por Cristina de la Torre | Ago 31, 2010 | Modelo Político, Uribismo, Narcotráfico, Corrupción, Actores del conflicto armado, Agosto 2010
Un país descuadernado, preñado de malhechores que se ríen desde todas las posiciones del poder, recibe el nuevo Gobierno. Reformista o neoliberal, democrático o tiránico, pulcro o corrompido, sea como fuere, no podrá ignorar esta realidad abrumadora. Pero 84% de aprobación para un Presidente que debuta con bandera de reforma agraria integral sugiere que la gente espera un viraje, no continuidad. Y el cambio, que se reputa de cuño genuinamente liberal, implica vencer la fortaleza que políticos y narcoparamilitares han levantado para adulterar la democracia y rediseñar la fisonomía del Estado, con un fin preciso: si emergentes, enriquecerse; si dueños de heredad, acabar de llenar la bolsa. Impostando respeto a la ley, claro. O a bala.
El diagnóstico de Claudia López permite imaginar los alcances de la lid que se aproxima. Con un acervo impresionante de documentación, en el libro Y refundaron la patria sigue ella el curso de las relaciones entre mafia y política, saga de violencia que redundó en cooptación de medio Estado por iniciativa recíproca de “legales” e “ilegales”. Ya desde el escenario de la legalidad, ya moviendo cuerdas tras bastidores, actuaban todos en pos de idéntico desenlace: capturar la administración del Estado y sus recursos, darle a su poder figura corporal en la política. Tarea de mérito menguado, se diría, pues los cruzados de la nueva patria no encontraron resistencia en el gobierno que, más bien, los acogió como pieza madre de su proyecto histórico. A un tercio del Congreso llegó la representación del paramilitarismo. Y casi todos los 102 parlamentarios investigados por ese cargo eran uribistas. “Los ilegales, escribe López, no eran tan clandestinos. (Contaron) con toda una gama de personas ‘de bien’ y una enorme estructura política para promover sus objetivos en todos los niveles territoriales, políticos e institucionales”.
En el origen del matrimonio obró la resistencia de los notables de provincia al surgimiento de nuevas fuerzas que amenazaban el monopolio de los feudos tradicionales del bipartidismo, porción grande de los cuales sería bastión del narcotráfico. Obró también la pérdida en 1986 del estatus legal de las autodefensas (abrigo de gamonales y narcotraficantes), y su renacimiento diez años después en las “Convivir”. De todo ello, sostiene la investigadora, derivaron necesidades e intereses complementarios entre elites políticas, mafiosas y armadas: unos necesitaban defenderse (del secuestro), otros administraban chequera y ejércitos para ofrecer protección. Unos medraban en los órganos de la política, otros necesitaban acceder a ellos para blindar el negocio, validar sus intereses y evitar la extradición. Resultado final, una contrarreforma agraria sangrienta; y la parapolítica, con su prontuario de coacción armada y fraude electoral.
Las mafias catapultaron la corrupción pública hasta fronteras insospechadas. Sostiene la autora que del clientelismo, el cohecho y el soborno se pasó a la captura masiva de recursos y negocios públicos en la fuente, mediante cambios legales, exenciones tributarias, concesiones, contratos de estabilidad jurídica, zonas francas y carteles de contratación. Todo bajo un manto de legalidad.
Los jefes del paramilitarismo cayeron en desgracia y los agraciados resultaron ser los políticos y gamonales más propositivos en aquella alianza con el crimen. Sórdido notablato aderezado ahora de narcos, legitimado por un Gobierno que le dejó avanzar en 8 años lo que no hubiera logrado en 30. Fuerza reaccionaria ésta del uribismo duro, que Santos y su Ministro Restrepo parecen dispuestos a enfrentar por el flanco que a Colombia más le duele: la tierra. Acaso ese 84% dijera del hastío general con tanta desmesura. Y que, de persistir, el Gobierno no estaría solo.
por Cristina de la Torre | Ago 24, 2010 | Narcotráfico, Política agraria, Corrupción, Agosto 2010
En iniciativa que marca el mayor contraste con el conservadurismo atrabiliario del pasado Gobierno, el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anuncia una reforma agraria que apunta a la tenencia de la tierra, corazón del conflicto armado. Restitución de tierras arrebatadas a sus dueños, redistribución y formalización de la propiedad rural, y una estrategia de desarrollo productivo del campo cimentada en el campesinado menor constituyen la nuez de un proyecto que sorprende y enciende una luz al final del túnel. La propuesta del Gobierno guarda proporción con una historia de horror tejida en torno a la propiedad rural, que ensanchó sin medida los fundos de siempre, incorporó nuevos contingentes de terratenientes forjados al calor del narcotráfico y sus ejércitos y expulsó a cuatro millones de campesinos en los últimos ocho años. Sin contar los muertos. La Fiscalía calcula que en dos décadas el número de muertos de esta guerra asciende a 165 mil; las masacres de campesinos, a 1.300; y los desaparecidos, a 31 mil. Las dictaduras del Cono Sur, juntas, arrojaron 10 mil desapariciones forzosas.
