por Cristina de la Torre | Feb 10, 2008 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Febrero 2008
No obstante el grado considerable de independencia que exhibió la marcha del 4 de febrero, los Wilson Borja repetirán que fue un montaje guerrerista del gobierno, y los José Obdulio la considerarán resultado de la seguridad democrática. Mucho dependerá ahora de las interpretaciones interesadas y de la destreza para vendérselas al público. Que en ello se cifra la posibilidad de revisar políticas o de relanzarlas.
Ya se filtran indicios de que el gobierno asume la protesta contra las FARC como tácita refrendación de apoyo a su ardoroso contendor de años, el presidente Uribe; y, en consecuencia, a un horizonte de guerra sin retorno. En esta perspectiva, el Presidente podrá darse por reelegido. Habrá cosechado el fruto de un gobierno montado sobre armas y artificios, tan caros a iluminados que no pueden menos que plegarse a los designios de la Providencia para eternizarse en el poder.
Pero a tal hazaña abrían contribuido otros. Primero, las monstruosidades de las FARC. Las pruebas de “supervivencia” de secuestrados arrancaron al país de su letargo y lo lanzaron a las calles en grito unánime de rabia contra los villanos. Segundo, los insultos de Chávez y sus amenazas se estrellaron contra un Uribe inesperadamente digno, anverso calculado de su natural pendenciero y lenguaraz, para incubar un nacionalismo siempre funcional al poder del príncipe. Y, por último, el autogolpe del Polo, cuya vocación suicida le devolvió a la derecha el monopolio de la política.
Aturdido en sus ires y venires, todo ambigüedad y eufemismo, va feriando el Polo su capital político. Carlos Gaviria, primero en darle a la izquierda tres millones de votos, es su víctima suprema. Petro, De Roux, Navarro, le siguen camino del cadalso. Quiere Gaviria juntar el agua con el aceite. Pero no es dable la unidad con sectas despóticas, esclavas de un purismo propio de iglesias que se resuelve en la divisa increíble de no mezclarse con la masa. Si Uribe juega a la tiranía de las mayorías, éstas juegan a la tiranía de las minorías. Tanto peor.
Aprisionado el país en la disyuntiva mentirosa de escoger entre las FARC o el gobierno perpetuo de Uribe, gana el Presidente por KO. Es que la marcha vino precedida de un espíritu pugnaz cultivado con esmero desde arriba, para involucionar a la ética de la acción intrépida y el atentado personal. Seis años disparando balas y consignas de guerra no habrán pasado en vano. Los conatos de linchamiento contra Piedad Córdoba no son sino sombra de extremos inconcebibles en señoras de su casa que hallaron micrófono expedito en alguna emisora para glorificar la masacre y el sicariato. En carta dirigida por estos días a El Tiempo, A. Mejía no justifica la liberación de Consuelo y Clarita , ni sacrificar la seguridad de 43 millones de colombianos por 45 o 750 secuestrados; la guerra le parece un “mal menor”.
No hubo entre los millones de manifestantes llamados a la guerra, no. Pero ellos marcaron un punto de inflexión que el Presidente asumirá como carta blanca para decidir desde su Olimpo la suerte de Colombia, apenas perturbado -¡horror!- por una oposición desacreditada que se ahoga en su perplejidad. Acaso el cerco a las FARC ande ya en camino para “rescatar” a los secuestrados, por cerco o por asalto, así mueran en el intento. Su consejero de cabecera le recordará que el cerco representa “la esencia de la seguridad democrática”, que “paralizarse” o debilitar la ofensiva sería “traicionar su mandato”. Una hecatombe.
