por Cristina de la Torre | Mar 29, 2011 | Modelo Político, Internacional, Personajes, Marzo 2011
No salió con nada. Se esperaba que su discurso en Chile replicara la envergadura del que pronunciara Kennedy en 1961 al lanzar la Alianza para el Progreso, en perspectiva de cooperación igualitaria con América Latina. Obama se limitó a los cumplidos de rigor y a repetir que apoyaría el TLC con Colombia y Panamá. Precisamente la antípoda de la divisa socialdemocrática de aquella Alianza que propugnaba la industrialización del subcontinente y no la desindustrialización que el libre mercado entre dispares traería. Daño que los tratados “igualitarios” de comercio entre sardinas y tiburones consumarán. Lejos de consagrar el libre mercado, estos tratados legitiman sus defectos; desnaturalizan el modelo ideal de libre cambio, pues en su tremenda asimetría sólo favorecen al más fuerte. Otra cosa había planteado Kennedy: que el comercio internacional dejara de ser un medio para avasallar el desarrollo del aliado y, en cambio, lo impulsara.
Si Obama peca por omisión, Luis Alberto Moreno, presidente del BID, interpreta a su acomodo la propuesta de Kennedy: insinúa que la economía de mercado –tal como se impuso aquí- es fruto y trofeo de la Alianza para el Progreso. (El Espectador, 20-3) No. Sabe él, y todos saben, que aquel mandatario empeñó buena parte de su prestigio en el propósito de rescatar a las mayorías sojuzgadas de América Latina. Preocupación por completo ajena a los promotores de la economía de mercado en la región. En los últimos 20 años, este modelo se orientó a encubrir la desigualdad creciente con asistencialismo. El crecimiento económico sería banquete exclusivo de los ricos. De importadores y banqueros y especuladores, pues la economía productiva languideció. No hay, pues, solución de continuidad entre la Alianza para el Progreso y la economía de mercado que vemos hoy, como Moreno lo quisiera. Antes bien, la ruptura fue radical.
En tiempos de Kennedy -como ahora- la disyuntiva en América Latina se formulaba entre desarrollo y subdesarrollo, entre países ricos y pobres, entre economías tecnificadas y atrasadas. La clave era la industrialización. El recién elegido presidente de los Estados Unidos pensaba que el desarrollo era problema internacional y deber moral de los países avanzados. Pero exigía también cambios en la estructura de la sociedad y de la economía regional. Transformaciones que sólo serían dables con reformas agraria y tributaria llamadas a redistribuir la tierra y el ingreso; con planificación y con un enérgico protagonismo del Estado. Su pareja natural sería una mejoría sustancial en vivienda, educación y salud para toda la población.
Verdad es que entonces la revolución cubana amenazaba extenderse hacia el continente entero. En la iniciativa de Kennedy pesó también la urgencia de salvar el capitalismo, democratizándolo: “si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos que son pobres –dijo-, tampoco podrá salvar a los ricos que son pocos (…) Los que hagan imposible la revolución pacífica harán inevitable la revolución violenta”. Sean cuales fueren sus motivos, la reacción de las oligarquías petrificadas en sus privilegios desde la Colonia daría la medida de aquella revolución pacífica. En Colombia, por ejemplo, jamás prosperó la reforma agraria que se ensayaba por doquier.
Las cosas han cambiado, claro. Pero el desafío sigue siendo la industrialización. Y ésta tendrá que recomenzar venciendo la desindustrialización operada al amparo del modelo de apertura, tan caro al presidente del BID. Brasil es buena muestra de un país que supo armonizar su estrategia industrializadora –que nunca desmontó- con las nuevas dinámicas del comercio internacional: resolvió la globalización a su favor. Dura lucha le espera a Obama contra la derecha de su país, para poder emular a Kennedy. La misma que enfrenta todavía al capitalismo democrático con el neoliberalismo vergonzante.
