por Cristina de la Torre | May 26, 2015 | Conflicto armado, Conflicto interno, Proceso de paz, Actores del conflicto armado, Mayo 2015
Es como el tic siniestro de una fatalidad que hizo de la crueldad una fiesta contra la población del campo. En Urabá, epicentro del despojo de tierras por el paramilitarismo, empresarios que de buena o de mala fe las compraron después amenazan con desencadenar allí una nueva ola de violencia. Esperan amparar así el rico fruto de la contrarreforma agraria que arrojó millones de desplazados y de víctimas. Dizque para defenderse de la “hecatombe” del Gobierno que “induce otra guerra en Urabá”, anuncian la creación de una asociación de víctimas de la Ley de víctimas y restitución de tierras. ¿Autodefensa armada contra el ejercicio de la ley? Se reivindican como propietarios de buena fe –lo serán algunos, cómo no. Mas ninguno reconoce el historial de despojo de la zona. Ni la nueva organización intenta diferenciarse de los llamados ejércitos antirrestitución que han cobrado la vida a cinco líderes de campesinos que retornan por lo suyo a la región: su propiedad individual o colectiva, ahora escriturada a ganaderos y bananeros. En documentado informe, La Silla Vacía sitúa los hechos en La Larga-Tumarandó, entre Riosucio (Chocó) y Turbo (Antioquia), un corredor expedito para sacar droga al mar. Razón potísima que despertara el apetito de narcotraficantes, fueran ellos guerrilleros o paramilitares y sus aliados.
Pero el Gobierno enfrenta también a grupos de campesinos a los que el supernotariado Jorge Enrique Vélez tiene por carteles de falsos reclamantes o que invaden propiedad ajena, si bien éstos exhiben sus escrituras de origen. Para Alejandro Reyes -mano derecha del entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, autor del compacto proyecto de reforma rural integral- Vélez embolata la clarificación de la propiedad agraria, “en una verdadera operación de blanqueamiento de la alcantarilla de los títulos fraudulentos”. La Silla reproduce trino del expresidente Uribe en favor de los ganaderos de La Larga y contra líderes de restitución que propiciarían invasiones. Pero el Tribunal Administrativo de Restitución de Tierras de Antioquia declaró a uno de sus defendidos, Adriano Palacios, poseedor de mala fe. Ya éste había sido capturado por concierto para delinquir y desplazamiento forzado.
En pos del plan de narcotraficantes, ganaderos y paramilitares para apoderarse de un corredor de 7.000 hectáreas en Urabá, la Fiscalía ha propinado duros golpes. Detuvo a 32 civiles presuntos implicados en ese empeño, entre ellos al alcalde de Turbo, asesor del entonces gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. El 3 de febrero, una fiscal acusó por supuesto despojo de tierras a cuatro empresarios de Córdoba, viejos directivos del Fondo Ganadero de ese departamento y cuyo gerente, Benito Osorio, acaba de ser condenado por aliarse con los Castaño para consolidar el despojo de tierras en Tulapas. ¿Tras la oferta de sometimiento a la justicia de los Urabeños yace la reciente detención de 72 miembros de esa banda?
El ciclo de expropiación va del paramilitar al notario y de éste al empresario. Su caldo de cultivo, la guerra. Retardatarios de nación, estos amigos de la violencia aborrecen cualquier reforma de fondo. Pero es hora de que a lo menos expliquen si quieren eternizar el conflicto para subvertir a su amparo el orden que rige la propiedad privada en el campo. ¿Quieren tumbar las disposiciones que desde hace 81 años consagran la función social de la propiedad rural? ¿Quieren defender por las armas el nuevo orden de expropiación violenta revestida de legalidad a cientos de miles de propietarios rurales? ¿Se suman los poseedores de buena fe a la insubordinación de la ilegalidad y el crimen contra el anhelo de un país que se ha ganado a pulso el derecho a la paz?
por Cristina de la Torre | May 18, 2015 | Conflicto armado, Conflicto interno, Proceso de paz, Mayo 2015
En Venezuela y Ecuador el gobierno amordaza a la prensa no oficial; en Colombia, donde el terror silencia a menudo la verdad en provincia, grupos particulares emparentados con el crimen le imponen autocensura al periodista, o lo asesinan por responder a los deberes del oficio. Así perdieron la vida 56 comunicadores en los últimos tres lustros. Pero la censura y la amenaza de muerte operan también en ciudades principales. En Medellín, los hermanos Hernández de la Cuesta, accionistas de El Colombiano, intimidaron a periodistas de ese diario por informar sobre restitución de tierras en Urabá, donde aquellos tienen predios que víctimas de desalojo les disputan.
A la publicación de una primera nota en febrero pasado, Jorge Andrés Hernández habría hecho comparecer al reportero en su despacho para advertirle que él era “su patrón” e indicarle cuáles fuentes consultar y cuáles no. A poco, el periodista recibió de manos de un motociclista sendos sufragios de pésame para él y su camarógrafo. (¿Acaso de la Oficina de Envigado, que amenazaba por esos días a la escritora y columnista Ana Cristina Restrepo?). La directora del periódico, Marta Ortiz, denunció al punto la amenaza contra sus comunicadores y gestionó protección para ellos. Mas, como consecuencia de los hechos, éstos renunciaron. Uno de ellos declaró ante la Fundación por la Libertad de Prensa (Flip) que lo hacía porque le habían ordenado “no publicar ni comentar información concerniente al tema de restitución de tierras”.