Pero nunca se sabe. Sobre todo cuando el destino de un pueblo depende por entero de la índole del príncipe, de su personalísima manera de entender la patria. Tantos decibeles ha alcanzado el tono del conflicto, que a lo mejor el Presidente se debate hoy en el dilema de entresacar el anhelo de paz que gravitaba en la marcha y sintonizarse con él; o bien, interpretarla como un plebiscito en su favor y porfiar en el uso de un recurso que a otros convirtió en dictadores: trocar la opinión pública en arma de guerra.
por Cristina de la Torre | Ene 14, 2008 | Actores del conflicto armado, Febrero 2008, Modelo Político
Se veía venir. Los inquisidores de la derecha quieren reducir la pluralidad política del país a una contienda moral entre buenos y malos. A la diestra del Padre, los elegidos antifarc, la patria toda; a la siniestra, los condenados, un lunar de prosélitos camuflados de la subversión que afean el paisaje. Su escenario, una sociedad apolítica, incontaminada, sin divisiones entre izquierda y derecha, sin conflicto. La Colombia idílica que marcha en pos de una inteligencia sobrenatural hacia la tierra prometida. Otra vez el oro y la escoria de la Violencia contra el ateísmo, la masonería y el liberalismo, hoy en clave de guerra santa contra el demonio del terrorismo. La espada y la cruz remozadas a la Bush, y en el verbo incendiario de los Leopardos.
La pretensión no es gratuita ni es nueva. Germina en un país de partidos moribundos o en embrión, que denigra de la política. Y no le falta razón. Venimos de 30 años de gobiernos compartidos por colectividades sin ideas, sin oposición, marchitadas por la corrupción, parte de las cuales terminó arrastrada por el narcotráfico y el crimen. En la otra orilla, una izquierda democrática se sacude como puede la coyunda del conservadurimo que triunfó en su hora sobre la tendencia de la historia y ahogó en sangre el viraje liberal que se intentó en los años 30. Y la coyunda de la guerrilla, que se creyó dueña única del cambio.
Pero al descrédito de la política contribuyó también una cruzada de 20 años contra el Estado, contra los partidos, los gremios y los sindicatos. Esta ideología se coló en la Constitución del 91, tan enamorada de la democracia directa, “participativa”, ejercida por individuos autónomos, inteligentes y cultos, liberados de maquinarias, dueños, por fin, de su destino. La divisa era saltar del clientelismo a la ciudadanía. De Dinamarca a Cundinamarca, en la supuesta superioridad moral de la ciudadanía sobre aquella forma depravada de la política. Pero la intención profiláctica, como suele suceder, degeneró en misión sagrada: había que extirpar toda purulencia, cuanta organización política quedara todavía en la sociedad. Y en eso andamos. Somos una comunidad debilitada que apenas si conserva el cascarón de sus canales de expresión colectiva por antonomasia, los partidos.
Eso no demerita, sin embargo, el despertar de la sociedad civil, ni su proyección política. La fuerza arrolladora de la masa variopinta provocó lo impensable: una propuesta de acuerdo sobre lo fundamental, salvar la vida, por encima de todo interés de grupo o de persona; iniciativa que la dirigencia del país no podrá darse el lujo de mirar por encima del hombro. Hasta ahí, la capacidad política de la sociedad como agregado de individuos desorganizados: explosión fugaz que se disuelve en átomos a la vuelta de la esquina, emoción que cualquier habilidoso puede tornar en su favor, amparado en la candorosa “apoliticidad” de los organizadores de la marcha de febrero. Cosa distinta es la perspectiva política de partido o de movimiento, más estable, abarcadora y eficaz, por su vocación de poder. Y diversa, si en democracia estamos.
Nuestros Torquemadas de ocasión, remedo del siniestro mentor de la Inquisición española, quieren deformar la realidad y revolver todo con todo. Según ellos, nadie que marche contra las FARC podrá marchar también contra los asesinos de la motosierra y sus cómplices en el Estado. Traicionan a la Patria y a la moral. Además, nadie puede transgredir las fronteras de una definición primaria, monolítica: quien no esté conmigo, está contra mí. Así como se proscribe toda diferencia y matiz en un espacio copado por enemigos de muerte, se niega toda diferencia de bandería partidista. Si el gobierno ofrece protocolizar el despojo de campesinos entregándoles su tierra a sus victimarios, otros proponen devolver a los desplazados los 7 millones de hectáreas que el paramiliatarismo les arrebató. Abrebocas de una reforma agraria siempre archivada y corazón del conflicto. En suma, matar la culebra por la cabeza, y no echarles tierra a las causas últimas de la violencia. Como ocurrió con la de hace 50 años, cuyos autores intelectuales jamás fueron juzgados y siguen pontificando. Otra diferencia: muchos colombianos vemos en la despolitización inducida de la sociedad un peligro para la democracia. El gobierno, en cambio, se ha graduado con honores en la ciencia de usar el señuelo de la antipolítica como arma de la peor politiquería.
