por Cristina de la Torre | May 20, 2007 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Mayo 2007, Narcotráfico
El alegre compadrazgo de políticos con ejércitos de criminales apenas encubre el mar de fondo del narcotráfico, negocio multinacional acaso tan pujante como el del petróleo. El impacto del genocidio y sus horrores parece distraer las miradas del fenómeno que ha signado la desgracia del país. Los paramilitares y no pocos de sus aliados –que durante años alternaron la ilegalidad con la cheveridad en casa de familias prestantes- no son sino la punta del iceberg de una cadena económica que arranca en el narcocultivo y culmina en operaciones de alto vuelo en el mercado financiero internacional. Mercado protegido por paraísos fiscales de países que fungen como templo de la civilización y se escandalizan con la barbarie de nuestras banana republic.
También los paramilitares incursionaron en el narcotráfico, claro. Pero, no obstante la parcial desmovilización de las AUC, los carteles de la droga siguen intactos y vaya uno a saber qué círculos poderosos de nuestra sociedad andan en ello. O qué porcentaje de la población vive directa o indirectamente del negocio, con frescura que desafía a la ley y a las buenas costumbres. Mares de insatisfechos dirán que la droga les ofreció la salida en un país que hostiliza a su gente y ha expulsado a cinco millones de compatriotas por falta de empleo y de oportunidades.
Se sabe que en el origen está la alianza de narcotraficantes (para hacerse con la propiedad de la tierra) y autodefensas (para facilitarles la operación y protegerlos). Hace diez años, los narcotraficantes habían comprado más de cuatro millones de hectáreas en 409 de los 1.023 municipios de Colombia. Y no se sabe a cuántos se extiende hoy su dominio. Inversión rentable que permitía lavar activos y aprestigiaba a los nuevos contingentes sociales, la compra de tierra garantizaba, sobre todo, el control estratégico de los corredores de comercialización y exportación de la droga. El control económico, militar y territorial también daba cobijo seguro a laboratorios para producirla y dominio dictatorial sobre la menguada población que en ella quedaba.
Se desencadenó un proceso de hiperconcentración de la propiedad rural que para muchos significó venta obligada de sus fundos o desalojo violento. Se echó mano de la fuerza armada para operar toda una contrarreforma agraria en el breve término de 10 o 15 años. Máxime cuando no tardaron las guerrillas en agredir a los nuevos propietarios, bien por disputarles el control del territorio que también a ellas servía para contrabandear armas y sacar droga, bien por esquilmarlos mediante secuestro y extorsión.
Debido al asedio de la guerrilla, muchos propietarios vendieron sus fincas a precios irrisorios. Pero, según el investigador Alejandro Reyes, otros tantos latifundistas tradicionales se unieron al narcotráfico para refinanciar sus haciendas. En adelante, en el departamento del Magdalena, combinarían labores agropecuarias legales con el negocio de la droga.
Los paramilitares evolucionaron de simples peones dotados de armas cortas para defender fincas, a mercenarios profesionales de acción ofensiva para recuperar territorios con armamento de guerra. Al filo de su desmovilización, las AUC constituían verdaderos ejércitos financiados por narcotraficantes, empresarios y terratenientes tradicionales, que parecían controlar medio país, cada uno con su monopolio de la fuerza, de la justicia y de las finanzas públicas.
Por su parte, el llamado de las Fuerzas Armadas a formar autodefensas y su apoyo ocasional a los paramilitares legitimó la participación de estos últimos en una alianza antisubversiva que les mereció la simpatía del latifundismo tradicional, que además conservaba el poder político de las regiones.