Restrepo declara su decisión “firme e irreversible” de llevar a cabo una reforma que aún las democracias más imperfectas acometieron en su hora. Acaso adivine rugidos desde la caverna. Es que devolver tierras usurpadas; descorrer el velo de los testaferros; entronizar un modelo de desarrollo agrícola que prefiera subsidiar y dar crédito al labriego y no tanto al empresario grande del campo; poner al latifundista a producir y a pagar impuesto predial –por módico que resulte-, todo ello les parecerá afrenta, anatema, a los consentidos del poder que cohonestó todos los privilegios y excesos de una satrapía: en Colombia, el 4% de los propietarios controla el 61% de las mejores tierras. “Todo esto, añade Restrepo, requiere decisión política, coraje, valentía. No faltarán las amenazas y la intolerancia, pero el Gobierno sigue adelante”.
Tremendo desafío se impone, en el país del Sagrado Corazón y a la Virgen de los sicarios. En sintonía con los aires de su tiempo, intentó López Pumarejo una reforma agraria liberal y el latifundismo respondió con la Violencia. Tres décadas después Carlos Lleras insistió, para ver naufragar la reforma en Chicoral, año de 1973, arrollada en la revuelta del mismo latifundismo de escapulario y fusil. Hoy recoge Santos la bandera, cuando una derecha agresiva de políticos y empresarios que cooptaron a los paramilitares controla porción considerable del Estado, y vio legitimado su poder por el régimen que le había aceptado plata y cauda electoral. A su radicalización contribuyó –gloria inmarcesible de la guerrilla- la criminal secuestradera de hacendados por las FARC y el ELN. Entonces la guerra de autodefensa lo justificaría todo. La contrarreforma de Chicoral se amplió, escudada por los ejércitos del narcotráfico. Alias Pitirri, testigo de la parapolítica, sintetiza así el fenómeno: “unos iban matando, otros comprando (tierras) y otros legalizando”.
Pero el país ya no resiste el espectáculo de tanta tierra sin hombres y tantos hombres sin tierra. Ni el adefesio de una guerra interminable que en los últimos ocho años representó un gasto militar de cien mil millones de dólares, según cálculos del economista Diego Otero. Sentimientos difusos que reclaman expresión organizada de los colombianos, si de salvar este tercer intento de reforma agraria se trata. Un símbolo alimenta la esperanza: el agudo contraste entre la desvergüenza ofensiva del ex ministro Arias, y la solvencia, la honradez y el carácter que respira Juan Manuel Ospina, el nuevo director de Incoder. Con semejante puntal, si no flaquea la voluntad política y se moviliza la sociedad, habrá reforma.
por Cristina de la Torre | Ago 17, 2010 | Modelo Económico, Internacional, Corrupción, Agosto 2010
Bajo tierra, en cajas fuertes a prueba de bombas, acorazadas de tecnología, la banca suiza brinda abrigo y secreto a miles de tarjetitas de papel que representan a otros tantos clientes cuyos nombres no coinciden con el número de su cuenta bancaria. Así se protegen el producto monumental del narcotráfico y capitales de tamaño parecido que huyen de sus países para evadir impuestos. Clientes del mundo entero confían sus haberes bajo cuerda a banqueros de la honorable Suiza: caballeros de dos metros y manos pulcras que, no obstante, acusaron manchas cuando se descifraron cuentas cifradas y nombres y el santo y seña de quince mil magnates norteamericanos. Fue hace dos años. Traicionando a UBS, Banco insignia de Suiza, el norteamericano Bradley Birkenfeld, ex funcionario de la entidad, destapa los secretos de éste, el rey de los paraísos fiscales. Michael Bronner registra en el Global Post los hilos de la trama que había burlado a todos los órganos de seguridad en Occidente: información sobre cuentas clandestinas de terroristas, dictadores, traficantes de armas y de drogas. Y de potentados que evaden impuestos y especulan a sus anchas, mimetizados en el torrente financiero que hace treinta años viaja sin control por el planeta.
El fraude fiscal al gobierno de Estados Unidos alcanzaba en 2007 unos 20 mil millones de dólares en cuentas no declaradas que al UBS le reportaban ganancias de 200 millones de dólares al año. El descubrimiento le abrió la primera tronera al secreto bancario en 150 años. Le dio a Obama argumentos para acometer la más audaz reforma financiera que su país conociera en un siglo. Desencadenó un terremoto político en la comunidad internacional: en momentos de hecatombe financiera, el G20 exigió intervención de los Estados en el sector y descorrer el velo de la banca que medraba a la sombra de los paraísos fiscales. Se dijo, además, que el intento de erradicar el narcotráfico despenalizándolo no prosperaría si no se caía sobre la meca de su producido, los paraísos fiscales. Que en este caso, la neutralidad, el silencio o el desprecio por el origen de los fondos allegados configuraban complicidad con el crimen. Y es que gran parte de ellos son lavado de dinero del narcotráfico. El Fondo Monetario Internacional calcula en 350 mil millones de dólares al año el monto de la lavatija en los 17 santuarios más reputados por su verticalidad en la preservación del secreto bancario.