por Cristina de la Torre | Jul 15, 2007 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Julio 2007
Un sentimiento de prepotencia que esconde cobardía mueve el gatillo de guerrilleros y paramilitares, autores del genocidio en Colombia. Machismo, se le llama en criollo. Epopeya enana de insurgentes que se plegaron al narcotráfico y a la guerra sucia; asesinatos en masa de un Jorge 40, personaje siniestro que osaría pasar por héroe de la cacareada Patria.
Héroes de la patria fueron, esos sí, los pensadores de la independencia fusilados por Morillo y cuyo espacio vinieron a ocupar los poderes provinciales alzados siempre en armas, para dejar su impronta belicista sobre dos siglos de República. Nuestra clase “dirigente” se afirmó en el poder militar de hacendados cuya peonada obraba a la vez como fuerza de trabajo, ejército particular y cauda electoral. Los señores de la guerra, hoy Mancuso y Jojoy.
Tal vez sobre este precedente redoblaría aquí su impacto la influencia corrosiva de los totalitarismos fascistas y comunistas. Pesaron los primeros en el espíritu que durante la violencia bifurcó a la dirigencia de los partidos entre liberales afectos al New Deal y simpatizantes de la Falange española. La acción intrépida y el atentado personal de aquellos tiempos parecen reencarnar en el verbo intrépido del ex ministro Fernando Londoño. Y en el ánimo de los lunáticos que hicieron del país un campo santo.
La intolerancia hirsuta del estalinismo-maoísmo-leninismo se enseñoreó sin dificultad de grupos guerrilleros que pronto devinieron sectas fundamentalistas, amigas de una revolución imaginaria e implacables aún con sus propios correligionarios. La juventud de mis días había mirado con respeto a los condiscípulos que abandonaban las aulas para empuñar el fusil, a la búsqueda de un país mejor. De ello, poco quedó.
Si el Frente Nacional obstaculizaba la expresión de opciones políticas distintas de las tradicionales, las guerrillas impusieron la lucha armada como posibilidad única para la izquierda. Y, para rematar, jefes hubo que descargaron sobre sus combatientes todo el rigor de una autoridad arbitraria. Escribe Jaime Arenas que en la infancia del ELN murieron más guerrilleros fusilados que en combate. La discrepancia ideológica y hasta la tardanza en “acampesinarse” o en coger el paso de la marcha por el monte llegaron a considerarse delitos contra la revolución.
Difícil calcular cuánto pesó esta atmósfera de “auténticos varones” en el padre Camilo Torres para que éste se lanzara, todo ingenuidad e inexperiencia, a morir en el intento de ganarse el arma en combate. En acto de arrojo forzoso, como si se tratara de uno más, moría Camilo a la vista del jefe, Fabio Vásquez, que increíblemente permitía así el sacrificio de un líder de masas que hubiera emulado con el poder de arrastre de Gaitán.
A Ricardo Lara, segundo al mando del ELN, lo ejecutó un comando de la organización en una calle oscura de Barranca. No le perdonaron a Lara que se hubiera separado de ella para encabezar un movimiento de izquierda legal. Se sacrificó la existencia de una izquierda democrática a la glorificación de las armas, a la ambición de figuración personal y de poder. Pueda ser que hombres como Francisco Galán reviertan esta triste historia en las conversaciones de La Habana.
El dogma de la lucha armada y la combinación de formas de lucha terminaron aupando el militarismo criminal que avasalló al país y que borra diferencias entre la guerrilla y el paramilitarismo. Sin tales referentes no se entendería la naturalidad con que estos ejércitos ilegales secuestran y ejecutan a sus víctimas o las dejan morir de selva. Ni se entendería la orden de la comandanta Karina de matar, porque sí, al hijo de Jaime Jaramillo, Comisionado de Paz de Antioquia. El machismo no conoce género.