Concluyó la Flip que en ese diario terminaron por prevalecer los intereses empresariales sobre los periodísticos, censura y amenaza de grupo no identificado de por medio. Que se quiso obstruir información que podía afectar a propietarios del periódico. Insistió en que los medios no debían traslapar los intereses comerciales, personales o corporativos de los dueños con la información o la opinión que sus redactores generan.
Los hermanos Hernández son dueños de la hacienda Flor del Monte en disputa, y grandes accionistas a la vez de los diarios El Colombiano y La República. Diana Carolina Durán reconstruye en El Espectador la historia comercial del predio que en 1997 llegó a manos de sus actuales propietarios, formado casi todo por tierras baldías ya adjudicadas por el Incora a campesinos. En 2011, la Superintendencia de Notariado registró una denuncia por presunto despojo del predio. Juan Carlos Hernández, gerente de La República, le explicó a la periodista que la compra se hizo en regla y que ellos no eran conscientes de la llamada expansión paramilitar en la región. Sin embargo, señala Durán, la mitad de los 10.227 asesinatos perpetrados allí entre 1990 y 2007 se registraron entre 1994 y 1998. Según el Tribunal Superior de Antioquia, el desplazamiento en Urabá alcanzó su pico precisamente en 1997, cuando 221.302 personas se declararon desterradas.
En la región Caribe y el Urabá antioqueño, meca del paramilitarismo, la hostilidad hacia el periodismo libre se encadena sobre todo con el conflicto por la tierra, que es matriz de nuestra guerra despiadada. Último indicio, el ataque a mano armada en Valledupar a la periodista Laura Ardila de La Silla Vacía, disfrazado de atraco, pues sólo se quedaron con su cuaderno de notas y con toda la información de sus contactos profesionales. Por salvar el honor de su periódico, los Hernández de la Cuesta deberán esclarecer sin atenuantes este entuerto. Hoy la libertad de expresión ha de batirse no sólo contra la arbitrariedad de los gobiernos sino contra los dueños de medios que la conculcan. Y peor aún si los flamantes propietarios de periódicos condescienden, sabiéndolo o sin saberlo, con los actores más sanguinarios del conflicto.
por Cristina de la Torre | May 4, 2015 | La paz, Mayo 2015
Pueda ser que dure la mesa de diálogo con el uribismo, si bien el abrebocas con el ministro Martínez no convierte a Álvaro Uribe en aliado de la paz. Así lo sugiere la metódica reiteración de sus exigencias a la mesa de La Habana, tras un primer encuentro; condiciones desmesuradas que bloquean toda posibilidad de acuerdo con la guerrilla. Pero nunca estorba la esperanza: ojalá el canje de insultos y mentiras por conversaciones entre caballeros de canapé republicano no se agote en el ardid de mostrarse indulgente en coyuntura electoral. O en el de distraer la opinión cuando la cúpula del uribato va a prisión por delitos propios de república bananera, y la Corte Suprema ordena investigar al mismísimo expresidente.
Pide Uribe suspender conversaciones con las Farc y reanudarlas sólo cuando esa guerrilla acepte concentrarse, sin concluir negociaciones de paz. Es decir, nunca, pues nadie acepta rendirse sin haber sido derrotado. Exige cárcel para las Farc, mas para ningún otro victimario, sea político, narcotraficante, militar, paramilitar, empresario o civil “ajeno” al conflicto. Por alusión al acuerdo agrario suscrito en La Habana, alerta de que quiera conculcarse la propiedad privada. Como si estuviera ella en juego. Aquí su apelación desembocaría en favor de los usurpadores de predios y en involución de un siglo contra la función social de la propiedad. Que no es invento del castro-chavismo sino del liberalismo moderno.
Se ha llegado en Cuba a la médula de la negociación: la reivindicación de las víctimas, que se afirma sobre la verdad desnuda de la guerra y el emplazamiento de sus máximos responsables. Entre éstos, civiles que financiaron al paramilitarismo y se lucraron de sus delitos. Investiga la Fiscalía 14.000 hechos criminales derivados del conflicto, 11.400 atribuidos a ganaderos, palmeros y bananeros. Habrá entre ellos quienes debieron pagar por protección contra la guerrilla, pero muchos hicieron de su alianza con el crimen otra fuente de riqueza y poder.
Ya dirá la justicia si un Jorge Pretelt compró a sabiendas fincas adquiridas por paramilitares bajo presión armada y desplazamiento de sus dueños. Según la Fiscalía, fincas que son hoy del alto magistrado fueron no ha mucho “La 35”. Una base paramilitar donde operó la escuela de entrenamiento de autodefensas. El expediente registra testimonios según los cuales habría en estas fincas de Pretelt fosas comunes de víctimas de los Castaño. Si ligereza, ¿no constituye ella una manera de cohonestar el paramilitarismo, agente encarnizado de la guerra?