por Cristina de la Torre | Mar 22, 2011 | Izquierda, Corrupción, Marzo 2011
Razones sobran. Ineptitud, despilfarro, improvisación, corrupción y el loco empeño en destruir también el último corredor semitransitable que le queda a Bogotá: la carrera séptima. Vía para un transmilenio cuyas obras se inician no ya en mayo sino en julio. Quedará taponada por un año la única conexión del centro con el norte de la ciudad, cuando ésta se encuentra virtualmente colapsada por casi 300 obras emprendidas a la vez y que no avanzan. Para no mencionar la mafia de sanguijuelas que se reputan contratistas del Distrito, los Nule a la cabeza, que dicen haber pagado comisiones al alcalde y a su hermano sobre el contrato de la calle 26. Si no penal, a Samuel Moreno le cabe responsabilidad política y ante la sociedad por tres años de desafueros y torpezas que convirtieron la capital en un infierno, y cualquier democracia cobraría con el puesto del burgomaestre.
Angélica Lozano, ex alcaldesa de Chapinero y líder del movimiento cívico La Séptima se Respeta, ha demostrado con lujo de cifras y argumentos que el alcalde improvisa: se precipita a adjudicar el contrato de la séptima sin plan ni estudios suficientes; sin diseños para la estación multimodal de la calle 100; sin haber comprado los predios respectivos; sin puente sobre esta calle que resista el peso de buses biarticulados de 40 toneladas, ni el tiempo necesario para programar a derechas y gestionar esta obra gigante de renovación urbana. La sola expedición de licencias de construcción para montar el terminal de la cien puede demorar años, como años ha durado el trámite de la Estación Central de Transmilenio. En efecto, Lozano prueba que los diseños y planos no están listos. Dizque se harán conforme avance la obra, de donde resultarán sobrecostos astronómicos como los de la 26. Manes del novel sistema de contratación que acorrala al Estado y le deja uña larga a la contraparte. Del alcantarillado, ni hablar. Como el sistema se reventaría, se sabe ya que sería necesario intervenir el 72% de la red, con un costo aproximado de 20 mil millones; mas para este rubro sólo se destinaron 3 mil. Los andenes se reducirían todo lo más a metro y medio. Y la ciclovía, envidia de cien ciudades, desaparecería.
En el chamboneo de una obra abortada, el despilfarro de dinero alarma. Entre estudios repetidos o inútiles, sobrecostos y concesiones al abusivo monopolio de los transportadores, Maria Teresa Ronderos calcula en 350 mil millones el derroche de Samuel. Serían 175 mil pesos arrancados a cada hogar bogotano por las mirrias señaladas. Y no hay datos de “otros municipios”. Entre tanto hueco y buldózer, vaya uno a saber cuánta plata se ha arrojado por el caño. O cuánta se embolató en seisporcientos sobre contratos. Los de Nule son apenas parte de la feria.
Tanta indelicadeza pone al Polo en entredicho. Sobre todo por la doblez de sus directivas que, presumiéndose alternativa a la corrupción, encubren al bandido, le echan tierra a la carroña que ronda la Alcaldía y vociferan contra los colegas que la denuncian. Conspiradores los llamaron, aliados de la extrema derecha. Como la Dirección conservadora cuando se sorprendió a parlamentarios suyos en saqueo de lo público: se dijeron víctima de persecución política. El jefe del Directorio azul meneó el caballito de moda, tal como lo hicieron los jefes del Polo: mientras los jueces penales no sentencien, los acusados son angelitos. Como si no existieran control político y sanción ciudadana. Para Carlos Vicente de Roux, nuestra política se ha hiperpenalizado; se pretende subordinar la sanción política del electorado a una condena judicial previa. Diríase que en el caso de Bogotá la ciudadanía no tiene por qué esperar el fallo de los jueces. Le sobrará con las ejecutorias del alcalde para cobrarle con la renuncia la responsabilidad política que no asume.