La parapolítica no es, pues, sino el brazo político y militar de una purulencia descomunal que sólo desaparecerá con la legalización de la droga y una reforma agraria que haga justicia y modernice el campo.
por Cristina de la Torre | May 12, 2007 | Iglesias, Mayo 2007
Una explosiva aleación parece cocinarse en Colombia, capaz de aniquilar lo que queda de democracia. Mezcla de fanatismo religioso y derecha política alentada cada vez más abiertamente desde el poder, su mayor peligro está en el caldo que la recibe: la naturalidad con que amplios sectores de opinión contemplan extremos de violencia e intolerancia que evocan momentos aciagos de la historia. En las democracias, el verdadero preámbulo a un régimen de fuerza es la predisposición de la opinión a aceptar la arbitrariedad, la injusticia, el horror. Sin ella, nada podría la caprichosa voluntad del Príncipe, siempre interesado en guardar apariencias de libertad y sindéresis. Y hábil, en nuestro caso, para tocar fibras de religiosidad silvestre elevando a mística la política de seguridad.
Registremos síntomas. El paramilitar Francisco Villalba describe cómo aprendió a descuartizar con personas vivas y declara que “no es bueno dedicarse a picar gente por mucho tiempo”. Lo bueno sería, tal vez, la economía de espacio y trabajo cuando a cavar fosas tocaban. Y la eficiencia para sacrificar víctimas –decenas de miles- como en genocidios técnicamente perpetrados en otros lares.
Cientos de fosas comunes se abren con sigilo para arrojar restos a los ríos. Se informa que Mancuso hizo desenterrar a un líder indígena para botarlo al Sinú. A renglón seguido, que el líder de las AUC “condiciona” la entrega de bienes a que no se juzgue a sus lugartenientes. Mientras tanto, políticos amigos de paramilitares siguen proclamándose uribistas y el Presidente, en lugar de sacudírselos cuando se los denuncia, condena y persigue al denunciante. Desconceptúa a la oposición que pone el dedo en aquella llaga repulsiva; y confiesa, como un triunfo de la virilidad, que su gobierno espía a la oposición. Pero, oh sorpresa, al punto sabemos que la popularidad del Presidente no baja del 80%.
Algo hay aquí de teflón, algo de manipulación mediática. Pero otro tanto de reacción contra guerrillas que perdieron hace rato su razón de ser y cayeron en el vértigo de la guerra sucia. ¿Quién responde por las 119 víctimas inocentes que murieron en la iglesia de Bojayá a manos de las FARC? Muchos colombianos ven pasar también, como alelados, el quinto aniversario de esta masacre.
A la par que el Presidente subestima el compromiso de prosélitos suyos con hechos que repugnan al mundo civilizado, comparte las posiciones más conservadoras de la jerarquía católica y le permite violar los fueros del poder civil. Como si la Constitución no prohibiera –por fin!- imponer la educación religiosa, la ministra de esa cartera reconoce que, tras prolongada discusión, fue “forzada” por los obispos a reglamentar la clase de religión en los colegios. Alarmante involución a la constitución decimonónica de Núñez, santo de la devoción del presidente Uribe.
Pero ya desde principios de su gobierno había instado él a la juventud a dejar el “gustico” para después; así como la Iglesia recomienda a sus fieles la abstinencia y califica de descarada la campaña de la Alcaldía para fomentar el uso del condón en los colegios. Elocuente desliz en su propensión a invadir la vida y la moral privadas. “No se puede hacer en pleno siglo XXI lo que hacía Hitler hace 60 años”, apuntaría el senador Helí Rojas. Olvidó mencionar la apelación a los vocablos “Dios” y “Patria”, tan socorridos en regímenes que funden en uno solo el poder de la Iglesia y el del Estado, las teocracias.
Peligrosa mezcla de religión y política. En Europa se anhelaba el fascismo, un autoritarismo de orientación religiosa, antes de que se inventara aquel término. Ese sentimiento ha vuelto a surgir. Con Bush se abrió paso en Estados Unidos la alianza entre neoconservadurismo y la derecha cristiana. Un clima fascista que derivó en guerra santa. ¿Estaremos los colombianos en peligro de padecer idéntica experiencia?