Para el Centro Democrático, el acuerdo agrario crea mecanismos de expropiación y extinción de dominio “altamente perversos”, pues tenderían a la colectivización de la tierra. Falsa y perversa esta crítica. No sólo ataca la posibilidad legal de fortalecer la economía campesina, sino que pretende desmontar la normatividad vigente sobre predios inexplotados o adquiridos ilegalmente. Disposiciones adoptadas hace 81 años y refrendadas por la ley 60 de 1994. ¿Otra vez la derecha furiosa que antepuso a esta reforma la Violencia?
Es hora de que también la derecha reconozca su responsabilidad en la guerra; hora de que las Farc dejen de proclamarse víctimas, sin ver el reguero de muertos que han dejado a su paso por la historia. La del uribismo sería mesa paralela a la de La Habana, acaso para modular procedimientos que agilicen la terminación del conflicto. No para eternizarlo con exigencias inaplicables. Todos los procesos de paz enseñan que a los vencidos se les imponen condiciones; con los no derrotados se negocian acuerdos, y éstos suponen concesiones de parte y parte. Queda por establecer si el uribismo funge como subversión contra la paz y la reforma rural, o como aliado de quienes buscan la paz.
por Cristina de la Torre | May 11, 2015 | Modelo Económico, Partidos, Internacional, Mayo 2015
Mató el tigre, se asustó con el cuero, y perdió las elecciones. Pero le devolvió a la socialdemocracia su entidad de origen, en el ala izquierda del Partido Laborista que repudia el concubinato de su facción de derecha con el neoliberalismo hegemónico en Inglaterra desde Margaret Thatcher. Mientras se levantaba en el mundo una oleada de indignación contra los abusos del modelo que extremaba las desigualdades, Edward Miliband reencarnaba en ese país las ideas fundadoras del Estado de bienestar. El líder laborista denostó del capitalismo especulativo “depredador”, abogó por una economía productiva, por regulación financiera e intervención del Estado para redistribuir los bienes públicos. Su fórmula de capitalismo redistributivo, de democracia más enfática en igualdad que en libertad de mercado, amenazaba desbancar la del conservador Cameron, de crecimiento sin redistribución. Y desafiaba, por contera, la Tercera Vía de Tony Blair, cada día más cerca del liberalismo decimonónico. Contra el cual había surgido, precisamente, aquella transacción entre socialismo y capitalismo, la socialdemocracia.
Renacía esta opción de sus cenizas, para arrojar una última palada de tierra sobre la tumba de la utopía de Francis Fukuyama, savia del fundamentalismo de mercado y del Estado homogéneo universal: según él, la victoria del liberalismo político y económico sería el fin de la Historia. Seis meses antes de elecciones, invitaba Miliband a su partido a centrarse “en una alternativa radical que sea clara, calibrada y concreta”. Pero moderó a última hora el discurso y, por ganar votos del centro, lo contaminó de ambigüedades. Y salió derrotado. No así el fenómeno que cuajaba aceleradamente: la controversia entre tendencias en el laborismo. Una, vuelve por los fueros del poderoso sindicalismo británico y del pensamiento socialista; otra, recoge todavía los despojos de la Vía Blair, su líder entregado ahora a la desapacible tarea de hacerse millonario.
Sostiene la filósofa política Chantal Mouffe que es preciso reformular el proyecto socialista radicalizando la democracia. Nada habrá tan radical, apunta, como llevar a la práctica los principios ético-políticos de libertad e igualdad, pilares de la democracia pluralista. En lugar de una ruptura revolucionaria, provocar transformaciones en aquella. Si hace treinta años, en auge el Estado de bienestar, se trataba de radicalizar la socialdemocracia, hoy se trata de defender las instituciones del socialismo democrático que sobrevivieron a la embestida del neoliberalismo. La democracia pluralista, recuerda Mouffe, articula dos tradiciones que es imperativo recuperar: la tradición liberal del pluralismo, del Estado de derecho, de la libertad individual; y la tradición democrática de igualdad y soberanía popular. Única vía para superar la capitulación de la socialdemocracia al neoliberalismo. No parecía Miliband descaminado.
Hasta cuando quiso ofrecer un compromiso ideológico entre las dos corrientes del laborismo, y no, como se esperaba en las elecciones más dramáticas en décadas, un “nuevo” planteamiento: rescatar la pepa de la ideología y del programa socialdemocráticos que Blair había feriado. Más auspiciosa la vieja disputa izquierda-derecha que el amancebamiento del laborismo con su antagonista de hoy y de siempre. Pero el reencuentro de la socialdemocracia consigo misma en Inglaterra no la confina en una torre de marfil. Ya su dirigencia anuncia que la recuperación de su identidad política no le impedirá aliarse con otros para efectos que trascienden a los partidos. Como el referendo que decida si ese país permanece o no en la Unión Europea. La semilla ha germinado y dará frutos, pese a la derrota electoral del laborismo.