Indicio de que muchos capitales colombianos se habrían fugado hacia allá sería la respuesta atronadora que en 1992 se le dio a la amnistía patrimonial y tributaria que el gobierno de Gaviria ofreció por repatriación de bienes ocultos. Millones llegaron de Panamá, de Islas Caimán y las Bahamas. Pero estrategias de industrialización no había ya, o eran precarias. Ni las hubo más. A qué tener el dinero aquí, se preguntarán industriales que derivaron en importadores y, tantos, en rentistas o en especuladores. Mientras tanto, Santos anuncia un plan de choque para “motivar” a los empresarios a crear empleo. Medidas para reorientar el destino de las regalías regionales. Y, tal vez, revisar las exenciones y gabelas que en estos años se les concedieron a grandes empresarios. Enhorabuena. Pero si de conjurar la pobreza y la desigualdad se trata, una mirada más abarcadora se impone. ¿Acaso el desarrollo no requiere un plante de capital de inversión en sectores productivos que las multinacionales se ahorran? ¿Habrá recursos de colombianos en los paraísos fiscales? ¿Dónde anda la plata? Y, sobre todo, ¿habría voluntad política para revivir el IFI (Instituto de Fomento Industrial) que Eduardo Santos creó cuando en este país se pensaba en crear oportunidades de inversión?
por Cristina de la Torre | Ago 10, 2010 | Uribismo, Corrupción, Agosto 2010
Epílogo de la era Uribe, dos escenas contrapuestas permanecerán incrustadas en la retina de los colombianos. Una, el aplauso de tres mil personalidades al mandatario saliente, gestor de triunfos resonantes contra las FARC, en la Plaza de Bolívar, durante ceremonia de posesión de Juan Manuel Santos. Otra, desde las escalinatas rojas de Palacio, flanqueado por dos muchachos aturdidos bajo el peso del amor paterno, Uribe se permitía un último ultraje –brutal- contra un magistrado de la Corte. Yesid Ramírez, vocero del órgano supremo de la Justicia, había ordenado compulsar copias para investigar al hijo del Presidente por presunto tráfico de influencias en la designación de una notaria, cuando notarías se feriaban para hacer reelegir a su papá. El hecho –si se dio-, odioso como ninguno por favorecer a la familia presidencial, puro abuso de poder, empañaría la gloria militar del expresidente, y evocaría los modos y alcances de la corrupción en este gobierno. Que son enormes, y crecieron aún más cuando Uribe modificó la ley de contratación pública para favorecer a los particulares.
La pobreza en Colombia no deriva sólo de políticas que miman a los ricos y abandonan a los pobres a su suerte. El robo de los recursos públicos pesa, y mucho. Entre 1985 y 2005, mientras los ingresos municipales crecían en la Guajira nueve veces y media, las Necesidades Básicas Insatisfechas crecían también tres veces y media. Es decir, se hinchaban las arcas de las alcaldías y, a la par, se degradaba la vida de la gente. En tierra de regalías. De 1994 a la fecha, el país generó 50 billones por ese concepto. 77 entidades acapararon el 95% de ellas, pero hoy ocupan los mayores rangos de pobreza. Ineficiencia y corrupción.
Descentralización fiscal sin controles suficientes, entrega de las tareas del Estado a negociantes de toda laya y colonización de la administración pública por el narcotráfico convierten a Colombia en un Estado de Corrupción. El concejal De Roux sostiene que la contratación pública acusa en Colombia un estado general de descomposición. Desmantelado el Estado, en 15 años los recursos disponibles para contratistas particulares se multiplicaron por seis. Surgió una verdadera mafia de contratistas, con oficinas de intermediación y estructuración de licitaciones, que financian campañas, ponen funcionarios públicos, controlan bancadas y sobornan a los representantes de la ley. En convocatorias y concursos arrasan, no los que saben el oficio, sino los que saben ganar licitaciones. Y, claro, nada funcionaría sin participación de funcionarios oficiales.
De ello hablan hechos recientes. La licitación de la Transversal de las Américas se adjudicó a la brava, a dos días de finalizar el gobierno, burlando el concepto de todos los organismos de control y denuncias de sobrecostos de medio billón. Del mismo tenor fue la adjudicación de la Ruta del Sol el 22 de julio pasado. “No se sabe –diría el editorialista de este diario- si el Ejecutivo intervino más de la cuenta o si los comités evaluadores están comprados (o si) el dinero se filtró a los organismos de control… nada queda claro”. Por errores en el contrato, la doble calzada Bogotá-Girardot ha reajustado su monto 15 veces, siempre en contra del Estado. De Bogotá, ni hablar, donde un cartel de la contratación compromete al hermano del Alcalde.
Santos ofreció gobernar en una urna de cristal, con un estatuto integral anti- corrupción. Ya en la campaña puso el dedo en la llaga: impedir la prescripción de los delitos contra el erario público. Si hace unos años siete millones de colombianos se lanzaron a las calles contra las FARC, en la primera vuelta de las pasadas elecciones se pronunciaron contra el todo-vale. Sin derrotar la corrupción no podrá edificarse un nuevo país.