por Cristina de la Torre | Mar 15, 2011 | Política agraria, Marzo 2011
Ardida andará la ultraderecha que ve menoscabarse su poder, edificado con fruición en los años de la seguridad democrática. Y no sólo porque desespere de salvar el pellejo cuando se la sorprende en el saqueo de entidades públicas que había recibido como coto de caza del gobierno anterior; a veces de consuno con la mafia, caso de la Dirección de Estupefacientes. O porque resienta la pérdida de su poder burocrático, como lo lloraba el senador conservador Eduardo Enríquez. Será sobre todo porque, con su política agraria, Santos irrespeta emblemas sagrados de las fuerzas que consolidaban el mayor despojo de tierras en Occidente durante el último siglo, mientras sufragaban por el mandatario que nunca rechazó sus votos. Primero fue el plan de choque de la restitución de tierras en Montes de María, santuario del paramilitarismo, símbolo ominoso de la contrarreforma que concentró aún más la tierra y expulsó a cuatro millones de campesinos. Ahora vendría la contracara del modelo Carimagua, tan caro al entonces presidente Uribe, a su ministro Arias, al puñado de empresarios agraciados no ya apenas con subsidios a manos llenas sino con las tierras del Estado. Pues Santos acaba de entregar las 17 mil hectáreas a 500 familias de desplazados que se asociarán en una empresa agroindustrial con apoyo múltiple del Estado. Se montará allí un proyecto piloto de desarrollo integral que pueda replicarse en toda la Orinoquia.
Adelanto de la ley de Tierras, la complejidad del proyecto de desarrollo de la Orinoquia y su afianzamiento institucional indican que, para el Gobierno, la entrega de tierras no basta. Desde Carimagua despega una estrategia de desarrollo con asistencia técnica, investigación aplicada y proyectos productivos sostenibles. Habrá megaobras de infraestructura como la carretera entre Meta y Vichada que facilitará el comercio de carga por Venezuela. Juan Manuel Ospina, director de Incoder, explica que los suelos ácidos de la Orinoquia podrán adecuarse, como lo hizo Brasil con los suyos, hoy sin par en la agricultura tropical del mundo. También el Vichada promete convertirse en gran despensa de alimentos. Motor del modelo serán campesinos organizados y asociados en proyectos empresariales productivos. Que no excluyen grandes proyectos agroindustriales, en convivencia –que el gobierno quisiera funcional- con la agricultura campesina, esta vez asociada y modernizada. Mas para que ésta resulte competitiva y no se la devoren los mayores, habrá de ser subsidiada. Y los grandes empresarios tendrán que pagar, por fin, impuesto predial ajustado al valor de la tierra y sus beneficios. La perspectiva es la del desarrollo planificado, según una estrategia nacional concertada con las regiones.
Si el de la Orinoquia se insinúa como modelo de repoblamiento planificado en perspectiva de desarrollo, en otras regiones éste no sería viable sin tocar la excesiva concentración de la tierra. La estructura agraria se interpone al desarrollo. En Colombia se explota apenas la tercera parte de su potencial agrícola. La ganadería bien podría contraerse a la cuarta parte del área que hoy ocupa. Ricardo Bonilla (Razón Pública) sostiene que, de recuperarse el uso productivo de las tierras ociosas, la agricultura le daría al país seguridad alimentaria y produciría excedentes de exportación. Habría que fomentar la producción de alimentos, operar una transformación agroindustrial en el campo y modernizar la ganadería para cederle tierras a la agricultura.
