de Uribe y las FARC. Se camina por el filo de la navaja. O los bandos enfrentados le reconocen a la guerra dimensión política y negocian un acuerdo humanitario, o la confrontación armada termina por crear el clima de opinión propicio a la instauración de una dictadura. Sumarles a las 955 ejecuciones extrajudiciales perpetradas en este quinquenio y al asesinato de cientos de sindicalistas la intención de eliminar intelectuales y políticos de oposición o afectos al gobierno, por defender ideas contrarias, es acercarnos peligrosamente al abismo de los Videla y los Pinochet.

Que el verbo provocador del asesor de Palacio José Obdulio Gaviria halague a los violentos de la derecha no puede justificar una amenaza de la izquierda contra su integridad personal. Tampoco el Ministro del Interior puede asumir como “naturales” los conatos de linchamiento contra Piedad Córdoba (única colombiana que ha logrado liberar secuestrados),  por ligerezas políticas que sus malquerientes magnifican sin mirar la paja en el ojo propio. Es que causa alarma la naturalidad con que civiles de ambas orillas cooptan la lógica de la guerra sucia que irrespeta el derecho humanitario y sacrifica la moral a la ley del Talión. Y, por lo mismo, la doble moral de amplios sectores de la sociedad que legitiman la brutalidad de las motosierras en la brutalidad del secuestro. Como si anduvieran sedientos de sangre, transportados en la contemplación de un dios justiciero cuya seducción parece radicar en la firme determinación de despojar a la guerra de toda perspectiva de paz. Paupérrima imaginación política la del Príncipe para cumplir el mandato constitucional de asegurar la paz, prolongando, en su lugar, la carnicería, por mandato indefinido.

En circunstancias tan dramáticas, cobran vigencia renovada las tesis de López Michelsen que Ernesto Samper amplía en el libro El acuerdo humanitario: victoria o solución? Señala este último que, si bien las FARC son culpables del delito de secuestro, el presidente Uribe “es responsable de no haber encontrado con la guerrilla los términos de un acuerdo que hubiera permitido salvar (a Gilberto Echeverri, Guillermo Gaviria, los once diputados del Valle y varios soldados y policías que fueron asesinados)”. El desprecio por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), apunta, nos ha conducido a practicar el principio de que las guerras no son para humanizarlas sino para ganarlas.

En esa lógica, que gobierno y guerrilla comparten, a ninguno de los dos le interesaría el acuerdo humanitario. Ni le animarían razones de fondo para menear a muerte el despeje o no despeje de Florida y Pradera. La verdad es que en cualquier lugar de la geografía del país o allende sus fronteras podrían las partes reunirse para negociar. Por otra parte, una cita eventual  en predios de esos municipios tampoco comprometería la seguridad democrática. Mueven a risa, pues, los temores del ministro de Agricultura según los cuales las FARC crearían canales de narcotráfico, construirían depósitos de armas y abrirían corredores militares estratégicos en el breve espacio de 180 kilómetros despejados durante 45 días, ante la mirada escrutadora de cientos de observadores internacionales y periodistas del mundo entero.

Con todo, Samper se muestra pesimista, pues no ve en el gobierno intenciones de reconocer la existencia de un conflicto, ni en la guerrilla las de ceñirse al DHI. Pero no baja la guardia, aunque sospeche que el gobierno no persigue una solución sino una victoria. Propone buscar el acuerdo humanitario despejando ese tramo del Valle, con acompañamiento y vigilancia de la comunidad internacional; o negociarlo en el extranjero. Ilusión que sólo la movilización de los partidos y de la sociedad podrán volver realidad. Para soñar, por qué no, en un paso más audaz, la negociación política del conflicto. Antes que régimen de fuerza, defiéndanse la libertad y la vida. Las de Ingrid y todos sus compañeros de cautiverio, para comenzar. Y sea la primera condición derrotar el fetiche del despeje.