Viril es bajar el arma que apunta a un humano indefenso, por el valor civil y la grandeza que ese acto encierra. Es hora de terminar esta guerra de verdugos y de erradicar el lenguaje beligerante que la alienta. No más guerra de vanidades.
por Cristina de la Torre | May 20, 2007 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Mayo 2007, Narcotráfico
El alegre compadrazgo de políticos con ejércitos de criminales apenas encubre el mar de fondo del narcotráfico, negocio multinacional acaso tan pujante como el del petróleo. El impacto del genocidio y sus horrores parece distraer las miradas del fenómeno que ha signado la desgracia del país. Los paramilitares y no pocos de sus aliados –que durante años alternaron la ilegalidad con la cheveridad en casa de familias prestantes- no son sino la punta del iceberg de una cadena económica que arranca en el narcocultivo y culmina en operaciones de alto vuelo en el mercado financiero internacional. Mercado protegido por paraísos fiscales de países que fungen como templo de la civilización y se escandalizan con la barbarie de nuestras banana republic.
También los paramilitares incursionaron en el narcotráfico, claro. Pero, no obstante la parcial desmovilización de las AUC, los carteles de la droga siguen intactos y vaya uno a saber qué círculos poderosos de nuestra sociedad andan en ello. O qué porcentaje de la población vive directa o indirectamente del negocio, con frescura que desafía a la ley y a las buenas costumbres. Mares de insatisfechos dirán que la droga les ofreció la salida en un país que hostiliza a su gente y ha expulsado a cinco millones de compatriotas por falta de empleo y de oportunidades.
Se sabe que en el origen está la alianza de narcotraficantes (para hacerse con la propiedad de la tierra) y autodefensas (para facilitarles la operación y protegerlos). Hace diez años, los narcotraficantes habían comprado más de cuatro millones de hectáreas en 409 de los 1.023 municipios de Colombia. Y no se sabe a cuántos se extiende hoy su dominio. Inversión rentable que permitía lavar activos y aprestigiaba a los nuevos contingentes sociales, la compra de tierra garantizaba, sobre todo, el control estratégico de los corredores de comercialización y exportación de la droga. El control económico, militar y territorial también daba cobijo seguro a laboratorios para producirla y dominio dictatorial sobre la menguada población que en ella quedaba.
Se desencadenó un proceso de hiperconcentración de la propiedad rural que para muchos significó venta obligada de sus fundos o desalojo violento. Se echó mano de la fuerza armada para operar toda una contrarreforma agraria en el breve término de 10 o 15 años. Máxime cuando no tardaron las guerrillas en agredir a los nuevos propietarios, bien por disputarles el control del territorio que también a ellas servía para contrabandear armas y sacar droga, bien por esquilmarlos mediante secuestro y extorsión.
Debido al asedio de la guerrilla, muchos propietarios vendieron sus fincas a precios irrisorios. Pero, según el investigador Alejandro Reyes, otros tantos latifundistas tradicionales se unieron al narcotráfico para refinanciar sus haciendas. En adelante, en el departamento del Magdalena, combinarían labores agropecuarias legales con el negocio de la droga.
Los paramilitares evolucionaron de simples peones dotados de armas cortas para defender fincas, a mercenarios profesionales de acción ofensiva para recuperar territorios con armamento de guerra. Al filo de su desmovilización, las AUC constituían verdaderos ejércitos financiados por narcotraficantes, empresarios y terratenientes tradicionales, que parecían controlar medio país, cada uno con su monopolio de la fuerza, de la justicia y de las finanzas públicas.
Por su parte, el llamado de las Fuerzas Armadas a formar autodefensas y su apoyo ocasional a los paramilitares legitimó la participación de estos últimos en una alianza antisubversiva que les mereció la simpatía del latifundismo tradicional, que además conservaba el poder político de las regiones.
La parapolítica no es, pues, sino el brazo político y militar de una purulencia descomunal que sólo desaparecerá con la legalización de la droga y una reforma agraria que haga justicia y modernice el campo.