La reacción siente esta incursión del Gobierno en Carimagua y Montes de María como sal arrojada a las heridas. Pero las encuestas consolidan un 74% de colombianos que respaldan la restitución y la ley de Tierras. ¿Se atreverán sus enemigos a contradecir la opinión de mayorías que dimensionan ya el horror de la violencia y el despojo?
por Cristina de la Torre | Mar 8, 2011 | Partidos, Personajes, Marzo 2011
Muchos le endilgan ahora al pobre Uribe el maquiavélico propósito de dividir a los Verdes, sólo porque aquel respaldó la candidatura de Peñalosa a la alcaldía de Bogotá. Pero, en rigor, el ex presidente se ha limitado a hacer política. Política a la manera como se practica aquí: sin principios y a codazos. Y como la ejercen otros también en la ola del no todo vale, cuando pretenden devorar por el atajo, subrepticiamente, los votos del uribismo, sin fungir de uribistas. Quieren sellar alianza con el campeón de la politiquería y el abuso del poder sin que se note mucho. Como si el credo y las prácticas del uribismo no se materializaran, precisamente, en las carnitas y los huesitos del héroe del Ubérrimo. Como si éste ofreciera gratis su cauda electoral. Bien podrían los jefes verdes confesarse pragmáticos a la usanza tradicional; pero entonces no deberían presentarse como cruzados sin mácula de la ética pública, terror del clientelismo, la corrupción y el delito. Se pregunta Juanita León en La Silla Vacía si los Verdes podrán mantenerse cerca de Uribe y, a la vez, lejos de toda la corrupción que rodeó su gobierno. Si podrán aceptar a Uribe pero no a los partidos que conformaron Primero Colombia (Alas, Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática), cuyos parlamentarios terminaron, casi todos, juzgados por parapolítica.
Que Peñalosa fuera uribista y convidara a Uribe a ser su coequipero no sorprende. Él nunca lo ocultó. En cambio Mockus ha querido serlo sin parecerlo, cuando conviene, en elipses misteriosas que terminan por trocar sus vacilaciones en pasaporte hacia una alianza capaz de pulverizar el partido en ciernes. Los hechos hablan solos. En enero pasado, la dirección nacional del partido Verde decidió por mayoría –Mockus comprendido- aceptar el apoyo de Uribe para ganar la alcaldía de Bogotá. Apunta León que en ninguno de sus comunicados públicos ha rechazado Antanas ese aliado. El 28 de febrero, en el lanzamiento de la candidatura de Peñalosa, Mockus se ratificó: “Mis diferencias con Uribe –dijo- no están por encima del bien de la ciudad”. El exmandatario captó el mensaje y se lanzó en brazos de la oportunidad. Designó a Lozano y a Zuluaga para “emprender diálogo con el doctor Peñalosa”. Y trazó los ejes de un programa de gobierno para la capital. Peñalosa saludó conmovido el apoyo del amigo “que tiene una gran acogida entre los bogotanos”. Gilma Jiménez, senadora votadísima de los Verdes, “celebra y agradece” que Uribe designara a estos “respetables líderes” de la U para conversar con los Verdes. Pero la Ola Verde se sublevó. Muchos se sintieron traicionados por la reencarnación de Uribe en el candidato de su partido. La parlamentaria Ángela Robledo escribió: “No en mi nombre se negocian los principios… no queremos que se nos ofrezca vino viejo en odre nuevo”. Entonces Mockus “confió” en que “Peñalosa (guardaría) distancia con el todo vale”. Mas la suerte estaba echada. Su oferta de cuidarle a Uribe los huevitos laceraba la memoria de los Verdes y situaba más atrás el origen de la alianza que fructificaba hoy. A titubeos parecidos se atribuyó la derrota colosal de Sergio Fajardo en las elecciones de marzo pasado, por servir a la vez a Dios y al diablo.
No es Uribe el que divide a los Verdes. Es la inconsecuencia, la abulia, la torpe astucia de sus jefes. Incapaces de transformar una rica promesa contestataria en opción de poder, a Uribe le bastó dar el pastorejo de gracia a este castillo de naipes descoloridos que es el movimiento Verde. Pero Mockus se permite una declaración final que parece broma de teatro pánico: dizque quisiera que “el proceso de acercamiento de la U no afectara nuestra identidad y nuestro rigor”. ¿Cuál identidad? ¿Cuál rigor? Bien le cantaría el bardo: si el ‘no-todo-vale’ vale nada, el resto vale menos.
por Cristina de la Torre | Mar 1, 2011 | Política agraria, Actores del conflicto armado, Marzo 2011
Acosado por el ejército y por el rencor de los colombianos, ‘Alfonso Cano’ declara que las políticas de Santos para el campo abrirían el camino de la paz. El Presidente, por su parte, ha explicado que la idea es “iniciar con acciones un verdadero proceso de paz”. Cuentas de un rosario de coincidencias que van desde semejanzas de fondo en materia agraria hasta galanteos de ‘Cano’ con la ley de Víctimas y restitución de tierras que esta semana inicia su jornada final en el Senado. Tan notoria sintonía movió a la Alta Comisionada de la ONU en Colombia a ponderar los posibles acercamientos de paz entre Gobierno y guerrillas. Algo sugiere que Santos les arrebata a las Farc su legendaria bandera agraria para allanar el camino de la paz, mientras el jefe guerrillero pretende izarla de nuevo para negociar una paz con honor. Enhorabuena, si no fuera ésta otra treta de las FARC para ganar oxígeno en la guerra, sino un intento por rescatar el último vestigio de política que les quedara antes de convertirse en banda de forajidos.
Todo comenzó en la posesión del Presidente, cuando ofreció mantener a mano la llave de la paz. Luego se comprometió a devolver cuatro millones de hectáreas usurpadas a sus dueños, “así en ello me fuera la vida”. En diciembre declaraba ‘Cano’ que la ley de víctimas “contribuiría a la solución del conflicto”; y habló de “una ley de Tierras moderna, con visión estratégica, sembradora de paz”. Sobre su propuesta de crear empresas asociativas en el campo, explicó Santos: “luchar contra la guerrilla no se opone a tener una agenda de izquierda”. En desarrollo del plan de devolución de tierras, el Gobierno ha entregado a la fecha unas 200 mil hectáreas y espera titular 500 mil este año. Refiriéndose a la ley de Tierras que se avecina, el ministro de Agricultura apuntó que por primera vez en la historia del país se implementará una política integral de tierras y desarrollo rural. Habría, pues, restitución y desarrollo agropecuario; con crédito blando, apoyo tecnológico y sistemas modernos de comercialización.
A tono con la expresión de las FARC en su Octava Conferencia de 1993 que reivindica “el pago de la enorme deuda social… con las grandes mayorías desfavorecidas”, este Gobierno funda su reformismo agrario en la voluntad de “saldar la duda social” con los expulsados de sus fundos. Afinidades hay también en el referente histórico. El ministro Restrepo recoge el principio de la función social de la propiedad de López Pumarejo. Ya la Comisión Temática de las FARC señalaba en 2001 que “la ley 200 de 1936 (fue) el primer intento serio y moderno en la historia de Colombia, tal vez el único, de solucionar las agudas desigualdades en el campo, con una reforma agraria antilatifundista”. Desde su nacimiento en 1964 y cuandoquiera que hablaron de política, las FARC reclamaron la tierra para el campesino. Y su proyecto agrario es de corte liberal, como liberal es el de Santos. La Comisión Temática cifra las posibilidades de “reconciliación nacional” en un modelo que liquide las trabas del latifundio e impulse el desarrollo de la producción agropecuaria e industrial del país. La Octava Conferencia insistía en la democratización del crédito, en asistencia técnica y mercadeo.
Y en la redistribución de la propiedad en el campo. Punto crucial que no contempla el gobierno de Santos y que, según Absalón Machado, dejaría coja su reforma. Los propagandistas de la derecha dirán que reasignar tierras inexplotadas es comunismo. Pues comunistas no fueron López Pumarejo ni Carlos Lleras ni la CEPAL ni la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, que esto propusieron. Pero en Colombia estamos. De momento, la sola aproximación de las partes hacia una idea común de justicia y desarrollo en el campo abriría horizontes de paz. Así la restitución le resulte al latifundismo tan intolerable como la paz.
